{"id":100530,"date":"2026-06-25T21:01:58","date_gmt":"2026-06-25T21:01:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4815-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:01:58","modified_gmt":"2026-06-25T21:01:58","slug":"stc4815-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4815-2017\/","title":{"rendered":"STC4815-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4815-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00778-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por los se\u00f1ores Francisco Jos\u00e9 Soto Mendoza, Antonia Mar\u00eda Soto Padilla y Efr\u00e9n Soto Monsalve, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia emitida el 12 de agosto de 2016, en el marco del recurso de revisi\u00f3n que instaur\u00f3 respecto de la sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (C\u00f3rdoba), dentro del proceso declarativo de pertenencia que instaur\u00f3 el se\u00f1or Carlos Barrios Nieves contra personas indeterminadas.   <\/span><\/p>\n

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Exigen, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, \u00abrecono[cerles su] legitimaci\u00f3n para interponer el Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n\u00bb, y como consecuencia de ello, que se \u00abprofiera la providencia respectiva valorando las pruebas que se aportaron a la demanda (\u2026) y aquellas que se practiquen en el curso del proceso y en la respectiva etapa procesal\u00bb (fl. 345).  <\/span><\/p>\n

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2.    En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en s\u00edntesis, que pese a ser propietarios inscritos del bien inmueble objeto de apropiaci\u00f3n en el juicio de pertenencia referido en l\u00edneas anteriores, el Juez Civil del Circuito de Lorica, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de dicho asunto, no los vincul\u00f3 en calidad de demandados al mismo, motivo por el cual, una vez enterados del fallo que decidi\u00f3 de fondo el asunto, promovieron sin suerte recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pues la Corporaci\u00f3n acusada mediante sentencia del 12 de agosto de 2016, lo declar\u00f3 infundado, aduciendo que \u00abcarec[\u00edan] de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, por cuanto en el certificado de libertad y tradici\u00f3n que se aport\u00f3 a la demanda de pertenencia [se apreciaba que] solo ten[\u00edan] una \u201cfalsa tradici\u00f3n\u201d\u00bb, es decir, no eran titulares de derechos reales sobre la aludida propiedad y, por ende, no exist\u00eda la obligaci\u00f3n de parte del demandante de dirigir su demanda contra ellos, y menos del juzgador del conocimiento de vincularlos como demandados, lo cual, afirman, no corresponde a la realidad, ya que ellos s\u00ed se encuentran inscritos como herederos de la se\u00f1ora C\u00e1ndida Rosa Soto de Castillo, quien en su momento compr\u00f3 los derechos herenciales que el se\u00f1or Mois\u00e9s Jattin Jattin tambi\u00e9n hab\u00eda adquirido de los signatarios del se\u00f1or F\u00e9lix Manzur Zaab, propietario del inmueble en cuesti\u00f3n, derecho que no ha sido desconocido por el demandante, puesto que inici\u00f3 un proceso de nulidad de contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con la se\u00f1ora Soto de Castillo en relaci\u00f3n al rese\u00f1ado bien, el cual no ha culminado.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo rotulan, que a m\u00e1s de lo anterior, el Tribunal con la decisi\u00f3n de suprimir el t\u00e9rmino de la pr\u00e1ctica de pruebas, les cercen\u00f3 la posibilidad de aportar medios de convicci\u00f3n que demostraban que la parte actora \u00abnunca tuvo \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb y \u00ab[l]os conoc\u00eda de vista, trato y comunicaci\u00f3n y por ello sab\u00eda d\u00f3nde notificar[l]os\u00bb, sumado a que \u00abno (\u2026) valor\u00f3 la prueba consistente en la copia del proceso [de nulidad de contrato]\u00bb, raz\u00f3n por la que consideran que la aludida autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo (fls. 343 a 349).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 24 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 351).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Monter\u00eda, por medio de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir en calidad de pr\u00e9stamo el expediente contentivo del recurso de revisi\u00f3n que se debate, sin hacer pronunciamiento alguno frente a lo pretendido por los accionantes (fls. 366 y 367).   <\/span><\/p>\n

