{"id":100539,"date":"2026-06-25T21:03:12","date_gmt":"2026-06-25T21:03:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4835-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:12","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:12","slug":"stc4835-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4835-2017\/","title":{"rendered":"STC4835-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4835-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00131-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 3 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como la Alcald\u00eda de Pereira, el Procurador y el Defensor del Pueblo, ambos Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a \u00abla debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no acceder a la solicitud de nulidad por \u00e9l formulada en el marco de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00039.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) decretar \u00abla nulidad de pleno derecho\u00bb de lo actuado en la referida acci\u00f3n constitucional, pues \u00abnunca [se] vincul\u00f3 a los propietarios de los inmuebles donde presta el servicio al p\u00fablico la entidad [all\u00ed] accionada\u00bb; ii) que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que llegue a emitirse y se env\u00ede al correo electr\u00f3nico \u00abdinosaurio013@hotmail.com\u00bb; iii) que se allegue la reproducci\u00f3n de \u00abTODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICIT[A] COMO PRUEBAS\u00bb; y, finalmente, iv) que se determine si la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Manizales, \u00abincumpl[e] su deber\u00bb al \u00abnegarse a impetrar tutelas y acciones populares a [su] nombre\u00bb (fls. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que con sustento en lo dispuesto en el numeral 8\u00ba, del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado al interior de la acci\u00f3n constitucional citada en l\u00edneas anteriores; sin embargo, alega, el Despacho convocado resolvi\u00f3 negarla, aun cuando, dice, \u00abno [ha] vincula[do] a los propietarios de los inmuebles donde presta servicio al p\u00fablico la entidad [all\u00ed] demandada\u00bb, motivo por el cual acude a este mecanismo especial de resguardo (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas al interior del tr\u00e1mite constitucional endilgado, el cual \u00abest\u00e1 acumulad[o] con las acciones populares 2015-00033, 2015-00034, 2015-00037, 2015-00058, 2015-00059\u00bb (fl. 7, ib.).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 44, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).  El Municipio de Pereira por conducto de apoderada judicial, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues dicho ente territorial \u00abno ha incurrido en conducta alguna u omisi\u00f3n que permita deducir con ello que ha transgredido los derechos constitucionales del actor\u00bb (fls. 44 y 45, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que la sede judicial atacada \u00abneg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada por el actor, porque la circunstancia de la falta de vinculaci\u00f3n de los propietarios del bien inmueble donde funciona la sede del Banco demandado no est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, [y,] de igual manera, cuando resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3 el accionante, argument\u00f3 que la solicitud de nulidad era extempor\u00e1nea, al haber sido formulada luego de proferida la sentencia de instancia correspondiente\u00bb; en este sentido concluy\u00f3, que \u00abel juez accionado adopt\u00f3 sus decisiones con fundamento en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que en ning\u00fan momento se puede tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en una v\u00eda de hecho, sin que (…) se vislumbre situaci\u00f3n excepcional en su an\u00e1lisis que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, consider\u00f3 temeraria la actuaci\u00f3n del demandante en lo que a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas se refiere, toda vez que la s\u00faplica constitucional objeto de an\u00e1lisis guarda identidad de partes, causa, y objeto con las presentadas en pret\u00e9ritas oportunidades por el promotor, \u00absin justificar la raz\u00f3n que lo llevare a esto\u00bb, y sin \u00abacredita[r] que se halle en circunstancia excepcional de vulnerabilidad o de ignorancia, a las que hace alusi\u00f3n la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que le permitan proceder de esa forma, muy por el contrario, debido a los varios tr\u00e1mites judiciales que adelanta, se concluye con facilidad que conoce con suficiente el derrotero de las acciones constitucionales; en consecuencia, conden\u00f3 en costas al actor en \u00abcuant\u00eda de (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb (fls. 50 a 57, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, exigiendo que su \u00abTEMERIDAD Y MALA FE\u00bb sean probadas al interior del presente tr\u00e1mite; a m\u00e1s de insistir en la declaratoria de la nulidad por \u00e9l solicitada dentro de la acci\u00f3n popular tantas veces referida, ello con sustento en diversos pronunciamientos jurisprudenciales que, a su juicio, resultan aplicables en el caso materia de estudio (fl. 60, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.   Respecto a las providencias dictadas por la sede judicial accionada, que denegaron al aqu\u00ed interesado la nulidad procesal reclamada, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las mismas con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no cabe duda de que carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial, al rechazar de plano la solicitud de invalidez elevada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga al interior de la acci\u00f3n judicial por esta v\u00eda censurada, argument\u00f3 que la causal por \u00e9l alegada, esto es, \u00abel no haberse vinculado [al tr\u00e1mite] a los responsables de cada agencia o sucursal y a los propietarios de los inmuebles donde opera la entidad demandada, no est\u00e1 enlistada (\u2026) en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, ni en ninguna otra normas del mismo C\u00f3digo\u00bb, no se encontraba dentro de las taxativas previstas por la codificaci\u00f3n procesal vigente, situaci\u00f3n lo que descarta entonces la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo, pues se trata de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien de la interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al caso, m\u00e1xime cuando la nulidad se invoc\u00f3 con posterioridad a la fecha en que se profiri\u00f3 all\u00ed sentencia, por lo que, adem\u00e1s, resultaba extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

4.   Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el auxilio rogado por el accionante respecto a la condena en costas que en primera instancia le fue impuesta, est\u00e1 llamado al fracaso, dado que a diferencia de lo considerado por aqu\u00e9l, est\u00e1 plenamente demostrado que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n para plantear, sin diferencia sustancial alguna, la misma queja frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Caldas, aduciendo, en suma, que dicha entidad se niega a cumplir con \u00absu deber\u00bb de formular tutelas a su nombre, eventos en los cuales esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha negado la protecci\u00f3n reclamada, precisamente se\u00f1al\u00e1ndole al interesado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01).  <\/span><\/p>\n

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4.1.   As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas consistente en multa equivalente a un (1) s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, iterase, ante el abuso con que ha venido actuando frente a la mentada Defensor\u00eda, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que esta Sala comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, no le est\u00e1 permitido entrar a modificarlo o revocarlo, m\u00e1xime cuando, sin duda, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos que esta Colegiatura ha proferido con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje a la presente, que han sido interpuestas por el quejoso en el mismo sentido1.  <\/span><\/p>\n

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4.2.   En recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el accionante, la Sala indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d2\u00bb (CSJ STC4244-2017; STC4290-2017; STC4294-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por \u00faltimo, como el accionante requiri\u00f3, como lo hace siempre, que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que sea proferido en este asunto, para que le sean enviados a su \u00abcorreo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de la Sala proceder de conformidad.  <\/span><\/p>\n

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6.        De acuerdo a lo discurrido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia de la tutela y del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Ver entre otras decisiones proferidas en la presente anualidad, CSJ STC4151-2017; STC3996-2017; STC3999-2017; STC3994-2017; STC3683-2017; STC3584-2017; STC3292-2017).    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente         STC4835-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00131-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100539","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100539\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}