{"id":100537,"date":"2026-06-25T21:02:57","date_gmt":"2026-06-25T21:02:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4829-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:02:57","modified_gmt":"2026-06-25T21:02:57","slug":"stc4829-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4829-2017\/","title":{"rendered":"STC4829-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4829-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial por Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Su\u00e1rez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abser juzgado conforme a las leyes vigentes y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, y, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n del auto de 8 de septiembre de 2016, mediante el cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo singular que instaur\u00f3 contra los se\u00f1ores Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y V\u00edctor Jaime Reyes Becerra, tr\u00e1mite al que se acumul\u00f3 la demanda ejecutiva de la Industria Licorera de Boyac\u00e1, hoy Departamento de Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que \u00abse deje sin validez ni efecto jur\u00eddico\u00bb la referida providencia, as\u00ed como \u00abla totalidad de [decisiones] y actuaciones judiciales (\u2026) posterior[es]\u00bb, por ser las mismas \u00abcontrarias al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (fl. 16, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que en la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja libr\u00f3 en su favor mandamiento de pago por la suma de \u00ab$400.000.000, m\u00e1s intereses\u00bb, y, posteriormente, \u00abresolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra de los demandados, ordenando el remate y aval\u00fao de los bienes embargados, conden\u00e1ndo[los] en costas (\u2026) y [exigiendo] a las partes presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conjuntamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que en \u00abatenci\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n\u00bb adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PSAA 13-10072 de 2013 y PSAA 14-10103 de 2014, el litigio fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mima ciudad, quien pese a que en auto del 4 de junio de 2014, avoc\u00f3 su conocimiento, no adelant\u00f3 actuaci\u00f3n alguna, as\u00ed que decidi\u00f3 enviar el legajo a su hom\u00f3logo Primero Civil del Circuito con fundamento en otras medidas de descongesti\u00f3n previstas en los Acuerdos PSAA 004 de 2014 y CSJBA 16-545 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que en providencia del 8 de septiembre de 2016, el preanotado Despacho asumi\u00f3 el tr\u00e1mite del cobro compulsivo cuestionado, pero dispuso la terminaci\u00f3n del mismo, por desistimiento t\u00e1cito, con base en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n que si bien no pudo cuestionar por \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica\u00bb, indudablemente implica la configuraci\u00f3n de defectos procedimentales y sustanciales, toda vez que, asegura, era improcedente dar aplicaci\u00f3n a la mentada figura por cuanto se encontraba pendiente por resolver la solicitud que formul\u00f3 el Departamento de Boyac\u00e1, tambi\u00e9n demandante, para que se adelantara el secuestro del inmueble objeto de garant\u00eda real, motivo por el que la dejadez del tr\u00e1mite cuestionado es atribuible a la administraci\u00f3n de justicia y no a la parte ejecutante; y, porque el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os previsto en la norma en cita se interrumpi\u00f3 con el env\u00edo de las diligencias a otro Despacho como consecuencia de las medidas de descongesti\u00f3n judicial, razones por la cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 17, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

              <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.   El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda, remiti\u00f3 el expediente contentivo del tr\u00e1mite ejecutivo por esta v\u00eda cuestionado (fl. 37, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.   Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez inform\u00f3, que no tiene inter\u00e9s actual en el proceso ejecutivo en virtud del cual fue vinculado al presente tr\u00e1mite constitucional, \u00abpues si bien actu[\u00f3] como apoderado judicial del ejecutante Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Suarez, [aqu\u00ed interesado], \u00e9ste determin\u00f3 revocar el poder que [l]e fue conferido (\u2026), lo que fue aceptado por el Juez de conocimiento mediante providencia calendada el 17 de abril de 2013, por lo que desde aquella \u00e9poca (\u2026) no representa inter\u00e9s procesal alguno dentro del mismo\u00bb (fls. 54 y 55, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.  