{"id":100564,"date":"2026-06-25T21:06:33","date_gmt":"2026-06-25T21:06:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4878-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:33","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:33","slug":"stc4878-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4878-2017\/","title":{"rendered":"STC4878-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4878-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00042-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de febrero de 2017 por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Villegas Quiroz contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse revoque la sentencia de \u00fanica instancia proferida por el juzgado accionado, disponiendo que se estudien las pruebas aportadas conforme el principio de congruencia, esto es, con los hechos que modifican los documentos aportados con la demanda y las pruebas sobrevinientes a \u00e9sta\u00bb (folios 1 a 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Con Resoluci\u00f3n n\u00ba 176 de 1\u00ba de abril de 2014, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fij\u00f3 provisionalmente la cuota de alimentos a favor del imp\u00faber J.C.V.O.1  <\/span><\/p>\n

y en contra de Gerardo Villegas Quiroz, la suma de $400.000 mensuales y cuota extra por valor de $200.000 en junio y diciembre de cada a\u00f1o, para vestuario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Posteriormente, el gestor inco\u00f3 proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria contra Tal\u00eda Nausika Orozco Osorio, en representaci\u00f3n de su menor hijo J.C.V.O., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Neiva.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 el quejoso que tramitado el asunto, el 18 de enero de 2017 el despacho accionado neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que, en su sentir, contiene una indebida valoraci\u00f3n probatoria  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Relat\u00f3 que la determinaci\u00f3n referida a espacio vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado, pues las probanzas con las que se sustent\u00f3 la sentencia \u00absufrieron una modificaci\u00f3n sustancial por el exuberante tiempo que perdur\u00f3 el proceso, esto es, m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, un (1) mes y diecis\u00e9is d\u00edas (16)\u00bb, a m\u00e1s que la sede judicial acusada apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en los montos que cancela por \u00abcuotas bancarias, pago de servicios p\u00fablicos, la compra de un lote y de continuar prestando [sus] servicios en la empresa Ecopetrol\u00bb, empero, desconoci\u00f3 que para el d\u00eda del fallo sobrevino el embarazo de su compa\u00f1era permanente y sus ingresos mensuales no eran los mismos.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Huila se opuso a las pretensiones de la salvaguarda, argumentando que las garant\u00edas procesales y de defensa del actor se protegieron cabalmente en el juicio objeto de queja.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3 que se tuviera en cuenta la prevalencia de los derechos fundamentales y el inter\u00e9s superior del menor, conforme a los principios constitucionales y la jurisprudencia aplicable al caso concreto (folios 47 y 48, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Segundo de Familia de Neiva inform\u00f3 que la demanda fue presentada el 1\u00ba de diciembre de 2015, siendo inadmitida el 18 del mismo mes y a\u00f1o, posteriormente admitida el 10 de febrero de 2016 previa subsanaci\u00f3n y entregados los avisos de notificaci\u00f3n el 30 de junio siguiente, sin que desde la \u00faltima actuaci\u00f3n hasta el d\u00eda del fallo \u00abha[ya] transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, que es el t\u00e9rmino que se\u00f1ala el art. 121 del C. G. del P. como m\u00e1ximo para emitir sentencia\u00bb; agreg\u00f3 que la audiencia criticada se adelant\u00f3 con todas las etapas de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso (folio 50, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Nubia Delfina Rojas Vieda aport\u00f3 escrito indicando actuar como mandataria judicial de Tal\u00eda Nausika Orozco Osorio, sin anexar poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta (folios 60 a 62, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no resultaba arbitraria ni caprichosa, pues fue la conclusi\u00f3n del fallador criticado luego de analizar las probanzas aportadas por el mismo actor, a m\u00e1s prevaleci\u00f3 el inter\u00e9s superior del menor (folios 68 a 72, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 el actor reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo (folio 80 y vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la sentencia de 18 de enero de 2017, proferida por el despacho criticado, en el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria que inco\u00f3 el accionante contra Tal\u00eda Nausika Orozco Osorio, en representaci\u00f3n de su menor hijo, providencia en la cual no accedi\u00f3 a las pretensiones de aqu\u00e9l; determinaci\u00f3n que no  luce arbitraria.