{"id":100528,"date":"2026-06-25T21:01:32","date_gmt":"2026-06-25T21:01:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4812-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:01:32","modified_gmt":"2026-06-25T21:01:32","slug":"stc4812-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4812-2017\/","title":{"rendered":"STC4812-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4812-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00072-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de febrero de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Arnobys Veloza Su\u00e1rez contra el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad y la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho a la defensa, presuntamente conculcado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse reconsider[ara] en proporci\u00f3n equitativa y justa [la] sanci\u00f3n [impuesta] por los\u2026 entes estatales\u00bb (folios 5 y 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        \u00c1ngela Julieth S\u00e1nchez Vanegas solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n a su favor y en contra de Jos\u00e9 Arnobys Veloza Su\u00e1rez, ante la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy, bajo el radicado 531 de 2016.   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.2. En audiencia adelantada el 11 de mayo de 2016 la comisar\u00eda referida a espacio, exhort\u00f3 a Veloza Su\u00e1rez \u00abpara que ces[ara] inmediatamente y se abst[uviera] de realizar la conducta objeto de queja o cualquier acto de violencia f\u00edsica, sexual, verbal, s\u00edquica, amenazas, agravios o humillaciones, agresiones, ultrajes, insultos, hostigamientos, molestias y ofensas o provocaciones en contra de \u00c1ngela Julieth\u2026[,] so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en el art\u00edculo 7 de la ley 294 de 1996, modificada por la ley la 575 de 2000\u00bb; as\u00ed mismo, inst\u00f3 al acusado de \u00ababstenerse de penetrar cualquier sitio p\u00fablico o privado\u00bb donde se encuentre la convocante y orden\u00f3 a las partes \u00abun tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico, para modificar las conductas inadecuadas que presentan en las dificultades comunicacionales, bajo control de impulsos, empoderamiento de roles, toma de decisiones, manejo de la ira y el estr\u00e9s, tolerancia, respeto\u00bb, extensivo, respecto de Jos\u00e9 Arnobys, \u00aben el manejo \u2026 de consumo de bebidas embriagantes [y] celotipia\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 25 de octubre de 2016 la denunciante solicit\u00f3 el tr\u00e1mite de un incidente por incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n a su favor, presentando para tal fin un \u00abinforme pericial de cl\u00ednica forense practicado a [ella]\u2026, el cual concluye con una incapacidad definitiva de siete d\u00edas\u00bb como consecuencia de las agresiones recibidas por parte de Veloza Su\u00e1rez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. El 4 de noviembre de 2016, previos descargos de las partes, la comisar\u00eda de familia sancion\u00f3 al gestor con multa de $2.757.816, suma equivalente a 4 salarios m\u00ednimos mensuales legales, advirtiendo, de conformidad con el literal A del art\u00edculo 7\u00ba de la ley 575 de 2000, que de no acreditar el pago correspondiente luego de quedar en firme el fallo, dicha sanci\u00f3n se convertir\u00eda en arresto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. La determinaci\u00f3n referida a espacio fue remitida al Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 a fin de surtir el grado jurisdiccional de consulta, autoridad que el 2 de diciembre siguiente la confirm\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Sostuvo el quejoso que se vulner\u00f3 la prerrogativa alegada porque no se le permiti\u00f3 defenderse a fin de exponer \u00ablo acontecido ante las circunstancias denunciadas\u00bb, a m\u00e1s que la multa impuesta en su contra era \u00abexorbitante\u2026[,] aunado a [su] carencia de ingresos estables y permanentes [que lo] colocan en total incapacidad de pagar tal sanci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta de la sanci\u00f3n impuesta a Jos\u00e9 Arnobys Veloza Su\u00e1rez por desacato a la medida de protecci\u00f3n; que el 17 de enero de 2017 devolvi\u00f3 el expediente a la comisar\u00eda de conocimiento (folio 16, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Comisar\u00eda Octava de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 el tr\u00e1mite adelantado dentro del asunto 531 de 2016, pidi\u00f3 denegar la solicitud de amparo al considerar que no vulner\u00f3 las garant\u00edas del actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el gestor asisti\u00f3 a las audiencias programadas por ese despacho, present\u00f3 los descargos respectivos, sumado a que en la diligencia del 11 de mayo de 2016 afirm\u00f3 haber incurrido en actos de violencia f\u00edsica contra \u00c1ngela Julieth S\u00e1nchez Vanegas y que en la de 4 de noviembre siguiente acept\u00f3 haber reincidido en dicha conducta (folios 20 a 25, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que sus funciones se limitan a coordinar los aspectos administrativos y operativos de las comisar\u00edas, sin tener \u00abinjerencia respecto de las decisiones que se adopten\u00bb (folios 36 y 37, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar, por un lado, que frente a la medida de protecci\u00f3n impuesta en contra del accionante se incumpli\u00f3 con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; sin embargo, advirti\u00f3 que dicha decisi\u00f3n se encontraba debidamente justificada y motivada, sin que fuera arbitraria.