V\u00edctor Jaime Reyes Becerra, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, aleg\u00f3 que el tutelante \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, en raz\u00f3n a que el 15 de enero de 2013, celebr\u00f3 con \u00e9l un contrato de transacci\u00f3n, con el cual \u00abse satisfac\u00eda la acreencia que en [la ejecuci\u00f3n censurada persigue]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente record\u00f3, que \u00absiendo una carga procesal de las partes interesadas en el proceso darle impulso al mismo, sin que lo hubieren acometido, la inactividad del proceso es imputable a aqu\u00e9llas y no al juez de conocimiento de la ejecuci\u00f3n, por lo que se d\u00e1 el presupuesto exigido por la norma que regula la sanci\u00f3n procesal del desistimiento t\u00e1cito por no adelantarse por alguna de las partes actuaci\u00f3n encaminada a satisfacer su carga de impulsar el proceso, entre ellas la de propender por la diligencia de secuestro, la presentaci\u00f3n de las liquidaciones de los cr\u00e9ditos, el aval\u00fao del bien perseguido, etc., por lo que se colige que la decisi\u00f3n del juez accionado al imponer la sanci\u00f3n procesal aludida se ajusta a derecho y no representa vulneraci\u00f3n alguna al debido proceso\u00bb; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que ninguno de los ejecutantes cuestion\u00f3 tal determinaci\u00f3n (fls. 96 y 97, \u00edd.).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, con sustento en que la providencia del 8 de septiembre de 2016, en virtud del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y le puso fin al litigio, \u00abpod\u00eda ser controvertida al interior del proceso judicial para [la] defensa de los derechos [aqu\u00ed] invocados, toda vez que la misma era susceptible de recurrirse en apelaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 317 del C.G.P., [por lo que] la acci\u00f3n de tutela en este caso no puede utilizarse como medio de protecci\u00f3n alternativo para alegar las anomal\u00edas que ahora se ponen de presente frente a la valoraci\u00f3n de la prueba por parte del funcionario accionado\u00bb; en este sentido record\u00f3, que \u00abal haber contado el quejoso constitucional con mecanismos judiciales dentro del mismo rito, para cuestionar el prove\u00eddo del que deriva la afectaci\u00f3n de sus derechos, indefectiblemente la v\u00eda de amparo resulta improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente resalt\u00f3, que el precedente jurisprudencial en que sustenta el actor el amparo, no a resulta aplicable al presente asunto, \u00abpues lo establecido en el literal c), del numeral 2\u00ba de la normal 317, no es de recibo para t\u00e9rminos preclu\u00eddos, o ya consolidados, como acontece en el asunto que nos ocupa, en el entendido de que cuando el proceso pas\u00f3 al juzgado cuestionado hab\u00eda superado en su inactividad los dos a\u00f1os de que da cuenta el literal b) de la citada disposici\u00f3n, lo que atendi\u00f3 el juzgado para decidir en la manera en que lo hizo\u00bb (fls. 101 a 112, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, alegando que a trav\u00e9s del mismo el Juez Constitucional desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial por \u00e9l invocado para respaldar sus pretensiones, pues en virtud del mismo se entiende que \u00abal presentarse una \u201costensible transgresi\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso\u201d, por la presencia del defecto material o sustantivo en la providencia que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso (por la indebida interpretaci\u00f3n del numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula lo atinente a la aplicaci\u00f3n de [tal] figura (\u2026) en los procesos ejecutivos en los cuales ya se ha proferido auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n), (\u2026) se puede prescindir del presupuesto de la subsidiariedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con sustento en lo anterior, resalt\u00f3 que de conformidad con la disposici\u00f3n normativa referenciada, \u00abcualquier actuaci\u00f3n de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en ese art\u00edculo, por ello, es evidente que la remisi\u00f3n del proceso al juzgado