{"id":100533,"date":"2026-06-25T21:02:26","date_gmt":"2026-06-25T21:02:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4819-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:26","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:26","slug":"stc4819-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4819-2017\/","title":{"rendered":"STC4819-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4819-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00766-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n la interpuesta frente a la sentencia de 3 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Rodr\u00edguez Garavito, Vivian Newman Pont, Mauricio Albarrac\u00edn Caballero, Diana Guarnizo Peralta, Mar\u00eda Paula \u00c1ngel Arango, Gabriela Eslava Bejarano, en calidad de Director, Subdirectora e Investigadores del Centro de Estudios de Derecho Justica y Sociedad, respectivamente; \u00c1lvaro Espinosa Torres de la Fundaci\u00f3n Colombiana de Obesidad; N\u00e9stor \u00c1lvarez Lara, de Pacientes de Alto Costo; Gloria Ochoa Parra y Diana Rico, de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentaci\u00f3n Infantil; Ang\u00e9lica Mar\u00eda Claro G\u00e1lvez, coordinadora de incidencia de Red PaPaz; Clara In\u00e9s Forero Santana, del Centro de Consumidores para la seguridad alimentaria y nutricional; Javier Lautaro Medina Bernal, miembro del FIAN Colombia; Edwin Yesid Bar\u00f3n, de la Liga Contra el C\u00e1ncer; Hans Friederich, miembro de la Fundaci\u00f3n Anaas; Marianne Torres Barahona, Directora de la Fundaci\u00f3n Semilla Andina; Pedro Germ\u00e1n Guzm\u00e1n P\u00e9rez, del Comit\u00e9 de Impulso Nacional de la Agricultura Familiar en Colombia; Andrea del Pilar Lopera Plata, Rub\u00e9n Ernesto Orjuela Agudelo, Jhon Jairo Bejarano Roncancio, Paola Tovar, Mar\u00eda Fernanda C\u00e1rdenas y Lucero Adriana Blanco Zambrano contra la Superintendencia de Industria y Comercio.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la libertad de expresi\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n de consumidores, presuntamente quebrantadas por la tutelada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 1 de agosto de 2016 la Asociaci\u00f3n Colombiana de Educaci\u00f3n al Consumidor \u2013 Educar Consumidores -, lanz\u00f3 una campa\u00f1a pedag\u00f3gica por medios masivos de comunicaci\u00f3n para \u201c(\u2026) promover el cuidado de la salud [del ciudadano] (\u2026) evitando el consumo excesivo de alimentos y productos no saludables (\u2026)\u201d, bajo el eslogan \u201c(\u2026) cuida tu vida, t\u00f3mala en serio (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifiestan que el 9 de agosto siguiente, la sociedad \u201cGaseosas Posada Tob\u00f3n S.A.\u201d radic\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una denuncia contra la agrupaci\u00f3n antes mencionada por \u201c(\u2026) violaci\u00f3n del Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La convocada zanj\u00f3 esa queja administrativa mediante resoluci\u00f3n de 7 de septiembre anterior, donde orden\u00f3 a la all\u00ed querellada \u201c(\u2026) cesar de manera inmediata la difusi\u00f3n del comercial de televisi\u00f3n relacionado con el consumo de bebidas azucaradas (\u2026)\u201d, decisi\u00f3n no susceptible de recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se duelen los gestores porque con esa determinaci\u00f3n \u201c(\u2026) los consumidores de [ese] tipo de bebidas fueron privados de la posibilidad de conocer el contenido de az\u00facar de [aqu\u00e9llas] y sus efectos sobre la salud (\u2026)\u201d, por tanto, consideran vulnerado su derecho a la libre expresi\u00f3n y piden revocar dicha disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Imploran en concreto, \u201c(\u2026) declarar sin efectos el punto 1 del art\u00edculo primero (\u2026)\u201d del acto administrativo reprochado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de la accionada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Superintendencia de Industria y Comercio solicit\u00f3 denegar el amparo, por cuanto no quebrant\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de los interesados, y se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 un resguardo con igualdad de pretensiones a las aqu\u00ed expuestas (fls. 390 a 423).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Deneg\u00f3 la salvaguarda invocada tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, pues \u201c(\u2026) los accionantes cuentan con otros medios ordinarios para la protecci\u00f3n colectiva, e incluso la acci\u00f3n contenciosa para desvirtuar la legalidad de [la resoluci\u00f3n] cuestionada (\u2026)\u201d (fls 455 a 466).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formularon los promotores recalcando \u201c(\u2026) la inexistencia de medidas de pol\u00edtica p\u00fablica que contribuyan a proteger [la] salud [de los] consumidores (\u2026)\u201d (fl. 457 a 495).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Delanteramente, se descarta la conducta temeraria endilgada por la superintendencia tutelada, teniendo en cuenta que no existe identidad de partes entre este asunto y el referido por esa entidad, pues el accionante en la tutela con radicado 2016-00355-021 fue la Asociaci\u00f3n Colombiana de Educaci\u00f3n al Consumidor \u2013 Educar Consumidores – y no los hoy querellantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Los interesados atacan la resoluci\u00f3n de 7 de septiembre de 2016 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi\u00f3 la queja administrativa presentada por Gaseosas Posada Tob\u00f3n S.A., contra  Educar Consumidores, orden\u00e1ndole a esta \u00faltima cesar de manera inmediata la difusi\u00f3n del comercial de televisi\u00f3n relacionado con el consumo de bebidas azucaradas, privando a los consumidores de ese tipo de productos de saber los efectos que aqu\u00e9llas causan en la salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        No obstante, en el presente resguardo, siendo tripartita la antedicha velaci\u00f3n, como es el productor de las bebidas azucaradas, el promotor de la campa\u00f1a pedag\u00f3gica y los destinatarios de la misma, el ente convocado no acredit\u00f3 la vinculaci\u00f3n de estos \u00faltimos antes de adoptar la determinaci\u00f3n, por conducto de las asociaciones o ligas respectivas, cual as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00ba numeral 4\u00ba de la Ley 1480 de 2011, a efectos de \u201co\u00edr sus opiniones\u201d con mayor raz\u00f3n cuando el contenido material de lo discutido se asociaba con temas de salud y seguridad p\u00fablica, y con el derecho a la informaci\u00f3n (numerales 1 y 2, ib\u00eddem), quebrant\u00e1ndose as\u00ed la garant\u00eda