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b.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por los se\u00f1ores Francisco Jos\u00e9 Soto Mendoza, Antonia Mar\u00eda Soto Padilla y Efr\u00e9n Soto Monsalve, resulta improcedente, pues la determinaci\u00f3n emitida el 12 de agosto de 2016, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, por medio de la cual se resolvi\u00f3, \u00ab[d]eclarar infundado el (\u2026) recurso de revisi\u00f3n\u00bb formulado por los aqu\u00ed interesados respecto de la sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, dentro del proceso declarativo de pertenencia que el se\u00f1or Carlos Barrios Nieves instaur\u00f3 contra personas indeterminadas (fls. 325 a 322, cdno. ppal. Rad. 2012-00070-01), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.   En efecto, la Corporaci\u00f3n censurada, luego de analizar la causal de revisi\u00f3n invocada por los demandantes (Art. 380-9 C.P.C.), a la luz de los supuestos f\u00e1cticos narrados por \u00e9stos en la demanda y a la prueba acoplada al proceso, concluy\u00f3 que aqu\u00e9lla no pod\u00eda abrirse paso al no figurar en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien inmueble objeto de disputa en el rese\u00f1ado juicio de pertenencia, que los peticionarios tuviesen inscrito alg\u00fan derecho real sobre el mismo, que en consideraci\u00f3n al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, diera lugar, entonces, a su vinculaci\u00f3n obligada como demandados, ya que s\u00f3lo se evidenciaban unas anotaciones pero en la columna de falsa tradici\u00f3n, la cual no genera esa tipolog\u00eda de derechos.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, dicha Colegiatura, expres\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPues bien; en el caso, los revisionistas apoyan la referida causal en que la demanda de pertenencia fue dirigida contra personas indeterminadas, siendo que, como propietarios inscritos del inmueble a prescribir, seg\u00fan su matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 146-3139, figuran, entre otros, los se\u00f1ores FRANCISCO JOS\u00c9 SOTO MENDOZA, PABLO ANTONIO y ALFREDO SOTO CARRASQUIEL.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, observa la Sala que, conforme al certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble en comentario (fls. 18 y 19), las personas antes mencionadas figuran en el mismo con una falsa tradici\u00f3n (anotaci\u00f3n 04), siendo, entonces, el se\u00f1or FELIX MANZUR SAAB, la persona que realmente figura como propietario del bien susodicho (anotaci\u00f3n 01).  <\/span><\/p>\n

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Puesta as\u00ed las cosas, no ten\u00eda por qu\u00e9 dirigirse la demanda en el proceso g\u00e9nesis de la sentencia impugnada, contra las personas mencionadas como personas determinadas, o los herederos de \u00e9stas, puesto que, a la luz de lo que dispon\u00eda el art\u00edculo 407, numeral 5\u00ba, del CPC. (hoy 375, numeral \u00ba, CGP), ello era obligatorio para quienes figuren como titulares de alg\u00fan derecho real sobre el bien, no siendo la falsa tradici\u00f3n un derecho de esa estirpe.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, bajo las anteriores circunstancias, las personas a las que se aluden en la demanda de revisi\u00f3n como propietarias inscritas, realmente no lo son, como tampoco, rep\u00edtase, titular de derecho real, de ah\u00ed que la vinculaci\u00f3n a \u00e9stos pod\u00eda hacerse por virtud del emplazamiento que se le hace a las personas indeterminadas que se crean con derecho sobre el bien, y tal emplazamiento, evidentemente se dio (fls. 29 a 22 del proceso de la sentencia impugnada)\u00bb (fls. 325 a 322, Cdno. Ppal. Rad. 2012-00070-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los magistrados acusados hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n criticada est\u00e1 soportada en argumentos s\u00f3lidos y en una apreciaci\u00f3n razonable del material probatorio recaudado, los cuales detallan las razones por las cuales los tutelantes no pod\u00edan ser citados obligadamente como demandados en el memorado juicio de pertenencia, ya que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico la falsa tradici\u00f3n no constituye un derecho real respecto de la propiedad de que se trate, pues,  precisamente, porque no hubo tradici\u00f3n de la cosa, esto es, transferencia del derecho real de dominio, de ah\u00ed que las pruebas extra\u00f1adas por los peticionarios no eran necesarias de cara a la resoluci\u00f3n del asunto, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la rese\u00f1ada providencia se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a ellas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada \u00faltimamente, entre otros, en STC18363-2016, STC18524-2016, STC2847-2017 y STC2999-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por lo expuesto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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Env\u00edese a la oficina judicial de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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