accionado, en atenci\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas por la jurisdicci\u00f3n, impide considerar que el proceso permaneci\u00f3 inactivo y por ende, que se encontraban satisfechos los presupuestos necesarios para decretar el desistimiento t\u00e1cito, pues de aquella actuaci\u00f3n hasta la fecha de emisi\u00f3n de la providencia de terminaci\u00f3n, no trascurrieron los dos a\u00f1os de actividad en Secretar\u00eda exigidos, sino \u00fanicamente un d\u00eda, por lo que no se hab\u00eda configurado el lapso necesario para dar aplicaci\u00f3n a la figura jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; as\u00ed pues, advirti\u00f3, se habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para remediar la trasgresi\u00f3n a sus prerrogativas superiores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas se\u00f1al\u00f3, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia cuya aplicaci\u00f3n pretende por esta v\u00eda, a diferencia de lo manifestado por el a quo constitucional, \u00abtuvo en cuenta \u00fanicamente la actuaci\u00f3n que interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el numeral 2 del art\u00edculo [tantas veces mencionado], sin considerar periodos de tiempo pasado de inactividad, en la medida en que la misma recepci\u00f3n del expediente por parte del estrado judicial acusado en fecha 17 de junio de 2016, que constituye gesti\u00f3n procesal (\u2026), interrumpi\u00f3 cualquier periodo acaecido, reinici\u00e1ndose de nuevo el conteo de un a\u00f1o de inactividad en Secretar\u00eda se\u00f1alado en la norma para decretar v\u00e1lidamente el desistimiento t\u00e1cito\u00bb; as\u00ed record\u00f3, que de conformidad con lo dicho por esta Corporaci\u00f3n, \u00aben orden a establecer si procede la terminaci\u00f3n de un proceso por desistimiento t\u00e1cito, el juez no puede remitirse a un tiempo pasado de inactividad, superado por gesti\u00f3n procesal subsiguiente, sino a la realidad del expediente para el momento en el que debe resolver sobre su aplicaci\u00f3n\u00bb (fls. 133 a 148, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el se\u00f1or Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Su\u00e1rez cuestiona el auto dictado el 8 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s del cual se finiquit\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, el juicio ejecutivo singular que aqu\u00e9l instaur\u00f3 frente a los se\u00f1ores Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y V\u00edctor Jaime Reyes Becerra.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Para brindar soluci\u00f3n a la presente controversia, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n aportada al presente tr\u00e1mite, la cual permite apreciar lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1.    En auto del 4 de junio de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja avoc\u00f3 el conocimiento del juicio ejecutivo singular censurado con ocasi\u00f3n de la implementaci\u00f3n del \u00absistema de oralidad en materia civil y de familia\u00bb previsto en los Acuerdos PSAA 13-10072 de 27 de diciembre de 2013 y PSAA 14-10103 de 7 de febrero de 2014 (fls. 12 y 13, cdno. Corte).    <\/span><\/p>\n

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3.2.   El 31 de agosto de 2016, el litigio censurado ingres\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe en atenci\u00f3n a lo dispuesto en los Acuerdos PSSA-10072 de 2013, 004 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura y CSJBA 16-545 de 1\u00b0 de julio de 2016 (fl. 13 vto., \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.   A trav\u00e9s de providencia del 8 de septiembre de 2016, la citada autoridad jurisdiccional decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito al interior de la causa tantas veces mencionada, por lo que en consecuencia, la declar\u00f3 culminada, con sustento en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn este caso, la \u00faltima actuaci\u00f3n data de 4 de junio de 2014, auto mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, avoca el conocimiento del presente proceso, sin que se haya realizado petici\u00f3n alguna con posterioridad, estando el proceso en completo abandono, hasta el momento en que fue remitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, en oralidad a este despacho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, han trascurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se realiz\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso, por lo cual se debe decretar la terminaci\u00f3n del mismo por desistimiento t\u00e1cito, y el levantamiento de las medidas cautelares que se han practicado\u00bb (fl. 14, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4.         