{"id":100571,"date":"2026-06-25T21:07:14","date_gmt":"2026-06-25T21:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4889-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:07:14","modified_gmt":"2026-06-25T21:07:14","slug":"stc4889-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4889-2017\/","title":{"rendered":"STC4889-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4889-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00183-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal, la Defensor\u00eda del Pueblo de esa urbe, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y las partes e intervinientes en los procesos objeto de queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus \u00abgarant\u00edas fundamentales\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar \u00abse admita[n] inmediatamente [sus] accion[es] popular[es], ya que el requisito por el cual fuer[on] rechazada[s], no est\u00e1 contemplada en la Ley 472 de 1998, o se ordene inmediatamente se conceda [sus] alzadas\u00bb (folios 1 y 2; 4 y 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De lo que reposa al interior de los expedientes, se extrae que las quejas se sustentan, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.1.        Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 dos acciones populares contra la sociedad Audifarma S.A., bajo los radicados n\u00ba 2016-00494-00 y 2016-00496-001, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Se\u00f1al\u00f3 el quejoso que el estrado judicial convocado rechaz\u00f3 sus demandas, exigi\u00e9ndole el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, requisito no contemplado en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Sostuvo que contra los prove\u00eddos que inadmitieron sus libelos formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, los que fueron denegados \u00abolvidando que [las] accion[es] [son] de doble instancia\u00bb, acorde con lo resuelto en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado en el asunto con radicado \u00ab25000-23-24-000-2002-02188-01\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a las acciones populares que originaron la queja constitucional, sostuvo que \u00ablas demandas no fueron siquiera admitidas, por lo que la entidad demandada nunca se le notific\u00f3 de la existencia del proceso\u00bb (folios 23, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, sostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n ajena a es[a] Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb (folio 26, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Alcald\u00eda de Pereira inst\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues la censura se dirige a criticar actuaciones del juzgado de conocimiento, sin que aqu\u00e9l tenga injerencia en las determinaciones atacadas (folios 34 y 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal deneg\u00f3 el amparo al considerar que contra los prove\u00eddos que rechazaron las acciones populares objeto de queja, el actor guard\u00f3 silencio, incumpliendo as\u00ed con el requisito de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicion\u00f3 que si bien esta Corte revoc\u00f3 la decisi\u00f3n por ellos emitida, en igual sentido a lo atr\u00e1s expuesto, en un caso similar al ahora estudiado, lo cierto es que se apartaba de tal pronunciamiento, pues el mismo \u00abno consulta la posici\u00f3n mayoritaria de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que de tiempo atr\u00e1s a mantenido\u00bb lo referido a espacio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que respecto a la concesi\u00f3n de la alzada contra los autos inadmisorios de la demanda, dicha impugnaci\u00f3n no era procedente de conformidad a la Ley 472 de 1998, pues de acuerdo a la referida norma, la apelaci\u00f3n \u00fanicamente est\u00e1 contemplada para las sentencias (folios 38 a 43, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 la parte accionante indicando que \u00ablos requisitos que [le] pretendieron exigir no est\u00e1n contemplados en el art. 18 de la ley 472 de 1998 y siendo as\u00ed, no deb\u00eda presentar recurso alguno, frente a un auto que naci\u00f3 muerto jur\u00eddicamente\u00bb (folio 45, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Descendiendo al sub examine advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no admiti\u00f3 las acciones populares presentadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga tras exponer que \u00e9l: i)  no alleg\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad objeto de su acci\u00f3n popular, ii) no indic\u00f3 los derechos colectivos vulnerados y iii) no arrim\u00f3 prueba de los supuestos f\u00e1cticos soporte de sus pretensiones; motivaciones todas que generan una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u00abv\u00eda de hecho\u00bb (folios 15 y 21, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Respecto del primer requerimiento efectuado por el Juzgado, donde le reclama al accionante allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de su demandada, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto, solo se insta al querellante para \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, pero en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar el domicilio; aunado a que el tutelante en su libelo pide que a su demandada se le exija aportar aquel documento, lo que no luce arbitrario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra una entidad financiera, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite descargar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de aquella, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6.        