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por otra parte, consign\u00f3 que el gestor particip\u00f3 activamente en el tr\u00e1mite administrativo adelantado en la Comisar\u00eda Octava de Familia de Bogot\u00e1, sin que se vulnerara su defensa, destacando que la multa interpuesta por el incumplimiento a la medida no se evidenciaba caprichosa y debi\u00f3 haberse enterado de la gesti\u00f3n impartida ante el despacho accionado.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, en cuanto a la conversi\u00f3n de la multa en arresto, que era un asunto que tramitar\u00eda el despacho acusado en el momento procesal respectivo, donde \u00abel accionante igualmente podr\u00e1 exponer los argumentos que, en su defensa, a bien tenga\u00bb (folios 43 a 49, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, a los que adicion\u00f3 que lo ahora cuestionado era la determinaci\u00f3n de 4 de noviembre de 2016, que le impuso la multa por incumplir la medida de protecci\u00f3n, por lo que no se encontraba insatisfecho el requisito de la inmediatez, a m\u00e1s que los hechos ocurridos que llevaron a dicha sanci\u00f3n fueron en \u00ableg\u00edtima defensa\u00bb (folios 63 y 64, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n del quejoso y del examen de la demanda de amparo, se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la multa por desacato a la medida de protecci\u00f3n impuesta en contra de aqu\u00e9l por la Comisar\u00eda Octava de Familia de Bogot\u00e1 el 4 de noviembre de 2016, determinaci\u00f3n confirmada por el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad el 2 de diciembre siguiente, en grado jurisdiccional de consulta; que, en sentir del gestor, vulneraron su derecho a la defensa.     <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En primer lugar, respecto a la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda atr\u00e1s mencionada, en el asunto referido a espacio, se tiene que el ruego suplicado deviene improcedente, en la medida en que tal irregularidad no se present\u00f3, pues como la afirm\u00f3 el a quo constitucional, el accionante particip\u00f3 activamente del tr\u00e1mite administrativo adelantado en su contra ante la Comisar\u00eda Octava de Familia de Bogot\u00e1, al punto que present\u00f3 los descargos respectivos en las audiencias de 11 de mayo y 4 de noviembre, ambas de 2016, destacando que en la \u00faltima se impuso la sanci\u00f3n por desacato que ahora critica, la que le fue notificada en estrados, al tiempo que la autoridad censurada puso de presente a las partes el grado jurisdiccional de consulta que proced\u00eda frente a dicha determinaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n, para el caso concreto, correspond\u00eda al Juzgado encartado (folios 3 a 7, cuaderno Corte).      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, en un caso de similares contornos, sobre el tr\u00e1mite incidental como consecuencia del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la Ley 294 de 1996 por medio de la cual se dictaron normas para prevenir, remedir y sancionar la violencia intrafamiliar, en su art\u00edculo 17, modificado por el art\u00edculo 11 de la 575 de 2000, regula las etapas procesales para imponer las sanciones por el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, sin estipular recurso alguno contra la providencia que imponga la sanci\u00f3n de manera provisional o definitiva.   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, el art\u00edculo 18 de la citada se\u00f1ala que \u00ab[S]er\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb. Y a su turno, el inciso final del art\u00edculo 52 que regula el incidente de desacato en la normatividad citada, dispone que \u00ab[L]a sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC13018-2014, 25 sep. 2014, rad. 2014-00391-01).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En segundo lugar, no se muestran arbitrarias las decisiones proferidas el 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, por la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy y el Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1, respectivamente, dentro del incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar dispuesta a favor de \u00c1ngela Julieth S\u00e1nchez Vanegas y en contra de Jos\u00e9 Arnobys Veloza Su\u00e1rez.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en dicha providencia la autoridad administrativa, fundando su decisi\u00f3n en la normatividad aplicable al caso concreto, dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la incidentante se ratific\u00f3 de la solicitud de incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n en contra del se\u00f1or JOS\u00c9 ARNOBYS VELOZA SU\u00c1REZ; tambi\u00e9n se\u2026 cuenta con que el incidentado dentro de sus descargos acepta los cargos formulados en su contra; aunado [a] lo anterior se cuenta con el informe pericial de cl\u00ednica forense No. GCLF-DRB-19935-2016 practicado a la se\u00f1ora \u00c1NGELA S\u00c1NCHEZ VANEGAS el cual concluy\u00f3 con una incapacidad m\u00e9dico legal de siete d\u00edas, sin secuelas m\u00e9dico legales, por lo cual se corroboran los hechos de violencia denunciados dentro de la solicitud de incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n No. 531-16; lo que arroja como resultado que el incidentado incumpli\u00f3 con la