{"id":100551,"date":"2026-06-25T21:04:48","date_gmt":"2026-06-25T21:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4856-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:04:48","modified_gmt":"2026-06-25T21:04:48","slug":"stc4856-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4856-2017\/","title":{"rendered":"STC4856-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4856-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00812-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Heberto \u00c1lvarez Denis contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio de Justicia y del Derecho, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al disponer su extradici\u00f3n a los Estados Unidos de Am\u00e9rica.   <\/span><\/p>\n

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Pide que se acceda a las prerrogativas reclamadas \u00abprescindiendo de la extradici\u00f3n\u00bb y \u00abse le d\u00e9 un trato igualitario conforme al MARCO JUR\u00cdDICO ESPECIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL\u00bb, y adem\u00e1s se ordene \u00abal PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, como Jefe de Estado, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, desde la notificaci\u00f3n del fallo, se sirva proceder, de tal forma que no continu\u00e9 la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho y que no se tenga que acudir nuevamente a la tutela para ello\u00bb (f. 12).   <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de la inconformidad se aduce, en s\u00edntesis, que no es viable autorizar su traslado al pa\u00eds que lo requiere para juzgarlo por narcotr\u00e1fico, porque \u00abUno de los principales objetivos del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC,  adem\u00e1s de poner fin a m\u00e1s de medio siglo de conflicto armado, es que la guerrilla \u00abcambie las armas por los votos\u00bb. O lo que es lo mismo, que transiten de ser una organizaci\u00f3n armada ilegal a reincorporarse en la vida civil y pol\u00edtica del pa\u00eds\u00bb, garant\u00eda que qued\u00f3 en el numeral 4\u00ba del \u00abACUERDO FINAL PARA LA TERMINACI\u00d3N DEL CONFLICTO Y LA CONTRUCCI\u00d3N DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA\u00bb firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc que consagr\u00f3 que ser\u00e1 compromiso de \u00abtodas las personas que hayan tenido relaci\u00f3n con conductas asociadas a cualquier eslab\u00f3n de la cadena de los cultivos de usos il\u00edcito y sus derivados\u00bb comparecer ante la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz y aportar informaci\u00f3n sobre esas conductas para garantizar los derechos de las v\u00edctimas a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, afirma que el narcotr\u00e1fico o el beneficio producto de ese il\u00edcito en el marco del conflicto armado \u00abhace parte del espectro que cobija el delito pol\u00edtico en Colombia\u00bb y por ello no puede ser extraditado, asisti\u00e9ndole el mismo derecho que a los miembros de la guerrilla a ser indultado, conforme al marco jur\u00eddico especial de justicia transicional teniendo en cuenta los par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad para obtener ese beneficio (ff. 1 a 27).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La demanda de amparo inicialmente fue presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, Corporaci\u00f3n que avoc\u00f3 su conocimiento mediante auto de 23 de enero de 2017 y en sentencia de 2 de febrero siguiente neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras considerar que el procedimiento que culmin\u00f3 con la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n por parte del Presidente de la Rep\u00fablica se adelant\u00f3 conforme a la ley, previo concepto favorable de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia del 10 de agosto de 2016, agregando que, en todo caso, el interesado puede demandar la nulidad del acto administrativo (fls. 153 a 164).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Impugnada la decisi\u00f3n por el apoderado del interesado, esta  Sala de Casaci\u00f3n en providencia ATC1874-2017 de 22 de marzo de 2017, declar\u00f3 la falta de aptitud legal de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia la presente salvaguarda, al observar que \u00abrevisado el escrito inicial y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n constitucional se encamina a dejar sin efecto el tr\u00e1mite que termin\u00f3 con la autorizaci\u00f3n de la extradici\u00f3n del reclamante a los Estados Unidos de Am\u00e9rica, asunto dentro del cual intervino la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, al conceptuar favorablemente sobre dicho traslado. En efecto, a pesar que el demandante no enfil\u00f3 su ataque contra esta \u00faltima autoridad, lo cierto es que el reproche la involucra, ya que en ejercicio de su competencia analiz\u00f3 la situaci\u00f3n particular del capturado y estim\u00f3 que era procedente su env\u00edo al pa\u00eds solicitante (CP124-2016, rad. 48003, 10 ago. 2016), lo que constituye el punto medular de la tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, como se profiri\u00f3 sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decret\u00f3 su nulidad \u00abpor falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991) implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, y orden\u00f3 el env\u00edo del expediente a la Presidencia de esta Sala, para que una vez asignado el caso, se procediera a resolver lo que en derecho corresponda, previa la adopci\u00f3n de las medidas pertinentes (ff. 3 a 7, cd. 2 de la Corte).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, expres\u00f3 que la participaci\u00f3n de ese Gabinete se circunscribe a actuar como v\u00eda diplom\u00e1tica entre el Estado requirente y las Instituciones Nacionales encargadas del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, y, en consecuencia, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa Cartera (ff. 49 a 52 y 220 a 221).  <\/span><\/p>\n

