{"id":100547,"date":"2026-06-25T21:04:10","date_gmt":"2026-06-25T21:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4850-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:04:10","modified_gmt":"2026-06-25T21:04:10","slug":"stc4850-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4850-2017\/","title":{"rendered":"STC4850-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4850-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00772-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El solicitante obrando en su propio nombre, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la vida, el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, el Derecho a la libertad, el derecho a la vida en familia, el derecho al trabajo, el derecho a un juicio justo con todas las garant\u00edas y el derecho a una defensa t\u00e9cnica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con el proferimiento de las sentencias por las cuales lo condenaron por los delitos de estafa agravada y falsedad material en documento privado, a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, pide que \u00abse declare el que mediante las sentencias de 20 de enero de 2015 del Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 y del 17 de abril de 2015 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que fallaron el proceso adelantado contra SANDRA MILENA RAM\u00cdREZ, JORGE HUMBERTO GUZM\u00c1N QUIROGA Y JOHAN ALFREDO CA\u00d1\u00d3N GUERRERO por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN CONCURSO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO EN CONCURSO HOMOG\u00c9NEO Y SUCESIVO, se incurri\u00f3 en LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DE PROCEDIBILIDAD de DEFECTO F\u00c1CTICO y ERROR INDUCIDO Y A SU CONSECUENCIA SE ORDENE DEJAR SIN EFECTO TODO LO ACTUADO EN EL PROCESO\u00bb (sic) (f. 189, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de lo anterior, aduce en s\u00edntesis, que el 18 de mayo de 2012 realizando trabajos el\u00e9ctricos para la fundaci\u00f3n Funprod, la directora le pidi\u00f3 acompa\u00f1arla al Banco BBVA para retirar un dinero y le gir\u00f3 un cheque para que lo cobrara por ventanilla y como le fue informado que solo pod\u00eda retirar hasta $10\u2019000.000 \u00e9sta le gir\u00f3 otro por ese valor y estando a la espera de ser llamado por el cajero, la polic\u00eda procedi\u00f3 a detenerlo \u00absin que me hallase incurso en ninguna de las causales previstas en el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb, y fue llevado ante el Juzgado Veinte Penal Municipal con Control de Garant\u00edas de esta ciudad, para legalizar la captura.  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que al Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1 le correspondi\u00f3 el conocimiento del proceso, y en sentencia de 20 de enero de 2015 lo conden\u00f3 junto con otras personas como coautores de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado, a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que en apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 17 de abril de 2015 y frente a esta decisi\u00f3n su apoderado interpuso recurso de casaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 31 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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En su escrito presenta un detallado recuento del tr\u00e1mite agotado, de la acusaci\u00f3n y del contenido de las sentencias de primera y segunda instancia, con el prop\u00f3sito de demostrar que desde su captura y con las decisiones adoptadas se le vulneraron las prerrogativas que reclama, adem\u00e1s que no tuvo defensa t\u00e9cnica porque su apoderado \u00abnada hizo para que, cuando menos, la Fiscal\u00eda clarificara la procedencia del material probatorio a fin de establecer su verdadero origen y posesi\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s por \u00ababstenerse mi abogado de presentar en el JUICIO ORAL los documentos t\u00e9cnicos que le aporte y los que le hab\u00eda aportado la condenada SANDRA MILENA RAMIREZ y que hab\u00edan sido exigidos por el Juzgado sobre los estados financieros de la Fundaci\u00f3n\u00bb, y porque \u00absi bien el recurso de casaci\u00f3n no fue admitido, tambi\u00e9n es cierto que el escrito presentado por mi abogado se limitaba a pedir una disminuci\u00f3n de la condena proferida en las dos instancias con base en que mi conducta correspond\u00eda a una TENTATIVA, cuando lo cierto es que en momento alguno mi actuaci\u00f3n no tuvo un car\u00e1cter delictivo, ni part\u00edcipe en conductas que pudieran calificarse de tal\u00bb (ff. 146 a 190).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Director Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que dio traslado a la Jefatura de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica, el Patrimonio Econ\u00f3mico y el Orden Econ\u00f3mico, para que diera contestaci\u00f3n al amparo (f. 218).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Cuarenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que en ese despacho se tramit\u00f3 la causa en contra de Sandra Milena Ram\u00edrez, Jorge Humberto Guzm\u00e1n Segura y Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero, por los punibles de estafa agravada en concurso con falsedad en documento privado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y conforme al libro radicador que se lleva, el 19 de marzo de 2013, se neg\u00f3 la preclusi\u00f3n solicitada por la defensa qui\u00e9n apel\u00f3 la decisi\u00f3n y fue confirmada por el Tribunal Superior.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que una vez se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite propio del juicio oral, el 20 de enero de 2015 conden\u00f3 a Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero y otros, a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n a cada uno, por los punibles referidos, neg\u00e1ndoles la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que fue apelada por el defensor, siendo confirmada por el Superior, e interpuesto recurso de casaci\u00f3n fue negado (f. 228).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 17 de abril de 2015 confirm\u00f3 la sentencia condenatoria de primera instancia, al verificar \u00abque en efecto, los procesados, incluido el se\u00f1or Ca\u00f1\u00f3n Guerrero, consumaron una estafa a trav\u00e9s de un t\u00edtulo valor (cheque), obtenido de manera fraudulenta, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de dicha decisi\u00f3n\u00bb, y contra la misma, la defensa de Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 31 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3, que el amparo deb\u00eda negarse, porque el fallo atacado de segunda instancia fue proferido conforme a derecho (ff. 230 y 231).  <\/span><\/p>\n

