{"id":100572,"date":"2026-06-25T21:07:25","date_gmt":"2026-06-25T21:07:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4890-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:07:25","modified_gmt":"2026-06-25T21:07:25","slug":"stc4890-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4890-2017\/","title":{"rendered":"STC4890-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4890-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-002-2016-00425-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia el 28 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Esteban Ossa Collazos contra el Congreso de la Rep\u00fablica, Ministerio de Minas y Energ\u00eda, Ecopetrol S.A., y Departamentos del Meta, Caquet\u00e1 y Guaviare, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi – IGAC.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Actuando en nombre propio \u00aby en representaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n caquete\u00f1a en general\u00bb, el solicitante reclama, \u00abcomo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, de petici\u00f3n, al voto, debido proceso, de los ni\u00f1os, educaci\u00f3n, salud, vida digna, \u00aba un territorio definido y a la protecci\u00f3n de persona en condici\u00f3n vulnerable por amenazas y desplazamiento forzoso\u00bb, as\u00ed como a los \u00abderechos colectivos y del medio ambiente\u00bb,  entre otros, presuntamente vulnerados por las entidades convocadas, al no haber dado \u00absoluci\u00f3n definitiva al conflicto lim\u00edtrofe existente entre los Departamentos de Caquet\u00e1, Meta y Guaviare\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, expuso que desde su creaci\u00f3n como Intendencia en 1905 y luego como Comisar\u00eda en 1910, se ha ido cuestionando los linderos del hoy departamento de Caquet\u00e1, especialmente con los del Meta y Guaviare, se presenta una indefinici\u00f3n de una extensi\u00f3n aproximada de 12.000 km2, que a su juicio debe reintegrarse al Caquet\u00e1, \u00abtanto en el mapa pol\u00edtico como en las normas que regulan la materia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que \u00abel Departamento del Meta ha autorizado mutuo propio la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos y miner\u00eda, y est\u00e1 percibiendo millonarios ingresos por concepto de turismo natural, sin hacer part\u00edcipe al Departamento del Caquet\u00e1, en las decisiones, beneficios y compensaciones\u2026\u00bb, y que ante la \u00abcomplacencia\u00bb de los Gobernadores, se \u00abcausa incalculables e irreparables da\u00f1o (sic) al medio ambiente y a los recursos naturales\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que \u00abel departamento del Meta adeuda al Caquet\u00e1 la cuota parte que le corresponde por dichos conceptos, raz\u00f3n por la cual deviene imperativamente ordenar el reintegro inmediato\u2026 y\u2026 suspender la explotaci\u00f3n de los recursos naturales sobre el \u00e1rea en litigio\u2026\u00bb, como el del \u00abparadisiaco r\u00edo de los cinco colores \u00abCa\u00f1o Cristales\u00bb\u00bb, y que el \u00abproblema lim\u00edtrofe\u00bb de \u00abcasi 50 a\u00f1os\u00bb, lo han soportado los habitantes del sector \u00abpor la desidia de los gobiernos encargados con respecto a los servicios de educaci\u00f3n, salud, recreaci\u00f3n, deporte, movilidad, entre otros\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dijo que en los territorios en disputa existen riquezas naturales que deben preservarse, y \u00ablos gobiernos de turno\u00bb no pueden modificar los l\u00edmites \u00aba su antojo y conveniencia\u2026 con el fin de ponerlos al servicio de la miner\u00eda y explotaci\u00f3n petrolera\u00bb, causando \u00abdeterioro al medio ambiente, a los recursos naturales y a la calidad de vida\u00bb de las generaciones presente y futuras.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la problem\u00e1tica obedece a \u00abla no expedici\u00f3n de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneraci\u00f3n de los derechos\u00bb, as\u00ed como de los tratados y convenios internacionales, y que en este caso \u00abse estructuran a cabalidad 4 de las 5 causales que producen la existencia de un estado de cosas inconstitucional\u00bb, destacando que el Congreso de la Rep\u00fablica ha omitido \u00absu deber constitucional y legal de definir los l\u00edmites dudosos y solucionar los conflictos lim\u00edtrofes de las regiones\u00bb, y ello permite que \u00abgobernadores, alcaldes, diputados, concejales, representantes a la c\u00e1mara y senadores usen como bandera pol\u00edtica en \u00e9poca de elecciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se ordene (i) al Congreso de la Rep\u00fablica, \u00ablegislar para que de manera prioritaria y concreta se defina la divisi\u00f3n territorial del