{"id":100567,"date":"2026-06-25T21:06:50","date_gmt":"2026-06-25T21:06:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4885-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:50","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:50","slug":"stc4885-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4885-2017\/","title":{"rendered":"STC4885-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4885-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00398-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mu\u00f1oz Abogados SAS contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso verbal sumario n\u00b0 2015-480-0075.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.  Actuando a trav\u00e9s de mandatario judicial, la sociedad solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, al negar la declaraci\u00f3n de incumplimiento de un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del municipio de San Juan de Urab\u00e1 \u2013 Antioquia.  <\/span><\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que como cesionario de obligaciones incorporadas en el acuerdo de reestructuraci\u00f3n  de pasivos del ente territorial en menci\u00f3n suscrito el 16 de diciembre de 2010, las cuales originalmente estaban en cabeza de la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter S.A., adelant\u00f3 un proceso verbal sumario para que la autoridad accionada \u00abdeclare el incumplimiento grave del acuerdo\u2026 y se le ordene al promotor designado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico que convoque la Asamblea de Acreedores para informarles la terminaci\u00f3n del mismo\u00bb, en subsidio, que se paguen los cr\u00e9ditos a su favor conforme a lo pactado.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que para ello acredit\u00f3 que las referidas obligaciones cuyos saldos correspond\u00edan a $914\u00b4500.000, $26\u00b4817.000 y $47\u00b4500.000, fueron incluidas en el par\u00e1grafo s\u00e9ptimo de la cl\u00e1usula 11 del texto del acuerdo, y la cesi\u00f3n que de ellas se hizo a la demandante fue notificada al municipio deudor, y que de ello hay constancia en la modificaci\u00f3n del acuerdo suscrito el 24 de diciembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que \u00abno obstante estar debidamente reconocidas las acreencias ciertas a favor de firma Mu\u00f1oz y Abogados C\u00eda. LTDA., como cesionario de los derechos de CISA S.A. quien adquiri\u00f3 las obligaciones ciertas reconocidas por el municipio de San Juan de Urab\u00e1 a FINDETER S.A. en el acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos, el municipio se ha negado reiteradamente a darle cumplimiento al pago\u2026 lo que constituye a la luz del art\u00edculo 35 de la ley 550 de 1999, un incumplimiento grave al acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que el motivo invocado por el ente territorial para no cancelar las acreencias, refiere a la decisi\u00f3n adoptada por los jueces administrativos, en especial la del Tribunal Administrativo de Antioquia del 1\u00b0 de agosto de 2011 dentro de un proceso ejecutivo n\u00b0 2006-01703, donde se declar\u00f3 inexistente el t\u00edtulo ejecutivo complejo, en tanto se omiti\u00f3 notificar al municipio el acto administrativo mediante el cual se liquid\u00f3 el convenio de cofinanciaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que \u00abse revoque la sentencia proferida por la Superintendencia de Sociedades el d\u00eda 11 de agosto de 2016 (\u2026) y acceda a las pretensiones de la demanda o en su defecto emita una nueva\u2026 orden\u00e1ndole al promotor que convoque a la Asamblea de Acreedores para que se resuelva sobre la causal de incumplimiento del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos…\u00bb (fls. 263 a 278, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. \u2013 Findeter, apoy\u00f3 lo pretendido por el accionante, se\u00f1alando que el fallo de la Superintendencia tuvo como argumento que el actor \u00abno agot\u00f3 el requisito de procedibilidad de convocar al Comit\u00e9 de Vigilancia y a la Asamblea de Acreedores para informales el incumplimiento del municipio\u00bb, pero que seg\u00fan la demanda, ese requisito se verific\u00f3, s\u00f3lo que \u00abel Promotor de ese entonces contest\u00f3 negativamente\u2026 seg\u00fan oficio\u2026 del 4 de mayo de 2015\u00bb, y que la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Administrativo de Antioquia (escritural), en el ejecutivo n\u00b0 2006-01703 \u00abes ineficaz de pleno derecho desde el d\u00eda 6 de junio de 2010, fecha en la que se inici\u00f3 la promoci\u00f3n del Acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del Municipio con sus Acreedores, hasta la suscripci\u00f3n del mismo el 16 de diciembre de 2010, donde quedaron incorporadas las obligaciones