{"id":100534,"date":"2026-06-25T21:02:41","date_gmt":"2026-06-25T21:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4821-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:41","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:41","slug":"stc4821-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4821-2017\/","title":{"rendered":"STC4821-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4821-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2017-00075-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por el Departamento de Boyac\u00e1 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio de ejecutivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El ente territorial promotor del amparo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abser juzgado conforme a las leyes vigentes y con observancia de la plenitud de las normas propias de cada juicio\u00bb, y, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de los autos de 8 de septiembre y 20 de octubre, ambos de 2016, mediante los cuales se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo mixto que instaur\u00f3 en contra de Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y V\u00edctor Jaime Reyes Becerra, tr\u00e1mite al que se acumul\u00f3 la demanda ejecutiva de Mauricio Portocarrero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, \u00abdeclar[ar] que dichas providencias son contrarias al ordenamiento constitucional y se dejen sin validez, efectos jur\u00eddicos y se siga con las actuaciones propias del caso sub-lite\u00bb (fl. 27, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 el juicio referido en l\u00edneas anteriores, con el fin de obtener el pago de \u00ab$319\u2019000.000.oo\u00bb, obligaci\u00f3n que se encontraba instrumentada en \u00abnueve cheques\u00bb y respaldada con \u00abhipoteca abierta de primer grado\u00bb sobre el inmueble denominado \u00abLote A\u00bb, situado en la vereda \u00abMoniquir\u00e1\u00bb del Municipio de Villa de Leyva (Boyac\u00e1) e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-123584.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que mediante auto del 4 de agosto de 2000, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma referida, y en prove\u00eddo del 18 de septiembre siguiente, decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien objeto de garant\u00eda real; que agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 22 de febrero de 2002, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra de los demandados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que en \u00abatenci\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n\u00bb adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PSAA 13-10072 de 2013 y PSAA 14-10103 de 2014, el litigio fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mima ciudad, quien pese a que en auto del 4 de junio de 2014, avoc\u00f3 su conocimiento, no adelant\u00f3 actuaci\u00f3n alguna, as\u00ed que decidi\u00f3 enviar el legajo a su hom\u00f3logo Primero Civil del Circuito con fundamento en otras medidas de descongesti\u00f3n previstas en los Acuerdos PSAA 004 de 2014 y CSJBA 16-545 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que en providencia del 8 de septiembre de 2016, el preanotado Despacho asumi\u00f3 el tr\u00e1mite del cobro compulsivo cuestionado, pero la terminaci\u00f3n del mismo, por desistimiento t\u00e1cito, con base en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, pues hab\u00edan transcurri\u00f3 m\u00e1s de dos a\u00f1os en \u00abcompleto abandono\u00bb, sin que la parte interesada lo impulsara, incurriendo as\u00ed, asegura, en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que era improcedente dar aplicaci\u00f3n a la mentada figura por cuanto se encontraba pendiente por resolver la solicitud que formul\u00f3 para que se adelantara el secuestro del inmueble objeto de garant\u00eda real, motivo por el que la dejadez del tr\u00e1mite cuestionado es atribuible a la administraci\u00f3n de justicia y no a la parte ejecutante; y, porque el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os previsto en la norma en cita se interrumpi\u00f3 con el env\u00edo de las diligencias al otro Despacho como consecuencia de las medidas de descongesti\u00f3n judicial, razones por la cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 2 a 28, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. V\u00edctor Jaime Reyes Becerra pidi\u00f3 denegar el amparo por improcedente, habida cuenta que el Departamento aqu\u00ed interesado no hizo uso de los mecanismos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos, pues instaur\u00f3 extempor\u00e1neamente el recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n motivo de censura. De otro lado expres\u00f3, que el \u00abco-ejecutante\u00bb Mauricio Portocarrero, tambi\u00e9n promovi\u00f3 una demanda de tutela con fundamento en hechos y pretensiones similares (fls. 84 y 85 \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. Frente a las aspiraciones de la solicitud de protecci\u00f3n, la sede judicial criticada guard\u00f3 silencio.