{"id":100545,"date":"2026-06-25T21:03:47","date_gmt":"2026-06-25T21:03:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4845-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:03:47","modified_gmt":"2026-06-25T21:03:47","slug":"stc4845-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4845-2017\/","title":{"rendered":"STC4845-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4845-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00102-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas el Delegado del Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda, la Personer\u00eda de Dosquebradas y el Banco de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que adujo conculcado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 declarar que: (i) el estrado criticado carec\u00eda de competencia para continuar tramitando la acci\u00f3n popular n\u00ba 2009-00255, remiti\u00e9ndola al despacho siguiente en turno, de acuerdo con la previsi\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; y (ii) la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas incumpli\u00f3 el deber de impetrar acciones de tutela y populares en su nombre, o de asistirlo a pesar de solicit\u00e1rselo en m\u00faltiples ocasiones, dado que no es abogado (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El gestor instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco de Bogot\u00e1, radicada bajo el n\u00ba 2009-00255, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En el auto admisorio de la petici\u00f3n se dispuso que el convocante divulgara ese prove\u00eddo en un medio masivo de comunicaci\u00f3n, lo cual no cumpli\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        La sede judicial criticada de manera oficiosa dispuso que la Defensor\u00eda del Pueblo financiara la publicaci\u00f3n referida a espacio; sin embargo, como el reclamante no pag\u00f3 las expensas para remitirle copia de la actuaci\u00f3n, tal diligenciamiento no se llev\u00f3 a efecto; luego, por petici\u00f3n del interesado se ofici\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura para que realizara la gesti\u00f3n para informar a la comunidad la existencia del asunto, lo que result\u00f3 fallido; tambi\u00e9n se ofici\u00f3 a la emisora de la Polic\u00eda Nacional con dicha finalidad, mas la publicaci\u00f3n no se hizo pese a los posteriores requerimientos; igualmente, el solicitante no ha hecho la citaci\u00f3n a la entidad financiera accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        El estrado requiri\u00f3 al quejoso para que cumpliera la carga prevista en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, so pena de desistimiento t\u00e1cito, durante el t\u00e9rmino conferido \u00e9ste manifest\u00f3 que carec\u00eda de recursos para cumplirla, raz\u00f3n por la cual el despacho dispuso que la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas lo hiciera, ente que inform\u00f3 que tal funci\u00f3n le incumb\u00eda al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        A esta \u00faltima entidad se le encarg\u00f3 la comunicaci\u00f3n y aun cuando no se ha pronunciado en este caso en particular, s\u00ed lo hizo en otras acciones populares que se adelantan en el despacho accionado a instancia de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en las cuales manifest\u00f3 que \u00aben reuni\u00f3n de comit\u00e9 t\u00e9cnico, se decidi\u00f3 no financiar las acciones populares donde [\u00e9l sea] el actor\u2026 se\u00f1ala[ndo] que \u2026 se reserva el derecho de seleccionar las acciones que a su juicio conviene respaldar econ\u00f3micamente\u00bb; adicionalmente, inform\u00f3 que en asuntos de id\u00e9ntica naturaleza propuestos por Arias Id\u00e1rraga, \u00e9ste result\u00f3 multado a favor del mencionado fondo, sin que a\u00fan haya satisfecho el pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, indic\u00f3 que el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 da la opci\u00f3n al juez de conocimiento de utilizar emisoras comunitarias, p\u00e1ginas web, fijaci\u00f3n de avisos de notificaci\u00f3n en las entidades p\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        En raz\u00f3n de tal facultad, el 8 de febrero de 2017 el funcionario criticado orden\u00f3 fijar el aviso de que trata el citado precepto, inform\u00e1ndole a la comunidad en general la existencia del radicado n\u00ba 2009-00255, tanto en la secretar\u00eda de esa sede judicial como en la Alcald\u00eda Municipal de Dosquebradas.   <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas hizo un recuento pormenorizado de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2009-00255, manifestando que est\u00e1n lejos de conculcar las garant\u00edas superiores del quejoso, pues, por el contrario, \u00e9ste ha sido renuente al cumplimiento de las cargas procesales que le competen, lo cual fue puesto en su conocimiento en varias providencias1; agreg\u00f3 que la p\u00e9rdida de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso se aplica para demandas instauradas a partir del 1\u00ba de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puso de relieve la comunicaci\u00f3n remitida por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensor\u00eda del Pueblo con destino a diferentes acciones populares promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, mediante la cual daba respuesta negativa a la solicitud de financiaci\u00f3n de tales tr\u00e1mites, por cuanto en reuni\u00f3n de comit\u00e9 t\u00e9cnico se decidi\u00f3 \u00abno financiar las acciones populares donde el actor sea el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga\u00bb, toda vez que pese a las funciones asignadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos por el art\u00edculo 71 de la ley 472 de 1998, tal norma da la posibilidad de evaluar las solicitudes de financiaci\u00f3n presentadas y elegir aquellas que en su criterio ser\u00eda conveniente respaldar, lo cual se realiza atendiendo criterios como \u00abla magnitud y las caracter\u00edsticas del da\u00f1o, el inter\u00e9s social, la relevancia del bien jur\u00eddico amenazado o vulnerado y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los miembros de la comunidad o del grupo\u00bb; adujo que en 56 acciones populares promovidas \u00abde manera irresponsable\u00bb por el gestor fue sancionado con multas a favor del referido fondo, por la suma total de 191 millones 396 mil 250 pesos, la cual a\u00fan no ha pagado; que \u00e9ste ha utilizado el mecanismo de protecci\u00f3n constitucional con fines econ\u00f3micos particulares, desfigurando el esp\u00edritu del mismo, cual es la salvaguarda de los derechos colectivos y el inter\u00e9s general (folios 9 a 62, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Procuradur\u00eda Regional Risaralda indic\u00f3 que ha designado diferentes profesionales \u00abpara dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998\u00bb, pero como la acci\u00f3n popular que origina la queja constitucional no fue promovida por la entidad le resulta ajena la censura planteada. Por lo tanto, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva, recordando que como ente de control, podr\u00e1 verificar la salvaguarda de los derechos colectivos en la diligencia de pacto de cumplimiento (folio 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras estimar que las probanzas allegadas a la tutela daban cuenta que el solicitante no hab\u00eda elevado petici\u00f3n alguna atinente a obtener la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual imped\u00eda conceder la protecci\u00f3n por incumplir el requisito de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, en torno a la censura formulada contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas concluy\u00f3 que era temeraria, comoquiera que se deriv\u00f3 de la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica estudiada en anteriores acciones de id\u00e9ntico linaje, sin que trajera aspectos nuevos que permitieran diferenciarla respecto de aqu\u00e9llas, o que hubiese demostrado que se encontrara en un estado de indefensi\u00f3n o vulnerabilidad que ameritara analizarla. En tal virtud, no se accedi\u00f3 a la salvaguarda suplicada dado que el juez de tutela se pronunci\u00f3 al respecto en pasadas ocasiones denegando la protecci\u00f3n, por lo que dispuso condenar en costas a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en la suma de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente, debiendo pagarla a favor del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta n\u00ba 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n (folios 63 a 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 el fallo rese\u00f1ado expresando que deb\u00eda probarse la temeridad y la mala fe; puso de presente que la Defensor\u00eda del Pueblo \u00fanicamente promovi\u00f3 una tutela en su nombre y en contra de la Polic\u00eda Nacional, cuya sentencia no fue controvertida por incuria de esa entidad (folio 70, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso bajo examen, infiere la Corte que dos son las quejas incoadas por el gestor del amparo, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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(i)        Cuestion\u00f3 el hecho de que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas no hubiese declarado la falta de competencia para continuar tramitando la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00ba 2009-00255, pues, en su sentir, feneci\u00f3 el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar la decisi\u00f3n de fondo, sin que lo hiciera.  <\/span><\/p>\n

