{"id":100560,"date":"2026-06-25T21:06:08","date_gmt":"2026-06-25T21:06:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4874-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:08","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:08","slug":"stc4874-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4874-2017\/","title":{"rendered":"STC4874-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC4874-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00448-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de abril de dos mil      diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el once de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Antioquia en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Pati\u00f1o Aguirre contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Empresa Comunitaria El Rub\u00ed, Lu\u00eds Octavio Betancur \u00c1lvarez, H\u00e9ctor Alberto Betancur Reyes y Lu\u00eds Jacinto Rozo Padilla.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por el juzgado accionado por cuanto dej\u00f3 sin valor y efectos el contrato de arrendamiento que \u00e9l suscribi\u00f3 con el secuestre designado en un proceso ejecutivo, sobre un inmueble objeto de medida cautelar, luego de haber relevado al auxiliar de justicia como quiera que \u00e9ste no hab\u00eda cumplido a cabalidad sus funciones y hab\u00eda dado desacatado las \u00f3rdenes del despacho.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene al Juzgado revocar la referida determinaci\u00f3n, y en su lugar \u00aba manera de medida cautelar urgente, se ordene al juzgado accionado respetar el contrato de arrendamiento objeto de esta tutela mientras se decide en forma definitiva esta acci\u00f3n\u00bb [Folio 38, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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         1. La Empresa Comunitaria El Rub\u00ed formul\u00f3 proceso ejecutivo contra Lu\u00eds Octavio Betancur \u00c1lvarez y H\u00e9ctor Alberto Betancur Yepes, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos   – Antioquia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         2. Dentro de dicho tr\u00e1mite en auto de 15 de mayo de 2013, se orden\u00f3, luego de ser embargado, el secuestro sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 351-5022, conocido como El Rub\u00ed o La Madrile\u00f1a, y para pr\u00e1ctica se design\u00f3 como auxiliar a Lu\u00eds Jacinto Rozo Padilla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3. El 5 de agosto de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema \u2013Tolima realiz\u00f3 el secuestro del bien, oportunidad en la cual, el apoderado de la parte demandante, en raz\u00f3n a que se observaba que en la finca se desarrollaba actividad agropecuaria, solicit\u00f3 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 682 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se diera al secuestre facultad de administraci\u00f3n de la misma, para el cumplimiento de los negocios que se realizaban en el inmueble.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4. En atenci\u00f3n a lo anterior en auto de esa misma fecha, se tuvo por legalmente aprehendido el predio y en atenci\u00f3n a la solicitud de la ejecutante, se hizo la entrega real y material del mismo al auxiliar de justicia, para que ejerciera las actividades conforme lo establece el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 682 ejusdem.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No obstante, el referido depositario se\u00f1al\u00f3, sin estar presente los demandados que como \u00e9l entraba a \u00abadministrar el inmueble\u2026 y por lo tanto el ganado en general que se encuentra en el bien debe sacarlo o en su defecto deber\u00e1 suscribir el contrato de arrendamiento para que pueda mantenerlos en el inmueble\u00bb. [Folios 6-7, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        6. El secuestre, present\u00f3 los d\u00edas 17 de octubre, 5 de diciembre, 18 de diciembre de 2013; as\u00ed como en los d\u00edas 20 de enero, 15 de mayo, 21 de octubre. 01 de diciembre y 19 de diciembre de 2014; y tambi\u00e9n el 30 de enero, 24 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril, 19 de mayo y 28 de junio de 2015,  informes de gesti\u00f3n, en los que se limit\u00f3 a indicar que no hab\u00eda sido posible llegar a un acuerdo con los titulares de dominio del bien para que suscribieran contrato de arrendamiento por los semovientes que pastaban en la finca y que por tanto, se ver\u00eda en la obligaci\u00f3n de iniciar las acciones pertinentes con miras a ejercer la administraci\u00f3n del bien, raz\u00f3n por la cual no se hab\u00eda generado ning\u00fan ingreso y no exist\u00edan cuentas para rendir, que hasta el momento \u00e9stos le adeudaban varios meses de alquiler.   <\/span><\/p>\n