de FINDETER\u2026\u00bb, inform\u00f3 que \u00abel 29 de enero de 2016 solicit\u00f3 la nulidad de dicha sentencia\u00bb, cuya copia adjunta (fls. 19 a 24, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Superintendente Delegada para los procedimientos de Insolvencia, expres\u00f3 que en la sentencia cuestionada no se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues no se pod\u00eda \u00abdesconocer providencias ejecutoriadas proferidas dentro de los procesos ejecutivos que cursaban en los juzgados administrativos y en el Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales no fueron suspendidos en contravenci\u00f3n a lo previsto en los art\u00edculos 14 y 58\u2026 de la Ley 550 de 1999 por cuanto los citados Despachos Judiciales jam\u00e1s tuvieron conocimiento de que el citado ente territorial se encontraba tramitando la promoci\u00f3n de un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos. Ello independientemente del sujeto en quien radicaba la obligaci\u00f3n de informar tal hecho\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abla suspensi\u00f3n de pleno derecho de los procesos ejecutivos opera tan pronto el juez\u2026 tenga conocimiento de la iniciaci\u00f3n de la promoci\u00f3n de un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del deudor\u2026\u00bb (fls. 30 a 34, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, refiriendo a su papel como promotor en acuerdos de reestructuraci\u00f3n de pasivos de entidades territoriales, manifest\u00f3 que \u00abno tuvo ninguna injerencia en las acciones u omisiones del municipio de San Juan de Urab\u00e1\u00bb, y solicit\u00f3 se declare \u00abcomo no responsable de las presuntas violaciones a los derechos fundamentales que eventualmente pudieran resultad probadas\u00bb (fls. 65 a 68, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Central de Inversiones S.A. \u2013 CISA, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor cuanto la compa\u00f1\u00eda no est\u00e1 violando ning\u00fan derecho fundamental y no se encuentra legitimada en la causa por pasiva en la presente acci\u00f3n\u00bb (fls. 69 a 73, id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al observar que la actora \u00abpudo solicitar ante los jueces de conocimiento, la nulidad de las decisiones que, a su juicio, van en contrav\u00eda de sus garant\u00edas fundamentales, en especial del debido proceso, y que motivaron la interposici\u00f3n de la demanda verbal sumaria\u00bb, y que en esas condiciones la tutela no es procedente sino cuando se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, \u00abcircunstancia que en el presente caso no se avizora, pues si bien el tutelante perfil\u00f3 su reclamo en tal sentido, no aport\u00f3 ning\u00fan elemento de persuasi\u00f3n en aras de acreditar tal supuesto\u00bb (fls. 116 a 124, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la accionante reiterando la argumentaci\u00f3n planteada en la demanda, consistentes en que como acreedor no estaba llamado a informar que se estaba ante un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del ente territorial, pues conforme a lo previsto en el art\u00edculo 58 de la Ley 550 de 1999, a ra\u00edz de la situaci\u00f3n del deudor, de \u00abpleno derecho\u00bb proced\u00eda la suspensi\u00f3n de las ejecuciones que estuvieran en curso; adujo tambi\u00e9n que con el fallo ahora censurado, se desconoce el precedente que la Superintendencia ha sentado al resolver casos similares, y que hubo una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb para establecer falta de notificaci\u00f3n del deudor, cuando en el expediente consta que desde el 27 de septiembre de 201\u00ba, \u00abse celebr\u00f3 la audiencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y el promotor\u2026 clasifico (sic) como ciertas las obligaciones a favor de FINDETER S.A\u00bb (fls. 131 a 137, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso que adelanta la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales que ac\u00e1 funge como accionada, establece la Sala que el fallo de primer grado deber\u00e1 respaldarse, pero principalmente porque no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada, y en esas condiciones no es dable la concurrencia del juez excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, comoquiera que lo pretendido es que se deje sin efectos el fallo proferido por la Superintendencia de Sociedades el 11 de agosto de 2016, mediante el cual se negaron las pretensiones imploradas por la sociedad accionante, consistentes en que se declare la terminaci\u00f3n, del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del municipio de San Juan de Urab\u00e1 \u2013 Antioquia que se suscribi\u00f3 el 16 de diciembre de 2010 (fls. 43 a 56, ib\u00edd.), \u00abpor