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2.  La Directora de Gesti\u00f3n Internacional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inform\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones exteriores, mediante oficio DIAJI No. 0440 de 29 de febrero de 2016, alleg\u00f3 la nota verbal No. 0332 de la misma fecha, por medio de la cual el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia, requiri\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n de Heberto \u00c1lvarez Denis.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n del 1\u00ba de marzo de 2016, el Despacho del se\u00f1or Fis\u00adcal General de la Naci\u00f3n, dispuso la captura con fines de extradici\u00f3n del men\u00adcionado ciudadano y la Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales mediante oficio DIAJI No. 0924 de 20 de abril de 2016, remiti\u00f3 nota verbal No. 0680 de la misma fecha, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, formaliz\u00f3 el pedido de extradici\u00f3n de \u00c1lvarez Denis.  <\/span><\/p>\n

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Observ\u00f3 que mediante oficio 23150 del 11 de agosto de 2016, la Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, alleg\u00f3 prove\u00eddo de fecha 10 de agosto del mismo a\u00f1o, por medio del cual dicha Corporaci\u00f3n conceptu\u00f3 favorablemente el pedido de extradici\u00f3n de Heberto \u00c1lvarez Denis, y que, \u00abel tr\u00e1mite de extradici\u00f3n se encuentra actualmente ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que en su debida oportunidad informar\u00e1 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sobre la decisi\u00f3n final que adopte el Gobierno Nacional sobre el pedido de extradici\u00f3n\u00bb (ff. 86 a 91).  <\/span><\/p>\n

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3. El jefe de la oficina asesora jur\u00eddica del Ministerio del Interior, solicit\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y esa Cartera, como quiera que no es la autoridad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 el derecho fundamental invocado (ff. 94 y 95).  <\/span><\/p>\n

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4. La apoderada del Se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica y de la Naci\u00f3n – Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, se opuso a las pretensiones del amparo y manifest\u00f3 que una vez notificados de la demanda, se requiri\u00f3 informaci\u00f3n a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien indic\u00f3 \u00abnotificada la acci\u00f3n constitucional, verific\u00f3 en el sistema de correspondencia SIGOB obteni\u00e9ndose que a la fecha esta Oficina no ha recibido comunicaci\u00f3n alguna allegada por el accionante, ni su apoderado, sobre el tema de solicitud de amparo. De esto se desprende, que el accionante, contando con la posibilidad de presentar un Derecho de Petici\u00f3n decidi\u00f3 acudir a la acci\u00f3n Constitucional de Tutela, desconociendo la existencia de este mecanismo de naturaleza administrativa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, a lo anterior, \u00abAhora bien, el apoderado del accionante est\u00e1 invocando la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad del se\u00f1or Heberto \u00c1lvarez Denis, se\u00f1alando que a \u00e9l deben aplicarse los beneficios que tendr\u00e1n los miembros de las FARC-EP en el Acuerdo de Paz, pero su poderdante es un particular cualquiera, que presuntamente cometi\u00f3 delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico y que por ello, en un an\u00e1lisis e interpretaci\u00f3n que escribe sobre la manera de aplicarse la Ley, concluye entonces que actor debe ser beneficiado igual que las personas de las FARC-EP y, por lo tanto, no extraditado.  <\/span><\/p>\n

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Es preciso informar a los se\u00f1ores Magistrados que mediante Resoluciones 245 de 2016 y 320 de 2016 fue concedida y confirmada, respectivamente, la extradici\u00f3n del se\u00f1or Heberto \u00c1lvarez Denis y a la fecha el INPEC se encuentra en espera de que el gobierno de los Estados Unidos brinde garant\u00edas para entregarlo definitivamente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en lo que se refiere al derecho a la igualdad, el apoderado del actor no acredita un caso id\u00e9ntico en el que se haya dado un trato diferente al que se le ha dado a su cliente, y que permita hacer una evaluaci\u00f3n (test de igualdad) para determinar si en efecto hay alguna discriminaci\u00f3n frente al accionante, por lo que por este derecho solicito se deniegue la tutela, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n y de prueba e as\u00ed lo acredite\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo con lo anterior solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales y ante la existencia de otro medio efectivo judicial de defensa (ff. 118 a 124).  <\/span><\/p>\n

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5.  El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, se opuso a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela y manifest\u00f3 que en nota verbal n\u00famero 0332  de 29 de febrero de 2016, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia requiri\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del ciudadano Heberto \u00c1lvarez Denis, solicitado para comparecer a juicio por delitos federales de narc\u00f3ticos, por lo que el Fiscal General de la Naci\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n de 1\u00ba de marzo decret\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n de este ciudadano, quien hab\u00eda sido capturado el 25 de febrero de 2016, por funcionarios de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional, con fundamento en una Notificaci\u00f3n Roja de Interpol, y formalizado el requerimiento por el Gobierno Americano mediante Nota Verbal N\u00b0 0680 del 20 de abril de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adicion\u00f3 que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales, mediante oficio DIAJI N\u00b0 0923 del 20 de abril de 2016, conceptu\u00f3 que, a la luz de lo preceptuado en los art\u00edculos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000, el tr\u00e1mite se regir\u00e1 por lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano.  <\/span><\/p>\n