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4.  La Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, se opuso al amparo y para ello inform\u00f3 que con ponencia del Magistrado Fernando Alberto Castro Caballero y dentro del radicado No. 46587, el 31 de agosto de 2016 se profiri\u00f3 auto mediante el cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor de Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero, circunstancia \u00abque impide la procedencia de la revisi\u00f3n del proceso en cuesti\u00f3n por v\u00eda de tutela, si se tiene en cuenta que el recurso extraordinario, adem\u00e1s de constituirse en la \u00faltima posibilidad de impugnaci\u00f3n de la sentencia que pone fin a la actuaci\u00f3n procesal penal, por igual, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya \u00e9gida se tramit\u00f3 el asunto que concita la atenci\u00f3n, est\u00e1 instituido como control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el amparo formulado, en esencia se basa en que se le desconoci\u00f3 al solicitante el derecho de defensa por raz\u00f3n de la inactividad de su apoderado, pero adem\u00e1s, en que se le vulner\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia y asegura que no fue capturado en flagrancia y que es inocente, y \u00aba pesar del detallado recuento del tr\u00e1mite agotado, de la acusaci\u00f3n y de las sentencias de primera y segunda instancia que hace el accionante con el prop\u00f3sito de mostrar que en tales decisiones se viol\u00f3 el derecho de defensa y la presunci\u00f3n de inocencia, lo cierto es que no atina a demostrar una v\u00eda de hecho, pues se limita a ofrecer cr\u00edticas personales acerca de la actuaci\u00f3n y de las determinaciones (\u2026) y como el centro de la argumentaci\u00f3n ofrecida por el actor se contrae a que no cometi\u00f3 los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado por cuanto solo pretendi\u00f3 cobrar ingenuamente una donaci\u00f3n que se hab\u00eda hecho a la fundaci\u00f3n a la que estaba vinculado\u00bb, afirm\u00f3 que bastaba recordar lo que precis\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la sentencia de 17 de abril de 2015 al referir los hechos, de lo que se puede apreciar, que \u00abmientras que en suma el accionante se muestra ajeno a la comisi\u00f3n de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado por los que fue condenado, para lo cual propone su propia apreciaci\u00f3n de las pruebas, en la sentencia que es objeto de la acci\u00f3n constitucional se exponen racionalmente los motivos por los cuales se arriba a una concusi\u00f3n opuesta y de all\u00ed que se afirme que utiliza la tutela como una tercera instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Complement\u00f3 de otra parte, que una acci\u00f3n de tutela en t\u00e9rminos semejantes a los que expone el accionante, fue promovida por los otros procesados, Sandra Milena Ram\u00edrez y Jos\u00e9 Humberto Guzm\u00e1n Quiroga, la cual fue resuelta el 30 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil mediante decisi\u00f3n STC17333-2016, en la que se deneg\u00f3 el amparo incoado, raz\u00f3n por la cual, alleg\u00f3 copia del escrito presentado por los nombrados, \u00abcon el fin de evidenciar que se trata del mismo memorial que ahora convoca la atenci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como del fallo de tutela relacionado, y del auto AP5740-2016 de agosto 31 de 2016 (ff. 252 a 266).  <\/span><\/p>\n