resoluci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n de fecha 11 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Llama la atenci\u00f3n\u2026 que el incumplimiento a la resoluci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n No. 531-16 se presentara en menos de seis meses[,] raz\u00f3n por la cual la sanci\u00f3n[,] es decir[,] la imposici\u00f3n de la multa ser\u00e1 equivalente a cuatro salarios m\u00ednimos mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el Juzgado acusado al confirmar en grado jurisdiccional de consulta la determinaci\u00f3n referida a espacio, analizando las reglas concretas para el asunto criticado y la doctrina1 aplicable al caso concreto, sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 el proceso se tramit\u00f3 bajo los par\u00e1metros establecidos en le Ley 294 de 1996, modificada por le ley 575 de 2000, sin que se aprecie por parte del Juzgado causal de nulidad que invalide lo actuado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El presente tr\u00e1mite tiene por objeto verificar si el denunciado JOS\u00c9 ARNOBYS VELOZA SU\u00c1REZ ha cumplido con las \u00f3rdenes impartidas en la providencia que se consulta por haber incurrido en desacato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud con las pruebas recaudadas, debe crear la convicci\u00f3n de quien se predica ha incumplido, medida de protecci\u00f3n[,] para finalizar con las decisiones tomadas en la providencia que se consulta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante maltrato f\u00edsico, \u201ccuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte\u201d y, el segundo se manifiesta a raz\u00f3n del maltrato psicol\u00f3gico con \u201cactitudes de desprecio, control burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia\u201d los cuales, \u201centendida su aceptaci\u00f3n m\u00e1s ampl\u00eda incluye todo g\u00e9nero de acciones que afectan la dignidad humana de la v\u00edctima en todas y cada una de sus concreciones: respecto a la vida, integridad f\u00edsica y moral, libertad de locomoci\u00f3n y armon\u00eda s\u00edquica y emocional\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, \u201cel maltrato comprende mucho m\u00e1s que el simple ejercicio de violencia, aunque este aspecto ser\u00e1 el m\u00e1s socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual-probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la v\u00edctima, en el \u00e1mbito intrafamiliar\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan lo anterior y de acuerdo a las pruebas recaudadas entre las que se encuentra la solicitud de medida de protecci\u00f3n por incumplimiento visto a folio 1 de este cuaderno[,] donde anuncia un maltrato f\u00edsico y verbal por parte del se\u00f1or JOS\u00c9 ARNOBYS VELOZA SU\u00c1REZ, hechos que le fueron puestos en su conocimiento acept\u00e1ndolos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026conforme a la narrativa efectuada respecto de los hechos que dieron origen a este incumplimiento, se colige que efectivamente el accionado particip\u00f3 en hechos de violencia ocurridos contra la accionante, tal y como qued\u00f3 sentado de su propia confesi\u00f3n \u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al monto de la multa impuesta, esta se encuentra dentro de los par\u00e1metros establecidos por la ley, en consecuencia su tasaci\u00f3n resulta pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En ese contexto, en este caso no advierte la Corte que la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy o el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad hayan incurrido en actuaciones que desconozcan las prerrogativas del accionante en el tr\u00e1mite aqu\u00ed cuestionado, en la medida en que se surtieron conforme al ordenamiento jur\u00eddico y las decisiones adoptadas por \u00e9stos se hallan fundamentadas en las normas legales correspondientes, en la valoraci\u00f3n probatoria de los elementos de convicci\u00f3n recaudados, sin que se observe que obedezcan a la arbitrariedad o capricho de los funcionarios, destacando que el actor siempre conoci\u00f3 del asunto iniciado en su contra, participando activamente en las audiencias criticadas que llevaron a la decisi\u00f3n con la que ahora se encuentra inconforme.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a casos similares ha dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (Fallo de 28 de marzo de 2012, Exp. T. No. 54001-22-13-000-2012-00022-01) (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterado en STC3956-2015, 9 abr. 2015, rad. 2015-00037-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal virtud, se observa que las providencias criticadas son producto de razonamientos efectuados con base en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta y en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio obrante en el tr\u00e1mite incidental, labor que desarrollaron las autoridades cuestionadas en ejercicio de las facultades propias que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas sustituy\u00e9ndolas como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Por otra parte, se pone de presente que el desacato a las medidas de protecci\u00f3n a favor de la mujer que solicita amparo por parte del estado, trae como consecuencia sanciones, multas e incluso arrestos a los victimarios; dichas cautelas tienen como fin evitar que la doliente padezca los efectos psicosociales de la revictimizaci\u00f3n, reviva los hechos, las experiencias y la violencia a la que fue sometida, a m\u00e1s, prevenir, en casos extremos, pero desafortunadamente reiterados en el entorno nacional en los \u00faltimos tiempos, que esas situaciones lamentables, concluyan en un \u00abfeminicidio\u00bb2  <\/span><\/p>\n