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Manifest\u00f3 que perfeccionado el expediente de extradici\u00f3n del ciudadano \u00c1lvarez Denis, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. QF116-0010457-OAl-1100 de 26 de abril de 2016, lo remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente, Corporaci\u00f3n que, mediante providencia de 10 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptu\u00f3 favorablemente a la extradici\u00f3n de este ciudadano.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que el Gobierno Nacional, mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0 245 del 1 de septiembre de 2016, concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del ciudadano colombiano Heberto \u00c1lvarez Denis, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por los cargos referidos en la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0 320 del 17 de noviembre de 2016, al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el anterior, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. Al quedar en firme el acto administrativo es obligaci\u00f3n para la administraci\u00f3n adelantar los actos necesarios para la ejecuci\u00f3n del mismo, y en esa medida, ese Ministerio mediante oficio OFI16-0034423 de 20 de diciembre de 2016, solicit\u00f3 al pa\u00eds requirente, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ofrezca un compromiso formal sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional como presupuesto para la entrega del reclamado y allegadas las citadas garant\u00edas del Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de nota verbal No. 0345 de 24 de marzo anterior, comunic\u00f3 el documento en menci\u00f3n a la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abcon el fin de que se surta su respectiva entrega, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 506 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente inform\u00f3 que \u00absi bien el numeral 72 del Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, suscrito el 24 de noviembre de 2016, consagra la garant\u00eda de la no extradici\u00f3n para los integrantes de dicha organizaci\u00f3n que se sometan al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n (SIVJRNR), se prev\u00e9 que en las decisiones que all\u00ed se adopten, que no son de manera autom\u00e1tica, se observar\u00e1n las circunstancias de cada caso en particular, previa constataci\u00f3n de los presupuestos mencionados en el Acuerdo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No es entonces v\u00e1lido reclamar igual tratamiento para situaciones distintas, pues es evidente que en este caso, el se\u00f1or \u00c1lvarez Denis no ha manifestado ser integrante de las FARC-EP y adem\u00e1s est\u00e1 invocando el derecho a la igualdad en procura de que a \u00e9l se le apliquen los beneficios del Acuerdo Final, sin que acredite un caso id\u00e9ntico del que pueda inferirse un trato desigual\u00bb, adem\u00e1s que, si persiste la inconformidad frente a la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional, el accionante puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y utilizar un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para lograr el control de legalidad de los actos administrativos expedidos (ff. 143 a 150 y 243 a 247).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. La Sala de Casaci\u00f3n Penal a trav\u00e9s del H. Magistrado Ponente en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, indic\u00f3 que el 10 de agosto de 2016 se emiti\u00f3 el concepto favorable a la solicitud de extradici\u00f3n del citado \u00c1lvarez Denis (ff. 224 y 225).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, ya que si bien frente a la Resoluci\u00f3n Ejecutiva n\u00famero 245 de 1\u00ba de septiembre de 2016 que concedi\u00f3 la extradici\u00f3n (ff. 97 a 103), el querellante interpuso recurso de reposici\u00f3n, confirmando el Gobierno Nacional la decisi\u00f3n recurrida mediante Resoluci\u00f3n No. 320 de 17 de noviembre de 2016 (ff. 104 a 110), tiene a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para alegar la ilegalidad que le endilga al referido acto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En todo caso, prudente es recordar que en asuntos similares al que ahora se analiza, reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha precisado que si el tutelante resultara inconforme con lo decidido sobre el pedido de extradici\u00f3n, el legislador ha establecido otros mecanismos a trav\u00e9s de los cuales podr\u00eda procurar la protecci\u00f3n de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEs del caso resaltar que el accionante, en su condici\u00f3n de ciudadano colombiano, cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial, toda vez que la decisi\u00f3n del gobierno nacional se plasm\u00f3 en un acto administrativo, que aunque goza de la presunci\u00f3n de legalidad, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n pertinente, solicitando incluso la suspensi\u00f3n provisional del mismo, en caso de manifiesta ilegalidad; de all\u00ed que no sea viable en la acci\u00f3n de tutela emitir concepto alguno sobre el contenido de la decisi\u00f3n administrativa\u00bb (CSJ STC, 11 feb 2003, rad. 00043, reiterado entre otras en STC, 9 jul. 2012, rad. 01266-00, y STC10377-2016, 1 ag. rad. 02005-00)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00ablos cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ, STC125-2015 y STC8742-2016, 29 ju. rad.01639-00).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como si se le hubiere instituido para desplazar a los funcionarios que, por mandato constitucional y legal, tienen atribuida la competencia para resolver las controversias judiciales, pues tal supuesto llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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3.  Finalmente, respecto de la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el actor, cabe precisar que tampoco \u00e9sta se observa, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo en la convocatoria de estudio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha manifestado que \u00abde otra parte, no demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, rad. 00228-01, STC, 3 ago. 2012, rad. 01145-01, reiterada en  SCT15698-2014, STC1975-2016 y STC11120-2016, 12 ag. rad. 00204-02).  <\/span><\/p>\n

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4.  Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo de los derechos invocados.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC4856-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00812-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}