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir, en concreto, que  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a \u00faltima actuaci\u00f3n de la demandante fue de fecha 20 de febrero del a\u00f1o 2014 y consisti\u00f3 en la designaci\u00f3n de un nuevo apoderado. A la fecha en que se profiri\u00f3 la providencia objeto de tutela, en la que se declara el desistimiento t\u00e1cito y se ordena levantar las cautelares no hab\u00eda trascurrido un a\u00f1o, sino m\u00e1s de dos. Bajo tal historia de comportamiento de la parte actora en el proceso, no encuentra este Tribunal que se estructure con relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n cuestionada por v\u00eda de tutela el defecto procedimental, ni el defecto sustancial que alega el demandante en tutela. No procede la solicitud de amparo. No solo porque no agot\u00f3 los medios o recursos que ten\u00eda de defensa en v\u00eda ordinaria, sino porque su sustento en el sentido de que la actuaci\u00f3n estaba pendiente del decreto del secuestro, tampoco es de recibo. En tema de cautelares, debe mediar solicitud de parte, solicitud que pese a la afirmaci\u00f3n del demandante, se echa de menos en este proceso\u00bb (fls. 90 a 95, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La entidad accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, para lo cual expuso argumentos similares a los expuestos en la demanda de amparo (fls. 140 a 158, ib\u00eddem)).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el Departamento de Boyac\u00e1 cuestiona el auto dictado el 8 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s del cual se finiquit\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, el juicio ejecutivo mixto que aqu\u00e9l instaur\u00f3 frente a los se\u00f1ores Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y V\u00edctor Jaime Reyes Becerra.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Para brindar soluci\u00f3n a la presente controversia, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n aportada al presente tr\u00e1mite, la cual permite apreciar lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1.    Mediante prove\u00eddo calendado 22 de febrero de 2002, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, por la suma de dinero dispuesta en el mandamiento de pago, e igualmente dispuso la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el aval\u00fao y remate del inmueble objeto de garant\u00eda real (fl. 2, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1.     En auto del 4 de junio de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad referida avoc\u00f3 el conocimiento del juicio ejecutivo mixto censurado con ocasi\u00f3n de la implementaci\u00f3n del \u00absistema de oralidad en materia civil y de familia\u00bb previsto en los Acuerdos PSAA 13-10072 de 27 de diciembre de 2013 y PSAA 14-10103 de 7 de febrero de 2014 (fl. 9 vto., cdno. Corte).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.   El 31 de agosto de 2016, el litigio censurado ingres\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe en atenci\u00f3n a lo dispuesto en los Acuerdos PSSA-10072 de 2013, 004 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura y CSJBA 16-545 de 1\u00b0 de julio de 2016 (fl. 10 vto., \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4.   A trav\u00e9s de providencia del 8 de septiembre de 2016, la citada autoridad jurisdiccional decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito al interior de la causa tantas veces mencionada, por lo que en consecuencia, la declar\u00f3 culminada, con sustento en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn este caso, la \u00faltima actuaci\u00f3n data de 4 de junio de 2014, auto mediante el cual el Juzgado Segundo civil del Circuito de Tunja, avoca el conocimiento del presente proceso, sin que se haya realizado petici\u00f3n alguna con posterioridad, estando el proceso en completo abandono, hasta el momento en que fue remitido por el Juzgado Segundo civil del Circuito de Tunja, en oralidad a este despacho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, han trascurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se realiz\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso, por lo cual se debe decretar la terminaci\u00f3n del mismo por desistimiento t\u00e1cito, y el levantamiento de las medidas cautelares que se han practicado\u00bb (fl. 11, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5.         Frente a la antedicha determinaci\u00f3n, la entidad accionante \u2013all\u00e1 demandante, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1.   El numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso establece, que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abCuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas \u00abo perjuicios\u00bb a cargo de las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A su turno, dicho mandato dispone que la figura aludida se regir\u00e1, entre otras, por la siguiente regla:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abc) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo;\u00bb (Subrayado fuera del texto original).  <\/span><\/p>\n

