{"id":100536,"date":"2026-06-25T21:02:52","date_gmt":"2026-06-25T21:02:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4823-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:52","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:52","slug":"stc4823-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4823-2017\/","title":{"rendered":"STC4823-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4823-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2017-00024-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Xiomara Carolina Abreo Torres contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, al no vincularla al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hermes Ome en contra de la Alcald\u00eda Municipal y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, ambas de Restrepo (Meta).  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a las sedes judiciales accionadas, \u00absuspender la diligencia de entrega ordenada en el fallo de tutela de segunda instancia\u00bb (fl. 11 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal aspiraci\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que el citado se\u00f1or Ome, promovi\u00f3 la demanda de amparo antes referida, con el prop\u00f3sito de obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, toda vez que estando en posesi\u00f3n del predio rural denominado \u00abBarcelona\u00bb, situado en la vereda \u00abLas Camelias\u00bb del Municipio aludido, fue despojado por la Alcald\u00eda Municipal y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, ambas de Restrepo (Meta), \u00abde manera injustificada\u00bb y sin permitirle ejercer su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que en fallo de tutela del 8 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir que el actor contaba con la posibilidad de acudir al tr\u00e1mite administrativo de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 Juan Pablo Ar\u00e9valo Parra y Manuel Fernando L\u00f3pez, con el fin de procurar la salvaguarda de sus garant\u00edas, determinaci\u00f3n que impugnada, fue revocada en sentencia del 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, en el sentido de conceder el mecanismo excepcional para ordenar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Restrepo (Meta), i) dejar sin efecto la resoluci\u00f3n que hab\u00eda dispuesto la invalidez de la diligencia realizada para amparar la posesi\u00f3n de Hermes Ome respecto del predio mencionado; y, ii) volver las cosas al estado en que se encontraban antes de proferir dicha resoluci\u00f3n, vulner\u00e1ndose as\u00ed su debido proceso con lo resuelto, toda vez que, asegura, se omiti\u00f3 vincularla al tr\u00e1mite de tutela aludido, pese a que le asist\u00eda inter\u00e9s en la soluci\u00f3n del asunto como la actual propietaria del inmueble memorado, tal y como se acredita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria asignado a \u00e9ste (fls. 1 a 12, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo aleg\u00f3, que no ha conculcado derecho fundamental alguno de la gestora, motivo por el que la s\u00faplica de \u00e9sta carece de vocaci\u00f3n de prosperidad (fls. 42 y 43, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio argument\u00f3, que \u00abninguno de los despachos ni de primera y segunda instancia tuvo conocimiento de la existencia de la accionante como nueva propietaria sino hasta el 20 de enero de 2017 fecha en la cual present\u00f3 memorial en el que ped\u00eda la nulidad de lo actuado por no haberse vinculado, empero para esa data ya se encontraba en firme el fallo de segunda instancia que se dict\u00f3 el 14 de diciembre de 2016, aunado a ello, vale la pena recalcar que en el expediente de tutela obraban varios certificados de libertad y tradici\u00f3n siendo el m\u00e1s reciente el expedido el 14 de septiembre de 2016 donde figura como \u00faltimo propietario el se\u00f1or Juan Pablo Ar\u00e9valo Parra, documentos que se tuvieron en cuenta para la integraci\u00f3n del Litis consorcio\u00bb (fls. 44 a 46, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abno era posible que la titular del despacho accionado tuviera conocimiento de la cadena de tradiciones suscitada, pues es evidente que pasado m\u00e1s de un mes despu\u00e9s de proferida la sentencia de segunda instancia el Despacho cuestionado fue enterado de la existencia de una nueva propietaria; agregado a lo anterior, quien fung\u00eda como propietario en la fecha en que se adelant\u00f3 la primera instancia de la acci\u00f3n de tutela controvertida, fue vinculado a dicho tr\u00e1mite judicial para garantizar su derecho a la defensa y al debido proceso; por lo tanto no se vislumbra la presencia de ninguna causal de nulidad que pudiese haber conllevado a que la titular del despacho accionado as\u00ed lo declarara, y menos que con la sentencia proferida incurriera en conductas constitutivas de v\u00eda de hecho ya que en la providencia emitida realiz\u00f3 un an\u00e1lisis y fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de lo decretado, citando la normatividad