        <\/span><\/p>\n

      7. El 24 de julio de 2015, los demandados, solicitaron que ante las dificultades que ten\u00edan para soportar la operaci\u00f3n agropecuaria desarrollada en la hacienda, se autorizara arrendar el terreno a una firma dedicada al cultivo de heno en la regi\u00f3n (Grupo Panaca), por un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de siete a\u00f1os y por el valor de $4\u2019000.0000 mensuales, dineros que ser\u00edan consignados directamente a \u00f3rdenes del Juzgado.  <\/span><\/p>\n

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       8. En atenci\u00f3n a lo anterior, en auto fechado el 15 de diciembre de 2015, se requiri\u00f3 al auxiliar para que presentara cuentas detalladas de su gesti\u00f3n, debi\u00e9ndose pronunciar expresamente, sobre la posibilidad ofrecida por la parte pasiva de arrendar el predio.  <\/span><\/p>\n

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     9. El 24 de febrero de 2016, el secuestre manifest\u00f3 que ha presentado la cuenta de cobro a los due\u00f1os por la suma de $84.000.000, y que \u00e9stos se han negado a pagar los c\u00e1nones de arrendamiento, as\u00ed como a desocupar el predio para alquilarlo a otra persona.  <\/span><\/p>\n

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     10. Las cuentas presentadas por el secuestre fueron objetadas por la parte demandada, quien manifest\u00f3 que era il\u00f3gico que debieran cancelar arriendo de su propiedad, en especial cuando la misma se encontraba mal administrada por el secuestre, quien no ha ejercido su labor en correcta forma, en cuanto al cuidado del inmueble, los gastos que genera y el pago de los trabajadores, incluso, ha olvidado realizar el mantenimiento que \u00e9ste necesita para que no se deteriore, limit\u00e1ndose a expedir cuentas mensuales de cobro con total desinter\u00e9s de las circunstancias reales del bien.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De igual forma indicaron, que contrario a lo dispuesto por el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 682 del CPC, la actitud y la actividad del secuestre han impedido continuar con el sistema de administraci\u00f3n de la finca, lo que los hab\u00eda obligado, incluso, a realizar directamente a ellos las acciones legales para proteger la misma, ante los actos de usurpaci\u00f3n y perturbaci\u00f3n del dominio por el tr\u00e1nsito de volquetas en la heredad ajenos a la actividad agropecuaria que ten\u00eda el predio, lo que ha generado m\u00faltiples perjuicios y demuestra la desidia  y falta de gesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

     <\/span><\/p>\n

      11. Por su parte el ejecutante se\u00f1al\u00f3 que son los demandados los que est\u00e1n entorpeciendo la labor del auxiliar en su calidad de administrador del predio.  <\/span><\/p>\n

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      12. El 11 de abril de 2016, el Despacho autoriz\u00f3 que el inmueble fuera entregado en arrendamiento a la persona sugerida por la parte pasiva y requiri\u00f3 al secuestre para que firmara el contrato respectivo, cuyos c\u00e1nones se deb\u00edan consignar en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del juzgado. Para lo cual se libr\u00f3 el correspondiente oficio al auxiliar de justicias.  <\/span><\/p>\n

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      13. El 12 de mayo de 2016, el secuestre inform\u00f3 que su funci\u00f3n es velar porque el predio no se deteriore y tenga una producci\u00f3n adecuada, y por tal raz\u00f3n al momento de arrendarlo ten\u00eda que deb\u00eda cerciorarse que el arrendatario sea una persona id\u00f3nea y cumpla con el pago de los c\u00e1nones, \u00abpor tanto no le parece que se le arriende a la persona sugerida\u00bb por cuanto al parecer se trata de un empleado de la parte pasiva, pero que en caso que el despacho insista en la orden, proceder\u00e1 a ejecutarla.  <\/span><\/p>\n

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        14. Mediante auto fechado 25 de mayo de 2016, se requiri\u00f3 al depositario para que explicara las razones por las cuales no hab\u00eda dado cumplimiento a la orden del juzgado, relativa a suscribir el contrato de arrendamiento con la persona ofrecida por los demandados aunado a que no hab\u00eda informado que exist\u00eda una servidumbre de tr\u00e1nsito en el predio que estaba afectando la propiedad.  <\/span><\/p>\n

