{"id":100569,"date":"2026-06-25T21:06:59","date_gmt":"2026-06-25T21:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4887-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:06:59","modified_gmt":"2026-06-25T21:06:59","slug":"stc4887-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4887-2017\/","title":{"rendered":"STC4887-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00087-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Alberto Quintero Garc\u00eda contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclama el amparo de los derechos a la  estabilidad laboral reforzada, dignidad humana y seguridad social, entre otros, presuntamente quebrantados por la autoridad convocada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar su queja, se\u00f1ala que labor\u00f3 en la entidad accionada sin soluci\u00f3n de continuidad en los cargos de \u201cProcurador Judicial  Penal I y II\u201d, empleos ofertados para proveer en propiedad mediante concurso de m\u00e9ritos.  <\/span><\/p>\n

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Relata que \u201c(\u2026) en virtud de lo anterior la [querellada] expidi\u00f3 [el] Decreto 3790 de 9 de agosto de 2016, por medio del cual nombr\u00f3 en el cargo (\u2026)\u201d que desempe\u00f1aba en esa \u00e9poca el ahora actor, a \u00c9dgar Alfonso S\u00e1enz Alfaro.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que fue desvinculado aun cuando gozaba de \u201cestabilidad laboral reforzada\u201d por ser padre cabeza de familia y \u201cprepensionado\u201d, pues cuando ocurri\u00f3 su retiro contaba con \u201c26 a\u00f1os de servicios prestados, (\u2026) 60 a\u00f1os de edad [y] (\u2026) 1530 semanas cotizadas (\u2026)\u201d, situaciones conocidas por la tutelada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, ordenar su reintegro \u201ca un empleo de igual o mejor categor\u00eda al [ostentado]\u201d al momento de su despido.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de la accionada.    <\/span><\/p>\n

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La enjuiciada se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por presentarse temeridad, por cuanto, \u201c(\u2026) la Secci\u00f3n Segunda \u2013 Subsecci\u00f3n C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (\u2026) admiti\u00f3 [un resguardo donde el se\u00f1or Quintero Garc\u00eda] reclam\u00f3 la misma protecci\u00f3n (\u2026) ahora [invocada] (\u2026)\u201d (fls. 734 a 737).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo tras establecer la carencia del principio de subsidiariedad, pues el gestor, cuenta, \u201c(\u2026) con la v\u00eda jurisdiccional de lo contencioso administrativ[o], a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo al interior del cual incluso es plausible invocar como medida provisional la suspensi\u00f3n de los efectos del acto administrativo controvertido (\u2026)\u201d (fls. 751 a 755)  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 insistiendo en ser \u201csujeto de especial protecci\u00f3n\u201d (fl. 763).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Delanteramente, se descarta la conducta temeraria endilgada por la tutelada, por cuanto, no existe similitud f\u00e1ctica entre este asunto y el referido por esa entidad, pues el accionante en la salvaguarda con radicado 2016-03336-00 invoc\u00f3 la estabilidad laboral reforzada, cuando a\u00fan no hab\u00eda sido desvinculado de su empleo, raz\u00f3n por la cual, dicho resguardo es diferente al aqu\u00ed presentado, donde el interesado discute precisamente su efectivo retiro de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. La acci\u00f3n de tutela es un instrumento de car\u00e1cter preferente y sumario previsto para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica y, excepcionalmente, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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3. El accionante dirige el amparo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por cuanto, fue apartado del cargo de \u201cProcurador 103 Judicial Penal II\u201d de Ibagu\u00e9, no obstante su condici\u00f3n de \u201cprepensionado\u201d,    neg\u00e1ndosele la oportunidad de ser designado en una de las vacantes existentes en el pa\u00eds para ocupar la misma plaza.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) para determinados grupos de funcionarios, como madres y padres cabeza de familia, discapacitados o pre-pensionados, concurre una relaci\u00f3n de dependencia intr\u00ednseca entre la permanencia en el empleo p\u00fablico y la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, particularmente el m\u00ednimo vital y la igualdad de oportunidades. De all\u00ed que se sostenga que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a trav\u00e9s de un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLo anterior adquiere importancia si se tiene en cuenta que dicha permanencia en el empleo o estabilidad se ver\u00eda gravemente afectada por el retiro del cargo de la persona que se encuentra en alguno de los grupos poblacionales enunciados, lo que sin duda ir\u00eda en detrimento de sus garant\u00edas esenciales, como ya se dijo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cCorrelativamente a ello se ubica el derecho del ciudadano que, habiendo superado las etapas de un concurso de m\u00e9ritos, aspira a ocupar un cargo dentro de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Sobre el particular la Corte Constitucional ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cresulta plenamente justificado, desde la perspectiva constitucional, que los ciudadanos que superan satisfactoriamente los procesos de selecci\u00f3n, adquieran un derecho subjetivo, de \u00edndole superior, de ingreso al servicio p\u00fablico. Los derechos de carrera, as\u00ed entendidos, garantizan de suyo un grado de estabilidad laboral para el aspirante que gana el concurso, quien solo podr\u00e1 ser excluido del empleo conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Estos derechos, a su vez, imponen un acceso preferente al cargo, que subordina la permanencia en el empleo del servidor que lo ostente y que no haya ingresado al mismo mediante concurso p\u00fablico de m\u00e9rito\u201d  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn ese orden de ideas, no cabe duda de que la controversia surge cuando un servidor p\u00fablico pr\u00f3ximo a pensionarse ejerce un empleo en provisionalidad, el cual es ofertado a concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos y asignado al aspirante que supera dicho concurso. En estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:\u201d  <\/span><\/p>\n

