{"id":100541,"date":"2026-06-25T21:03:28","date_gmt":"2026-06-25T21:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4837-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:28","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:28","slug":"stc4837-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4837-2017\/","title":{"rendered":"STC4837-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4837-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00093-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil Circuito de esa ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda de aquel municipio y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar (i) a la sede judicial acusada, \u00abdecretar la nulidad del auto que t\u00e9rmino [sus] acci[ones] [populares]\u00bb; \u00abdar aplicaci\u00f3n al art 11 del CGP\u00bb; y \u00abresolver [su] memorial donde solicit[\u00f3] aplicar art 5 y 84 de la ley 472 de 1998\u00bb; y (ii) \u00ab[a] la defensora del pueblo en Manizales\u2026 present[ar] tutelas\u2026 y acciones populares a [su] nombre, tal como\u2026 lo manda la ley 472 de 1998\u2026\u00bb (folios 1 y 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Indic\u00f3 el accionante que instaur\u00f3 dos acciones populares contra Audifarma S.A.1, tramitadas bajo los radicados 2015-00466 y 2015-00417, respectivamente, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; sin embargo, dicha autoridad puso fin a las mismas, por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Se duele de que el estrado acusado no haya dado aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 5 y 84 de la ley 472 de 1998, invocados por el gestor, \u00abdesconociendo [el] inciso 4 del art\u00edculo 118 del [C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Agreg\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas se ha negado a instaurar tutelas en nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su respuesta a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de las acciones populares radicadas bajo los Nros. 2015-00466 y 2015-00417 (folios 9 a 44, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se ha designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; advirti\u00f3 que los tr\u00e1mites objeto de queja no fueron promovidos por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas anot\u00f3 que el tutelante ha instaurado m\u00faltiples reclamos de este linaje en contra de esa entidad, de manera indiscriminada, pretendiendo que se le ordenara presentar acciones de tutela y populares en nombre de aqu\u00e9l, resguardo que en todas las oportunidades le ha sido denegado, lo que torna temeraria la presente solicitud; destac\u00f3 que lo anterior ha implicado para el quejoso la compulsa de copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por altos tribunales como el Superior de Manizales; rog\u00f3 declarar improcedente el amparo, adem\u00e1s, sancionar al accionante por obrar con temeridad y mala fe, as\u00ed como compulsarle copias a la Fiscal\u00eda General (folio 49, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        La Alcald\u00eda de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite y la negaci\u00f3n de la tutela, porque la censura estaba dirigida contra actuaciones del juzgado acusado, frente a lo cual no ten\u00eda injerencia alguna en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda judicial (folios 51 y 52, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00ablas acciones populares se est\u00e1n tramitando acorde a la normativa especial que las rige[,]\u2026 y si se ha presentado tardanza en el decurso procesal, ha sido provocada por el actor popular\u00bb; destac\u00f3 que en lo referente al ruego de declarar la nulidad de los autos que terminaron las acciones populares, el gestor \u00abha obviado solicitar [ante el juez natural que] se proceda en tal forma\u00bb, de manera que \u00e9ste no ha tenido la posibilidad de pronunciarse frente a tal pretensi\u00f3n, situaci\u00f3n que se subsume en la ausencia del presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo que tiene que ver con la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, en punto a que \u00e9sta ha omitido incoar acciones constitucionales en nombre del censor, no accedi\u00f3 a la salvaguarda al observar que la misma se tornaba temeraria, pues el juez de tutela ya se hab\u00eda pronunciado al respecto, en diferentes oportunidades, de forma negativa; en consonancia con lo consignado, dispuso:  <\/span><\/p>\n

Condenar en costas al accionante, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, \u2026dentro de cada una de las acciones de tutela que aqu\u00ed se adelantan en forma acumulada, en cuant\u00eda de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente. Sumas de dinero que se consignar\u00e1n a favor de la Naci\u00f3n – Consejo Superior de la Judicatura, Banco Agrario, cuenta DTN multas y cauciones efectivas No. 3-0070-000030-4 y que se deber\u00e1n pagar en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n\u2026 de [esa] sentencia (folios 62 a 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo solicitando \u00abrevocar las costas\u00bb, rogando se probara su temeridad y mala fe, y en su defecto, se diera aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; as\u00ed mismo, pidi\u00f3 \u00abamparar [su] acci\u00f3n\u00bb (folio 69, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las solicitudes de resguardo est\u00e1n llamadas a fracasar, pues el actor reclama la improcedencia de la terminaci\u00f3n de las acciones populares por desistimiento t\u00e1cito, respecto a lo cual se concluye que las providencias censuradas no se muestran arbitrarias o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el despacho encartado en autos del 5 de agosto de 2016, tras citar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece los casos en los que es aplicable la figura estudiada, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se requiri\u00f3 al actor popular para que procediera a notificar a la parte demandada y efectuara la publicaci\u00f3n del aviso anunciando a la comunidad el inicio de la demanda, requerimiento al que hizo caso omiso.  <\/span><\/p>\n

