{"id":100555,"date":"2026-06-25T21:05:26","date_gmt":"2026-06-25T21:05:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4861-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:05:26","modified_gmt":"2026-06-25T21:05:26","slug":"stc4861-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4861-2017\/","title":{"rendered":"STC4861-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4861-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2017-00028-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 22 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mar\u00eda Grajales L\u00f3pez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada Estefan\u00eda Galeano Hurtado, en su calidad de ejecutante en el proceso n\u00ba 2014-00510.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al haber convocado a remate sin que se encontraran cumplidas en su totalidad las exigencias legales para dicho evento.  <\/span><\/p>\n

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       Indic\u00f3 que el 28 de octubre de 2016 solicit\u00f3 al Juzgado que dejara sin efecto las prove\u00eddos antes indicados, \u00abpor considerarlos violatorios del r\u00e9gimen legal colombiano\u00bb, y aport\u00f3 \u00abel aval\u00fao comercial dictaminado por perito de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del Quind\u00edo, seg\u00fan el cual el aval\u00fao del bien embargado y secuestrado dentro del proceso (50%) es de $291\u00b4790.000, el cual representa 3.65 veces su valor catastral (50%=79\u00b4779.500,oo)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Adujo que posteriormente se enter\u00f3 que en providencia del 26 de octubre de 2016 se hab\u00eda fijado fecha para el remate, por lo que interpuso recurso de reposici\u00f3n \u00abal estimar que no se encontraban reunidos los requisitos para el efecto, especialmente, el de no hallarse establecido el aval\u00fao de la cuota parte del bien inmueble con antelaci\u00f3n a la providencia recurrida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Se\u00f1al\u00f3 que el 11 de enero de 2017 el enjuiciado desat\u00f3 el recurso mantuvo su decisi\u00f3n, bajo el argumento de que se encontraban cumplidos los requisitos previstos en el art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso, advirtiendo que si bien \u00abel aval\u00fao expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi corresponde a la totalidad del bien\u00bb, se debe tomar dicho valor adicionado en un 50%, y sobre dicho valor aplicarle el de la cuota parte objeto de remate que es del 50%.  <\/span><\/p>\n

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       Agreg\u00f3 que invoca la tutela porque no existe otro medio de defensa para atacar la resoluci\u00f3n en comento, y ante la proximidad de la subasta programada, \u00abexiste la probabilidad de consumarse un da\u00f1o irremediable a la solicitante por el \u00ednfimo valor determinado para el derecho de cuota parte de la que a\u00fan es titular\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se ordene \u00abdejar sin efectos\u00bb el auto proferido por el Despacho convocado el 26 de octubre de 2016, as\u00ed como del que dispuso correr traslado del \u00abaval\u00fao catastral\u00bb y de aquel que lo \u00abaprob\u00f3\u00bb, a fin de \u00abajustar la actuaci\u00f3n al procedimiento establecido\u00bb (fls. 2 a 14, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El funcionario querellado remiti\u00f3 el expediente por medio magn\u00e9tico, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo al indicar que sus actuaciones se produjeron al tenor de las normas legales preexistentes (fls. 22 y 23, ib\u00eddem). Consultado el Despacho en menci\u00f3n acerca del resultado de la diligencia de remate que se encontraba prevista para el 24 de febrero de 2017, v\u00eda telef\u00f3nica inform\u00f3 que la misma fue reprogramada para el pr\u00f3ximo 15 de junio a las 7:00 a.m.  <\/span><\/p>\n

