{"id":100532,"date":"2026-06-25T21:02:19","date_gmt":"2026-06-25T21:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4818-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:19","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:19","slug":"stc4818-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4818-2017\/","title":{"rendered":"STC4818-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4818-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00784-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Severiano \u00c1ngel Bello Moreno contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso objeto del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial convocada, al no contestar la solicitud que elev\u00f3 el 20 de febrero hoga\u00f1o, tendiente a que se adoptaran las medidas pertinentes para la materializaci\u00f3n de la sentencia emitida por la Colegiatura convocada en el marco del litigio especial de restituci\u00f3n de tierras que instaur\u00f3 respecto del predio denominado \u00abCedro Cocido\u00bb, del cual le fue adjudicada la parcela No. 20, sin poder, hasta la fecha, ejercer actos de posesi\u00f3n sobre la misma, pues en dicho terreno se halla instalado un \u00abcampamento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por contera solicita, concretamente, que se ordene a la autoridad judicial enjuiciada, \u00abd[ar] respuesta al derecho de petici\u00f3n presentado\u00bb, y como consecuencia de ello, que se \u00abexpida orden judicial para el desalojo [del] tercero que vive dentro de la parcela\u00bb (fl. 3).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que como quiera que hasta la fecha no ha podido materializar la entrega que del predio mencionado se le hizo el pasado 18 de julio, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal enjuiciado, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras radicado bajo el consecutivo 2013-0009-00, dada la existencia de terceros que se encuentran instalados en el inmueble adjudicado, solicit\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, por medio de un derecho de petici\u00f3n, que se efectuara el respectivo desalojo, pedimento que, dicho Despacho traslad\u00f3 al superior, sin que a la data, se hubiere efectuado pronunciamiento alguno, lo que a todas luces, asegura, vulnera la prerrogativa ius fundamental que invoc\u00f3 (fls. 1 a 3).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del 27 de marzo hoga\u00f1o esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 13).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, adujo en lo esencial,, que \u00abes claro, de acuerdo a las constancias secretariales que la solicitud fue allegada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, seg\u00fan oficio del 2 de marzo de esta anualidad, efectivamente entregado en la Secretaria de la Sala el 9 de marzo de 2017 y pasado al despacho del Magistrado Ponente Dr. JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA, solo hasta el pasado 23 de marzo\u00bb; que no obstante lo anterior, y pese a que en trat\u00e1ndose de acciones judiciales improcedente resulta el derecho de petici\u00f3n, a la fecha pendiente se encuentra por resolver sobre la manifestaci\u00f3n de la Unidad de Tierras, en la que se informa sobre la existencia, presuntamente, de los terceros que imposibilitan la materializaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n ordenada a favor de aqu\u00e9l (fls. 26 a 40).  <\/span><\/p>\n

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b.)        La Unidad de Tierras se limit\u00f3 a remitir los documentos a trav\u00e9s de los cuales puso en conocimiento de la Colegiatura accionada, la situaci\u00f3n narrada por el petente (fls. 41 a 57).  <\/span><\/p>\n

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c.)  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan m\u00e1s efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; reiterada e STC3347-2017).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se ha precisado que   <\/span><\/p>\n

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\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC3347-2017).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto observa la Corte, que el accionante se\u00f1ala que el 10 de febrero pasado, radic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de tierras de Monter\u00eda, con el fin de que dicha autoridad procediera a \u00abhacer la inspecci\u00f3n judicial respectiva y [ordenar] el desalojo del tercero que est\u00e1 dentro de la parcela\u00bb que le fue adjudicada en el marco del proceso especial antes enunciado, documento que s\u00f3lo fue remitido al cuerpo colegiado censurado, hasta el 2 de marzo de los corrientes (fl. 37).  <\/span><\/p>\n

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4.        No obstante, se observa que tal asunto, sin lugar a dudas se refiere a temas propios del tr\u00e1mite judicial que conoci\u00f3 la autoridad judicial convocada en pret\u00e9rita oportunidad, raz\u00f3n por la cual, m\u00e1s all\u00e1 de que el tutelante reclamara aquellas inconformidades por v\u00eda de derecho de petici\u00f3n, es totalmente il\u00f3gico, como se indic\u00f3 en l\u00edneas anteriores, pretender que a esa solicitud deba d\u00e1rsele tr\u00e1mite alguno, y por dem\u00e1s fuera resuelta bajo la perspectiva del derecho de petici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, el amparo deprecado resulta improcedente, respecto de la puntual tem\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

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6.        En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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