       Sobre la interpretaci\u00f3n de la anterior normatividad, la Corte en reciente pronunciamiento consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla expresi\u00f3n \u00abinactivo\u00bb a que hace alusi\u00f3n la norma mencionada, debe analizarse de manera sistem\u00e1tica y arm\u00f3nica con lo preceptuado en el literal \u00abc\u00bb del mismo canon, seg\u00fan el cual \u00abcualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una sana hermen\u00e9utica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo \u00abinactivo\u00bb en la secretar\u00eda del despacho, debe permanecer hu\u00e9rfano de todo tipo de actuaci\u00f3n, es decir, debe carecer de tr\u00e1mite, movimiento o alteraci\u00f3n de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o, si lo que se pretende es aplicarle v\u00e1lidamente la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito\u00bb (Resalta la Sala, STC14997 de 2016).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1.   Bajo esa premisa, la Corte observa que en el sub-examine el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja aplic\u00f3 indebidamente la norma antes descrita, conculcando as\u00ed el debido proceso de la entidad gestora del amparo, all\u00e1 ejecutante.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se aprecia que la \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso ejecutivo mixto motivo de revisi\u00f3n constitucional, antes de que se decretara su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, data del 31 de agosto de 2016, fecha en la cual fue recibido el expediente por parte del estrado judicial acusado, actuaci\u00f3n que sin duda interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en la disposici\u00f3n legal memorada, seg\u00fan se infiere del literal c) de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, \u00abla devoluci\u00f3n del proceso al juzgado de origen, impide considerar que el proceso permaneci\u00f3 inactivo y por ende, que se encontraban satisfechos los presupuestos necesarios para decretar el desistimiento t\u00e1cito, pues desde aquella actuaci\u00f3n hasta la fecha de emisi\u00f3n de la providencia de terminaci\u00f3n, no transcurri\u00f3 el a\u00f1o de inactividad exigido, (\u2026), por lo cual no se hab\u00eda configurado el lapso necesario para dar aplicaci\u00f3n a la figura jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (STC14997 de 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  En ese orden de ideas, la autoridad judicial convocada no pod\u00eda desconocer la existencia de la actuaci\u00f3n correspondiente a la remisi\u00f3n del expediente a esa sede judicial, para declarar sin m\u00e1s el desistimiento t\u00e1cito, hermen\u00e9utica que, se repite, gener\u00f3 la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas por el Departamento de Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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1. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone invalidar el fallo constitucional de instancia, para que en aras de salvaguardar las prerrogativas superiores del ente territorial accionante, el Juzgado accionado, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n endilgada, contin\u00fae como corresponde con el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n  objeto del presente estudio.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, se resuelve:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia proferida el 8 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja y las dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de  \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al preanotado Despacho judicial, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, contin\u00fae con el proceso ejecutivo mixto promovido por el Departamento de Boyac\u00e1 contra Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y otro, con observancia de la normatividad y ritualidad legalmente aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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SALVAMENTO DE VOTO  <\/span><\/p>\n

MAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2017-00075-01  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con el respeto debido a la mayor\u00eda de la Sala, a continuaci\u00f3n consigno las razones por las cuales no acompa\u00f1o la decisi\u00f3n adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- El asunto constitucional de cuya soluci\u00f3n disiento trat\u00f3 de la petici\u00f3n de salvaguardia elevada por el Departamento de Boyac\u00e1, que alega anomal\u00eda del juzgado accionado comoquiera que este declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del juicio ejecutivo mixto sub lite en que dicho ente territorial es ejecutante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Los motivos de mi discrepancia se circunscriben a rebatir el entendido adoptado, en el sentido de que aun las actuaciones de \u00edndole eminentemente administrativas interrumpen los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso impidiendo dar aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito, lo cual no es as\u00ed.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Am\u00e9n, se impon\u00eda atender el postulado de la subsidiariedad, en tanto la tempestiva interposici\u00f3n de los mecanismos ordinarios de defensa fue soslayada por la parte reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Referente al primer \u00edtem de marras, he de exponer lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.- Antes que otra cosa, har\u00e9 un recuento de parte del decurso de las actuaciones procesales trasegadas en el asunto sub examine, mismas que ata\u00f1en con lo nodular de la resoluci\u00f3n adoptada de que me aparto, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.1.- Providencia de 28 de febrero de 2001, con que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja entre otras cosas dispuso que \u00ab[\u2026] 2. Previa orden de secuestro del inmueble que el interesado se sirva allegar al proceso el original del folio de matr\u00edcula inmobiliaria donde aparezca registrado el embargo, por cuanto el aportado es una fotocopia simple que carece de valor probatorio\u00bb (fl. 29 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.2.- Solicitud de 9 de octubre de 2006, incoada ante el mismo despacho por la apoderada de la parte demandante, aqu\u00ed tutelista, en la que pidi\u00f3 \u00abse ordene la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro sobre el bien a[ll]\u00ed embargado\u00bb (fol. 27, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.3.- Auto de 26 de marzo de 2014, proferido por la mencionada c\u00e9lula judicial, reconociendo personer\u00eda al abogado Manuel Alberto Guerrero Umba, como apoderado del Departamento de Boyac\u00e1 (fol. 12, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.5.- Informe de 1\u00ba de septiembre de 2016, rendido por la secretar\u00eda del despacho encartado, refiriendo que \u00aben atenci\u00f3n a las disposiciones de los Acuerdos pssa-10072 de 2013, 004 de 2014 del C. S. de la J. y csjba 16-545 del 1\u00ba de julio\/16, [exponiendo] que hasta el d\u00eda 31 de ago 2016, fuera ingresado el proceso al Sistema Siglo XXI de este Juzgado, para avocar conocimiento del proceso Ejecutivo Acumulado, adelantado por la industria licorera de boyac\u00e1 y mauricio jos\u00e9 portocarrero su\u00e1rez en contra de gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez y otro, resolver lo que en derecho corresponda como quiera [sic] que la \u00faltima actuaci\u00f3n data del 4 de junio de 2014\u00bb (fol. 13 rev\u00e9s, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.6.- Prove\u00eddo datado del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, dictado por el despacho encartado, en que tal decidi\u00f3: \u00ab1) Av\u00f3case el conocimiento del presente proceso. 2) Decretar el desistimiento t\u00e1cito del proceso por lo expuesto en la parte motiva. 3) Como consecuencia de lo anterior decretar su terminaci\u00f3n. 4) Decretar el desembargo, por cuenta de este juzgado del inmueble de propiedad del demandado gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez, con [F]olio de [M]atr\u00edcula 070-123584, pero continuar\u00e1 vigente el embargo para el proceso ejecutivo No. 10.614 seguido en el Juzgado Primero Civil Municipal en escrituralidad de Tunja, por jorge acero contra gilberto monta\u00f1ez y otro. 5) De igual forma decr\u00e9tase el desembargo de los dineros que posean los demandados en los Bancos Agrario y de Bogot\u00e1 [\u2026]. 6) Verificado lo anterior, arch\u00edvese la actuaci\u00f3n del juzgado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello, por considerar que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se realiz\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso\u00bb, ya que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n data del 04 de junio de 2014, auto mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, avoca el conocimiento del presente proceso, sin que se haya realizado petici\u00f3n alguna con posterioridad, estando el proceso en completo abandono\u00bb (fol. 14, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.7.- Recurso de reposici\u00f3n enfilado contra la resoluci\u00f3n anterior, radicado el d\u00eda 14 del mismo mes y anualidad, allegado por la apoderada de V\u00edctor Jaime Reyes Becerra, en el que solicit\u00f3 \u00abse reforme el numeral 4 del auto recurrido en el sentido inicialmente indicado [el inmueble es de propiedad de su poderdante], y en consecuencia revocar lo pertinente  en cuanto a la continuidad de la cautela para remanente\u00bb (fol. 15, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.8.