2. .    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En pronunciamiento reciente la Corte Constitucional3  <\/span><\/p>\n

, enfatizando \u00abel compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminaci\u00f3n contra la mujer\u00bb, apoyado en la jurisprudencia y la normatividad4 aplicable al respecto, concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protecci\u00f3n de la mujer y prevenci\u00f3n de cualquier forma de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jur\u00eddica y legal, adem\u00e1s de la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de prevenci\u00f3n que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopci\u00f3n de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, frente a lo alegado por el quejoso, esto es, que su actuar fue en \u00ableg\u00edtima defensa\u00bb, la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en la providencia referida a espacio, destac\u00f3 que la existencia de agresiones mutuas entre la pareja, debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer, argumentando que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el estereotipo de la mujer d\u00e9bil que no se defiende ante la agresi\u00f3n, es solo otra forma de discriminaci\u00f3n. La defensa ejercida por una mujer ante una agresi\u00f3n de g\u00e9nero, no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia. Las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pierden su condici\u00f3n de v\u00edctimas por reaccionar a la agresi\u00f3n, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas, en t\u00e9rminos generales, no est\u00e1n en igualdad de condiciones. La violencia contra la mujer est\u00e1 fundada en estereotipos de g\u00e9nero que les exige asumir roles espec\u00edficos en la sociedad, ajenos a la \u201cindependencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre\u201d y cercanos a la \u201cemotividad, compasi\u00f3n y sumisi\u00f3n de la mujer\u201d. Y la obligaci\u00f3n del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica y estructural que motiva a la violencia de g\u00e9nero (CC T-027\/17).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se tiene que las medidas de protecci\u00f3n como las ac\u00e1 discutidas, deben prevalecer en la justicia colombiana para exterminar la violencia contra la mujer, m\u00e1xime cuando el lugar habitacional de \u00e9sta, verbigracia, su hogar, no puede convertirse en el sitio m\u00e1s peligroso para ella, en contra de su bienestar emocional y f\u00edsica.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Pedro Alfonso Pab\u00f3n Parra. Comentarios al Nuevo C\u00f3digo Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley.    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 2\u00ba, Ley 1761 de 2015; Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condici\u00f3n de ser mujer o por motivos de su identidad de g\u00e9nero o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias\u2026.a).Tener o haber tenido una relaci\u00f3n familiar, \u00edntima o de convivencia con la v\u00edctima, de amistad, de compa\u00f1erismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia f\u00edsica, sexual, psicol\u00f3gica o patrimonial que antecedi\u00f3 el crimen contra ella\u2026 e). Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la v\u00edctima o de violencia de g\u00e9nero cometida por el autor contra la v\u00edctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.    <\/span><\/p>\n

3 CC T-027\/17.    <\/span><\/p>\n

En el sistema de las Naciones Unidas, a partir de 1967, se realizaron una serie de declaraciones y conferencias que pusieron en la agenda mundial la cuesti\u00f3n de la discriminaci\u00f3n y la violencia contra la mujer, y que finalmente se concretaron en los compromisos adquiridos con la i). Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (1979), y su Protocolo Facultativo (2005). ii). Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (1969), se aprob\u00f3 en 1995 la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1-; iii). instrumento especializado que ha servido para nutrir los sistemas jur\u00eddicos del continente a partir de las obligaciones concretas para el Estado en todas sus dimensiones. iv) la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en sus art\u00edculos 13 y 43, reconoce el mandato de igualdad ante la ley y proh\u00edbe toda forma de discriminaci\u00f3n por razones de sexo, tambi\u00e9n dispone que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y libertades. v) Estado colombiano ha desarrollado leyes espec\u00edficamente destinadas a la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de la violencia contra la mujer; (a) la pionera es la Ley 1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra la mujer; (b) la Ley 1542 de 2012 fortalece la protecci\u00f3n especial, al quitarle el car\u00e1cter de querellables y desistibles a los delitos de violencia contra la mujer; (c) finalmente, este marco se complementa con la Ley 1719 de 2015, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las v\u00edctimas de violencia sexual.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC4812-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00072-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100528","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100528\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}