iusconstitucional a un debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La notificaci\u00f3n de cualquier decisi\u00f3n adoptada o del tr\u00e1mite respectivo en una actuaci\u00f3n judicial o administrativa, como la presente, de hondo calado en los derechos de todas las personas, de los consumidores y de incidencia en el derecho fundamental de la salud al no tratarse de un mero problema \u201cinter partes\u201d o de contencioso \u201cpuramente subjetivo\u201d, garantiza el ejercicio de las trascendentales prerrogativas constitucionales. El debido enteramiento permite vincular a los sujetos procesales con inter\u00e9s jur\u00eddico para hacer valer sus derechos en tales procedimientos, de modo que puedan conocer y controvertir las diferentes gestiones surtidas, las pruebas allegadas y la valoraci\u00f3n de las mismas  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La notificaci\u00f3n en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinaci\u00f3n se halla enterada de su sentido y define simult\u00e1neamente -con fecha cierta- en qu\u00e9 momento ha tenido lugar la transmisi\u00f3n oficial de la respectiva informaci\u00f3n. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisi\u00f3n de que se trata, podr\u00e1 el afectado hacer uso de los medios jur\u00eddicamente id\u00f3neos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del tr\u00e1mite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificaci\u00f3n define los t\u00e9rminos preclusivos dentro de los cuales podr\u00e1 el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jur\u00eddica y los principios procesales de celeridad y econom\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa falta probada de notificaci\u00f3n, en especial la de aqu\u00e9llos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuaci\u00f3n, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jur\u00eddicos de los actos que han debido ser materia de la notificaci\u00f3n. Todo depende de las normas legales aplicables, seg\u00fan la clase de tr\u00e1mite (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        De acuerdo con lo discurrido en precedencia, el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones de las autoridades y ramas del poder p\u00fablico y, con mayor rigor, debe estar presente en los decursos que involucran aspectos concernientes al orden social, la vida, la salud, el debido proceso y la informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La acci\u00f3n constitucional ideada por el constituyente de 1991, es instrumento id\u00f3neo para la salvaguarda de las garant\u00edas supralegales que legitima ad causam y ad procesum a toda persona afectada en sus derechos para acudir perentoriamente al entramado constitucional y a la Convenci\u00f3n Americana incorporada a la carta desde el concepto laxo y abierto de bloque de constitucionalidad para escrutar la existencia o no de desmedro de los derechos fundamentales, cuesti\u00f3n que se hace imperativa y perentoria con mayor raz\u00f3n en el Estado constitucional y social de derecho prohijado por nuestro sistema jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El control de convencionalidad, entendido como la comparaci\u00f3n de la normatividad interna con la de la Convenci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de \u00e9sta, efectuada por el \u00f3rgano autorizado, la Corte Interamericana, fulge en \u00e9ste evento como necesario par\u00e1metro adicional y complementario para la protecci\u00f3n de los derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anotado, en aras de verificar que la primera no contradiga las siguientes y, en caso de suscitarse tal divergencia, adoptar las medidas para evitar esa disonancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El control en menci\u00f3n, encuentra sustento en las reglas primera y segunda del rese\u00f1ado instrumento interamericano, donde se indica:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1.  Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Colombia se constituy\u00f3 como Estado parte en la Convenci\u00f3n Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoci\u00f3 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 21 de junio de 1985.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, las reglas de aqu\u00e9lla normatividad le son oponibles y deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto ata\u00f1e al rese\u00f1ado control, la Corte Constitucional ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en ejercicio de sus funciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado en numerosas oportunidades, refiri\u00e9ndose al control de convencionalidad a cargo de los Estados partes del Tratado, que \u2018[e]l Poder Judicial, en tal sentido, est\u00e1 internacionalmente obligado a ejercer un \u2018control de convencionalidad\u2019 ex officio entre las normas internas y la Convenci\u00f3n Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes\u2019 y continua se\u00f1alando que \u2018[e]n esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambi\u00e9n la interpretaci\u00f3n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int\u00e9rprete \u00faltima de la Convenci\u00f3n Americana (\u2026)\u20193. As\u00ed pues, atendiendo la obligaci\u00f3n de cumplir sus compromisos internacionales las autoridades deben tomar en consideraci\u00f3n, seg\u00fan lo advierte la Corte Interamericana, no solo el texto del tratado sino tambi\u00e9n las pautas que sobre su interpretaci\u00f3n establece dicho Tribunal. Con esa misma orientaci\u00f3n, la jurisprudencia interamericana ha se\u00f1alado recientemente, luego de afirmar la obligaci\u00f3n de los Estados de cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana cuando sean parte en el respectivo proceso, que cuando ello no ocurre  -no son parte en el proceso-las autoridades del Estado est\u00e1n vinculadas por el Tratado y, por ello, \u2018deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convenci\u00f3n, como en la determinaci\u00f3n, juzgamiento y resoluci\u00f3n de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, seg\u00fan corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana (\u2026)4 (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El derecho debatido y sometido a la presente controversia constitucional se entronca necesariamente con el derecho fundamental del consentimiento informado, que como tal demanda una informaci\u00f3n objetiva, veraz e imparcial en la din\u00e1mica de las relaciones jur\u00eddico-sociales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1. Sobre el derecho al acceso a la informaci\u00f3n en relaci\u00f3n con los consumidores, la Corte Constitucional en las sentencias C-830 de 20106 y C-583 de 20157  <\/span><\/p>\n