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, all\u00ed resalt\u00f3 la normatividad aplicable al caso concreto, referente al inter\u00e9s superior del menor, destacando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 el constituyente de 1991 elev\u00f3 a Canon Constitucional el car\u00e1cter prevalente de los derechos del ni\u00f1o, lo cual precis\u00f3 en el art\u00edculo 44, estando entre ellos precisamente el derecho a recibir una alimentaci\u00f3n equilibrada, al igual que a la salud, educaci\u00f3n y recreaci\u00f3n, teniendo la familia, sociedad y Estado, la obligaci\u00f3n de asistir y protegerlos para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral, pudiendo cualquier persona exigir, de la autoridad competente, su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del mismo modo el constituyente en el art\u00edculo 42 precis\u00f3 que las obligaciones familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, estando obligados a sostener y educar a los hijos que procreen, mientras sean menores o impedidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente el C\u00f3digo Civil determina en el art. 411, que se debe alimentos, entre otras personas, a los descendientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez el art. 419 determina que \u201cEn la tasaci\u00f3n de los alimentos se deber\u00e1n tomar siempre en consideraci\u00f3n las facultades del deudor y sus circunstancias dom\u00e9sticas\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed tambi\u00e9n, conforme al art\u00edculo 421 \u201cLos alimentos se deben desde la primera\u2026 demanda\u2026, y se pagar\u00e1n por mesada anticipada\u201d (sic), siendo el juez El juez quien reglar\u00e1 la forma y cuant\u00eda en que hayan de prestarse los alimentos\u2026\u201d, seg\u00fan el art. 423 \u00eddem, modificado por el art. 24 de la Ley 1a. de 1976.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en su art. 9\u00ba, sobre la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, determin[\u00f3] que: \u201cEn todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, como lo enuncia el inciso 8, art. 129 del C.I.A., \u201ccuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n\u2026\u201d. Este tr\u00e1mite para la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria, entre otros asuntos, lo regula el art. 390 y siguientes del C. G. del P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el objeto del litigio se concentra en la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria a cargo del demandante, y en favor de su hijo, fundamentado en esencia en que el actor no tiene la suficiente capacidad econ\u00f3mica para pagar la cuota impuesta por la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, mediante la Resoluci\u00f3n No 176 del 01 de abril de 2014, como que el v\u00ednculo o contrato de prestaci\u00f3n de servicios con la Alcald\u00eda de Neiva venc\u00eda el 31 de diciembre de 2015, teniendo otra serie de obligaciones que en la demanda invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, puso de presente, de cara al caso concreto, de donde se deriva la cuota alimentaria y las situaciones que deb\u00edan acreditarse para disminuir la misma, resaltando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 las actuaciones administrativas adelantadas por la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No 176 del 01 de abril de 2014, se impuso como cuota alimentaria provisional a favor del citado menor la suma de $400.000.oo mensuales, pagaderos los quince d\u00edas de cada mes a partir de abril de 2014, m\u00e1s una cuota extra semestral en junio y diciembre de cada a\u00f1o, por la suma de $200.000.oo cada una, sumas que se pagar\u00edan a favor de la demandada a trav\u00e9s de consignaci\u00f3n bancaria, acto contra el cual no se interpuso recurso alguno o se manifest\u00f3 inconformidad en la \u00e9poca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, es asunto que precisamente debe evidenciarse dentro de esta clase de tr\u00e1mites para determinar precisamente si es viable o no disminuir el valor de la cuota de alimentos actualmente vigente a favor del alimentario, debiendo indicarse que en este asunto no se toca para nada lo relacionado con el eventual incumplimiento en el pago de las distintas cuotas alimentarias que debe suministrar el accionante en favor de su hijo, pues este no es el objeto del litigio y en todo caso no impide, de ser viable, acceder a lo pretendido, pues con ello no se persigue ninguno derecho sobre el menor, sino un derecho propio en cabeza del actor, cual es la reducci\u00f3n de la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n alimentaria de acuerdo a sus condiciones econ\u00f3micas actuales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, tras examinar las probanzas decretadas, es decir, los interrogatorios de las partes y las documentales, en concordancia con las necesidades del menor, indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026aparece evidenciado dentro del juicio que el se\u00f1or Gerardo Villegas Quiroz ven\u00eda laborando para la Alcald\u00eda Municipal de Neiva, mediante Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios, tal como se desprende del documento a folios 16 a 19, pag\u00e1ndosele mensualmente con ocasi\u00f3n del mismo la suma de $2.200.000.oo, contrato que seg\u00fan su declaraci\u00f3n termin\u00f3 en diciembre de 2015. Igualmente, seg\u00fan la misma evidencia o declaraci\u00f3n de parte, el actor labor\u00f3 para la empresa Ecopetrol hasta diciembre de 2016, habi\u00e9ndosele pagado la suma de $4.700.000.oo por todo el a\u00f1o, lo que equivale a $391.666.66 mensuales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a esta declaraci\u00f3n, el demandante sigue confirmando\u2026 su situaci\u00f3n actual de desempleado, dedic\u00e1ndose a labores de fotograf\u00eda, para la cual es contratado de manera ocasional, como para cumplea\u00f1os, matrimonios y otros actos, no teniendo as\u00ed un ingreso fijo y, en todo caso, da a entender que no devenga suma superior al salario m\u00ednimo legal mensual, como tambi\u00e9n lo enunci\u00f3 el apoderado de esta parte en sus correspondientes alegatos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aport\u00f3 igualmente certificaci\u00f3n de cr\u00e9dito que tiene actualmente con la cooperativa Coonfie, prueba documental que demuestra la existencia de tal