{"id":100538,"date":"2026-06-25T21:03:03","date_gmt":"2026-06-25T21:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4832-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:03","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:03","slug":"stc4832-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4832-2017\/","title":{"rendered":"STC4832-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4832-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00128-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 3 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de las acciones constitucionales a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a \u00abla debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no haber condenado en costas al Banco de Occidente, parte pasiva en la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida con radicado No. 2015-0251-00.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que dentro de la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho convocado omiti\u00f3 imponer a su favor y en contra la citada entidad bancaria la sanci\u00f3n pecuniaria correspondiente, tras haber fracasado la nulidad formulada por \u00e9sta en el desarrollo de tal asunto.  <\/span><\/p>\n

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Indica que pese a solicitarlo \u00aba saciedad\u00bb, la mentada defensora del pueblo se niega a promover \u00abtutelas y acciones populares\u00bb a su nombre, lo que, asegura, configura el incumplimiento de sus funciones, razones por las cuales acude al presente mecanismo excepcional, en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradora Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por el promotor es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 30, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a aclarar que el expediente contentivo del asunto censurado fue remitido el pasado 15 de febrero con destino al Tribunal Superior de dicha localidad (fl. 33, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Banco de Occidente a trav\u00e9s de su mandatario judicial, solicit\u00f3 denegar el resguardo suplicado, luego de manifestar que \u00e9ste resulta temerario e incumple el requisito de la inmediatez, pues es id\u00e9ntico al resuelto mediante fallo de tutela del 26 de enero de 2016; y, la actuaci\u00f3n reprochada data del 21 de septiembre de 2015 (fls. 38 a 40, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que emerge con claridad temeraria, toda vez que guarda plena identidad respecto a las partes, causa y objeto, de otra queja promovida en pret\u00e9rita oportunidad por el aqu\u00ed inconforme, raz\u00f3n por la que despu\u00e9s de precisar que tal situaci\u00f3n ha sido recurrente y carece de justificaci\u00f3n, lo conden\u00f3 en costas a \u00e9ste \u00aben cuant\u00eda de (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb (fls. 60 a 64, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, exigiendo que su \u00abTEMERIDAD Y MALA FE\u00bb sean probadas al interior de la presente diligencia, y que se le \u00abABSUELVA DE LA CONDENA EN COSTAS\u00bb que en su contra impuso el a quo constitucional, teniendo en cuenta que \u00e9l posiblemente es \u00abLIMITADO MENTAL\u00bb; Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3, que la sanci\u00f3n pecuniaria que omiti\u00f3 proferir el estrado judicial criticado en contra del Banco de Occidente, debi\u00f3 realizarse de oficio (fls. 67, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica puntualmente, frente i) al prove\u00eddo dictado el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3, no acceder a la declaratoria de nulidad solicitada por el Banco de Occidente como parte pasiva de la acci\u00f3n popular promovida por el aqu\u00ed interesado, identificada con el consecutivo 2015-00251-00, sin condenar en costas (fls. 17 a 19, Cit.); pues en sentir de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga  ha debido ser condenada en costas oficiosamente la citada entidad, tras hab\u00e9rsele desestimado la invalidez procesal reclamada; y, contra ii) la decisi\u00f3n constitucional de instancia a trav\u00e9s de la cual se le conden\u00f3 econ\u00f3micamente por actuar de forma temeraria contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas (fls. 60 a 64, ib.); comoquiera que en criterio de aqu\u00e9l, la conducta endilgada ni su \u00abMALA FE\u00bb, han sido probadas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisadas las diligencias, de entrada se advierte que lo pretendido est\u00e1 llamado al fracaso, pues como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, el accionante en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente ante el Tribunal Superior de Pereira, respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda (fls. 40 a 48, ib.), quien en su oportunidad neg\u00f3 la prosperidad del amparo, decisi\u00f3n que esta Colegiatura confirm\u00f3 mediante prove\u00eddo STC2193-2016, del 25 de febrero del citado a\u00f1o (fls. 49 a 58, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, del contenido del fallo de tutela en cita se establece, que los prop\u00f3sitos de aquella acci\u00f3n se encontraban concretamente dirigidos a que se ordenara al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, \u00abi) imponer a su favor y a cargo de la referida entidad bancaria, la sanci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb antes mencionada; es decir, el aqu\u00ed interesado demand\u00f3 en sede constitucional a la misma agencia judicial y con base en hechos id\u00e9nticos a los ahora tra\u00eddos, por lo que se presenta sin duda entre \u00e9stas, igualdad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, por lo que debe concluirse forzosamente que el actor incurri\u00f3 en temeridad, situaci\u00f3n que impone, entonces, dar aplicaci\u00f3n a la consecuencia prevista en el citado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, denegando las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, sin que se consolide justificaci\u00f3n alguna para entender ese censurable proceder, la s\u00faplica constitucional resulta temeraria, pues  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[e]l abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 6 de sep. 2012, Rad. 01223-01 reiterada entre otras en STC4151-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        De otra parte, en lo concerniente a la inconformidad del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga frente a la condena en costas que le fue impuesta por el juez constitucional de primer grado por incurrir en un actuar temerario frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, advierte la Sala que la misma no est\u00e1 llamada a prosperar, dado que a diferencia de lo considerado por aqu\u00e9l, est\u00e1 plenamente demostrado que efectivamente ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n para plantear, sin diferencia sustancial alguna, la misma queja contra la memorada entidad, aduciendo, en suma, que \u00e9sta se niega a cumplir con \u00absu deber\u00bb de formular tutelas a su nombre, eventos en los cuales esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha negado la protecci\u00f3n reclamada, precisamente se\u00f1al\u00e1ndole al interesado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01).  <\/span><\/p>\n

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6.         As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas consistente en multa equivalente a un (1) s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, iterase, ante el abuso con que ha venido actuando frente a la mentada Defensor\u00eda, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que esta Sala comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, no le est\u00e1 permitido entrar a modificarlo o revocarlo, m\u00e1xime cuando, puede afirmarse, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos que esta Colegiatura ha proferido con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje a la presente, que han sido interpuestas por el quejoso en el mismo sentido, sin que se avizore justificaci\u00f3n alguna de tal proceder1.  <\/span><\/p>\n

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7.        En recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el accionante, la Sala indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d2\u00bb (CSJ STC4244-2017; STC4290-2017; STC4294-2017).  <\/span><\/p>\n

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8.        De acuerdo a lo discurrido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.      <\/span><\/p>\n

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