Frente a la antedicha determinaci\u00f3n, el accionante \u2013all\u00e1 demandante, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Visto lo anterior, la Sala aprecia que si bien la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de subsidiariedad, al no haberse interpuesto los recursos ordinarios procedentes contra el prove\u00eddo censurado, se itera, el que dio por terminada la ejecuci\u00f3n en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 317 del C. G. del P., lo cierto es que ante la evidente incursi\u00f3n del fallador accionado en un defecto sustancial, resulta necesario soslayar la incuria en que incurri\u00f3 el se\u00f1or Portocarrero Su\u00e1rez, con el fin de activar la intervenci\u00f3n excepcional del Juez constitucional en aras de conjurar la ostensible transgresi\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso de \u00e9ste, pues a criterio de la Sala no existi\u00f3 raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para que se culminara la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, circunstancia que impone la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, tal y como pasa a explicarse1.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abCuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas \u00abo perjuicios\u00bb a cargo de las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A su turno, dicho mandato dispone que la figura aludida se regir\u00e1, entre otras, por la siguiente regla:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abc) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo;\u00bb (Subrayado fuera del texto original).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sobre la interpretaci\u00f3n de la anterior normatividad, la Corte en reciente pronunciamiento consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla expresi\u00f3n \u00abinactivo\u00bb a que hace alusi\u00f3n la norma mencionada, debe analizarse de manera sistem\u00e1tica y arm\u00f3nica con lo preceptuado en el literal \u00abc\u00bb del mismo canon, seg\u00fan el cual \u00abcualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una sana hermen\u00e9utica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo \u00abinactivo\u00bb en la secretar\u00eda del despacho, debe permanecer hu\u00e9rfano de todo tipo de actuaci\u00f3n, es decir, debe carecer de tr\u00e1mite, movimiento o alteraci\u00f3n de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o, si lo que se pretende es aplicarle v\u00e1lidamente la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito\u00bb (Resalta la Sala, STC14997 de 2016).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1.   Bajo esa premisa, la Corte observa que en el sub-examine el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja aplic\u00f3 indebidamente la norma antes descrita, conculcando as\u00ed el debido proceso del gestor del amparo, all\u00e1 ejecutante.    <\/span><\/p>\n

En efecto, se aprecia que la \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso ejecutivo mixto motivo de revisi\u00f3n constitucional, antes de que se decretara su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, data del 31 de agosto de 2016, fecha en la cual fue recibido el expediente por parte del estrado judicial acusado, actuaci\u00f3n que sin duda interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en la disposici\u00f3n legal memorada, seg\u00fan se infiere del literal c) de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, \u00abla devoluci\u00f3n del proceso al juzgado de origen, impide considerar que el proceso permaneci\u00f3 inactivo y por ende, que se encontraban satisfechos los presupuestos necesarios para decretar el desistimiento t\u00e1cito, pues desde aquella actuaci\u00f3n hasta la fecha de emisi\u00f3n de la providencia de terminaci\u00f3n, no transcurri\u00f3 el a\u00f1o de inactividad exigido, (\u2026), por lo cual no se hab\u00eda configurado el lapso necesario para dar aplicaci\u00f3n a la figura jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (STC14997 de 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  En ese orden de ideas, la autoridad judicial convocada no pod\u00eda desconocer la existencia de la actuaci\u00f3n correspondiente a la remisi\u00f3n del expediente a esa sede judicial, para declarar sin m\u00e1s el desistimiento t\u00e1cito, hermen\u00e9utica que, se repite, gener\u00f3 la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas por el interesado.