{"id":100562,"date":"2026-06-25T21:06:26","date_gmt":"2026-06-25T21:06:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4876-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:26","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:26","slug":"stc4876-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4876-2017\/","title":{"rendered":"STC4876-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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STC4876-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00099-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Civil Circuito de Dosquebradas (Risaralda) y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Guillermo Casta\u00f1eda Sandoval, Juan David L\u00f3pez G\u00f3mez, Gerardo Alberto Ram\u00edrez Rivera, Carlos Alberto N\u00fa\u00f1ez Mart\u00ednez, el Banco Davivienda S.A., la Alcald\u00eda del referido municipio, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico, estos dos \u00faltimos de la Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pidi\u00f3 declarar que: (i) la sede judicial accionada perdi\u00f3 la competencia para continuar tramitando las acciones populares radicadas bajo los nos. 2009-00059 y 2009-00259, dado que expir\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, para dictar sentencia; y (ii) la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas incumpli\u00f3 el deber de impetrar y de asistirlo en las acciones de tutela y populares, a pesar de solicit\u00e1rselo en m\u00faltiples ocasiones (folios 1 y 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente, puede colegirse que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El accionante es demandante y coadyuvante en dos acciones populares, a saber, la n\u00ba 2009-00059 contra el Banco Davivienda S.A. y la n\u00ba 2009-00259 frente al Banco de Bogot\u00e1, respectivamente, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En dichos tr\u00e1mites fue requerido a efecto de que realizara la publicaci\u00f3n para enterar a la comunidad de la existencia de los mismos; sin embargo, no cumpli\u00f3 esa carga procesal aduciendo que carec\u00eda de medios econ\u00f3micos, raz\u00f3n por la cual el despacho dispuso que la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas la cumpliera; ente que inform\u00f3 que tal funci\u00f3n le incumb\u00eda al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A su vez, esta \u00faltima entidad dijo que en varias acciones de id\u00e9ntico linaje incoadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, \u00e9ste result\u00f3 sancionado con multas a favor del mencionado fondo, las que a\u00fan adeuda; explic\u00f3 que \u00aben reuni\u00f3n de comit\u00e9 t\u00e9cnico, se decidi\u00f3 no financiar las acciones populares donde el actor sea el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga\u2026 se\u00f1ala[ndo] que \u2026 se reserva el derecho de seleccionar las acciones que a su juicio conviene respaldar econ\u00f3micamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, indic\u00f3 que el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 da la opci\u00f3n al juez de conocimiento de utilizar emisoras comunitarias, p\u00e1ginas web, fijaci\u00f3n de avisos de notificaci\u00f3n en las entidades p\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        En raz\u00f3n de tal facultad, el 8 de febrero de 2017 el despacho criticado orden\u00f3 fijar el aviso de que trata el citado precepto, inform\u00e1ndole a la comunidad en general la existencia de los radicados nos. 2009-00059 y 2009-00259, tanto en la secretar\u00eda de esa sede judicial como en la Alcald\u00eda Municipal de Dosquebradas.   <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas hizo un recuento pormenorizado de las actuaciones surtidas en la acciones populares nos. 2009-00059 y 2009-00259, manifestando que est\u00e1n lejos de conculcar las garant\u00edas superiores del quejoso, pues, por el contrario, \u00e9ste ha sido renuente al cumplimiento de las cargas procesales que le competen; agreg\u00f3 que la p\u00e9rdida de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso se aplica para demandas instauradas a partir del 1\u00ba de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Puso de relieve la comunicaci\u00f3n remitida por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensor\u00eda del Pueblo con destino a diferentes acciones populares promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, mediante la cual daba respuesta negativa a la solicitud de financiaci\u00f3n de tales tr\u00e1mites, por cuanto en reuni\u00f3n de comit\u00e9 t\u00e9cnico se decidi\u00f3 \u00abno financiar las acciones populares donde el actor sea el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga\u00bb, toda vez que pese a las funciones asignadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos por el art\u00edculo 71 de la ley 472 de 1998, tal norma da la posibilidad de evaluar las solicitudes de financiaci\u00f3n presentadas y elegir aquellas que en su criterio ser\u00eda conveniente respaldar, lo cual se realiza atendiendo criterios como \u00abla magnitud y las caracter\u00edsticas del da\u00f1o, el inter\u00e9s social, la relevancia del bien jur\u00eddico amenazado o vulnerado y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los miembros de la comunidad o del grupo\u00bb; adujo que en 56 acciones populares promovidas \u00abde manera irresponsable\u00bb por el gestor fue sancionado con multas a favor del referido fondo, por la suma total de 191 millones 396 mil 250 pesos, la cual a\u00fan no ha pagado (folios 12 a 19 y 36 a 43, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Procuradur\u00eda Regional Risaralda indic\u00f3 que ha designado diferentes profesionales \u00abpara dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998\u00bb, pero como la acci\u00f3n popular que origina la queja constitucional no fue promovida por la entidad le resulta ajena la censura planteada. Por lo tanto, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva, recordando que como ente de control, podr\u00e1 verificar la salvaguarda de los derechos colectivos en la diligencia de pacto de cumplimiento (folio 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        La Alcald\u00eda del Municipio de Dosquebradas indic\u00f3 que no ha desconocido los derechos del reclamante; que no se le puede endilgar responsabilidad alguna, dado que los reproches fueron dirigidos contra el Juzgado Civil del Circuito de esa localidad (folios 30 a 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        Davivienda S.A. rog\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, por improcedente, destacando que fue notificada de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2009-00059, en la cual la \u00faltima actuaci\u00f3n desarrollada data del 1\u00ba de febrero de 2017, destacando que el tr\u00e1mite se ha adelantado observando los mandatos legales (folios 51 a 61, cuaderno1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras estimar que las probanzas allegadas a la tutela daban cuenta que el solicitante no ha elevado petici\u00f3n alguna atiente a obtener la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual impide conceder la protecci\u00f3n por incumplir el requisito de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente no accedi\u00f3 al resguardo incoado frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas porque el quejoso, a pesar del requerimiento que se le hizo, no se\u00f1al\u00f3 y menos acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara tutelas en su nombre; por lo tanto, concluy\u00f3 que no ha incurrido en la vulneraci\u00f3n endilgada (folios 83 a 87, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso bajo examen, infiere la Corte que dos son las quejas incoadas por el gestor del amparo, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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(i)        Cuestion\u00f3 el hecho de que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas no haya declarado la falta de competencia para continuar tramitando las acciones populares radicadas bajo los nos. 2009-00059 y 2009-00259, pues, en su sentir, feneci\u00f3 el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar la decisi\u00f3n de fondo, sin que lo hubiese hecho.  <\/span><\/p>\n

