{"id":100566,"date":"2026-06-25T21:06:48","date_gmt":"2026-06-25T21:06:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4884-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:48","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:48","slug":"stc4884-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4884-2017\/","title":{"rendered":"STC4884-2017"},"content":{"rendered":"

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4884-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2017-00069-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda, al Ministerio P\u00fablico, y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por cuanto en la acci\u00f3n popular con radicado n.\u00b0 2016-00504-00 se le exigieron requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, lo que conllev\u00f3 a que fuera inadmitida, decisi\u00f3n contra la que interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, manteniendo su decisi\u00f3n y negando el medio de impugnaci\u00f3n subsidiario, y posteriormente se rechazara.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pretende, se ordene al juzgado accionado se \u00abse ordene inmediatamente admitir mi acci\u00f3n popular\u00bb y que \u00abse compulsen copias a quien corresponda\u00bb. [Folios 27-28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma el 17 de noviembre de 2016, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, con radicado n.\u00b0 2016-00504-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 21 de noviembre siguiente, el juzgado inadmiti\u00f3 la demanda porque el actor: (i) no alleg\u00f3 la prueba del domicilio de la parte demandada, con el certificado de la existencia y representaci\u00f3n legal; (ii) no indic\u00f3 el derecho colectivo que considera vulnerado y qui\u00e9nes podr\u00edan ser los perjudicados con tales infracciones; y (iii) no present\u00f3 la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n, para cuyo efecto concedi\u00f3 tres d\u00edas al peticionario para corregir dichas falencias, so pena de rechazo.  <\/span><\/p>\n

3. Inconforme con esta decisi\u00f3n, el tutelante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, tras considerar que \u00abPRETENDE imponerme exigencias o requisitos no ordenados en el art. 18 de la ley especial 472 de 1998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En auto de 16 de enero de 2017, el despacho no repuso su decisi\u00f3n y declar\u00f3 inadmisible el medio de impugnaci\u00f3n subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Posteriormente, el 6 de febrero del a\u00f1o cursante se rechaz\u00f3 la demanda por no haber subsanado las inconsistencias advertidas y se dispuso el archivo de la actuaci\u00f3n; determinaci\u00f3n contra la cual no se formul\u00f3 recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto se exigieron requisitos que no est\u00e1n contemplados para la admisi\u00f3n de las acciones populares, seg\u00fan el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. [Folios 27-28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 10 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda, el Ministerio P\u00fablico, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 31, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira se limit\u00f3 a remitir copia de la actuaci\u00f3n censurada por el quejoso. [Folio 33, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que su intervenci\u00f3n en las acciones populares est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos, en la etapa de pacto de cumplimiento. [Folio 41, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 que no est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva porque esa entidad no es la llamada a responder por los hechos alegados por el actor y, en efecto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. [Folios 51-54, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 23 de febrero de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo, debido a que, una vez verificada la actuaci\u00f3n procesal, se observ\u00f3 que el accionante no interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra la providencia que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular incoada por \u00e9l, es decir, no agot\u00f3 el medio ordinario de defensa que ten\u00eda a su alcance. [Folios 56-60, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual insisti\u00f3 en que debe concederse la protecci\u00f3n constitucional con \u00abBASE A LAS TUTELAS QUE MI BIEN PROFIRIO (sic) LA H CSJ\u00bb. [Folio 62, c. 1]  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n.\u00bb (CSJ STC, 13 ag. 2013, rad. 2013-00093-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del accionante, habida cuenta que la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra Audifarma fue inadmitida y posteriormente rechazada, con fundamento en la falta de tres exigencias no consagradas por el legislador en la normatividad especial que regula la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mediante prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2016, el despacho accionado decidi\u00f3 inadmitir la referida demanda para que el actor popular: (i) aportara prueba del domicilio de la parte demandada con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal; (ii) indicara el derecho colectivo que considera vulnerado y qui\u00e9nes podr\u00edan ser los perjudicados con tales infracciones; y (iii) presentara la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan su pretensi\u00f3n, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se encuentra que dicha providencia no se profiri\u00f3 de conformidad con la Ley Estatutaria 472 de 1998, que regula de forma especial la acci\u00f3n popular, establecida en el art\u00edculo 88 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo que vulnera los derechos del actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, establece el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 que para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

