{"id":100527,"date":"2026-06-25T21:01:18","date_gmt":"2026-06-25T21:01:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4810-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:01:18","modified_gmt":"2026-06-25T21:01:18","slug":"stc4810-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4810-2017\/","title":{"rendered":"STC4810-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4810-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0   66001-22-13-000-2017-00189-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2017 por la   Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por   Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la Regional Tolima, a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulneradas por el juzgado cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la sede judicial acusada admitir su acci\u00f3n popular radicado 2015-00192-00, as\u00ed como revocar el auto en el que \u00ab…exigi\u00f3 requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la ley 472\/98\u2026\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Los hechos en que funda su ruego constitucional son los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Instaur\u00f3 acci\u00f3n popular en contra del Banco Davivienda, sucursal carrera 3 No. 12-80 de Ibagu\u00e9 -Tolima, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, bajo el radicado 2015-00192-00.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El juzgado criticado, en auto del 19 de enero de 2017 inadmiti\u00f3 la referida acci\u00f3n popular, para que el gestor allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada, indicara los derechos colectivos vulnerados y presentara prueba de los supuestos f\u00e1cticos en que fundaba su pretensi\u00f3n (folio 16 del disco compacto adosado a folio 19, cuaderno 1); decisi\u00f3n que se mantuvo el 7 de febrero de 2017 al resolver la reposici\u00f3n propuesta por el tutelante, a la vez que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n planteado en forma subsidiaria (folio 19 del mismo disco compacto).  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El 22 de febrero siguiente, la sede judicial criticada rechaz\u00f3 la referida demanda por no haber sido subsanada en la oportunidad legal.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Tolima pidi\u00f3 el rechazo del amparo solicitado y su desvinculaci\u00f3n del asunto puesto que no existe relaci\u00f3n directa entre la afectaci\u00f3n de derechos se\u00f1alada en la tutela y las funciones de esa Entidad, porque \u00ab\u2026en sus registros no obra petici\u00f3n alguna del actor relacionada con la situaci\u00f3n expuesta en la tutela y\u2026 el petitorio carece de fundamento alguno en su contra\u2026\u00bb (folios 8, 9 y 30, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia expres\u00f3 que la demanda fue inadmitida \u00ab\u2026por falta de requisitos\u2026\u00bb, para cuya subsanaci\u00f3n orden\u00f3 aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada, indicar cu\u00e1les eran los derechos colectivos vulnerados, qui\u00e9nes eran los perjudicados con la conculcaci\u00f3n de aquellos y allegar prueba de los supuestos facticos que sustentaban la petici\u00f3n; exigencias que no fueron cumplidas por el tutelante en el t\u00e9rmino legal concedido. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que rechaz\u00f3, por improcedentes, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria que interpuso el actor contra el auto inadmisorio (folio 12, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

3.        La Procuradur\u00eda Regional de Tolima guard\u00f3 silencio frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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4.        Las respuestas de las dem\u00e1s entidades vinculadas no fueron tenidos en cuenta por cuanto sus suscriptores carec\u00edan de poder por parte de quienes dec\u00edan representar (folio 30, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda tras estimar que carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor \u00ab\u2026pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n\u2026 frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella determinaci\u00f3n\u2026\u00bb. As\u00ed mismo, el a-quo constitucional advirti\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era prematura, en raz\u00f3n de que fue interpuesta antes de la ejecutoria del prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular (folio 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el referido fallo insistiendo en lo expuesto en el libelo introductor (folio 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (  CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en CSJ STC3969-2017, 22 marzo).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Descendiendo al sub examine advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular presentada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga tras exponer que \u00e9l: i)  no alleg\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad objeto de su acci\u00f3n popular, ii) no indic\u00f3 los derechos colectivos vulnerados y iii) no arrim\u00f3 prueba de los supuestos f\u00e1cticos soporte de sus pretensiones; motivaciones todas que generan una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u00abv\u00eda de hecho\u00bb (folio 12, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        Respecto del primer requerimiento efectuado por el Juzgado, donde le reclama al accionante allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de su demandada, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto, solo se insta al querellante para \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica \u2026 presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u2026\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, pero en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe aportar aquel documento para demostrar el domicilio.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

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Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde la acci\u00f3n popular se dirige contra una entidad financiera, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite descargar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de aquella, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

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5.        Sobre la petici\u00f3n del estrado para que el quejoso indicara cu\u00e1les son los derechos colectivos conculcados y qui\u00e9nes se ver\u00edan perjudicados, del libelo incoativo se desprende que el tutelante s\u00ed hab\u00eda efectuado tal manifestaci\u00f3n, pues se\u00f1al\u00f3 como normas violadas \u00ab1 inciso m, d, l (\u2026) del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998\u2026\u00bb (folio 1, disco compacto adosado a folio 19, cuaderno 1), en consecuencia, el promotor de la acci\u00f3n s\u00ed plasm\u00f3 en su escrito los derechos colectivos que consideraba vulnerados.  <\/span><\/p>\n

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6.        En relaci\u00f3n con la tercera exigencia del auto criticado, el abuso del juzgador es notorio, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta claro que el actor s\u00ed indic\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que generaban la conculcaci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta en el inmueble donde presta sus servicios con profesional interprete y gu\u00eda interprete de planta permanente, como tampoco cuenta con se\u00f1ales luminosas, sonoras, avisos visuales, para garantizar la atenci\u00f3n de los ciudadanos sordos, sordo ciegos e hipoac\u00fasticos, tal como lo ordena [la] Ley 982 de 2005, art. 8\u00bb (folio 2, disco compacto visible a folio 19, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, lo que resulta innecesario en ese estadio procesal, m\u00e1xime cuando la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la primera exigencia del auto donde se inadmite la demanda (7 dic. 2015), es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la supuesta vulneraci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta con int\u00e9rprete gu\u00eda, permanente de planta, para atender ciudadanos sordos, sordo ciegos, que acuden a dicha entidad\u2026 (  CSJ STC7714-2016, 10 jun., rad. 2016-00555-01; reiterada en CSJ STC3969-2017, 22 marzo.).  <\/span><\/p>\n

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7.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no luce razonable la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular del quejoso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en consecuencia: Ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo, reexamine la demanda que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda S.A. (acci\u00f3n popular 2015-00192-00), y le d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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