la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda remediarse de conformidad con lo previsto en el acuerdo\u00bb, prevista como causal en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 550 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, del an\u00e1lisis que la Corte realiza a la sentencia en menci\u00f3n (fls. 5 a 7, \u00eddem), no se vislumbra que pueda lesionar las garant\u00edas superiores de la promotora del resguardo, en tanto no se muestra como la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, ya que la autoridad accionada ponder\u00f3 en forma conjunta las pruebas allegadas y analiz\u00f3 las normas aplicables al caso, concluyendo en la desestimaci\u00f3n de las s\u00faplicas de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, toda vez que para cuando se dio inicio a la promoci\u00f3n y negociaci\u00f3n que dio lugar al acuerdo de reestructuraci\u00f3n, al menos una de las ejecuciones no estaba resuelta, pues concretamente la que pretend\u00eda el pago del cr\u00e9dito por valor de $914.500.000 se fall\u00f3 por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1\u00b0 de agosto de 2011 (fls. 432 a 440, cd. 1), proced\u00eda la suspensi\u00f3n de la misma en atenci\u00f3n a lo prevenido en el art\u00edculo 14 de la citada Ley 550 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Si bien dicho precepto contempla que una vez iniciada la negociaci\u00f3n, el promotor y el deudor est\u00e1n legalmente facultados para alegar \u00abla nulidad del proceso o pedir su suspensi\u00f3n\u00bb, al no haberlo hecho ninguno de ellos, para la Superintendencia falt\u00f3 protagonismo en el ejecutante, pues \u00abno puede perderse de vista que el acreedor es parte demandante en el proceso ejecutivo y que por lo tanto, advirtiendo que se configura una causal de suspensi\u00f3n de pleno derecho del proceso hubiera podido manifestarlo al juez de conocimiento, m\u00e1xime cuando el acreedor \u2013 e este caso Findeter \u2013 se hizo parte en el proceso de insolvencia del deudor y vot\u00f3 positivamente el Acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u00bb, y ante tal \u00abinacci\u00f3n\u00bb y el resultado desfavorable de las ejecuciones, ocasion\u00f3 que el municipio se rehusara a ejecutar el acuerdo \u00aben lo atinente a las obligaciones objeto de este litigio, en raz\u00f3n a las tres sentencias ejecutoriadas de los jueces administrativos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, sin perjuicio de la decisi\u00f3n que pueda darse por los jueces competentes tras debatir jur\u00eddicamente la legalidad de las sentencias que resolvieron las ejecuciones, la enjuiciada determin\u00f3 que las razones expuestas en el acta del Comit\u00e9 de Conciliaci\u00f3n del 25 de mayo de 2015 (fls. 482 a 485, ib\u00eddem), justifican que el municipio de San Juan de Urab\u00e1 se niegue a pagar las acreencias reclamadas por Mu\u00f1oz Abogados SAS, y por ende, no encontr\u00f3 fundada la causal de incumplimiento que fuera invocada por \u00e9sta para la terminaci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n que se reprocha, lejos est\u00e1 de comprender un defecto sustantivo, en tanto no se fund\u00f3 en normas inexistentes o inconstitucionales, ni aplic\u00f3 un contenido normativo que estuviera en discordancia con los presupuestos que no proceden para el caso concreto, y tampoco se dio yerro de orden procedimental o f\u00e1ctico, la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada.  <\/span><\/p>\n

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En estas condiciones la Corte tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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Significa lo anterior que lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada, atacando por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, por su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios, ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, esta Sala ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, citada en STC527, 25 ene. 2017, rad. 00015-00).  <\/span><\/p>\n

5. Ahora, en cuanto a la posibilidad planteada por el impugnante de que se conceda el resguardo de manera transitoria por la presencia de un perjuicio irremediable, observa la Sala que en este caso no est\u00e1n dadas las necesarias circunstancias que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, pues se reitera que para tal efecto se requiere que el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 el amparo solicitado, por cuanto la actuaci\u00f3n censurada no evidencia defecto alguno de procedibilidad, y tampoco se demostr\u00f3 que se estuviera en presencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4885-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00398-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}