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\u2026vencidos los 30 d\u00edas sin que la parte interesada cumpla la carga procesal que le corresponde, el juez tendr\u00e1 por desistida la respectiva actuaci\u00f3n. Significa lo anterior que el desistimiento t\u00e1cito impone una \u201csanci\u00f3n\u201d de tipo procesal para el litigante que no hace lo necesario para poderle imprimir\u00e9 impulso al proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dado que la parte actora desatendi\u00f3 la orden judicial y como el tr\u00e1mite de los procesos no puede suspenderse indefinidamente por la inactividad de quien los promueve, el Juzgado declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n del mismo y ordenar\u00e1 su archivo definitivo (folios 24 y 40, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el juez accionado decidi\u00f3, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consign\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la autoridad accionada al emitir la providencia que puso fin a la acci\u00f3n popular, se\u00f1al\u00f3: \u00abPor cumplirse los presupuestos establecidos en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se dispone: PRIMERO: Decretar la terminaci\u00f3n del presente asunto por DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, una vez atacada la anterior determinaci\u00f3n, el juzgado convocado resalt\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLa figura del desistimiento t\u00e1cito en los t\u00e9rminos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, es de aplicabilidad para las acciones populares, en la medida que es la misma ley reguladora de [\u00e9]stas la que remite a la codificaci\u00f3n procesal civil (\u2026) sin que pueda estimarse que (\u2026) se aplica selectivamente para unos actos procesales (verbi gracia pruebas, recursos, etc.) y para otros no, pues esa no fue la finalidad de la norma. Ahora bien, no puede decirse que el desistimiento t\u00e1cito ri\u00f1e con la finalidad de la acci\u00f3n popular como protectora de derechos colectivos y por tanto de inter\u00e9s general, como quiera que, en virtud de la ausencia de caducidad de la acci\u00f3n, puede ser promovida en cualquier tiempo siempre y cuando subsista la vulneraci\u00f3n, lo que quiere decir, que no resulta acertado el indicar que al terminar mediante este modo anormal el asunto, no se afectan [s\u00f3lo] derechos del actor popular sino tambi\u00e9n de terceros, dada su calidad, ya que dichos afectados si as\u00ed lo consideran necesario y dada la eventualidad, pueden y se encuentran debidamente facultados y autorizados por la ley para promover la acci\u00f3n pertinente, en b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de tales derechos e intereses colectivos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo expuesto en precedencia se advierte entonces, que la validez de las decisiones debatidas fluye del contenido de las mismas, pues, incorporan razonamientos que estrictamente no son antojadizos y no carecen de respaldo legal; as\u00ed las cosas, contrario a lo que refiere la interesada, la interpretaci\u00f3n del despacho accionado resulta incuestionable en esta Sede, puesto que el resguardo constitucional no es una instancia adicional para imponer el criterio del inconforme o del juez constitucional, sino para corregir los yerros superlativos en que incurren los juzgadores en los asuntos sometidos a su decisi\u00f3n, que conforme se ha visto, no se consolidan en las providencias examinadas (STC13811-2014, 9 oct., rad. 2014-01633-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo dicho, debe destacarse que en la acci\u00f3n popular Nro. 2015-00466, frente al auto que viene de rese\u00f1arse, no se interpuso ning\u00fan recurso, lo que hace m\u00e1s notoria la improcedencia del reclamo ahora estudiado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        As\u00ed mismo, en lo concerniente al reproche contra el auto de 17 de agosto de 20162, que en la acci\u00f3n popular Nro. 2015-00417 mantuvo el desistimiento t\u00e1cito y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada propuesta en subsidio, se advierte que tal determinaci\u00f3n tampoco resulta arbitraria o caprichosa, en la medida en que consulta la previsi\u00f3n de los art\u00edculos 36 y 37 de la ley 472 de 1998, que consagra que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular \u00fanicamente procede apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido esta Sala ha sentado:  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo discurrido, si se cuestiona la negativa de la falladora de Santa Rosa de Cabal a conceder la alzada respecto del rechazo del escrito genitor, ese reparo no sale avante, por cuanto esa puntual actuaci\u00f3n no contiene irregularidad lesiva de prerrogativas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anotado porque la actividad descrita halla respaldo en lo estatuido en los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, los cuales no prev\u00e9n la apelaci\u00f3n para determinaciones como la impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario (STC13198-2016, 16 sep., rad. 2016-00787-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, como lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

5.        Acorde con lo consignado en el numeral anterior y en lo referente a la impugnaci\u00f3n frente a la condena en costas que el a-quo constitucional interpuso en contra del accionante, observa la Corte que en cuanto a ese punto la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse, pues evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso respecto al reclamo contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso con aristas similares al de ahora, en reciente pronunciamiento dej\u00f3 dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201cse aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u201d4, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto. (STC4244-2017, 24 mar., rad 2017-00105-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debe destacarse que la denominada \u00abcondena en costas\u00bb en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        En adici\u00f3n, atendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n. En cuanto a ello, la Corte Constitucional sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios).  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95)  <\/span><\/p>\n

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Por esa l\u00ednea, ha de anotarse que la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo.  <\/span><\/p>\n

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Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (STC4576-2016, 30 mar., rad. 2017-00158-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar:  <\/span><\/p>\n

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Hay que decir que, trat\u00e1ndose de la tutela, la condenaci\u00f3n en costas no obedece a un car\u00e1cter disuasivo porque el Constituyente consagr\u00f3 la tutela como una acci\u00f3n p\u00fablica, es de su esencia la gratuidad, est\u00e1 \u00edntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un se\u00f1alamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas \u00abcostas\u00bb son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las \u00abcostas\u00bb que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n. (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95; criterio reiterado por esa Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en T-322\/96, T-679\/96, T-280\/98 y A-031\/99)  <\/span><\/p>\n

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7.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, aclarando que la \u00abcondena en costas\u00bb dispuesta en contra del accionante se asimila a una multa.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada precisando que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el a-quo constitucional en contra de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga se asemeja, en palabras de la Corte Constitucional, a una multa a favor de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por Secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y a su cargo, entr\u00e9guensele  las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

(Aclaraci\u00f3n de Voto)  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Sedes ubicadas en la Calle 15 # 16 \u2013 26 de Valledupar y Calle 58 # 50 \u2013 40 de Medell\u00edn, en su orden.    <\/span><\/p>\n

2 Folio 43, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

3 CC C-543\/92.    <\/span><\/p>\n

4 CC T-032\/94.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4837-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00093-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100541\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}