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\u201centran en tensi\u00f3n dos derechos de raigambre constitucional. El primero, que refiere al derecho subjetivo del aspirante a acceder al empleo p\u00fablico por haber superado el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos, que es a la vez el mecanismo preferente y general para el acceso a los empleos del Estado. El segundo, que tiene que ver con la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del prepensionado, que se ver\u00edan intervenidos por el retiro del cargo, lo que lo dejar\u00eda en estado de vulnerabilidad econ\u00f3mica. La jurisprudencia de la Corte ha considerado que este asunto no puede resolverse simplemente a trav\u00e9s de la opci\u00f3n a favor de alguno de los derechos en conflicto.  En contrario, ha planteado la necesidad que en el caso concreto se efect\u00fae un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre esos derechos, el cual no afecte el n\u00facleo esencial de cada uno de los extremos en cuesti\u00f3n.  Para ello ha enfatizado en dos tipos de argumentos centrales: (i) la necesidad que las autoridades del Estado interpreten las normas de forma razonable, proporcionada y compatible con los derechos fundamentales de los afectados; (ii) la obligaci\u00f3n que esas mismas autoridades hagan una evaluaci\u00f3n objetiva de las circunstancias del caso, diferente a una adjudicaci\u00f3n aleatoria, en la cual se determine si es posible proteger concomitantemente los derechos del prepensionado y del aspirante.(\u2026) (C.C. ST-186 de 2013)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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4. De las copias aportadas al proceso, se extrae lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Iv\u00e1n Alberto Quintero Garc\u00eda se desempe\u00f1\u00f3 como Procurador 103 Judicial Penal II de Ibagu\u00e9 hasta el 8 de agosto de 2016 (fl. 52).  <\/span><\/p>\n

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b) Para la fecha en menci\u00f3n, el accionante contaba con 60 a\u00f1os de edad (fl. 60); adem\u00e1s, para ese momento, hab\u00eda cotizado a Colpensiones un total de 1530 semanas (fls. 97).  <\/span><\/p>\n

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c) El promotor fue desvinculado del referido empleo y en su reemplazo nombraron a \u00c9dgar Alfonso S\u00e1enz Alfaro, quien super\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos realizado para ocupar esa plaza.  <\/span><\/p>\n

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e) Mediante Resoluci\u00f3n GNR311546 de 21 de octubre de 2016, el Gerente Nacional de Colpensiones le neg\u00f3 al accionante el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, por no acreditar el requisito m\u00ednimo de edad, es decir, 62 a\u00f1os (fls. 95 a 99).  <\/span><\/p>\n

