{"id":100563,"date":"2026-06-25T21:06:28","date_gmt":"2026-06-25T21:06:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4877-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:28","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:28","slug":"stc4877-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4877-2017\/","title":{"rendered":"STC4877-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4877-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2017-00018-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad, seguridad jur\u00eddica, debido proceso, defensa y buen nombre, supuestamente  vulnerados por las autoridades acusadas al rechazar la demanda verbal de \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb que interpuso como apoderado de Oliva G\u00f3mez Bautista contra Yesenia Vargas Manrique y la Comercializadora Isalejo S.A.S. y repartirla posteriormente al mismo juzgado.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que el Despacho convocado rechaz\u00f3 la demanda en tres ocasiones y el Centro de Servicios Judiciales de San Gil la asign\u00f3 al mismo funcionario de conocimiento, cuando debi\u00f3 enviarla a otro Juzgado conforme al Acuerdo 1472 del 26 de junio de 2002.   <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, revocar los autos proferidos y que se remita el asunto civil a otro juzgado (fls. 1 a 8, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de San Gil dijo que el procedimiento cuestionado es \u00absistem\u00e1tico\u00bb y el Juzgado que rechaza una demanda no queda excluido del reparto (fls. 19 a 21, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Segundo Civil del Circuito de esa ciudad inform\u00f3 que el accionante no interpuso recursos contra las decisiones que dict\u00f3 y que es ajeno al reparto (fl. 31, ib.).               <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, porque el interesado no formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra los pronunciamientos censurados. Tampoco accedi\u00f3 al resguardo contra el Centro de Servicios Judiciales, porque obr\u00f3 de conformidad con el Acuerdo PSAA05-2944 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura y surti\u00f3 el reparto de manera aleatoria, resaltando que en ese lugar hay s\u00f3lo dos Juzgados Civiles del Circuito (fls. 33 a 38, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El querellante reiter\u00f3 lo aducido en el escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que el reparto no fue aleatorio sino \u00abmanual\u00bb y los formatos en cada uno de esos casos es diferente. Asimismo, que su ataque no va dirigido contra las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil (fls. 4 a 10, cd. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

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       CONSIDERACIONES          <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde a la Corte determinar, inicialmente, si el memorialista est\u00e1 facultado para interponer la tutela y, de superarse lo anterior, si el Juzgado cuestionado vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales aducidas por rechazar la demanda verbal y, si el Centro de Servicios Judiciales de San Gil incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n irregular al repartirla al mismo Despacho.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto m\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. En lo que a la primera modalidad refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07).  <\/span><\/p>\n

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2. De acuerdo con ello y revisado el tr\u00e1mite surtido se establece que el peticionario no est\u00e1 facultado para interponer la presente tutela, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto civil s\u00f3lo le compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados, condici\u00f3n que detenta el actor, seg\u00fan se desprende de su propio dicho contenido en la tutela, cuando afirma que \u00abrecib\u00ed poder de la se\u00f1ora OLIVA G\u00d3MEZ BAUTISTA\u2026para iniciar un proceso ordinario, hoy verbal de mayor cuant\u00eda\u00bb (fl. 1, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Esta Sala ha expuesto sobre el particular que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, reiterada en STC3125 de mar. 8 2017).  <\/span><\/p>\n

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       Lo anterior, en raz\u00f3n a que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC 4 feb 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01).  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n\u2026todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u2026De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u2026La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ, SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC11060 de ago. 20 de 2015).  <\/span><\/p>\n

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Por ende, era perentorio que el querellante demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para representar  a Oliva G\u00f3mez Bautista (accionante en la contienda verbal y presunta agraviada) o, si pretend\u00eda actuar como su agente oficioso, alegar alguna circunstancia especial que le impidiera a aquella acudir por s\u00ed misma para defender sus derechos, omisiones que impiden estudiar de fondo las pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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Sobre esto \u00faltimo, la Sala ha considerado que: \u00aben lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 de nov. de 2010, exp. 00372-01, reiterada el 5 de mar. de 2014, STC2656).  <\/span><\/p>\n

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3. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la providencia reprochada, pero por los motivos antes expuestos.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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