, estableci\u00f3 que la esencia de esa prerrogativa consiste en facultar a los usuarios conocer el contenido de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, garantiz\u00e1ndoles la formaci\u00f3n de una opini\u00f3n consciente, libre e informada sobre la calidad y consecuencia del uso de los mismos, al punto de permitirles empoderar su decisi\u00f3n de adquirirlos o no, conforme a sus preferencias o intereses de vida. En el mismo sentido ha adoctrinado esta Sala.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.2. En el plano internacional, el Comit\u00e9 del Pacto de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales8 , en la Observaci\u00f3n n\u00b0 14, interpretando el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales9  <\/span><\/p>\n

, resalt\u00f3 la sujeci\u00f3n de la anotada garant\u00eda con el derecho a la salud, indicando que \u201cel Estado incurre en una violaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de respetar cuando se produce ocultaci\u00f3n o tergiversaci\u00f3n deliberadas de la informaci\u00f3n que reviste importancia fundamental para la protecci\u00f3n de la salud\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En consecuencia, la satisfacci\u00f3n de la salud de los compradores no encuentra acierto si se les restringe a \u00e9stos acceder a la informaci\u00f3n sobre las consecuencias positivas o negativas que pueda tener en su integridad f\u00edsica y mental, consumir un determinado producto; por tal raz\u00f3n, cobra mayor importancia la necesidad de su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite administrativo materia del presente asunto, pues la discusi\u00f3n sobre la veracidad cient\u00edfica del mensaje publicitario de Educar Consumidores sobre las reales o  supuestas consecuencias nocivas de la ingesta de ciertos refrescos con az\u00facar, ata\u00f1e necesariamente a los destinatarios de esas bebidas, porque no son usuarios pasivos sino ciudadanos deliberantes, quienes, en la satisfacci\u00f3n de sus necesidades vitales, sociales y comerciales, ancladas necesariamente en el marco de la relaci\u00f3n obligatoria como compradores, tienen derecho a exigir, recibir y difundir informaci\u00f3n e ideas, acerca de los riesgos a los que se halla expuesta su salud, en caso de as\u00ed serlo, frente a los fabricantes, productores o distribuidores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta cuesti\u00f3n no es de poca transcendencia porque se relaciona directamente con los deberes primarios y secundarios de conducta, todos los cuales deben estar mediados de una buena fe activa, al momento de ejecutar el acto obligacional, o al instante de aceptar, en t\u00e9rminos del acto o negocio jur\u00eddico, la oferta que le hace el productor, fabricante o distribuidor del azucarado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se verifica como se acot\u00f3, la lesi\u00f3n de la garant\u00eda tantas veces anunciada y el desconocimiento de la Convenci\u00f3n Americana por omisi\u00f3n, y por supuesto, del precepto 29 del ordenamiento interno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Esto \u00faltimo porque si bien la Ley 1480 de 2011  no se contrapone frontalmente a ese instrumento, as\u00ed como tampoco a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, donde, como se dijo, est\u00e1 previsto el debido proceso para las gestiones adelantadas por los \u00f3rganos de car\u00e1cter p\u00fablico, tampoco contiene disposiciones dirigidas a garantizar de manera efectiva los principios de contradicci\u00f3n y defensa de los promotores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n,  deje sin efecto la Resoluci\u00f3n de 7 de septiembre de 2016, y procede a la vinculaci\u00f3n de los aqu\u00ed accionantes al tr\u00e1mite administrativo que dio lugar a la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER el amparo reclamado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n,  deje sin efecto la Resoluci\u00f3n de 7 de septiembre de 2016, y procede a la vinculaci\u00f3n de los aqu\u00ed accionantes al tr\u00e1mite administrativo que dio lugar a la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Resuelta en segunda instancia por la Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 mediante sentencia de 19 de enero de 2017. (fl. 382)    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia T-099 de 1995.    <\/span><\/p>\n