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b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

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e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

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f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

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g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en su inciso final indica que \u00abla demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, indica el art\u00edculo 20 de la referida normatividad, que el juzgador \u00abInadmitir\u00e1 la demanda que no cumpla con los requisitos se\u00f1alados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Normas de las que se desprende, que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica no es un presupuestos exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite, de conformidad con las normas especiales, \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en sentencia reciente esta Corporaci\u00f3n, en un asunto de similares caracter\u00edsticas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite de conformidad con las normas especiales, \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a las personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible, por lo que el mencionado documento no era requisito indispensable para admitir la demanda. (CSJ STC2809-2017, 2 mar. 2017, rad. 2016-01279-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, en relaci\u00f3n a la segunda exigencia, se establece que tambi\u00e9n la autoridad encartada incurri\u00f3 en error al omitir que efectivamente el actor en su demanda s\u00ed se\u00f1al\u00f3 los derechos colectivos que estim\u00f3 vulnerados por cuanto expuso como tales los se\u00f1alados en el \u00ab1 inciso m, d, l, ENTRE OTROS Q (sic) DETERMINE EL JUEZ, del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998, ley 361 de 1997, entre otras m\u00e1s\u00bb y tambi\u00e9n manifest\u00f3 que la entidad demandada no cuenta con \u00abun ba\u00f1o aptopra (sic) ciudadanos q (sic) se movilizan en silla de ruedas\u00bb. [Folio 34, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, en torno al tercer requerimiento, se observa que en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no se\u00f1ala que con la demanda deba probarse \u00ablos supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n\u00bb, toda vez que para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria, seg\u00fan los art\u00edculos 28 y siguientes, ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra ni omitir informaci\u00f3n que el accionante efectivamente aport\u00f3, y mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de 6 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto es necesario aclarar, que la acci\u00f3n popular fue establecida en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y reglamentada en la Ley 472 de 1998, norma en la que se dispusieron los requisitos especiales que debe cumplir la demanda y en qu\u00e9 en casos se puede inadmitir, por lo no es posible acudir a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para resolver tales temas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como base de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Al margen de lo anterior, es claro que en los dem\u00e1s procesos civiles, debe acreditarse la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que sean partes, as\u00ed como el domicilio de estas, con el certificado expedido por la entidad respectiva, para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, de acuerdo con los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual es posible con el documento respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, en la actualidad tal documento no puede exigirse por el Juez, cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb (Subrayado fuera del texto), tal cual lo establece el mentado precepto 85 ib\u00edd., mismo que tambi\u00e9n enfatiza: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n, que se advierte atiende a los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 103 de la codificiaci\u00f3n adjetiva civil, as\u00ed como la Ley 527 de 1999, que procuran que en todas las actuaciones judiciales se haga uso de las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo cual ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, encuentra importante relevancia en la acci\u00f3n popular, por tratarse de un \u00abmecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como de la prescripci\u00f3n de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u201cdemanda o petici\u00f3n\u201d (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998)\u00bb. (CSJ AC013-2017, 12 en. 2017, rad. 2016-03353-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que si los jueces advierten que no se alleg\u00f3 la prueba de existencia y representaci\u00f3n, pero que la persona jur\u00eddica es privada y que dicha informaci\u00f3n consta en la base de datos de las entidades p\u00fablicas o privadas que tienen a su cargo la certificaci\u00f3n de estas, deben acudir a tales registros, para verificar tal situaci\u00f3n, sin que se pueda inadmitir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que en el caso de las personas jur\u00eddicas controladas y vigiladas por las Superintendencias Financiera y la de Subsidio Familiar, as\u00ed como el Ministerio del Interior, encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n de las empresas y entidades religiosas a su cargo, de acuerdo con el art\u00edculo 326 del Estatuto Financiero y la Ley 25 de 1981, como quiera que tales entidades cuentan con base de datos en los cuales se puede verificar la existencia y representaci\u00f3n, as\u00ed como del domicilio de estas, seg\u00fan se puede verificar en las p\u00e1ginas web de cada una1, los jueces y magistrados, pueden consultarlas a fin de verificar el requisito referido en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, la Superintendencia Nacional de Salud2, lleva el Registro Especial de Prestadores de Salud, en donde se puede verificar la informaci\u00f3n antes mencionada, base de datos que tiene como funci\u00f3n documentar el funcionamiento y habilitaci\u00f3n de las empresas administradoras de planes de beneficios (Empresas Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Contributivo, Empresas Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Subsidiado, Medicina Prepagada y Servicios de ambulancia Prepagada), para acreditar que existe jur\u00eddicamente y est\u00e1n autorizadas para la operaci\u00f3n como actor en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo criterios t\u00e9cnicos de calidad, financiero y jur\u00eddicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s sociedades, que en su mayor\u00eda est\u00e1n inscritas en las C\u00e1maras de Comercio del pa\u00eds, que actualmente se agremian como Confec\u00e1maras, entidad privada sin \u00e1nimo de lucro, que administra el Registro \u00danico Empresarial y Social RUES desarrollado en virtud de la Ley 590 de 2000, en su calidad de particulares encargados de una funci\u00f3n administrativa p\u00fablica, tambi\u00e9n es posible tener acceso a esa informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 15 del Decreto 19 de 2012, aplicable a tal entidad, indica que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las entidades p\u00fablicas y las privadas que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos pueden conectarse gratuitamente a los registros p\u00fablicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas\u2026 en las condiciones y seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaci\u00f3n obviar\u00e1 la solicitud del certificado y servir\u00e1 de prueba bajo la anotaci\u00f3n del funcionario que efect\u00fae la consulta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que los despachos judiciales del pa\u00eds pueden solicitar a la entidad encargada de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal (Confec\u00e1maras), se les permita conectarse, es decir, acceder a esos registros, a fin de cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, caso el que cual dicha entidad tendr\u00e1 que informarles de qu\u00e9 forma podr\u00e1n ingresar y cu\u00e1les ser\u00e1n las seguridades requeridas para ello, usuario y contrase\u00f1as.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, la referida norma en su art\u00edculo 172, indica que:  <\/span><\/p>\n