obligaci\u00f3n y cuota mensual a pagar por $804.280.oo, obligaci\u00f3n \u00e9sta que de una vez se indica, no puede ir en detrimento de la cuota de alimentos pues, como se mencion\u00f3 antes, esta \u00faltima prevalece sobre cualquier otra, m\u00e1xime cuando se trata de cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, aparece que el demandante reside en un inmueble arrendado, seg\u00fan contrato en copia aportado\u2026, pagando inicialmente la suma de $700.000.oo mensuales, contrato suscrito el 01 de marzo de 2015, pagando actualmente un canon de arrendamiento superior al mill\u00f3n de pesos en otro inmueble a donde se traslad\u00f3 junto con su actual compa\u00f1era, a lo cual se suman los costos de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, seg\u00fan documentos que aport\u00f3 en relaci\u00f3n con el primer inmueble donde resid\u00eda en la calle 50 No 22-07 apto 303 de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega el actor, que igualmente tiene cr\u00e9ditos con Bancolombia y almacenes \u00c9xito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con las probanzas referidas, se tiene que si bien el demandante alega que en estos momentos no tiene empleo fijo y que sus ingresos entonces son inferiores al salario m\u00ednimo, no se entiende como actualmente est\u00e9 pagando canon de arrendamiento y servicios p\u00fablicos que, como lo se\u00f1al\u00f3 la apoderada de la parte demandada, ascienden tales costos a aproximadamente $1.500.000.oo, sumado al pago de la cuota mensual del cr\u00e9dito de la Cooperativa Confi\u00e9 que llega a $804.280, m\u00e1s los cr\u00e9ditos a favor de Bancolombia y la empresa \u00c9xito, todo lo cual suma aproximadamente $3.000.000.oo, estando al d\u00eda en tales pagos, como se puede observar de la documentaci\u00f3n aportada\u2026, o en todo caso no se aleg\u00f3 expresamente haber entrado en cese de pagos por tales obligaciones, lo que demuestra que el accionante necesariamente tenga que devengar suma superior al citado valor para poder afrontar tal modo de vida, y no solo cantidad inferior o equivalente al salario m\u00ednimo. Vale decir, la afirmaci\u00f3n del actor se quiebra frente a los valores que dice asume actualmente por todos los conceptos antes enunciados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, como tambi\u00e9n lo reconoce, el a\u00f1o inmediatamente anterior adquiri\u00f3 bien inmueble por $36.000.000.oo, el que si bien actualmente no es productivo, tambi\u00e9n denota su capacidad econ\u00f3mica superior a la que se\u00f1ala para efectos de las pretensiones invocadas, lo que en efecto debi\u00f3 evidenciar ante las distintas entidades crediticias y de arrendamiento para que se le pudiera conceder los cr\u00e9ditos y suscribir el contrato de arrendamiento que actualmente tiene, valores de las cuotas o c\u00e1nones a las cuales no hubiera podido accederse con un salario m\u00ednimo legal como lo invoca, sino que necesariamente, se insiste, han debido ampararse en otra actividad productiva que hubiese mostrado ingresos equivalentes o superiores a los 3 o $4.000.000.oo, seg\u00fan valores antes enunciados, pues con un salario m\u00ednimo es imposible acceder a cr\u00e9ditos cuya cuota mensual sea superior a salario m\u00ednimo legal mensual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, debe tenerse presente que si bien al tenor del art. 97 del C. G. del P., la falta de contestaci\u00f3n de la demanda hace presumir como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n contenidos en ella, tal presunci\u00f3n en este caso aparece desvirtuada con la prueba en estudio previamente hecha (sic), de lo cual se desprenden las inferencias antes enunciadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, pues \u00e9sta obedeci\u00f3 a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente, al inter\u00e9s superior del menor, sus necesidades, la interpretaci\u00f3n prudente de las pruebas adosadas al proceso por las partes, tales como las documentales y los interrogatorios, y a un detenido estudio de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual del obligado a proporcionar alimentos; lo cual da cuenta, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela por el demandante, que se efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, garantizando los derechos de ambas partes, prevaleciendo los del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aquel como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al particular la Corte reiteradamente ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (Fallo de 28 de marzo de 2012, Exp. T. No. 54001-22-13-000-2012-00022-01) (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterado en STC3956-2015, 9 abr. 2015, rad. 2015-00037-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otra parte, es preciso indicar que el fallo rebatido no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo tanto, de cambiar las circunstancias del alimentario o el alimentante como tambi\u00e9n las condiciones econ\u00f3micas y las necesidades alimentarias del menor, pueden acudir a la justicia ordinaria para que se revise la cuota alimentaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Sala expuso que \u00abno resulta impertinente ni redundante a\u00f1adir que, trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, rad. 00139-01; y el 26 abr. 2013, rad. 00032-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 De aqu\u00ed en adelante para resguardar el derecho a la intimidad del ni\u00f1o conforme al art\u00edculo 33 de la Ley 1098 de 2006.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC4878-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00042-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100564\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}