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       15. El secuestre rindi\u00f3 sus explicaciones se\u00f1alando que la persona que le presentaron como supuesto arrendatario   \u00abparec\u00eda que ven\u00eda con ellos de La Finca\u00bb es decir con la parte pasiva, lo que a su juicio no le pod\u00eda tener confianza para entregarle el bien en arriendo y refiri\u00f3 que le resulta extra\u00f1a la actitud del juzgado, tratando de favorecer los intereses de la parte demandada, cuando son estos los que est\u00e1n incumpliendo por cuanto a la fecha adeudan $95.200.000.  <\/span><\/p>\n

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       17. El 19 de julio de 2016, el juzgado relev\u00f3 al auxiliar del cargo, pero tambi\u00e9n en su parte motiva, explic\u00f3 las razones por las que el contrato de arrendamiento suscrito por \u00e9ste no era v\u00e1lido ni vinculante para el Despacho o para las partes, por cuanto el secuestre carec\u00eda de facultad para suscribirlo o poder para entregarlo en alquiler, y se se\u00f1al\u00f3 que era necesario devolver lo consignado por el tercero como el primer canon para no afectar sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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18. Para sustentar su determinaci\u00f3n, indic\u00f3 que el objeto de la medida de secuestro, consiste en impedir que los demandados titulares de derecho de dominio, oculten o menoscaben los bienes, los deterioren o los destruyan, a fin de que pueda hacerse efectivo el cobro de un cr\u00e9dito y de que dentro de las facultades conferidas al secuestre, vinculadas con la administraci\u00f3n de la empresa agr\u00edcola o establecimiento de car\u00e1cter agr\u00edcola de acuerdo al art\u00edculo 682 del CPC (num. 8\u00ba), se encuentran proteger y cuidar, as\u00ed como promover y continuar con la referida explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, pero no se\u00f1ala la restituci\u00f3n, desplazamiento o desalojo del inmueble a su propietario.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que la pretensi\u00f3n del auxiliar de exigir a \u00e9stos cancelar c\u00e1nones de arrendamiento, por tener semovientes en el predio, sin siquiera tener contrato de arrendamiento, era un contrario a la l\u00f3gica y a las normas regulatorias del secuestro, as\u00ed como una extralimitaci\u00f3n de sus funciones,  como quiera que el secuestro no era un tipo de expropiaci\u00f3n, que le quitara el dominio a sus propietarios, por lo que si \u00e9stos estaban en dicho lugar, no era procedente requerirlos para que desocuparan o pagaran una renta, por tenerlos all\u00ed.  <\/span><\/p>\n

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Ni muchos menos, suscribir un contrato de arrendamiento con un tercero por cuanto de conformidad con los dispuesto en los art\u00edculos 52 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil, el secuestre debe tener autorizaci\u00f3n para suscribir convenio de dicha naturaleza, por cuanto dicha actividad se sale de los l\u00edmites de las facultades ordinarias y necesita poder especial, con el cual no se contaba en esta oportunidad, por cuanto el juez \u00fanicamente hab\u00eda dado su aprobaci\u00f3n frente a la posible negociaci\u00f3n con sociedad indicada por la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         19. En providencia de 22 de julio de 2016, el Despacho adicion\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, tras considerar que omiti\u00f3 en su resolutiva dejar sin efectos el contrato de arrendamiento suscrito por el secuestre y el ahora tutelante.  <\/span><\/p>\n

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        20. Inconforme con la decisi\u00f3n el secuestre interpuso recurso de reposici\u00f3n tras advertir que si present\u00f3 las rendiciones de cuentas correspondientes; que se vio obligado a arrendarlo a una persona que si paga arriendo y que se relev\u00f3 sin darle la oportunidad de defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        21.  El 26 de septiembre de ese a\u00f1o se mantuvo la determinaci\u00f3n adoptada y deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por improcedente. [Folio 262, expediente]  <\/span><\/p>\n