A partir de abril de 2012, para fines informativos, las C\u00e1maras de Comercio dar\u00e1n acceso gratuito a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del RUES al menos a la siguiente informaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas incorporadas en su registro: C\u00e1mara de comercio donde se registra la persona, raz\u00f3n social, n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria, fecha de renovaci\u00f3n, fecha de matr\u00edcula, fecha de vigencia, tipo de organizaci\u00f3n, categor\u00eda de la matr\u00edcula, estado de la matr\u00edcula, actividad econ\u00f3mica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de dicha disposici\u00f3n Confec\u00e1maras, la entidad que se refiri\u00f3 antes es la administradora del Registro \u00danico Empresarial y Social, creo la p\u00e1gina web de RUES3, en el cual se puede hacer una consulta b\u00e1sica de la raz\u00f3n social de las personas jur\u00eddicas que certifica dicha entidad, as\u00ed como qui\u00e9nes son sus representantes legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que tambi\u00e9n pueden los despachos judiciales acudir a tal informaci\u00f3n, sin necesidad de solicitar el certificado correspondiente, sin perjuicio de que, como se se\u00f1al\u00f3 antes, pidan a la entidad encargada de expedir los mismos, los dejen ingresar de manera gratuita a los registros p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, de acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General de Proceso, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que estos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que repose en entidades encargadas de su certificaci\u00f3n lleven, porque ello traslada una carga a la parte que la misma ley le ha quitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. De manera que como la sociedad accionada en el caso es una de aquellas que se encuentran inscritas en la C\u00e1mara de Comercio, la informaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n reposa en la base de datos del RUES, el cual pudo ser revisado por la autoridad judicial, y por ende, no era requisito indispensable para inadmitir la demanda, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Al respecto esta Sala, en un precedente anterior, en donde tambi\u00e9n se hizo referencia a los mecanismos con los que cuenta el juez para verificar la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que la entidad encargada de su certificaci\u00f3n lleve, porque ello lleva a imponer una carga a la parte, de la que la misma Ley le ha relevado. (CSJ ST2809-2017, 2 mar. 2017, rad. 2016-01279-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y, en cambio, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de censura a partir del auto inadmisorio de la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2016-00504-00, inclusive, para que, en su lugar, le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de censura a partir del auto inadmisorio de la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2016-00504-00, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Salvamento de Voto)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO  <\/span><\/p>\n

MAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00183-01  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con el respeto debido a la mayor\u00eda de la Sala, a continuaci\u00f3n consigno las razones por las cuales no acompa\u00f1o la decisi\u00f3n adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- El asunto constitucional de cuya soluci\u00f3n disiento trat\u00f3 de la petici\u00f3n de salvaguarda elevada por Javier El\u00edas Arias Idarraga, quien alega anomal\u00eda por parte del juzgado accionado al haber procedido, previa inadmisi\u00f3n, al rechazo de la demanda contentiva de la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra de Audifarma S. A., y lo propio comoquiera que no dio acatamiento a los \u00edtems inadmisorios consistentes en que     \u00abi) aportara prueba del domicilio de la parte demandada con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal , ii) indicara el derecho colectivo que considera vulnerado y quienes podr\u00edan ser los perjudicados con tales infracciones; y iii) presentara la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan su pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Los motivos de mi discrepancia se circunscriben a rebatir el preciso entendido que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- En la sentencia de que me aparto, la Corte revoc\u00f3 el fallo denegatorio de primer grado y concedi\u00f3 el amparo instado habida          cuenta que, sin reparar en que el gestor desperdici\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que cab\u00eda frente al prove\u00eddo de rechazo de la demanda dentro de la acci\u00f3n popular sub lite, adopt\u00f3 postura como si se tratase de un juzgador de conocimiento y adujo que auto inadmisorio \u00abno se profiri\u00f3 de conformidad con la Ley Estatutaria 472 de 1998,  que regula de forma especial la acci\u00f3n popular, establecida en el art\u00edculo 88 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo que vulnera los derechos del actor\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Esa resoluci\u00f3n, como fue dictada, soslay\u00f3 lo que constantemente ha dicho esta Corporaci\u00f3n en torno a que, grosso modo, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia alternativa y de rescate a las desidias desplegadas al interior de las actuaciones judiciales, conforme a su car\u00e1cter residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al efecto, insistentemente ha expresado la Sala que la presente acci\u00f3n constitucional \u00abno es de recibo cuando quien reclama el resguardo de sus prerrogativas tuvo a su alcance mecanismos ordinarios de defensa que le permit\u00edan controvertir dentro del proceso los hechos en que soporta su reclamo, habida cuenta que la presente acci\u00f3n ius fundamental es de naturaleza eminentemente subsidiaria (numeral 1\u00ba, art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC4979-2017, 7 abr. 2017, rad. 2017-00690-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Por supuesto, lo que correspond\u00eda en esta instancia era mantener la determinaci\u00f3n tutelar dispuesta en primer grado, habida cuenta que de esa manera se dej\u00f3 de lado uno de los principales postulados de que se nutre esta senda excepcional\u00edsima, lo que, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, no comulga con las pautas que rigen la tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que, valga decirlo, de ese modo tambi\u00e9n se pas\u00f3 por alto que esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en aseverar que no es dable pregonar que el de reposici\u00f3n es un medio impugnativo que desmerece frente a los dem\u00e1s, t\u00f3pico que ha trazado en los siguientes t\u00e9rminos: \u00ab[\u2026] no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 14 sep. 2012, rad. 00311-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- En los anteriores t\u00e9rminos dejo la salvedad aqu\u00ed manifestada, considerando que la Corte debi\u00f3 confirmar el fallo impugnado, derivada llanamente del entendido que el actor no pod\u00eda valerse de la acci\u00f3n de amparo luego de que soslay\u00f3 el ejercicio del medio impugnativo horizontal que tuvo a su alcance para rebatir, al interior del juicio sub examine, el auto que rechaz\u00f3 su demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Fecha ut supra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/jsp\/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&d=61694; http:\/\/www.ssf.gov.co\/wps\/portal\/ES\/superintendencia\/cajasdecompensacionfamiliar\/directorio-cajas;  <\/span><\/p>\n

http:\/\/arncbpm.mininterior.gov.co\/. <\/A><\/span><\/p>\n

2 https:\/\/www.supersalud.gov.co\/vigilados\/vigilados\/datos-vigilados.    <\/span><\/p>\n

3 http:\/\/www.rues.org.co\/RUES_Web\/Consultas.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4884-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2017-00069-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}