{"id":100535,"date":"2026-06-25T21:02:48","date_gmt":"2026-06-25T21:02:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4822-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:48","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:48","slug":"stc4822-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4822-2017\/","title":{"rendered":"STC4822-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4822-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00148-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, a la \u00abvida digna\u00bb y \u00aba las garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al concederle en el efecto devolutivo, el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 al interior de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0030-00, y, exigirle, dice, sufragar la reproducci\u00f3n de las piezas procesales del proceso como requisito para tramitar la alzada.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) que no le \u00abpida\u00bb asumir el costo de las copias como requisito para concederle el citado recurso vertical dentro de las acciones p\u00fablicas por \u00e9l promovidas; ii) \u00abdar tr[\u00e1]mite\u00bb a los procesos donde declar\u00f3 desiertas sus apelaciones \u00abpor No aportar\u00bb el valor de las expensas; as\u00ed mismo, iii) que dichas impugnaciones sean tramitadas \u00abSIEMPRE\u00bb en el \u00abefecto suspensivo\u00bb; y, finalmente, iv) que le \u00abdev[uelva] inmediata[mente] los $ 6.000 que pag[\u00f3] por [concepto] de copias\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que dentro del asunto referido en l\u00edneas anteriores, el Despacho accionado lo \u00aboblig[\u00f3] a cancelar $ 6.000\u00bb como requisito para tramitar la alzada que all\u00ed formul\u00f3, pese a que en la Ley 472 de 1998 no se advierte previsi\u00f3n alguna al respecto; que tras haber cancelado tales expensas, fue modificado el efecto en el que inicialmente fue concedido el recurso, motivo por el cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas, y la devoluci\u00f3n de dicho dinero (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradora Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del gestor es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 16, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, remiti\u00f3 copia de las actuaciones surtidas al interior de la acci\u00f3n constitucional criticada, y precis\u00f3 que \u00e9sta fueron acumuladas las demandas populares identificadas con los consecutivos \u00abNo. 2015 – 0035, 2015 – 0031, 2015 – 0052, 2015-0028 y 2015 – 0030\u00bb (fl. 19, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El municipio de Pereira por intermedio de su mandataria judicial, manifest\u00f3 que no est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva para pronunciarse al interior del amparo, pues dicho ente territorial no \u00abtiene injerencia alguna\u00bb respecto al agravio alegado por el promotor (fls. 46 y 47, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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d).   La Personera Municipal de la preanotada ciudad, hizo referencia a algunas previsiones de la Ley 472 de 1998, e indic\u00f3 que los tr\u00e1mites reprochados son \u00abnetamente responsabilidad del aparato judicial\u00bb (fls. 56 a 58, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que el quebranto reprochado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga es inexistente, pues de acuerdo con el acervo probatorio allegado a la diligencia, mediante providencia del 21 de febrero de 2017, fue modificado el efecto en que fue concedida la apelaci\u00f3n dentro de la citada acci\u00f3n p\u00fablica, y \u00abse orden\u00f3 devolver el recibo No. 25782, para que sea reembolsado el importe (\u2026), luego el accionante lo retir\u00f3 y se le inform\u00f3 que deb\u00eda acercarse a la Oficina de T\u00edtulos Judiciales para que se le reintegrara el dinero pagado\u00bb, raz\u00f3n por la que para la \u00e9poca en que se promovi\u00f3 la solicitud de amparo, ya hab\u00edan sido superadas las situaciones que fueron objeto de la misma (fls. 61 a 63, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 67, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas por el Se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, considera que surge patente la inexistencia de la vulneraci\u00f3n de la que \u00e9ste se duele, si se tiene en cuenta que de las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite se pudo verificar, que las cuestiones planteadas fueron resueltas por el estrado judicial accionado en providencia del pasado 21 de febrero, pues a trav\u00e9s de la misma se modific\u00f3 el auto dictado el 20 de enero anterior, concediendo el recurso vertical tantas veces mencionado \u00aben el efecto suspensivo y no en el devolutivo\u00bb, y dejando a su vez dej\u00f3 sin efecto lo relativo a la \u00abexpedici\u00f3n de las copias a cargo del apelante\u00bb, aqu\u00ed interesado, ordenando desembolsarle a \u00e9ste lo sufragado por concepto de las expensas reprochadas (fls, 39 a 41, ejusdem); luego entonces, no exist\u00eda realmente raz\u00f3n para acudir a este mecanismo excepcional, pues como qued\u00f3 visto, las situaciones que dieron origen al presunto quebrantamiento se encontraban superadas mucho antes de presentar el amparo.  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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