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       22. En desacuerdo el auxiliar de la justicia interpuso recurso de reposici\u00f3n y solicit\u00f3 expedici\u00f3n de copias para tramitar recurso de queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       23. El 20 de octubre de 2016, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que relev\u00f3 al secuestre y se orden\u00f3 la reproducci\u00f3n de las piezas procesales necesarias para el recurso de queja, el cual se encuentra pendiente por resolver. [Folio 271, expediente]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         24. El auxiliar de la justicia tambi\u00e9n recus\u00f3 a la juez accionada con fundamento en las causales 1 y 9 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, pretensi\u00f3n que fue rechazada de plano el 28 de octubre de ese a\u00f1o. [Folio 27, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        25. En criterio del peticionario del amparo, con la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado en el sentido de dejar sin efectos el contrato de arrendamiento celebrado el 27 de junio de 2016 con el secuestre, se vulneraron sus derechos por cuanto previo a suscribir el acuerdo verific\u00f3 que el auxiliar de la justicia tuviera capacidad para suscribir la convenci\u00f3n, situaci\u00f3n que se constat\u00f3 toda vez que fue designado y posesionado como tal en la diligencia de secuestro, autoridad judicial que le otorg\u00f3 las facultades de custodia y administraci\u00f3n del predio sin se\u00f1alarle ninguna limitaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         De igual modo expres\u00f3 que con la referida decisi\u00f3n el accionado realiz\u00f3 una declaraci\u00f3n que no le estaba permitida pues es una decisi\u00f3n que le corresponde a un proceso aparte con pretensiones declarativas, el cual se define mediante sentencia previo agotamiento del tr\u00e1mite con el ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n \u00abpor parte de los titulares de derechos emanados de la relaci\u00f3n jur\u00eddica plasmada en el mencionado contrato de arrendamiento\u00bb aunado a que al no ser parte en el asunto ejecutivo, \u00abno tiene legitimidad para oponerse a las decisiones proferidas al interior de ese proceso y que se convierte en un observador de piedra frente a las declaraciones que el juzgado accionado profiere sin la posibilidad de su intervenci\u00f3n, sobre derechos que adquiri\u00f3 a trav\u00e9s de un acuerdo contractual que el juzgado accionado sin ning\u00fan sustento pretende desconocer\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      De otra parte, manifest\u00f3 que en la determinaci\u00f3n  adoptada, el despacho omiti\u00f3 su deber de motivar su decisi\u00f3n pues no menciona la norma jur\u00eddica que lo autorice a decretar la anulaci\u00f3n del contrato o se\u00f1alar que no produce efectos. [Folio 30-40, c.1]   <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 43, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Los vinculados Lu\u00eds Octavio Betancur \u00c1lvarez y H\u00e9ctor Alberto Betancur Yepes, parte demandada en el proceso cuestionado se opusieron a la prosperidad del amparo para cuyo efecto mencionaron que el accionante no se encuentra legitimado para interponer la presente acci\u00f3n por no ser parte en el proceso ejecutivo y lo que busca es dilatar el asunto para frenar la entrega del bien a la nueva secuestre asignada por el juzgado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1alaron que la apoderada del tutelante es la misma que represent\u00f3  al secuestre que fue relevado de su cargo al interior del proceso y en  las actuaciones por ella desarrolladas en ning\u00fan momento hizo alusi\u00f3n al  contrato de arrendamiento en menci\u00f3n.  [Folios 52-53, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el apoderado de la parte demandante en el proceso ejecutivo alleg\u00f3 escrito en el que solicit\u00f3 su intervenci\u00f3n a manera de agente oficioso, sin embargo no se tuvo en cuenta sus manifestaciones al no acreditarse que el ejecutante no se encontrara en imposibilidad de promover su propia defensa. [Folios 55-61, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 11 de enero de 2017, el Tribunal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n tras considerar que el juzgado accionado en la decisi\u00f3n fechada 22 de julio de 2016 que resolvi\u00f3 dejar sin efectos el contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre y el actor carece de motivaci\u00f3n por cuanto no expuso las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que conllevaron a tomar su decisi\u00f3n, situaci\u00f3n que la