2. Estefan\u00eda Galeano Hurtado, en su condici\u00f3n de ejecutante, indic\u00f3 que el accionado resolvi\u00f3 las peticiones elevadas por la quejosa, y que habiendo corrido traslado del aval\u00fao del bien frente a lo cual la reclamante \u00abguardo (sic) silencio\u00bb, est\u00e1n reunidas las exigencias legales para el remate y no se le ha vulnerado el debido proceso (fl. 25, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la protecci\u00f3n aduciendo que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto si \u00absu alegato est\u00e1 dirigido a repudiar la estimaci\u00f3n del bien\u00bb que aportara la ejecutante, el aval\u00fao comercial cuyo tr\u00e1mite reclama lo alleg\u00f3 \u00abtard\u00edamente\u00bb, por cuanto \u00abno lo present\u00f3 dentro de los vente d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia que orden\u00f3 su venta en p\u00fablica subasta y tampoco hizo las observaciones que consideraba pertinente en oportunidad legal, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb26 a 31, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el apoderado de la accionante, indicando que el Tribunal a-quo omiti\u00f3 pronunciarse acerca de que \u00abel aval\u00fao presentado\u2026 fue el catastral correspondiente a la totalidad del predio del cual forma parte en un 50% del derecho de cuota aprisionado en el proceso y no el exigido en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026\u00bb, que frente a un aval\u00fao catastral no procede objeci\u00f3n y que la fijaci\u00f3n del mismo fue dada por el Juzgado \u00aben clara violaci\u00f3n\u00bb del canon 448 del ordenamiento adjetivo en comento, \u00abimpidiendo la contradicci\u00f3n de ese valor por la parte ejecutada\u00bb; acot\u00f3 que al cotejar el aval\u00fao comercial que muestra el dictamen por ella allegado, \u00e9ste \u00absupera en m\u00e1s del doble el asignado por el Juzgado en el auto de remate\u00bb, por lo que de llevarse a cabo la licitaci\u00f3n \u00abpor un \u00ednfimo valor\u00bb, se cometer\u00eda una \u00abinjusticia\u00bb contra la ejecutada (fls. 32 a 34, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Si bien bajo las anteriores premisas, para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es menester que se hayan cumplido todos los presupuestos generales, entre ellos la subsidiariedad, entendida como el agotamiento previo de los mecanismos ordinarios de defensa, existen casos en los que es tan evidente la afectaci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales invocadas, que la Sala ha obviado ese requisito para, en su lugar, estudiar el fondo de la salvaguarda, sosteniendo que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, m\u00e1s all\u00e1 de que pudiera ser id\u00f3neo en raz\u00f3n a su eficacia, el haber dejado de impetrar el recurso de reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos del 12 de septiembre y 4 de octubre  de 2016, mediante los cuales corri\u00f3 traslado de un aval\u00fao catastral y ante el silencio de las partes lo aprob\u00f3, respectivamente, tal comportamiento no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n, cuando \u00e9sta tiende a afectar flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, al revisar las piezas procesales que integran el expediente y cotejar en concreto la queja elevada con el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, observa la Sala que la sentencia impugnada habr\u00e1 de revocarse, comoquiera que de la actuaci\u00f3n cuestionada surge la incursi\u00f3n de defectos de procedibilidad del amparo, no solo respecto de la incorporaci\u00f3n del aval\u00fao al proceso, sino por la inobservancia de su idoneidad para los efectos de la subasta.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Conforme al art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel ejecutante podr\u00e1 pedir que se se\u00f1ale fecha para el remate de los bienes, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y entre otros aspectos que deben tenerse en cuenta por el juez para acceder a lo solicitado, advierte que en dicho auto \u00abrealizar\u00e1 el control de legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Para el caso concreto, la actividad desplegada por el ejecutante sobre ese particular, se limit\u00f3 a allegar una certificaci\u00f3n expedida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, seg\u00fan la cual el predio rural denominado \u00abGolconda El Caimo\u00bb, de 2.273 metros cuadrados, con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 280-180333 de Armenia, que aparece a nombre de Mario L\u00f3pez Vald\u00e9s y Ana Mar\u00eda Grajales L\u00f3pez, est\u00e1 avaluado en $159\u00b4559.000 (fls. 1 y 2, cd. de Copias).  <\/span><\/p>\n