- Auto de 20 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo anterior, que repuso el refutado de 8 de septiembre, en el sentido de modificar sus numerales 4\u00b0 y 5\u00b0, as\u00ed: \u00ab4) Decretar  el desembargo del inmueble de propiedad del demandado v\u00edctor jaime reyes becerra, con Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00b0. 070-123854, of\u00edciese en tal sentido al [\u2026] Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja para lo pertinente. 5) De igual forma decr\u00e9tese el desembargo de los dineros que posean los demandados en los Bancos Agrario y de Bogot\u00e1. Of\u00edciese en tal sentido a las citadas entidades. Adem\u00e1s se ordena oficiar al Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja para poner en conocimiento la terminaci\u00f3n del presente asunto por desistimiento t\u00e1cito y que no llegaron a ser cautelados dentro del presente tr\u00e1mite bienes de propiedad del aqu\u00ed demandado gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez\u00bb (fls. 16 anverso y 17, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.9.- Escrito contentivo de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, presentado el 26 del mismo mes y a\u00f1o, por la apoderada de la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1, en la que solicit\u00f3 se revoque el auto de 8 de septiembre que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso (fls. 17 env\u00e9s y 18, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.10.- Pronunciamiento de 1\u00ba de diciembre siguiente que determin\u00f3 \u00abno reponer el auto calendado el d\u00eda 08 de septiembre de 2016 al que se refiere la recurrente, ni el del 20 de octubre que resolvi\u00f3 un recurso previo [\u2026] no conceder el recurso de apelaci\u00f3n por lo expuesto [\u2026]\u00bb; lo anterior, al referir que el recurso \u00abfue presentado en la secretar\u00eda del juzgado el d\u00eda 26 de octubre de 2016, es decir de manera extempor\u00e1nea para el auto del d\u00eda 8 de septiembre de 2016\u00bb (fls. 25 reverso y 26, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.- Si bien el literal c) del numeral 2\u00b0 del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso (Ley 1564 de 12 de julio de 2012) establece que \u00ab[c]ualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb (se destac\u00f3), lo cierto es que, conforme a la visi\u00f3n teleol\u00f3gica que encierra la figura del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, no toda acci\u00f3n emprendida puede lograr interrumpir los t\u00e9rminos que son menester para dar aplicaci\u00f3n a dicho instituto procedimental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por supuesto, esta Sala ha referido que \u00ab[e]l desistimiento t\u00e1cito fue concebido como una alternativa de superar la par\u00e1lisis procesal, bien porque sea fruto de la apat\u00eda del interesado o, simplemente, por la inactividad del pleito, sin importar en qu\u00e9 medida pueda imput\u00e1rsele o no a los contradictores. Tan es as\u00ed que en el \u201cpliego de modificaciones\u201d al proyecto de ley que finalmente se convirti\u00f3 en el C\u00f3digo General del Proceso, con relaci\u00f3n a la primera propuesta del numeral segundo del art\u00edculo 317, que regula \u201cla situaci\u00f3n del proceso que permanece inactivo en Secretar\u00eda\u201d, se explic\u00f3 que del texto final \u201c[s]e elimin\u00f3 la expresi\u00f3n \u2018abandono\u2019 pues esta deja la impresi\u00f3n de que la norma hace un juicio de desvalor sobre la conducta de la parte\u201d. En el fondo, se persigue evitar que los litigantes permanezcan atados por un conflicto inm\u00f3vil, y por lo mismo est\u00e9ril, lo que supone una tensi\u00f3n entre los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de seguridad jur\u00eddica, cobrando relevancia que la potestad de las personas a obtener soluci\u00f3n a sus diferencias, con la participaci\u00f3n de las autoridades, no puede propiciar situaciones indefinidas, inciertas y eternas\u00bb (den\u00f3tase; CSJ STC3898-2016, 30 mar. 2016, rad. 2016-00168-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que, ha de entenderse, \u00fanicamente las gestiones que son capaces de desenvolver tal potencia interruptora son aquellas de tenor judicial, esto es, ya aquellas que requieren para su producci\u00f3n previa orden del funcionario competente, obviamente impartida mediante providencia que la disponga, ora las que provienen de las partes adversariales, terceros reconocidos y\/o autoridades que tengan ing\u00e9nita potestad de intervenci\u00f3n en el rito de que en cada caso se trate; por contrario, mal se har\u00eda en pensar que esa \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb pudiera surgir de cualesquiera persona ajena al pleito o que ning\u00fan inter\u00e9s tenga en las resultas del juicio, como que tampoco su origen puede ser producto de un contingente albur que llegare a darse, siendo un ejemplo de ello la circunstancia de que en el asunto litigioso en cuesti\u00f3n equivocadamente