deslegitima como tal y conlleva a que se haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente dispuso dejar sin efectos la citada providencia y orden\u00f3 al accionado adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual especificar\u00e1 los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la determinaci\u00f3n de dejar sin efectos el referido contrato de arrendamiento. [Folios 92-96, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, el accionante la impugn\u00f3 tras considerar que si bien el fallo resolvi\u00f3 amparar sus derechos fundamentales tal orden no es suficiente pues no contempl\u00f3 sino uno de los motivos de afectaci\u00f3n expuestos en el escrito de tutela y gener\u00f3 \u00abuna ambig\u00fcedad\u00bb pues no estudi\u00f3 la violaci\u00f3n que implica realizar la declaraci\u00f3n de dejar sin efectos el prenombrado contrato de arrendamiento en un proceso ejecutivo donde el arrendatario del contrato no es parte y no tiene ning\u00fan medio procesal para controvertir esa decisi\u00f3n, salvo la acci\u00f3n de tutela y por tanto la orden debi\u00f3 \u00abapuntar que aquel que estuviera interesado en declarar la terminaci\u00f3n del contrato o alg\u00fan tipo de ineficacia, deb\u00eda iniciar la acci\u00f3n ordinaria a trav\u00e9s de un proceso declarativo.\u00bb [Folios 124-137, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Uno de los motivos que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia en contra de la que se dirigi\u00f3  el reclamo en tutela, esto es, la proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos el 22 de julio de 2016, por medio del cual se adicion\u00f3 la providencia de 19 de julio ese ese mismo a\u00f1o, y se dispuso dejar sin efectos el contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre relevado y el accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional, como pasa a explicarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. En primer lugar es necesario aclarar, que el prove\u00eddo de 22 de julio de 2016, contra el que se dirigi\u00f3 la acci\u00f3n, s\u00f3lo adicion\u00f3 la parte resolutiva del auto de 19 de julio de 2016, por cuanto en \u00e9ste \u00faltimo pese a que en la considerativa se indic\u00f3 que el contrato de arrendamiento no era v\u00e1lido y se expusieron los motivos para llegar a dicha conclusi\u00f3n, as\u00ed como se se\u00f1al\u00f3 que se ordenar\u00eda entregar al tercero la restituci\u00f3n del canon que hab\u00eda cancelado para no afectar sus derechos, no se dispuso en el resuelve sobre tales situaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed que no puede tomarse de manera aislada la referida determinaci\u00f3n y se\u00f1alarse que carec\u00eda de motivaci\u00f3n, como lo realiz\u00f3 el Tribunal Superior, ni como lo pretende el tutelante, sino que es necesario, que se analicen conjuntamente las dos providencias como una sola, para verificar la vulneraci\u00f3n o no de los derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, r\u00e1pidamente se deduce, que contrario a lo afirmado por el a-quo al conceder el amparo, la decisi\u00f3n censurada no carece de motivaci\u00f3n, pues los argumentos reposan en primera parte de la determinaci\u00f3n contenida en el auto de 19 de julio de 2016, en la que claramente se explicitaron los motivos para dejar sin efectos el contrato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Ahora bien, revisadas las consideraciones dispuestas en el referido prove\u00eddo, se encuentra que obedecen a una legitima interpretaci\u00f3n de las normas que regulan las medidas cautelares (art. 599 y ss. C.G.P y 682 y 683 C.P.C), las funciones y facultades del secuestre (Art. 52 CGP y Arts. 2275, 2158, 2279 y ss. C.C), as\u00ed como los hechos del caso en concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el fallador, indic\u00f3, que en nuestro sistema jur\u00eddico el secuestro consiste en depositar o confiar una cosa en poder de una tercera persona, que se conoce como secuestre (art. 2276 C.C) designado por el juez de la lista de auxiliares, cuando la medida se da dentro de un proceso judicial, cuyo objeto consiste en impedir que el demandado titular sobre el cual recae la cautela de embargo, oculte o menoscabe los bienes, los deteriore o destruya, de forma tal que \u00abse impida la burla al pago perseguida con ellos, o se asegure la entrega que en el juicio se ordene, tal como sucede en reivindicaciones y sucesiones, as\u00ed como cuando se remata el inmueble y se ordena su entrega\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, se\u00f1al\u00f3 que en la diligencia de secuestro del asunto, le fue entregado al auxiliar de justicia la finca