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Sin que siquiera el interesado hubiera invocado que esa informaci\u00f3n la presentaba para los efectos de que trata el art\u00edculo 444 del ordenamiento adjetivo, el Juzgado, por auto del 12 de septiembre de 2016, corri\u00f3  traslado \u00abdel aval\u00fao\u00bb (fl. 3, ib\u00eddem), y al observar que dentro del t\u00e9rmino legal \u00abno se objet\u00f3 el aval\u00fao catastral del bien inmueble\u00bb, le imparti\u00f3 \u00abla respectiva APROBACION\u00bb (fl. 4, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, aun cuando no estaba definido que era para fines de la almoneda, el juzgador de instancia tuvo por incorporada la estimaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien, y prevalido de ello convoc\u00f3 a la licitaci\u00f3n p\u00fablica mediante auto del 26 de octubre de 2016 (fl. 5, \u00eddem), y pese a que la ejecutada pidi\u00f3 se corrigieran las falencias observadas e interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n (fls. 6 a 20, id.), el querellado, mediante prove\u00eddo del 11 de enero de 2017, persisti\u00f3 en que estaban cumplidos los requisitos para el remate, en especial lo atinente al aval\u00fao (fls. 22 a 25, cit.).  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se colige que el juez de conocimiento, supuso que el aval\u00fao se hab\u00eda presentado con sujeci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, y aplic\u00f3 la f\u00f3rmula prevista en el numeral 4\u00ba de dicha disposici\u00f3n, cuando el interesado ni siquiera hab\u00eda precisado que se trataba de un 50% y no de la totalidad del inmueble, ni hab\u00eda la necesaria operaci\u00f3n aritm\u00e9tica para determinar que sobre el valor del derecho de cuota de la ejecutada, deb\u00eda realizarse el incremento para concluir en una cifra claramente determinada.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Aunque tal omisi\u00f3n pudiere superarse por la gesti\u00f3n del juez, \u00e9ste debi\u00f3 haberse detenido a verificar si el referido aval\u00fao era o no id\u00f3neo para los efectos del remate, habida cuenta que la ejecutada puso en evidencia el detrimento patrimonial que le representar\u00eda licitar su cuota parte en los t\u00e9rminos fijados por el Juzgado, esto es, por el aval\u00fao catastral ($79\u00b4779.500), cuando seg\u00fan el dictamen pericial que alleg\u00f3, mostraba que comercialmente el 50% del predio ascend\u00eda a $291\u00b4790.000 (fls. 7 a 12, cd. Corte).  <\/span><\/p>\n

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Al convocado no le mereci\u00f3 miramiento alguno la ostensible diferencia entre los dos valores que se daban al mismo bien, siendo que la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la constitucional, ha se\u00f1alado que ante una duda sobre el precio real del objeto a subastar, es menester esclarecerla antes de proseguir con tan definitivo paso, y m\u00e1s cuando la  informaci\u00f3n exigida por la normativa procesal alude al aval\u00fao catastral.  <\/span><\/p>\n

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El precedente de esta Corte se\u00f1ala que para resolver la duda razonable sobre el aval\u00fao tomado como base del remate, el juez debe hacer uso de la facultad-deber de decretar pruebas oficiosas que acerquen el valor real del bien al que habr\u00e1 de servir para la subasta, precisando que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEs verdad que el sentenciador debe adoptar una conducta imparcial que haga efectiva la igualdad de las partes en el proceso, pues ese deber se lo impone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 37 del estatuto adjetivo; pero ello no significa \u2013como en ocasiones pret\u00e9ritas lo ha advertido esta Corte\u2013 que no se encuentre comprometido con la justicia y que no le asista la obligaci\u00f3n de buscar, m\u00e1s all\u00e1 de la simple verdad formal, la verdad material que los usuarios exigen de la judicatura.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) De manera que el juez estaba en capacidad de advertir, de acuerdo con las reglas de la experiencia, si el aval\u00fao era notoriamente bajo, en cuyo caso le asist\u00eda la obligaci\u00f3n legal de decretar de oficio las pruebas que resultaban necesarias para llegar a la convicci\u00f3n sobre el verdadero valor del inmueble\u00bb (CSJ STC de 28 de septiembre de 2012, exp. 2012-02093-00).  <\/span><\/p>\n

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En ese mismo sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 el criterio de razonabilidad indica \u2013y as\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte\u2013 que cuando el funcionario judicial alberga dudas sobre el valor real del bien que se someter\u00e1 a la almoneda, est\u00e1 obligado a despejar toda incertidumbre, a\u00fan de oficio, con el fin de garantizar el objetivo que se persigue con la venta en p\u00fablica subasta, que no es otro que obtener el mejor precio posible por el bien ofrecido, seg\u00fan su estimaci\u00f3n real en el mercado, de modo que se beneficien los intereses econ\u00f3micos de ambas partes.  <\/span><\/p>\n