se radicara un memorial con petici\u00f3n destinada a otro proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, las actuaciones de cariz meramente administrativo, como pueden ser, verbigracia, el traslado por coordinaci\u00f3n secretarial o por conducto de la \u00aboficina judicial\u00bb de los procesos litigiosos de la sede de un juzgado a otro, sin que preliminarmente medie disposici\u00f3n al efecto establecida, a trav\u00e9s de providencia que a ese prop\u00f3sito dicte el juez que preside el despacho remisor, no pueden comportar la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos en la norma en comento, ya que entender as\u00ed desembocar\u00eda en absurdos hermen\u00e9uticos tales como que, por v\u00eda de ejemplo, en caso de que al interior de un despacho judicial se llegase a trocar la nominal ubicaci\u00f3n que por causa del mero orden organizacional consuetudinariamente se ha dado a las colocaciones f\u00edsicas de los expedientes, ello deparar\u00eda, entonces, la il\u00f3gica \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb del plazo que para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito corre; es decir, en otras palabras, que si un expediente que est\u00e1 en la ubicaci\u00f3n secretarial de \u00abla letra\u00bb se pasara a \u00abarchivo\u00bb o viceversa, bajo el entendido llano que sigui\u00f3 la Sala, lo propio comportar\u00eda, sin m\u00e1s, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, lo que resulta francamente inviable puesto que se desnaturalizar\u00eda de tajo la finalidad que persigue el precepto enantes aludido, y que, entre otras cosas, propende porque las partes no declinen su deber de no abandonar los procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, como en el sub examine el operador judicial remisor no dict\u00f3 ning\u00fan auto disponiendo el env\u00edo del dosier para que tal arribara al juzgado querellado, y este despacho, en el primer pronunciamiento jurisdiccional que adopt\u00f3, lo \u00fanico que hizo fue proceder a decretar el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb por cuanto hab\u00eda trascurrido el lapso legal que se impon\u00eda en el particular asunto, de todo ello se desprende que, en puridad, no pod\u00eda pregonarse la ocurrencia de actuaci\u00f3n judicial alguna que pudiera impedir esa declaraci\u00f3n, cual fue el err\u00f3neo entendido en que se incurri\u00f3 en el fallo de que me separo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Depurado lo anterior, y en lo que concierne con el segundo de los t\u00f3picos que implican mi separaci\u00f3n de la decisi\u00f3n mayoritaria, pongo de presente que hab\u00eda de advertirse que la protecci\u00f3n invocada tampoco estaba llamada a prosperar, en tanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que ante el prove\u00eddo de finalizaci\u00f3n del proceso por la pluricitada figura del desistimiento t\u00e1cito, el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios concretos de resguardo que le permit\u00edan al ente gestor controvertir las decisiones aqu\u00ed recriminadas, luego no era dable pretender el reemplazo de los instrumentos de defensa mediante esta acci\u00f3n constitucional, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto,  contra la providencia acusada, el extremo querellante no manifest\u00f3 descontento tempestivo alguno, puesto que tard\u00edamente interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, desperdici\u00e1ndolos, luego entonces tuvo la posibilidad de intervenir en defensa de sus intereses, y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisada su disconformidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Al margen de lo ya se\u00f1alado, cumple relevar que tanto el extremo tutelista, como el abogado que lo representa en el sub examine, deb\u00edan estar prestos a atender las cargas procesales que dimanan de la actuaci\u00f3n litigiosa, a fin de que no se configuraran los presupuestos normativos para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, lo que no hicieron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- En los anteriores t\u00e9rminos dejo la salvedad aqu\u00ed manifestada, considerando que la Corte debi\u00f3 denegar el amparo instado a secuela de su improcedencia, derivada llanamente por cuanto los t\u00e9rminos que corrieron en el sub lite para declarar el desistimiento t\u00e1cito no fueron interrumpidos, aparte de configurarse el presupuesto general de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Fecha ut supra.  <\/span><\/p>\n

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Magistrada  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 A ese respecto, v\u00e9ase la sentencia STC14997 de 2016.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4821-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2017-00075-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100534","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100534\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}