propiedad de los demandados, \u00abadvirti\u00e9ndole que al encontrarse una actividad agr\u00edcola en el predio, este deb\u00eda continuar con sus administraci\u00f3n en los t\u00e9rminos del numeral 8\u00ba del Art. 682 del C. de P. Civil, el cual estipula que \u201c\u2026si el secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el secuestre asumir\u00e1 la direcci\u00f3n  y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administraci\u00f3n vigente. El gerente o administrador continuar\u00e1 en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podr\u00e1 ejecutar acto alguno sin su autorizaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dentro de las facultades, otorgadas al auxiliar de justicia, cuando el secuestro se realiza de acuerdo al numeral 8 del art\u00edculo 682 del C\u00f3digo de Procedimiento, norma vigente para el momento del secuestro, en ninguna parte se refiere a la restituci\u00f3n, desplazamiento o desalojo del inmueble de su titular de dominio, por el contrario, prescribe \u00abel art\u00edculo 683 ib, \u201ctendr\u00e1 la custodia de los bienes que se le entreguen\u201d, bajo el entendido de protegerlo y cuidarlos, y trat\u00e1ndose de empresas agr\u00edcolas, promover y continuar con la referida explotaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, refiri\u00f3 el juez, que la exigencia del auxiliar de justicia al solicitar a los propietarios de los demandados que pagar\u00e1n arriendo por el inmueble, contiene una contradicci\u00f3n l\u00f3gica, que no tiene asidero jur\u00eddico, ni en el sentido com\u00fan, porque primero no exist\u00eda soporte contractual, como quiera que \u00e9stos jam\u00e1s suscribieron convenio al respecto, como tampoco legal, por lo que correspond\u00eda a \u00abuna extralimitaci\u00f3n en sus funciones, m\u00e1xime cuando \u00e9l no estaba autorizado legalmente, antes de haya una orden judicial, para obtener la restituci\u00f3n del inmueble o para desalojar a los propietarios de su fundo o heredad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y aclar\u00f3, \u00abdiferente es el caso en cual cuando el inmueble se encuentra arrendado, ya que al entreg\u00e1rsele el bien al secuestre, este continuar\u00e1 percibi\u00e9ndolos c\u00e1nones de arrendamiento, present\u00e1ndose en el contrato un desplazamiento temporal ora definitivo, del propietario por el secuestre, o cuando es un inmueble est\u00e1 abandonado y es improductivo, el auxiliar en virtud de sus funciones, previa autorizaci\u00f3n, puede entregarlo a un tercero en arrendamiento, para que rente frutos civiles que har\u00e1n menos gravoso el pago del deudor\u2026 Hip\u00f3tesis que no pueden descontextualizarse y aplicarse inveteradamente, para eventos en el que el titular del dominio est\u00e1 administrando y trabajando la propiedad, por cuanto, afecta sus derechos sustanciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  Sentado lo anterior, indic\u00f3, en el caso \u00abel secuestre no recibi\u00f3 autorizaci\u00f3n del Despacho para que arrendara directamente el inmueble que estaba en manos de sus propietarios, debido a que \u00e9stos no se hab\u00edan retirado y estaban realizando inversiones mensuales en gastos de trabajadores e insumos de mantenimiento, afirmaci\u00f3n que se aprecia a partir del principio de la buena fe\u2026 no resuelta comprensible , c\u00f3mo es que entrega en arrendamiento la finca\u2026 pasando de largo sobre el hecho concreto de que su funci\u00f3n de secuestre en este caso, no lo habilitaba para arrendarla\u00bb, como quiera que al remitirse a lo dispuesto en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo General, el cual prescribe: \u00abel secuestre tendr\u00e1, como depositario, la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el C\u00f3digo Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que teniendo el \u00absecuestre la calidad de depositario conforme a los par\u00e1metros del C\u00f3digo Civil, del cual consiste en confiar a una persona una cosa para que se encargue  guardarla  y restituirla cuando le sea solicitado, su proceder relativo a entregar un inmueble sin haber mediado autorizaci\u00f3n del Despacho, termina siendo excesivo y abusivo\u00bb, en especial, cuando el art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil que establece las funciones del mandatario, calidad en la que act\u00faa el secuestre, indica que: \u00abEl mandato no confiere naturalmente al mandatario m\u00e1s que el poder de efectuar los actos de administraci\u00f3n, como son pagar las deudas y cobrar los cr\u00e9ditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra, y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, f\u00e1bricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado\u2026 Para todos los actos que salgan de estos l\u00edmites, necesitar\u00e1 de poder especial.