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5. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el ruego, pues es palmaria la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas principales del actor, por cuanto, se encuentra acreditado su estado de \u201cprepensionado\u201d, pues como qued\u00f3 visto, al momento de su desvinculaci\u00f3n le faltaban menos de dos a\u00f1os para obtener la edad m\u00ednima de jubilaci\u00f3n, y, no obstante ello, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n decidi\u00f3 separarlo del cargo que ocupaba, desatendiendo las solicitudes por \u00e9l presentadas.  <\/span><\/p>\n

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6. El art\u00edculo  48 de la Carta Pol\u00edtica establece: \u201c(\u2026) se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (\u2026)\u201d, de igual modo, la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, en su art\u00edculo 22 dispone: \u201c(\u2026) toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperaci\u00f3n internacional, habida cuenta de la organizaci\u00f3n y los recursos de cada Estado, la satisfacci\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (\u2026)\u201d, debiendo el Estado adoptar todas las medidas apropiadas para que dicha prerrogativa cobije a aqu\u00e9llas personas pr\u00f3ximas a acceder a una jubilaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. Ahora bien, no es de recibo lo determinado por el Tribunal, en torno a negar la salvaguarda, por cuanto, al promotor le asiste otro mecanismo de defensa judicial para obtener lo reclamado, pues al estar en debate las prerrogativas a la seguridad social de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, resultar\u00eda dispendioso obligarlo a esperar el resultado de un proceso administrativo, mientras su m\u00ednimo vital se encuentra amenazado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Constitucional en sentencia T- 326 de 2014, analiz\u00f3 ese aspecto, aduciendo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) debe examinarse en perspectiva del amparo definitivo de los derechos, pues se pretende evitar la soluci\u00f3n de continuidad entre el retiro del servicio de la accionante y su inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados, lo que materialmente no podr\u00eda lograrse en un proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta la duraci\u00f3n del mismo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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8. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, brindar protecci\u00f3n a las garant\u00edas deprecadas por Iv\u00e1n Alberto Quintero Garc\u00eda, orden\u00e1ndose a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, proceda a reintegrar al actor a un cargo igual o de superior categor\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando antes de su desvinculaci\u00f3n hasta tanto aqu\u00e9l obtenga su reconocimiento de pensi\u00f3n, permanencia en el empleo que queda condicionada al cumplimiento por parte del actor de los requisitos legales tocantes con la edad para alcanzar esa prestaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados.  <\/span><\/p>\n

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Importa resaltar que similar disposici\u00f3n a la anterior ha sido adoptada por esta Sala en el amparo radicado bajo el n\u00famero STC851-20172.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER el amparo reclamado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, ord\u00e9nese a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, proceda a reintegrar a Iv\u00e1n Alberto Quintero Garc\u00eda a un cargo igual o de superior categor\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando antes de su desvinculaci\u00f3n hasta tanto aqu\u00e9l obtenga su reconocimiento de pensi\u00f3n, permanencia en el empleo que queda condicionada al cumplimiento por parte del actor de los requisitos legales para alcanzar esa prestaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC851-2017, 30 ene. 2017, rad. 2016-00543-01.    <\/span><\/p>\n

2 En esa oportunidad se estudi\u00f3 el caso del se\u00f1or Duberney Uribe Reyes quien para el momento de su despido como funcionario de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, estaba cobijado con la protecci\u00f3n constitucional de estabilidad reforzada dada su condici\u00f3n de prejubilado, pues contaba con la edad de jubilaci\u00f3n y solamente le faltaban 130 semanas de cotizaci\u00f3n al r\u00e9gimen pensional, esto es, 2 a\u00f1os y 8 meses, por tanto, se orden\u00f3 a la querellada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, procediera a reintegrar al actor en un cargo de igual o superior categor\u00eda al que ven\u00eda ocupando antes de su desvinculaci\u00f3n y manteniendo su nombramiento hasta que aqu\u00e9l cumpla con el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n requeridas y sea incluido en la n\u00f3mina de pensionados por parte de la entidad a que corresponda el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez.      <\/span><\/p>\n

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