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Pero de ninguna manera puede aceptarse, por ser una conclusi\u00f3n absurda y contraevidente, que las normas procesales son una limitante para lograr ese objetivo, ni mucho menos que deba proponerse el bien por un valor manifiestamente inferior al que determinan las leyes de la oferta y la demanda, pues no cabe duda que esto \u00faltimo generar\u00eda un grave e injustificado perjuicio econ\u00f3mico a la parte demandada, lo cual no es, en modo alguno, el prop\u00f3sito del proceso ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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A tal respecto esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que cuando el dictamen que obra en el expediente no se adecua al valor real del bien, el funcionario judicial est\u00e1 obligado a indagar por la verdad material que subyace al asunto del que conoce, pues no le es dable asumir una actitud de completa indiferencia cuando las pruebas muestran una falta de correspondencia con la realidad\u00bb (CSJ STC8710-2014, 7 jul. 2014, rad. 00861-01).  <\/span><\/p>\n

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Y reiterando sobre la obligaci\u00f3n que tiene el juez de conocimiento de verificar si el certificado catastral es id\u00f3neo para cuantificar el valor del bien, porque las certificaciones emitidas por las entidades catastrales muchas veces no est\u00e1n actualizadas con las caracter\u00edsticas actuales del predio, la Corte ha venido se\u00f1alando que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abni las partes, ni el juez pueden desconocer que en algunas ocasiones, el valor que catastralmente es asignado a un bien por las secretar\u00edas de hacienda de los municipios y por el departamento administrativo de catastro en el caso de la capital de la Rep\u00fablica, no es representativo de un valor presente, como tampoco de modificaciones, adecuaciones u otras circunstancias, que tienen entidad para incrementar su apreciaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb (CSJ SC 28 sep. 2012, exp. 2012-2093-00, reiterada en STC10365-2014, 8 ago. 2014, rad. 00097-01).  <\/span><\/p>\n

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4. En este orden, siendo claro que no estaban dadas las condiciones necesarias para se\u00f1alar fecha y hora para llevar a cabo la licitaci\u00f3n, al sostener el juez lo contrario, aun cuando la parte ejecutada hizo ver las irregularidades que conllevaron a esa postura y el da\u00f1o patrimonial que generaba subastar un bien por un valor irrisorio, el Despacho obvi\u00f3 el hecho de que con ese certificado no se cumpl\u00eda cabalmente la exigencia del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto no refer\u00eda al catastral como legalmente se exige y no tuvo en cuenta el porcentaje a rematar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A pesar del comportamiento incurioso de la parte interesada, con lo anterior se advierte que el juzgador omiti\u00f3 un medio probatorio tendiente a esclarecer la situaci\u00f3n objeto de reproche, y todo ello podr\u00eda dar lugar a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que, como en este caso, conllev\u00f3  a que se apartara del principio de prevalencia del derecho sustancial y enfilara su actividad solo a impulsar el remate, desconociendo la razonable discrepancia existente sobre la idoneidad del aval\u00fao del bien.  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado, en su lugar, se conceder\u00e1 el resguardo y en tal virtud se dejar\u00e1 sin efecto el auto proferido por el accionado el 11 de enero de 2017, orden\u00e1ndole que vuelva a pronunciarse con observancia en las consideraciones ac\u00e1 expuestas, en particular, que previamente a fijar fecha y hora para el remate, atienda las facultades oficiosas y rehaga la actuaci\u00f3n que concierne a la confecci\u00f3n de un nuevo aval\u00fao del derecho de cuota perteneciente a la ejecutada, en el que se determine su valor real acorde a los razonamientos dados en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su lugar, se CONCEDE el amparo al debido proceso impetrado por Ana Mar\u00eda Grajales L\u00f3pez, y en las condiciones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia, se declara sin valor ni efecto el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia el 11 de enero de 2017, y se le ORDENA, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, profiera nueva decisi\u00f3n ajustada a las consideraciones realizadas en este pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4861-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2017-00028-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100555","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100555\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}