{"id":100544,"date":"2026-06-25T21:03:43","date_gmt":"2026-06-25T21:03:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4841-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:43","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:43","slug":"stc4841-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4841-2017\/","title":{"rendered":"STC4841-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4841-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00173-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 9 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acciones de amparo, acumuladas, formuladas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, a la igualdad y a la \u00abbuena fe\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar por falta de \u00abcompetencia\u00bb, la acciones populares por \u00e9l formulada identificadas con el No. 2017-0053-00 y 2017-0051-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abvalorar\u00bb las pruebas que aport\u00f3 con el prop\u00f3sito que se \u00abAdmita[n] inmediatamente\u00bb las mentadas acciones p\u00fablicas; y, ii) acreditar la \u00abfalta de competencia\u00bb cuestionada, y, finalmente, iii) que \u00abinforme si ha tramitado\u00bb procesos de dicho linaje \u00abcontra la Empresa U.N.E.\u00bb (fls. 2 y 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que el Despacho accionado \u00abrechaz[\u00f3] por competencia\u00bb las acciones judiciales referidas en l\u00edneas anteriores, decisi\u00f3n que, asegura, no es susceptible de recursos seg\u00fan el C\u00f3digo General del Proceso, y \u00abse ampar[\u00f3] en [un] criterio subjetivo y personal\u00bb del juzgador, pues carece de sustento probatorio, motivo por el cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas (fls. 1, 2, y 4, 5, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de los procesos censurados, y, manifestar que el \u00abauto que rechaz\u00f3 la demanda\u00bb no fue impugnado (fl. 15, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).         La Personera municipal de Pereira, luego de hacer referencia a algunas previsiones de la Ley 4720 de 1998, indic\u00f3 que los tramites reprochados son \u00abnetamente responsabilidad del aparato judicial\u00bb (fls. 25 a 27, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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d).        El mandatario judicial del preanotado municipio, manifest\u00f3 que no est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva para pronunciarse frente al presente reclamo constitucional, pues ese ente territorial no \u00abtiene injerencia alguna\u00bb respecto al agravio alegado por el promotor (fls. 29 y 30, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta se torna prematura, pues si bien es cierto que las precitadas acciones p\u00fablicas fueron rechazadas por falta de jurisdicci\u00f3n, y, en efecto, se orden\u00f3 su remisi\u00f3n a la \u00abOficina Judicial [de Medell\u00edn] para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos de esta ciudad\u00bb, tambi\u00e9n lo es, que a\u00fan no han sido enviadas y que est\u00e1 por definirse el eventual conflicto de competencias conforme a las previsiones del art\u00edculo 112 de la Ley 2070 1996 (fls. 40 a 42, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor replic\u00f3 la anterior fallo, sin expresar las razones de su inconformidad (fl. 45, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra los prove\u00eddos dictados el 20 de febrero de 2017, a trav\u00e9s de los cuales el Despacho Cuarto Civil del Circuito de Pereira, rechaz\u00f3 por falta de jurisdicci\u00f3n las acciones populares radicadas con los consecutivos 2017-0053-00, 2017-0051-00 promovidas por el aqu\u00ed interesado contra UNE EPM Telecomunicaciones, ordenando su remisi\u00f3n a los juzgados administrativos de Medell\u00edn, a fin de que asuman conocimiento de las mismas (fls. 18 y 22, cdno. 1); pues a criterio de aqu\u00e9l, dichas decisiones carecen de respaldo probatorio y obedecen al criterio personal del juzgador.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a las providencias citadas, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de las prenotadas controversias el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.        En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas y el informe del Juzgado convocado, las decisiones reprochadas no fueron objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir las determinaciones que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; STC1722-2017).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00; reiterada entre otras en STC1722-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.3.        Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC1722-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.4.         En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en cuanto a la solicitud encaminada a que la sede judicial convocada \u00abinforme si ha tramitado\u00bb acciones populares contra la empresa UNE EPM Telecomunicaciones, no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se haya elevado previamente tal solicitud ante el juzgado, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiariedad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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5.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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