aplicable, decisi\u00f3n proferida dentro del \u00e1mbito de sus competencias e independencia judicial\u00bb (fls. 70 a 74 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La actora recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fl. 80, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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El planteamiento anterior cobra mayor relevancia, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite; o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1. En este caso, la gestora se queja porque no fue vinculada al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hermes Ome en contra de la Alcald\u00eda Municipal y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, ambas de Restrepo (Meta), circunstancia que, en su opini\u00f3n, conculc\u00f3 su garant\u00eda al debido proceso, ya que tiene inter\u00e9s en el desenlace de dicha controversia, como actual propietaria del bien inmueble materia de discusi\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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1. Para brindar soluci\u00f3n al presente asunto, resulta necesario verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, la cual permite a la Sala verificar lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1.   El se\u00f1or Ome promovi\u00f3 el mecanismo excepcional aludido, con el fin de obtener la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y a la defensa, para lo cual asegur\u00f3, que las entidades referidas lo hab\u00edan despojado de manera \u00abinjustificada\u00bb de la posesi\u00f3n que ejerce sobre el predio rural denominado \u00abBarcelona\u00bb, situado en la vereda \u00abLas Camelias\u00bb del Municipio aludido e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-295.    <\/span><\/p>\n

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1. Mediante auto del 25 de octubre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo avoc\u00f3 el conocimiento del anterior tr\u00e1mite; y luego, el 2 de noviembre siguiente, fueron vinculados al mismo Manuel Fernando L\u00f3pez y Juan Pablo Ar\u00e9valo, quienes para ese entonces fung\u00edan como propietarios del predio memorado (fl. 46, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1.   En sentencia del 8 de noviembre de la anualidad pasada, el a-quo constitucional dict\u00f3 sentencia negando la salvaguarda suplicada, decisi\u00f3n que fue impugnada por el all\u00e1 accionante.    <\/span><\/p>\n

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1.   A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 6216 del d\u00eda 23 del mes y a\u00f1o prenotados, Manuel Fernando L\u00f3pez y Juan Pablo Ar\u00e9valo vendieron el inmueble tantas veces mencionado a Xiomara Carolina Abreo Torres, aqu\u00ed accionante (fl. 30, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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1.   En fallo del 14 de diciembre subsiguiente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio resolvi\u00f3 revocar la providencia de tutela de primera instancia, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales de Hermes Ome Ome, de manera que orden\u00f3 a las entidades all\u00ed accionadas dejar sin efecto la resoluci\u00f3n que hab\u00eda dispuesto la invalidez de la diligencia realizada para amparar la posesi\u00f3n del prenombrado se\u00f1or respecto del predio mencionado; y, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de proferir dicha resoluci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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1. Visto lo anterior, la Sala aprecia que para el momento en que se instaur\u00f3 y se decidi\u00f3 en primera instancia, el tr\u00e1mite de tutela censurado, los propietarios del inmueble de marras eran Manuel Fernando L\u00f3pez y Juan Pablo Ar\u00e9valo, raz\u00f3n por la que fueron vinculados a dicho asunto en tal calidad para que ejercieran su derecho a la defensa, pues ten\u00edan inter\u00e9s en el desenlace de la controversia.    <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, si bien durante el adelantamiento de la segunda instancia del asunto constitucional atacado, el dominio del predio aludido se radic\u00f3 en cabeza de Xiomara Carolina Abreo Torres \u2013aqu\u00ed interesada, dicha circunstancia por s\u00ed sola no resulta suficiente para conceder la presente solicitud de protecci\u00f3n, ya que su falta de vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite no provino a causa de un error atribuible de los Despachos accionados, sino a una situaci\u00f3n sobreviniente como la venta del inmueble, de la cual los estrados convocados nunca tuvieron conocimiento sino mucho despu\u00e9s de adelantada la acci\u00f3n constitucional cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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1. En consecuencia, bastan las razones expuestas en precedencia para mantener el fallo de tutela refutado.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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