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone invalidar el fallo constitucional de instancia, para que en aras de salvaguardar las prerrogativas superiores del accionante, el Juzgado accionado, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n endilgada, contin\u00fae como corresponde con el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n  objeto del presente estudio.    <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n solicitada al se\u00f1or Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Su\u00e1rez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se resuelve:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia proferida el 8 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja y las dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de  \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al preanotado Despacho judicial, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, contin\u00fae con el proceso ejecutivo singular promovido por el se\u00f1or Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Su\u00e1rez contra Gilberto Monta\u00f1ez Gonz\u00e1lez y otro, con observancia de la normatividad y ritualidad legalmente aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO  <\/span><\/p>\n

MAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2017-00055-01  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con el respeto debido a la mayor\u00eda de la Sala, a continuaci\u00f3n consigno las razones por las cuales no acompa\u00f1o la decisi\u00f3n adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- El asunto constitucional de cuya soluci\u00f3n disiento trat\u00f3 de la petici\u00f3n de salvaguarda elevada por Mauricio Jos\u00e9 Portocarrero Su\u00e1rez, que alega anomal\u00eda del juzgado accionado comoquiera que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del juicio ejecutivo singular (acumulado) sub lite en que dicho ente territorial es ejecutante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Los motivos de mi discrepancia se circunscriben a rebatir el entendido adoptado, en el sentido de que aun las actuaciones de \u00edndole eminentemente administrativas interrumpen los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso impidiendo dar aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito, lo cual no es as\u00ed.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Am\u00e9n, se impon\u00eda atender el postulado de la subsidiariedad, en tanto la interposici\u00f3n de los mecanismos ordinarios de defensa fue soslayada por el reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Referente al primer \u00edtem de marras, he de exponer lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.- Antes que otra cosa, har\u00e9 un recuento de parte del decurso de las actuaciones procesales trasegadas en el asunto sub examine, mismas que ata\u00f1en con lo nodular de la resoluci\u00f3n adoptada de que me aparto, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.1.- Providencia de 28 de febrero de 2001, con que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja entre otras cosas dispuso que \u00ab[\u2026] 2. Previa orden de secuestro del inmueble que el interesado se sirva allegar al proceso el original del folio de matr\u00edcula inmobiliaria donde aparezca registrado el embargo, por cuanto el aportado es una fotocopia simple que carece de valor probatorio\u00bb (fl. 29 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.2.- Solicitud de 9 de octubre de 2006, incoada ante el mismo despacho por la apoderada de la parte demandante, aqu\u00ed tutelista, en la que pidi\u00f3 \u00abse ordene la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro sobre el bien a[ll]\u00ed embargado\u00bb (fol. 27, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.3.- Auto de 26 de marzo de 2014, proferido por la mencionada c\u00e9lula judicial, reconociendo personer\u00eda al abogado Manuel Alberto Guerrero Umba, como apoderado del Departamento de Boyac\u00e1 (fol. 12, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.4.- Decisi\u00f3n de 4 de junio siguiente, emitida por el juzgado segundo de la misma especialidad y ciudad, en que \u00abavoc[\u00f3], el conocimiento del presente proceso ejecutivo singular, proveniente del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, y con n\u00famero de radicaci\u00f3n 15001310300032000-0210\u00bb, en atenci\u00f3n de los Acuerdos PSAA-13-10072 de 27 de diciembre de 2013 y PSAA14-10103 de febrero de 2014 (fls. 12 anverso y 13, idem).