{"id":100540,"date":"2026-06-25T21:03:23","date_gmt":"2026-06-25T21:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4836-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:23","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:23","slug":"stc4836-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4836-2017\/","title":{"rendered":"STC4836-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4836-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00140-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 3 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al exigirle, dice, la cancelaci\u00f3n del arancel judicial para poder desarchivar el expediente de la acci\u00f3n popular radicada con Rad. No. 2015-0066-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abDESARCHIVAR Y DEJAR A [SU] DISPOSICI\u00d3N\u00bb el citado proceso, ya que versa sobre una \u00abACCI\u00d3N CONSTITUCIONAL\u00bb, y, ii) PROBAR \u00abEN QUE NORMA LEGAL SE AMPARA PARA EXIGIR EL PAGO EC\u00d3NOMICO\u00bb aludido, y, si este tambi\u00e9n es requerido cuando se trata de una tutela; y, finalmente, iii) que se amparen sus garant\u00edas superiores contra \u00abla Defensora del Pueblo en Manizales, a fin de determinar si posiblemente viola la ley 734 de 2002\u00bb y dem\u00e1s normas afines, as\u00ed como, la jurisprudencia que rige la materia \u00abAL NEGARSE A IMPETRAR ACCIONES CONSTITUCIONALES A [SU] NOMBRE\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que tras solicitarle a una funcionaria del Despacho convocado que le permitiera ver los legajos antes referidos all\u00ed, le fue informado que para ello deb\u00eda sufragar un arancel, toda vez que los mismos se encuentran archivados, exigencia que, asegura, carece de sustento legal y desconoce, pues es un \u00abCiudadano lego en derecho\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradora Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por el gestor es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb, en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 6, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que carece de legitimidad en la causa por pasiva para pronunciarse, por cuanto ese ente territorial \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb (fls. 11 y 12, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su intervenci\u00f3n, a remitir en C.D. las piezas procesales requeridas por el gestor en el presente tr\u00e1mite (fl. 22, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta incumple el requisito de la subsidiariedad, pues \u00abm\u00e1s all\u00e1 de que [el actor] en forma verbal haya solicitado en la secretar\u00eda del juzgado [accionado] la acci\u00f3n popular que quiere ver, lo cierto es que ante el cobro del arancel y su posici\u00f3n de que no debe pagarlo, nada le ha pedido expresamente al juez de la causa para que lo exima del mismo, y es [\u00e9ste] el llamado analizar si le asiste la raz\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que tampoco puede predicarse vulneraci\u00f3n alguna por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, en tanto que esa particular queja resulta temeraria, pues los supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed tra\u00eddos al respecto, son an\u00e1logos a los esgrimidos por el inconforme en pret\u00e9ritas ocasiones, sin que aqu\u00e9l pueda exculparse de tal proceder, raz\u00f3n por la que conden\u00f3 al actor en costas \u00aben cuant\u00eda de (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb (fls. 24 a 28, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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El gestor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, reiterando lo expuesto en el escrito de tutela, a m\u00e1s de exigir, que su \u00abTEMERIDAD Y MALA FE\u00bb sean probadas al interior de la presente diligencias, en aras de que la condena impuesta en su contra por el a quo constitucional, sea revocada (fl. 30, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura de Javier El\u00edas radica, en que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira supuestamente le exigi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de un arancel para desarchivar y permitirle ver la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo 2015-0066-00, promovida por aqu\u00e9l contra el Banco BBVA S.A.; pues a su criterio, dicho requisito carece de respaldo normativo; y, frente ii) a la decisi\u00f3n constitucional de instancia, a trav\u00e9s de la cual lo conden\u00f3 en costas por actuar de forma temeraria respecto a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas (fls. 24 a 28, ib.), comoquiera que en criterio de \u00e9ste, la conducta endilgada, as\u00ed como su \u00abMALA FE\u00bb, no han sido demostradas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embrago, revisadas las diligencias de entrada se advierte que la queja encaminada a cuestionar el memorado arancel judicial, est\u00e1 llamado al fracaso, pues como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, no se acredit\u00f3 en este escenario que se haya elevado previamente en ese sentido petici\u00f3n formal alguna ante el funcionario competente, es decir, el Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiaridad y residualidad que lo caracterizan, puesto que de otra manera \u00e9ste se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Al punto ha sido reiterativa esta Corte en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable\u00bb  (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada recientemente entre otras, en STC726-2016 y STC2160-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        De otra parte, en lo concerniente a la inconformidad del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga frente a la condena que le fue impuesta por el juez constitucional de primer grado por incurrir en un actuar temerario frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, advierte la Sala que la misma no est\u00e1 llamada a prosperar, dado que a diferencia de lo considerado por aqu\u00e9l, est\u00e1 plenamente demostrado que efectivamente ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n para plantear, sin diferencia sustancial alguna, la misma queja contra la memorada entidad, aduciendo, en suma, que \u00e9sta se niega a cumplir con \u00absu deber\u00bb de formular tutelas a su nombre, eventos en los cuales esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha negado la protecci\u00f3n reclamada, precisamente se\u00f1al\u00e1ndole al interesado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01).  <\/span><\/p>\n

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5.         As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas por un (1) s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, iterase, ante el abuso con que ha venido actuando frente a la mentada Defensor\u00eda, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que esta Sala comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, no le est\u00e1 permitido entrar a modificarlo o revocarlo, m\u00e1xime cuando, puede afirmarse, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos que esta Colegiatura ha proferido con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje a la presente, que han sido interpuestas por el quejoso en el mismo sentido, sin que se avizore justificaci\u00f3n alguna de tal proceder1.  <\/span><\/p>\n

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6.        En recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el accionante, la Sala indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d2\u00bb (CSJ STC4244-2017; STC4290-2017; STC4294-2017).  <\/span><\/p>\n

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7.        De acuerdo a lo discurrido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Ver entre otras decisiones proferidas en la presente anualidad, CSJ STC4151-2017; STC3996-2017; STC3999-2017; STC3994-2017; STC3683-2017; STC3584-2017; STC3292-2017).    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.      <\/span><\/p>\n

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            Magistrado Ponente      STC4836-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00140-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 3 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100540","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100540\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}