{"id":100558,"date":"2026-06-25T21:05:45","date_gmt":"2026-06-25T21:05:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4866-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:05:45","modified_gmt":"2026-06-25T21:05:45","slug":"stc4866-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4866-2017\/","title":{"rendered":"STC4866-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4866-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00434-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Siervo Alejandro y Luis Hernando Ramos Burgos contra el Juzgado 48 Civil del Circuito de esta ciudad, las sociedades Gesti\u00f3n de Buses S.A.S. y Gmovil S.A.S., tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado 12 Civil del Circuito de esta capital.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores, por intermedio de apoderado judicial, pretenden la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la libertad de profesi\u00f3n u oficio, al debido proceso y a la propiedad privada, que dicen vulnerados por la autoridad judicial y las compa\u00f1\u00edas comerciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, solicitaron ordenar al despacho criticado, a su vez, exhortar a las sociedades Gesti\u00f3n de Buses S.A.S. y Gmovil S.A.S. \u00abpara que alleguen los originales de los t\u00edtulos valores (sic) que seg\u00fan la respuesta del derecho de petici\u00f3n del 19 de septiembre de 2016\u2026 conf[esaron]\u2026 [que] est\u00e1n en custodia de la sociedad Gmovil\u00bb; y allegados tales dep\u00f3sitos disponga su entrega a los solicitantes como beneficiarios de los mismos (folios 581 y 582, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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       2.        En apoyo de sus pedimentos adujeron, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En cumplimiento del pacto referido a espacio, los automotores fueron entregados materialmente a la empresa concesionaria del SITP el 30 de agosto de 2013 y el 4 de septiembre siguiente, Siervo Alejandro Ramos Burgos entreg\u00f3 a la compradora los \u00aboriginales de los impuestos [y] levantamiento de prenda\u00bb; y el d\u00eda 19 de la misma mensualidad rubric\u00f3 los formularios de traspaso de cada uno de los veh\u00edculos.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Se duelen de que Gmovil S.A.S. incumpli\u00f3 los contratos, pues no ha pagado el precio pactado sobre los rodantes y ha pretendido coaccionarlos para que autoricen descuentos sobre el precio acordado.  <\/span><\/p>\n

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2.4. En septiembre de 2016 elevaron petici\u00f3n a la compradora para que honrara las obligaciones ajustadas entregando los originales de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, siendo respondida por su representante legal transcribiendo la cl\u00e1usula 4\u00aa de los contratos, que alud\u00eda a la forma de pago, indicando que no hab\u00eda sido posible transferir la propiedad de los buses porque los propietarios no suscribieron los formularios de traspaso, ni el poder para realizar los tr\u00e1mites, el documento que inclu\u00eda el valor del IPC previsto en los acuerdos; as\u00ed como no allegaron las cesiones de derechos para traspaso expedidas por la empresa transportadora a la que se encuentran afiliados los automotores, ni la carta de desvinculaci\u00f3n, ni las copias de las c\u00e9dulas de los titulares de dominio, aunado a que los veh\u00edculos a\u00fan estaban gravados con prenda a favor de Confinanciera y Banco de Occidente; para finalmente se\u00f1alar que los originales de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito se hallan bajo custodia de Gmovil, quien los entregar\u00e1 seg\u00fan lo disponga la sede judicial cognoscente.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Del contenido de la respuesta a la solicitud, sostienen que se infiere el incumplimiento de parte de \u00abGesti\u00f3n de Buses S.A.S.\u00bb y la coacci\u00f3n encaminada a que suscriban un documento con Gmovil en el que se incluya el IPC, que busca clarificar el precio fijado en los pactos.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Ante el incumplimiento contractual de Gmovil S.A.S., formularon en contra de \u00e9sta demanda ordinaria ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite la sede judicial orden\u00f3 vincular en el extremo pasivo a Gesti\u00f3n de Buses S.A.S. (rad. 2014-00170). Las convocadas se opusieron a las pretensiones de la demanda allegando como prueba del supuesto cumplimiento \u00abcopias ilegibles de los dep\u00f3sitos judiciales realizados por Gmovil S.A.S. el 14 de marzo de 2014\u00bb; Gesti\u00f3n de Buses S.A.S. promovi\u00f3 demanda de mutua petici\u00f3n, alegando el presunto incumplimiento de parte de los demandantes principales.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Frente a la reconvenci\u00f3n los accionantes propusieron excepci\u00f3n previa de \u00abpleito pendiente entre las partes y sobre el mismo asunto\u00bb, la cual fue declarada impr\u00f3spera por el Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogot\u00e11 el 1\u00ba de julio de 2016, a pesar de encontrarla demostrada, dando \u00abaplicaci\u00f3n al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        En la misma data el despacho accionado fij\u00f3 para el 12 de octubre siguiente la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siendo reprogramada para el 5 de mayo de 2017, a petici\u00f3n del representante legal de Gmovil.  <\/span><\/p>\n

