{"id":100565,"date":"2026-06-25T21:06:42","date_gmt":"2026-06-25T21:06:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4882-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:42","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:42","slug":"stc4882-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4882-2017\/","title":{"rendered":"STC4882-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4882-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00106-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de marzo de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Idarraga, frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, el Agente del Ministerio P\u00fablico, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, la Personer\u00eda, la Alcald\u00eda,  y Coomeva EPS de la Virginia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el procedimiento de la acci\u00f3n popular N\u00ba \u00ab2015-107\u00bb en contra de la EPS Coomeva de la Virginia. Afirma adem\u00e1s que debi\u00f3 presentarla de manera directa, \u00abPUES LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN MANIZALES CDS, SE NIEGA A IMPETAR TUTELAS A MI NOMBRE, INCUMPLIENDO SU DEBER FUNCION\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2. Sustenta la queja indicando que ha solicitado al despacho judicial encartado dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En virtud de lo anterior, solicita que \u00abSe orden al tutelado DE MANERA INMEDIATA DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA en mi accion popular Y SE ENVIE MI ACCION AL JUEZ QUE LE SIGA EN TURNO Y SE COMUNIQUE AL CSJ SALA ADMINISTRATIVA\u00bb adem\u00e1s insiste en, \u00abTRAMITAR TUTELA CONTRA LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN  MANIZALES A FIN DE DETERMINAR SI VIOLA LA LEY 734 DE 2002 (\u2026) AL NEGARSE A IMPETRAR TUTELAS Y ACCIONES POPULARES A MI NOMBRE\u00bb (ff. 1,cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (f. 7 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Promiscua del Circuito de la Virginia Risaralda, manifest\u00f3 que se opon\u00eda a cada una de las pretensiones, dado que el accionante en el a\u00f1o anterior ha presentado ante ese estrado judicial ciento setenta (170) acciones populares, aduce que \u00aben el curso de este mes ha presentado 140 nuevas acciones populares, las cuales se han ido evacuando tratando de no perjudicar el desarrollo de los dem\u00e1s asuntos civiles, laborales, de familia y penales que tramita este despacho\u00bb, a su vez, aport\u00f3 las copias requeridas a trav\u00e9s de medio magn\u00e9tico (ff. 10 y 11 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. El Alcalde de ese lugar, manifest\u00f3 que \u00abel Municipio de la Virginia act\u00faa como garante de un derecho com\u00fan tanto en las Acciones ante el Juzgado de origen como en la presente Tutela (\u2026) Que en el expediente puede evidenciarse el cumplimiento de las instancias procesales y actuaciones por el accionante\u00bb (f. 12 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que la protecci\u00f3n propuesta resultaba prematura.  <\/span><\/p>\n

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Dispuso, en cuanto a la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, que se despachar\u00eda desfavorablemente la solicitud y orden\u00f3 imponerse la sanci\u00f3n, de conformidad al inciso tercero del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, equivalente a un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente (ff. 21 a 26 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante manifest\u00f3 que apelaba el fallo y solicit\u00f3 \u00abrevocar las costas ami contra y aplicar art 83 CN\u00bb (f. 30 Cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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La protecci\u00f3n mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub j\u00fadice, el amparo tiene origen en la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que reclama, en los cuales a juicio del recurrente ha incurrido el despacho judicial, al no dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no obstante, la Sala observa que el interesado mediante escrito de 12 de diciembre de 2016 (f.130 CD) formul\u00f3 id\u00e9ntica solicitud al juzgado, por lo cual, la petici\u00f3n se encuentra pendiente de ser resuelta por parte de \u00e9sta autoridad.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras STC6172-2015, 21 may 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00).  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, en lo que concierne a la sanci\u00f3n pecuniaria por temeridad propia de esta especie de tr\u00e1mite, \u00e9sta Colegiatura en sentencia STC4576-2017 de 30 de marzo de 2017, dispuso lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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