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3.1.5.- Informe de 1\u00ba de septiembre de 2016, rendido por la secretar\u00eda del despacho encartado, refiriendo que \u00aben atenci\u00f3n a las disposiciones de los Acuerdos pssa-10072 de 2013, 004 de 2014 del C. S. de la J. y csjba 16-545 del 1\u00ba de julio\/16, [exponiendo] que hasta el d\u00eda 31 de ago 2016, fuera ingresado el proceso al Sistema Siglo XXI de este Juzgado, para avocar conocimiento del proceso Ejecutivo Acumulado, adelantado por la industria licorera de boyac\u00e1 y mauricio jos\u00e9 portocarrero su\u00e1rez en contra de gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez y otro, resolver lo que en derecho corresponda como quiera [sic] que la \u00faltima actuaci\u00f3n data del 4 de junio de 2014\u00bb (fol. 13 rev\u00e9s, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.6.- Prove\u00eddo datado del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, dictado por el despacho encartado, en que tal decidi\u00f3: \u00ab1) Av\u00f3case el conocimiento del presente proceso. 2) Decretar el desistimiento t\u00e1cito del proceso por lo expuesto en la parte motiva. 3) Como consecuencia de lo anterior decretar su terminaci\u00f3n. 4) Decretar el desembargo, por cuenta de este juzgado del inmueble de propiedad del demandado gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez, con [F]olio de [M]atr\u00edcula 070-123584, pero continuar\u00e1 vigente el embargo para el proceso ejecutivo No. 10.614 seguido en el Juzgado Primero Civil Municipal en escrituralidad de Tunja, por jorge acero contra gilberto monta\u00f1ez y otro. 5) De igual forma decr\u00e9tase el desembargo de los dineros que posean los demandados en los Bancos Agrario y de Bogot\u00e1 [\u2026]. 6) Verificado lo anterior, arch\u00edvese la actuaci\u00f3n del juzgado\u00bb. Ello, por considerar que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se realiz\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso\u00bb, ya que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n data del 04 de junio de 2014, auto mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, avoca el conocimiento del presente proceso, sin que se haya realizado petici\u00f3n alguna con posterioridad, estando el proceso en completo abandono\u00bb (fol. 14, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.7.- Recurso de reposici\u00f3n enfilado contra la resoluci\u00f3n anterior, radicado el d\u00eda 14 del mismo mes y anualidad, allegado por la apoderada de V\u00edctor Jaime Reyes Becerra, en el que solicit\u00f3 \u00abse reforme el numeral 4 del auto recurrido en el sentido inicialmente indicado [el inmueble es de propiedad de su poderdante], y en consecuencia revocar lo pertinente  en cuanto a la continuidad de la cautela para remanente\u00bb (fol. 15, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.8.- Auto de 20 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo anterior, que repuso el refutado de 8 de septiembre, en el sentido de modificar sus numerales 4\u00b0 y 5\u00b0, as\u00ed: \u00ab4) Decretar  el desembargo del inmueble de propiedad del demandado v\u00edctor jaime reyes becerra, con Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00b0. 070-123854, of\u00edciese en tal sentido al [\u2026] Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja para lo pertinente. 5) De igual forma decr\u00e9tese el desembargo de los dineros que posean los demandados en los Bancos Agrario y de Bogot\u00e1. Of\u00edciese en tal sentido a las citadas entidades. Adem\u00e1s se ordena oficiar al Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja para poner en conocimiento la terminaci\u00f3n del presente asunto por desistimiento t\u00e1cito y que no llegaron a ser cautelados dentro del presente tr\u00e1mite bienes de propiedad del aqu\u00ed demandado gilberto monta\u00f1ez gonz\u00e1lez\u00bb (fls. 16 anverso y 17, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.9.- Escrito contentivo de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, presentado el 26 del mismo mes y a\u00f1o, por la apoderada de la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1, en la que solicit\u00f3 se revoque el auto de 8 de septiembre que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso (fls. 17 env\u00e9s y 18, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.10.