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2.9.        Se duele de que la sociedad referida a espacio en la respuesta a la petici\u00f3n elevada en septiembre de 2016, bas\u00f3 la negativa a suministrar los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial originales consignados en el Banco Agrario de Colombia, en que ser\u00edan entregados de acuerdo con lo que dispusiera el funcionario de conocimiento, revalidando as\u00ed el incumplimiento contractual en que ha incurrido durante todo este tiempo.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DEL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se remite a las decisiones adoptadas al interior del proceso n\u00ba 2014-00170; que los actores no han solicitado devoluci\u00f3n o entrega de dineros constituidos como dep\u00f3sito judicial; finalmente, agreg\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2016 el estrado acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones solicitadas exclusivamente por Jaime Alejandro Aguill\u00f3n, declarando la terminaci\u00f3n del proceso \u00fanicamente en lo concerniente al referido demandante (folios 600 a 603, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el proceso n\u00ba 2014-00170 de Siervo Alejandro Ramos Burgos y otros contra Gmovil S.A.S. y otra actualmente lo tramita el Juzgado 48 Civil del Circuito de la ciudad, por disposici\u00f3n del acuerdo PSAA15-10373 del Consejo Superior de la Judicatura (folio 590, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 el resguardo constitucional al advertir que no observaba ninguna v\u00eda de hecho que hiciera viable la protecci\u00f3n, m\u00e1xime que no se satisfac\u00eda el requisito de subsidiariedad, dado que los gestores no han elevado petici\u00f3n al respecto al juez acusado; as\u00ed mismo record\u00f3 que la naturaleza residual de la tutela impide utilizarla como instrumento para debatir conflictos econ\u00f3micos, lo que se presenta en el asunto en ciernes dado que los quejosos piden ordenar la entrega de t\u00edtulos judiciales en su favor, pese a que el proceso est\u00e1 en tr\u00e1mite y es de donde debe provenir la orden (folios 628 a 632, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El apoderado judicial de los inconformes apel\u00f3 la decisi\u00f3n que viene de rese\u00f1arse aduciendo que no hubo pronunciamiento de fondo frente a la demanda de amparo constitucional, toda vez que si bien se trata de un conflicto de orden econ\u00f3mico, el mismo conlleva la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales; sosteniendo que \u00abpuede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales\u2026, ya que\u2026 los accionados Gesti\u00f3n de Buses S.A.S. y Gmovil S.A.S. constituyen una desidia sustancial y procesal al no allegar con las contestaciones de la demanda los originales de los t\u00edtulos valores (sic) consignados en el Banco Agrario\u00bb (folios 643 a 647, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, jurisprudencialmente ha sido establecido que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto los reclamantes proponen dos reproches, a saber, el primero, dirigido a enderezar la actividad procesal de las sociedades accionadas, dado que ni con la contestaci\u00f3n de la demanda principal ni con la de mutua petici\u00f3n adjuntaron los t\u00edtulos originales de dep\u00f3sito judicial, los que suponen deben ser entregados a ellos en su condici\u00f3n de convocantes principales del proceso ordinario de incumplimiento de contrato que tramita el Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogot\u00e1; y el segundo, erigido a cuestionar el auto de 1\u00ba de julio de 2016, que declar\u00f3 improbada la excepci\u00f3n previa de \u00abpleito pendiente entre las partes y sobre el mismo asunto\u00bb, aducida por los reclamantes contra la demanda de reconvenci\u00f3n, no obstante que fuera acreditada, m\u00e1s cuando pudo aplicar el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, pronto se advierte que la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de primer grado ser\u00e1 confirmada por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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a.)        En lo concerniente al primer reproche cumple indicar que verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte observa que la solicitud de resguardo es prematura, comoquiera que el proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato se halla en curso, estando pendiente de verificarse la audiencia inicial establecida en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, la que est\u00e1 programada para el 5 de mayo de 2017; adem\u00e1s de tramitarse por la misma cuerda procesal demanda de reconvenci\u00f3n a instancia de Gesti\u00f3n de Buses S.A.S.; de manera que este medio excepcional de resguardo no puede ser utilizado para soslayar la competencia establecida por el legislador en el funcionario judicial de conocimiento, quien est\u00e1 llamado a pronunciarse sobre la viabilidad de ordenar la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, fin \u00faltimo que se persigue con la petici\u00f3n tuitiva.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el ejercicio prematuro de este mecanismo, se ha plasmado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (CSJ STC, 31 mar. 2016, rad. 00067-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, por lo que el amparo no pod\u00eda prosperar.  <\/span><\/p>\n

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b.)        Ahora bien, en lo tocante a la censura formulada contra el auto de 1\u00ba de julio de 2016, que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente alegada por los convocantes principales, se advierte que no se aviene al cumplimiento del presupuesto de inmediatez, dado que desde la fecha de expedici\u00f3n de dicha providencia y la de interposici\u00f3n de la demanda que nos ocupa, 22 de febrero de 2017 (folio 584, cuaderno 1), transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona que se crea afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, se ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01).  <\/span><\/p>\n

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c.)        Aunado a lo anterior, se observa que frente a la providencia atacada los quejosos no interpusieron reposici\u00f3n, medio judicial de defensa id\u00f3neo para contrarrestar los efectos negativos que presuntamente les irrog\u00f3 esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, la protecci\u00f3n alegada con apoyo en tal situaci\u00f3n tambi\u00e9n resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la determinaci\u00f3n que hoy critican en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Sala ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada; entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Las anteriores consideraciones imponen respaldar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 El 22 de febrero de 2016, el Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 el conocimiento del proceso por reasignaci\u00f3n ordenada por el Consejo Superior de la judicatura.      <\/span><\/p>\n

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