{"id":100561,"date":"2026-06-25T21:06:20","date_gmt":"2026-06-25T21:06:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4875-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:20","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:20","slug":"stc4875-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4875-2017\/","title":{"rendered":"STC4875-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4875-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00139-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 3 de marzo de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., el Alcalde de esa ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el querellante promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular N\u00ba \u00ab2015 263\u00bb contra Seguros Bol\u00edvar S.A.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, \u00absolicite ver la acci\u00f3n popular, empero la empleada que me atendi\u00f3, me dijo que ten\u00eda que pagar el desarchivo de mi acci\u00f3n Constitucional. Como Ciudadano lego en derecho, manifiesto que desconozco la norma legal que exige el pago para el desarchivo de una acci\u00f3n CONSTITUCIONAL, pues no me he enterado que se deba pagar para desarchivar la tutela o una acci\u00f3n popular\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. En virtud de lo enunciado, considera vulnerados  sus prerrogativas al \u00abdebido proceso, la igualdad y la debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb y pide, en consecuencia que, \u00abse ordene AL JUZGADO TUTELADO QUE DE MANERA INMEDIATA SE SIRVA DESARCHIVAR Y DEJAR A MI DISPOCISION (SIC) LA ACCION DE RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL (\u2026) ORDENE AL TUTELADO PARA QUE PRUEBE QUE NORMA LEGAL SE AMPARA PARA EXIGIR EL PAGO ECON\u00d3MICO PARA DESARCHIVAR LA ACCI\u00d3N CONSTITUCIONAL (\u2026) TRAMITAR TUTELA CONTRA LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN  MANIZALES A FIN DE DETERMINAR SI VIOLA LA LEY 734 DE 2002 (\u2026) AL NEGARSE A IMPETRAR TUTELAS Y ACCIONES POPULARES A MI NOMBRE\u00bb (f. 1, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (f. 9 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Municipio de Pereira, a trav\u00e9s de apoderado judicial adujo que el ente territorial carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no est\u00e1 llamado a responder por la posible vulneraci\u00f3n que aduce el demandado, por lo cual solicit\u00f3 que fuese negado el amparo y que se desvinculara del tr\u00e1mite (ff. 18 y 19, ib).    <\/span><\/p>\n

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3. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 los documentos solicitados y precis\u00f3 que \u00abla precitada acci\u00f3n popular se encuentra archivada desde el 9 de febrero de 2017, por cuanto fue terminada por desistimiento t\u00e1cito el 27 de enero de 2017\u00bb (ff. 21 y 22 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar, por conducto del representante legal afirm\u00f3 que la entidad \u00abno ha incurrido en violaci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental consagrado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela (ff. 23 a 26 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, dado que el accionante no elev\u00f3 solicitud formal ante el juzgado \u00abpara obtener se desarchive la acci\u00f3n popular\u00bb .  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, dispuso que se despachar\u00eda desfavorablemente la solicitud y orden\u00f3 imponerse la sanci\u00f3n, de conformidad al inciso tercero del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, equivalente a un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente (ff. 30 a 34 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El recurrente la formul\u00f3, indicando que \u00abSOLICITO AMPARAR MI ACCION, Y REPITO REQUIERO SE ME PRUEBE MI TEMERIDAD Y MALA FE\u00bb. (f. 37, Cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.        En este evento, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad y al no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente el examen de los aspectos propuestos como censura contra la actuaci\u00f3n cuestionada, est\u00e1 vedado por la apat\u00eda del reclamante al no haber elevado solicitud formal al juzgado acusado para que \u00e9ste procediera al desarchivo de la acci\u00f3n popular, pese al desacuerdo que ahora reprocha en esta sede y sobre el cual nada obra en el expediente, lo anterior, imposibilita la acreditaci\u00f3n de la veracidad de los hechos que denuncia el recurrente por lo que supone el fracaso del amparo, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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La Sala ha sido enf\u00e1tica al indicar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, en lo que concierne a la sanci\u00f3n pecuniaria por temeridad propia de esta especie de tr\u00e1mite, \u00e9sta Colegiatura en sentencia STC4576-2017 de 30 de marzo de 2017, dispuso lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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