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(ii)        Censur\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas porque se ha negado a formular acciones de tutela y populares en su nombre, as\u00ed como a asistirlo en el tr\u00e1mite de las mismas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas de ese modo las cosas, pronto advierte la Sala el fracaso del resguardo suplicado, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, de acuerdo con las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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a.)        En lo referente al primer reproche, examinado el diligenciamiento objeto de reclamo n\u00ba 2009-00255, tal y como lo manifest\u00f3 el a-quo constitucional, no se vislumbra actividad alguna desplegada por el accionante atinente a solicitar a la autoridad criticada la aplicaci\u00f3n del referido art\u00edculo 121, es m\u00e1s, se observa que en el desarrollo de las actuaciones el actor ha sido requerido en varias oportunidades para que se d\u00e9 cumplimiento a las cargas procesales que le incumben2, siendo \u00e9stas desatendidas a lo largo de dicho tr\u00e1mite; muestra de ello es el hecho de que el enteramiento a la comunidad de la existencia de aquellos asuntos se verific\u00f3 gracias a la gesti\u00f3n oficiosa de la sede judicial acusada. De suerte que al no haberse planteado tal tem\u00e1tica ante el fallador natural, no puede el juez de tutela ocuparse de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un asunto de similares contornos al de ahora, se explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        Con todo, resulta preciso se\u00f1alar que el plazo de un a\u00f1o establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia de primera instancia, se cuenta a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, en este caso, la contentiva de la acci\u00f3n popular; lo que a\u00fan no aparece cumplido en el diligenciamiento en cuesti\u00f3n, pues, obs\u00e9rvese, que \u00fanicamente se ha realizado el enteramiento de la comunidad en general, pero no el relativo al Banco de Bogot\u00e1; luego el lapso legal ni siquiera ha empezado a correr.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.)        Ahora bien, en torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, como lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Sala, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por virtud de lo cual forzoso es concluir que el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.)        Conforme a lo consignado en el literal que precede y en lo ata\u00f1edero a la impugnaci\u00f3n frente a la condena en costas que el Tribunal constitucional impuso al accionante, claramente observa la Corte que en cuanto a ese punto la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse, pues evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso respecto al reclamo contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u2026se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u00abSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026 Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u00abse aplica cuando \u201cfundadamente\u201d se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u00bb4, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto (STC4244-2017, 24 mar., rad 2017-00105-01; reiterado en STC4576-2017, 30 mar., rad. 2017-00158-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En adici\u00f3n, se destaca que la denominada \u00abcondena en costas\u00bb en el tr\u00e1mite de tutela al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su gestor, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, imponiendo directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e.)        En adici\u00f3n, atendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n. En cuanto a ello, la Corte Constitucional sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios).  <\/span><\/p>\n

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Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95).  <\/span><\/p>\n

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Por esa l\u00ednea, ha de anotarse que la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo.  <\/span><\/p>\n

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Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario.  <\/span><\/p>\n

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Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (STC4576-2016, 30 mar., rad. 2017-00158-01).  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar:  <\/span><\/p>\n

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Hay que decir que, trat\u00e1ndose de la tutela, la condenaci\u00f3n en costas no obedece a un car\u00e1cter disuasivo porque el Constituyente consagr\u00f3 la tutela como una acci\u00f3n p\u00fablica, es de su esencia la gratuidad, est\u00e1 \u00edntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un se\u00f1alamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente\u2026  <\/span><\/p>\n

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…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas \u00abcostas\u00bb son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las \u00abcostas\u00bb que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n (Se destac\u00f3, CC T-443\/95; criterio reiterado por esa Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en T-322\/96, T-679\/96, T-280\/98 y A-031\/99).  <\/span><\/p>\n

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4.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se respaldar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folios 41, 42, 45, 51 y 56, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

2 Folios 41, 42, 45, 51 y 58, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

3 CC C-543\/92.    <\/span><\/p>\n

4 CC T-032\/94.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4845-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00102-01         Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2017 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100545","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100545"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100545\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}