- Pronunciamiento de 1\u00ba de diciembre siguiente que determin\u00f3 \u00abno reponer el auto calendado el d\u00eda 08 de septiembre de 2016 al que se refiere la recurrente, ni el del 20 de octubre que resolvi\u00f3 un recurso previo [\u2026] no conceder el recurso de apelaci\u00f3n por lo expuesto [\u2026]\u00bb; lo anterior, al referir que el recurso \u00abfue presentado en la secretar\u00eda del juzgado el d\u00eda 26 de octubre de 2016, es decir de manera extempor\u00e1nea para el auto del d\u00eda 8 de septiembre de 2016\u00bb (fls. 25 reverso y 26, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.- Si bien el literal c) del numeral 2\u00b0 del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso (Ley 1564 de 12 de julio de 2012) establece que \u00ab[c]ualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb (se destac\u00f3), lo cierto es que, conforme a la visi\u00f3n teleol\u00f3gica que encierra la figura del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, no toda acci\u00f3n emprendida puede lograr interrumpir los t\u00e9rminos que son menester para dar aplicaci\u00f3n a dicho instituto procedimental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por supuesto, esta Sala ha referido que \u00ab[e]l desistimiento t\u00e1cito fue concebido como una alternativa de superar la par\u00e1lisis procesal, bien porque sea fruto de la apat\u00eda del interesado o, simplemente, por la inactividad del pleito, sin importar en qu\u00e9 medida pueda imput\u00e1rsele o no a los contradictores. Tan es as\u00ed que en el \u201cpliego de modificaciones\u201d al proyecto de ley que finalmente se convirti\u00f3 en el C\u00f3digo General del Proceso, con relaci\u00f3n a la primera propuesta del numeral segundo del art\u00edculo 317, que regula \u201cla situaci\u00f3n del proceso que permanece inactivo en Secretar\u00eda\u201d, se explic\u00f3 que del texto final \u201c[s]e elimin\u00f3 la expresi\u00f3n \u2018abandono\u2019 pues esta deja la impresi\u00f3n de que la norma hace un juicio de desvalor sobre la conducta de la parte\u201d. En el fondo, se persigue evitar que los litigantes permanezcan atados por un conflicto inm\u00f3vil, y por lo mismo est\u00e9ril, lo que supone una tensi\u00f3n entre los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de seguridad jur\u00eddica, cobrando relevancia que la potestad de las personas a obtener soluci\u00f3n a sus diferencias, con la participaci\u00f3n de las autoridades, no puede propiciar situaciones indefinidas, inciertas y eternas\u00bb (den\u00f3tase; CSJ STC3898-2016, 30 mar. 2016, rad. 2016-00168-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que, ha de entenderse, \u00fanicamente las gestiones que son capaces de desenvolver tal potencia interruptora son aquellas de tenor judicial, esto es, ya aquellas que requieren para su producci\u00f3n previa orden del funcionario competente, obviamente impartida mediante providencia que la disponga, ora las que provienen de las partes adversariales, terceros reconocidos y\/o autoridades que tengan ing\u00e9nita potestad de intervenci\u00f3n en el rito de que en cada caso se trate; por contrario, mal se har\u00eda en pensar que esa \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb pudiera surgir de cualesquiera persona ajena al pleito o que ning\u00fan inter\u00e9s tenga en las resultas del juicio, como que tampoco su origen puede ser producto de un contingente albur que llegare a darse, siendo un ejemplo de ello la circunstancia de que en el asunto litigioso en cuesti\u00f3n equivocadamente se radicara un memorial con petici\u00f3n destinada a otro proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, las actuaciones de cariz meramente administrativo, como pueden ser, verbigracia, el traslado por coordinaci\u00f3n secretarial o por conducto de la \u00aboficina judicial\u00bb de los procesos litigiosos de la sede de un juzgado a otro, sin que preliminarmente medie disposici\u00f3n al efecto establecida, a trav\u00e9s de providencia que a ese prop\u00f3sito dicte el juez que preside el despacho remisor, no pueden comportar la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos en la norma en comento, ya que entender as\u00ed desembocar\u00eda en absurdos hermen\u00e9uticos tales como que, por v\u00eda de ejemplo, en caso de que al interior de un despacho judicial se llegase a trocar la nominal ubicaci\u00f3n que por causa del mero orden organizacional consuetudinariamente se ha dado a las colocaciones f\u00edsicas de los expedientes, ello deparar\u00eda, entonces, la il\u00f3gica \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb del plazo que para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito corre; es decir, en otras palabras, que si un