En relaci\u00f3n con la tercera exigencia de los autos criticados, el abuso del juzgador es notorio, pues revisados los escritos de las acciones populares, resulta claro que el actor inform\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que generaban la conculcaci\u00f3n, indicando que Audifarma, sucursales ubicadas en la calle 26 sur n\u00ba 78n \u2013 10 en Bogot\u00e1 y en la calle 22 n\u00ba 17 \u2013 53 en Sabanalarga (Atl\u00e1ntico), \u00abno cuenta[n] en el inmueble donde presta[n] sus servicios con ba\u00f1o [para]\u2026 ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u00bb (folios 10 vuelto y 16 vuelto, cuaderno 1); y no era dable exigir, en ese momento prueba de tal supuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, pues para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en relaci\u00f3n con la primera exigencia del auto donde se inadmite la demanda (7 dic. 2015), es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la supuesta vulneraci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta con int\u00e9rprete gu\u00eda, permanente de planta, para atender ciudadanos sordos, sordo ciegos, que acuden a dicha entidad\u2026 (CSJ STC7714-2016, 10 jun., rad. 2016-00555-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Finalmente, frente a lo se\u00f1alado por el a quo constitucional, respecto a apartase del precedente de esta Corporaci\u00f3n para denegar la salvaguarda, destacando que en anteriores pronunciamientos el amparo se consider\u00f3 improcedente frente a situaciones id\u00e9nticas a la de ahora, se pone de presente que la referida postura fue recogida en reciente providencia, STC3932-2017, del pasado 22 de marzo, en la que se se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra sociedades que deben registrarse en las bases de datos de las C\u00e1maras de Comercio, es patente que \u00e9stas a trav\u00e9s del Registro \u00danico Empresarial y Social – RUES son de p\u00fablico acceso, las cuales permiten consultar el domicilio de aqu\u00e9llas, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo, por lo que surge necesario se\u00f1alar que la Sala recoge la postura inserta en relaci\u00f3n con el tema, entre otros, en fallos STC2349-2017 y STC2405-2017, ambos de 22 de febrero de 2016, as\u00ed como todas las dem\u00e1s que le sean contrarias, acogiendo el criterio recientemente adoptado por esta Corte de cara a la interpretaci\u00f3n del contenido de la ley 590 de 2000, en concordancia con los art\u00edculos 15 y 172 del Decreto 19 de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no lucen razonables las determinaciones que rechazaron las acciones populares del quejoso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en consecuencia: Ordena al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo, reexamine las demandas que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Audiofarma (acciones populares 2016-00494 y 2016-00496), y les d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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SALVAMENTO DE VOTO  <\/span><\/p>\n

MAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00183-01  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Con el respeto debido a la mayor\u00eda de la Sala, a continuaci\u00f3n consigno las razones por las cuales no acompa\u00f1o la decisi\u00f3n adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- El asunto constitucional de cuya soluci\u00f3n disiento trat\u00f3 de la petici\u00f3n de salvaguarda elevada por Javier El\u00edas Arias Idarraga, quien alega anomal\u00eda por parte del juzgado accionado al haber procedido, previa inadmisi\u00f3n, al rechazo de la demanda contentiva de la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 en contra de Audifarma S. A., y lo propio comoquiera que \u00abi) no alleg\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad objeto de su acci\u00f3n popular, ii) no indic\u00f3 los derechos colectivos vulnerados y iii) no arrim\u00f3 prueba de los supuestos f\u00e1cticos soporte de sus pretensiones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Los motivos de mi discrepancia se circunscriben a rebatir el preciso entendido que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- En la sentencia de que me aparto, la Corte revoc\u00f3 el fallo denegatorio de primer grado y concedi\u00f3 el amparo instado habida cuenta que, sin reparar en que el gestor desperdici\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que cab\u00eda tanto contra el prove\u00eddo inadmisorio, as\u00ed como frente al de rechazo, adopt\u00f3 postura como si se tratase de un juzgador de conocimiento y adujo que los precitados motivos de inadmisi\u00f3n \u00abgeneran una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Esa resoluci\u00f3n, como fue dictada, soslay\u00f3 lo que constantemente ha dicho esta Corporaci\u00f3n en torno a que, grosso modo, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia alternativa y de rescate a las desidias desplegadas al interior de las actuaciones judiciales, conforme a su car\u00e1cter residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al efecto, insistentemente ha expresado la Sala que la presente acci\u00f3n constitucional \u00abno es de recibo cuando quien reclama el resguardo de sus prerrogativas tuvo a su alcance mecanismos ordinarios de defensa que le permit\u00edan controvertir dentro del proceso los hechos en que soporta su reclamo, habida cuenta que la presente acci\u00f3n ius fundamental es de naturaleza eminentemente subsidiaria (numeral 1\u00ba, art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC4979-2017, 7 abr. 2017, rad. 2017-00690-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Por supuesto, lo que correspond\u00eda en esta instancia era mantener la determinaci\u00f3n tutelar dispuesta en primer grado, habida cuenta que de esa manera se dej\u00f3 de lado uno de los principales postulados de que se nutre esta senda excepcional\u00edsima, lo que, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, no comulga con las pautas que rigen la tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que, valga decirlo, de ese modo tambi\u00e9n se pas\u00f3 por alto que esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en aseverar que no es dable pregonar que el de reposici\u00f3n es un medio impugnativo que desmerece frente a los dem\u00e1s, t\u00f3pico que ha trazado en los siguientes t\u00e9rminos: \u00ab[\u2026] no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 14 sep. 2012, rad. 00311-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- En los anteriores t\u00e9rminos dejo la salvedad aqu\u00ed manifestada, considerando que la Corte debi\u00f3 confirmar el fallo impugnado, derivada llanamente del entendido que el actor no pod\u00eda valerse de la acci\u00f3n de amparo luego de que soslay\u00f3 el ejercicio del medio impugnativo horizontal que tuvo a su alcance para rebatir, al interior del juicio sub examine, el auto que rechaz\u00f3 su demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Fecha ut supra.  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada      <\/span><\/p>\n

1 Sucursales de la calle 22 n\u00ba 17-53 de Sabanalarga y calle 26 sur n\u00ba 78n \u2013 10 de Bogot\u00e1, respectivamente.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC4889-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00183-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100571\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}