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, concluy\u00f3, que el auxiliar de justicia para entregar en arrendamiento el inmueble a un sujeto diferente del autorizado por el Despacho \u00abrequer\u00eda de una autorizaci\u00f3n especial, la cual no le hab\u00eda sido dada, motivo que permite determinar la extralimitaci\u00f3n en sus funciones\u00bb y consecuencialmente \u00abque el contrato de arrendamiento no es v\u00e1lido ni vinculante para el Despacho, y menos para los demandados, por carecer el secuestre-arrendador de facultad o poder para entregar en arrendamiento la propiedad\u00bb y por ello ordenar\u00eda, la devoluci\u00f3n del mes de arrendamiento que hasta esa fecha hab\u00eda consignado el tercero, para no vulnerar sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a subjetivos disensos frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a su conclusi\u00f3n, inconformidades que, naturalmente, exceden el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1xime, cuando es claro que el tutelante, a pesar de ser un tercero en el proceso, conoc\u00eda de la calidad del secuestre de quien le arrend\u00f3, e incluso, se sujet\u00f3 al suscribir el contrato a que su vigencia se supeditara a lo resuelto en el litigio, y que pudo verificar de igual forma, que \u00e9ste carec\u00eda de la referida facultad, por cuanto el juez no \u00e9l hab\u00eda autorizado expresamente a arrendarle a \u00e9l, teniendo en cuenta que dentro de las funciones generales de cualquier administrador, no se encuentra la de disponer del bien.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed que no existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto sustantivo o procedimental, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante, por lo que se revocar\u00e1 el fallo del Tribunal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Resulta pertinente precisar, en este punto, que aunque quien impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado fue el accionante, al que el Tribunal le hab\u00eda concedido el amparo que en esta instancia se revocara, tal circunstancia no limita la determinaci\u00f3n que debe tomarse en esta instancia, como quiera que el juez de tutela tiene como facultad modificar la providencia atacada sin restringir su an\u00e1lisis al contenido del recurso, ello puesto que, por v\u00eda de tutela, \u00ablos jueces de segunda instancia tienen plena competencia para variar el fallo sometido a su an\u00e1lisis si estiman que contraviene las disposiciones constitucionales (Cfr. sentencias CC T-138\/93, T-231\/94 y T-400\/96) o que est\u00e1n afectados o consagrados derechos fundamentales que no fueron objeto de aqu\u00e9l pero que, a la luz de la Carta Pol\u00edtica, es imperativo tutelar\u00bb.  (CSJ, STC. 7. Oct. 2014, rad. 129-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, se ha establecido:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas fundamentales y especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la no reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (\u2026) Al respecto esta Sala ha sostenido que \u2018[l]a tutela por la finalidad para la cual fue instituida, y los derechos e intereses superiores que con ella busca la Carta Pol\u00edtica garantizar, no est\u00e1 limitada por el principio de la reformatio in pejus, lo cual comporta que el juzgador que conoce de la impugnaci\u00f3n de una acci\u00f3n de amparo est\u00e1 facultado para modificar el fallo opugnado aunque la decisi\u00f3n que adopte pueda perjudicar al \u00fanico recurrente, toda vez, que como ya se dijo, lo que se persigue es hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad humana y los derechos b\u00e1sicos de las personas (\u2026) (CSJ STC, 1\u00ba feb. 2012, rad. 00164-01; ver en el mismo sentido CSJ STC, 30 nov. 2012, rad. 00405-01; CSJ STC, 9 sep. 2013, rad. 2013-00148-01, CSJ STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-00861-01 y CSJ STC, 5 feb. 2014, rad. 2013-01199-02).  <\/span><\/p>\n

5. Seg\u00fan lo expuesto en forma precedente,  y en atenci\u00f3n a que se impon\u00eda denegar el amparo, se revocar\u00e1 el fallo proferido en la primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ      STC4874-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00448-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de abril de dos mil      diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100560"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100560\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}