expediente que est\u00e1 en la ubicaci\u00f3n secretarial de \u00abla letra\u00bb se pasara a \u00abarchivo\u00bb o viceversa, bajo el entendido llano que sigui\u00f3 la Sala, lo propio comportar\u00eda, sin m\u00e1s, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, lo que resulta francamente inviable puesto que se desnaturalizar\u00eda de tajo la finalidad que persigue el precepto enantes aludido, y que, entre otras cosas, propende porque las partes no declinen su deber de no abandonar los procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, como en el sub examine el operador judicial remisor no dict\u00f3 ning\u00fan auto disponiendo el env\u00edo del dosier para que tal arribara al juzgado querellado, y este despacho, en el primer pronunciamiento jurisdiccional que adopt\u00f3, lo \u00fanico que hizo fue proceder a decretar el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb por cuanto hab\u00eda trascurrido el lapso legal que se impon\u00eda en el particular asunto, de todo ello se desprende que, en puridad, no pod\u00eda pregonarse la ocurrencia de actuaci\u00f3n judicial alguna que pudiera impedir esa declaraci\u00f3n, cual fue el err\u00f3neo entendido en que se incurri\u00f3 en el fallo de que me separo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Depurado lo anterior, y en lo que concierne con el segundo de los t\u00f3picos que implican mi separaci\u00f3n de la decisi\u00f3n mayoritaria, pongo de presente que hab\u00eda de advertirse que la protecci\u00f3n invocada tampoco estaba llamada a prosperar, en tanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que ante el prove\u00eddo de finalizaci\u00f3n del proceso por la pluricitada figura del desistimiento t\u00e1cito, el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios concretos de resguardo que le permit\u00edan al gestor controvertir las decisiones aqu\u00ed recriminadas, luego no era dable pretender el reemplazo de los instrumentos de defensa mediante esta acci\u00f3n constitucional, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1.- En efecto,  contra la providencia acusada, el querellante no manifest\u00f3 descontento alguno, puesto que no interpuso ning\u00fan recurso frente a ella, desperdici\u00e1ndolos, luego entonces tuvo la posibilidad de intervenir en defensa de sus intereses, y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisada su disconformidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.- Respecto a la procedencia de los medios impugnativos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que \u00abseg\u00fan lo ha indicado esta Corte en otras oportunidades, respecto de la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito resultaban procedentes los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 318 del C\u00f3digo General del Proceso] que prev\u00e9 \u201cSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen\u201d, y en el literal e) del numeral 2\u00ba de la regla 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece, \u201cLa providencia que decrete el desistimiento t\u00e1cito se notificar\u00e1 por estado y ser\u00e1 susceptible del recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo\u201d\u00bb (CSJ, STC2131-2015, 3 mar., rad. 00038-01; reiterada en STC9204-2015, 16 jul., rad. 00450-01; y STC11856-2015, 4 sep., rad. 00162-01). Tal entendido tambi\u00e9n lo refleja la providencia STC14733-2016, 12 oct. 2016, rad. 2016-00457-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Al margen de lo ya se\u00f1alado, cumple relevar que tanto el extremo tutelista, como el abogado que lo representa en el sub examine, deb\u00edan estar prestos a atender las cargas procesales que dimanan de la actuaci\u00f3n litigiosa, a fin de que no se configuraran los presupuestos normativos para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, lo que no hicieron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- En los anteriores t\u00e9rminos dejo la salvedad aqu\u00ed manifestada, considerando que la Corte debi\u00f3 denegar el amparo instado a secuela de su improcedencia, derivada llanamente por cuanto los t\u00e9rminos que corrieron en el sub lite para declarar el desistimiento t\u00e1cito no fueron interrumpidos, aparte de configurarse el presupuesto general de improcedencia de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Fecha ut supra.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 A ese respecto, v\u00e9ase la sentencia STC14997 de 2016.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4829-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}