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5.  La Juez Veintitr\u00e9s de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que el sentenciado manifiesta que est\u00e1 inconforme con el proceso que se adelant\u00f3 en su contra y alega que desde la \u00e9poca de la captura hubo irregularidades por no haber sido capturado en flagrancia, aspecto que tuvo su oportunidad de indicar ante el Juez que decidi\u00f3 sobre la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, adem\u00e1s que, el juicio se adelant\u00f3, \u00abseg\u00fan observa esta instancia con el cumplimiento de todos los ritos procesales y con el respeto a los derechos del sentenciado por lo que resulta l\u00f3gico que quien cometi\u00f3 una conducta considerada a la luz de la legislaci\u00f3n como t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable, se le imponga una sanci\u00f3n como consecuencia de la misma, no siendo factible venir a abrir el debate probatorio en estos momentos\u00bb (f. 280).  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que en principio la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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2. Considerando la doctrina, atr\u00e1s memorada, que condiciona la posibilidad de atacar por esta v\u00eda las providencias judiciales a ciertas exigencias, resulta evidente que la presente solicitud de amparo es improcedente, pues el reclamante no satisfizo el requisito derivado del car\u00e1cter inmediato de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que impide al Juez Constitucional abordar el fondo de la problem\u00e1tica planteada.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la oportunidad en la cual el eventual afectado debe procurar acudir a este mecanismo excepcional, so pena de que su prolongado silencio se entienda como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada y para evitar que la salvaguarda constitucional se convierta en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros, ha dicho esta Corte que \u00abpese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos\u00bb (STC14207-2015, 19 oct 2015, rad. 02023-01), en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona.  <\/span><\/p>\n

3.  Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende el postulado de la oportunidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el accionante Johan Alfredo Ca\u00f1\u00f3n Guerrero cuestiona la sentencia de 20 de enero de 2015 proferida por el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, por la que lo conden\u00f3 a 72 meses de prisi\u00f3n como coautor de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado, esta \u00faltima en concurso homog\u00e9neo y sucesivo (ff. 1 a 10), decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de abril de 2015 (ff. 11 a 35), fallo frente al que present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de 31 de agosto de 2016 (ff. 36 a 51).  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, es evidente que para cuando se present\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, el 22 de marzo de 2017 (f. 146), hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para promover el mecanismo constitucional (6 meses), lo que torna improcedente el amparo.   <\/span><\/p>\n

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4.  Adicionalmente, y aun acept\u00e1ndose en gracia de discusi\u00f3n que el anterior presupuesto no se encuentra atendido en relaci\u00f3n con la \u00faltima de las providencias relacionadas, la protecci\u00f3n solicitada resulta igualmente improcedente, porque no atiende el postulado de la subsidiariedad por cuanto, la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 su defensor frente al fallo de segundo grado fue inadmitida en providencia de 31 de agosto de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal porque no acredit\u00f3 el cargo que fue propuesto, defecto que le impidi\u00f3 obtener el pronunciamiento respecto del motivo de su inconformidad en el escenario propicio para ello, oportunidad que no puede pretender recuperar por v\u00eda de tutela, dada su naturaleza residual.  <\/span><\/p>\n

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Siendo as\u00ed las cosas, el amparo propuesto  desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el accionante tuvo a su alcance el medio id\u00f3neo para salvaguardar los derechos que demanda, situaci\u00f3n que elimina la viabilidad de la protecci\u00f3n propuesta, puesto que este mecanismo extraordinario solo procede ante la carencia de los ordinarios de soluci\u00f3n al problema planteado, y as\u00ed las cosas, el solicitante pretende reemplazar acudiendo al amparo el procedimiento en el que debi\u00f3 pedir lo que aqu\u00ed reclama.  <\/span><\/p>\n

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Cabe se\u00f1alar que, seg\u00fan lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud  formal de la demanda de casaci\u00f3n. Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ STC13448-2014, citado entre otras en STC3145-2015, STC3345-2016, STC5241-2016, STC7147-2016, STC12952-2016, STC2471-2017, y STC3662-2017, 16 mar. rad. 00102-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.  Al margen de lo anterior, refuerza el fracaso de esta protecci\u00f3n que en la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se descart\u00f3 que \u00abcon ocasi\u00f3n del fallo impugnado o dentro de la actuaci\u00f3n efectivamente se hayan violado los derechos o las garant\u00edas de las partes o los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo en orden a decidir de fondo, seg\u00fan lo precept\u00faa el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004\u00bb (ff. 36 a 51).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, no hay lugar a la injerencia de esta particular jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente arbitrariedad.  <\/span><\/p>\n

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6. De otro lado, si en criterio del accionante el descuido en el uso de los instrumentos de defensa dentro del citado proceso, deriv\u00f3 de la negligencia del abogado que lo represent\u00f3, est\u00e1 facultado para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas.  <\/span><\/p>\n

Ante eventos como el anterior, esta Corte ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC. 22 de enero de 1999, exp. 5715, reiterado en STC 27 de mayo de 2011, Rad. 2011-00024-01 y STC3925-2017, 22 mar. rad. 00143-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.  En conclusi\u00f3n, el amparo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente   STC4850-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00772-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}