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Caso Gomes Lund y otros (Gurerrilha do Araguala) Vs. Brasil.    <\/span><\/p>\n

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resoluci\u00f3n Supervisi\u00f3n de Cumplimiento de Sentencia de 20 de marzo de 2013, Caso Gelman Vs. Uruguay.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia C-500 de 16 de julio de 2014.    <\/span><\/p>\n

6 En aqu\u00e9l asunto, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad de los art\u00edculos 15 a 17 de la Ley 1335 de 2009, relacionados con prohibici\u00f3n de promover productos de tabaco en medios de comunicaci\u00f3n, admitiendo que la intenci\u00f3n del legislador era permitirle a los potenciales consumidores conocer las condiciones del producto y las consecuencias de su adquisici\u00f3n y uso.    <\/span><\/p>\n

7 Dicho fallo resolvi\u00f3 la tem\u00e1tica sobre el derecho a la informaci\u00f3n de los consumidores de productos gen\u00e9ticamente modificados, previsto en el art\u00edculo 24 de la Ley 1480 de 2011, \u00abPor medio del cual se dicta el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones\u00bb.    <\/span><\/p>\n

8 El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en ingl\u00e9s) se cre\u00f3 en virtud de la resoluci\u00f3n 1985-17 de 28 de mayo de 1985, expedida por el Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas para desempe\u00f1ar las funciones de supervisi\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en la parte IV del PIDESC.    <\/span><\/p>\n

9 \u201cLos Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental\u201d.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC4819-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00766-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n la interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100533","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100533"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100533\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}