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(ii)        Censur\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas porque se ha negado a formular acciones de tutela y populares en su nombre, as\u00ed como a asistirlo en el tr\u00e1mite de las mismas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas de ese modo las cosas, pronto advierte la Sala el fracaso del resguardo suplicado, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, de acuerdo con las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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a.)        En lo ata\u00f1edero al primer reproche, auscultados los diligenciamientos objeto de reclamo [2009-00059 y 2009-00259], tal y como lo manifest\u00f3 el a-quo constitucional, no se vislumbra actividad alguna desplegada por el accionante atinente a solicitar a la autoridad criticada la aplicaci\u00f3n del referido art\u00edculo 121, es m\u00e1s, se observa que en el desarrollo de las actuaciones el actor ha sido requerido en varias oportunidades para que se avenga al cumplimiento de las cargas procesales que le incumben1, siendo \u00e9stas desatendidas a lo largo de dichos tr\u00e1mites; muestra de ello es el hecho de que el enteramiento a la comunidad de la existencia de aquellos asuntos se verific\u00f3 gracias a la gesti\u00f3n oficiosa de la sede judicial acusada. De suerte que al no haberse planteado tal tem\u00e1tica ante el fallador natural, no puede el juez de tutela ocuparse de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos al de ahora, se explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01).  <\/span><\/p>\n

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b.)        Con todo, resulta preciso se\u00f1alar que el plazo de un a\u00f1o establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia de primera instancia, se cuenta a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, en este caso, la contentiva de la acci\u00f3n popular; lo que a\u00fan no aparece cumplido en los asuntos en cuesti\u00f3n, pues, obs\u00e9rvese, que en el radicado n\u00ba 2009-00059, \u00fanicamente se ha realizado el enteramiento de la comunidad en general, pero no el relativo al Banco de Bogot\u00e1; mientras que en el radicado n\u00ba 2009-00259, apenas se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n a la comunidad y al Banco Davivienda S.A., luego el lapso legal ni siquiera ha concluido.  <\/span><\/p>\n

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c.)        Finalmente, en torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Caldas, esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

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Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por lo discurrido el fallo de primera instancia ser\u00e1 respaldado.   <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folios 17 y 41, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO      STC4876-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00099-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100562\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}