litigio que desde 1976 se presenta entre los departamentos del Caquet\u00e1, Meta y Guaviare\u00bb; (ii) a dichos departamentos, \u00abpara  que  se  abstengan  de  realizar  cualquier actividad encaminada a negociar los l\u00edmites del territorio en conflicto\u00bb; (iii) al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi – IGAC, que \u00absin m\u00e1s dilaciones inicie las actividades y funciones propias de la entidad para identificar con levantamiento topogr\u00e1fico\u2026 los linderos y mojones primitivos prestablecidos\u00bb, conforme a la ley 1447 de 2011; (iv) a cada entidad para que nombre \u00abuna comisi\u00f3n de expertos en topograf\u00eda, cartograf\u00eda y planimetr\u00eda\u2026\u00bb; y (v) a Ecopetrol, que \u00abinforme sobre las compa\u00f1\u00edas que est\u00e1n realizando actividad de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minero energ\u00e9tica en el \u00e1rea del litigio\u2026\u00bb; consecuencialmente se disponga el \u00abdesembolso de los dineros\u00bb por regal\u00edas, utilidades, indemnizaciones y dem\u00e1s conceptos a favor del Departamento del Caquet\u00e1 (fls. 1 a 25, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; no obstante, pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela por la existencia de otros medios de defensa judicial y porque no est\u00e1 probado un perjuicio irremediable que la posibilite como mecanismo transitorio (fls. 257 y 262, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Departamento del Meta, reconoci\u00f3 que \u00absi existe y se est\u00e1 en tr\u00e1mite una controversia respecto de la demarcaci\u00f3n de los linderos\u2026 inicialmente entre los Departamentos de Meta y Caquet\u00e1, posteriormente se incluy\u00f3 Guaviare\u00bb, cuya resoluci\u00f3n del caso corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica al tenor de la Ley 1447 de 2011, encontr\u00e1ndose actualmente \u00aben investigaci\u00f3n y conocimiento\u00bb del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Comisi\u00f3n de Deslindes de los departamentos y de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, entre otras entidades (fls. 77 a 79, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. Ecopetrol S.A.,  inform\u00f3 que no le consta el conflicto lim\u00edtrofe existente entre los departamentos del Caquet\u00e1, Meta y Guaviare, cuya definici\u00f3n le compete al Congreso de la Rep\u00fablica, y a\u00f1adi\u00f3 que no se vislumbra vulneraci\u00f3n a ning\u00fan derecho fundamental, que existen otros medios de defensa y no observa que se est\u00e9 frente a un perjuicio irremediable (fls. 206 y 207, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. El Departamento de Caquet\u00e1, a trav\u00e9s de su Gobernador, reconoci\u00f3 \u00abla existencia de un diferendo lim\u00edtrofe entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquet\u00e1, por una extensi\u00f3n de cerca de catorce mil metros cuadrados\u00bb, cuya defensa dice estar asumiendo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel accionante omiti\u00f3 poner en marcha los medios ordinarios que le ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb y por tanto \u00abdesconoci\u00f3 el principio de subsidiariedad\u00bb (fls. 128 a 131, ib.).  <\/span><\/p>\n

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5. El Departamento del Guaviare, tambi\u00e9n por intermedio de su Gobernador, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, primero porque el tutelante no puede abrogarse la representaci\u00f3n del departamento de Caquet\u00e1, y segundo, porque \u00abno existe litigio territorial propiamente dicho entre las partes\u2026 lo que se est\u00e1 definiendo es una aparente indefinici\u00f3n lim\u00edtrofe, del cual se est\u00e1 adelantando el proceso respectivo en el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u2026\u00bb, conforme a la Ley 1447 de 2011, en el cual el accionante \u00abpuede hacerse parte\u00bb (fls. 137 a 141, cit.).  <\/span><\/p>\n

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6. La Divisi\u00f3n Jur\u00eddica del Senado de la Rep\u00fablica, solicit\u00f3 \u00abdesestimar las pretensiones\u00bb en tanto el demandante no representa al departamento ni a los habitantes del ente territorial, y porque la tutela no es la v\u00eda para resolver la situaci\u00f3n tra\u00eda a consideraci\u00f3n del juez constitucional, y aludi\u00f3 que si lo que busca es la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, la acci\u00f3n a ejercer es la popular.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la fijaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de l\u00edmites territoriales, dijo que \u00abse surte previo tr\u00e1mite por parte del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, el cual deber remitir al expediente, su informe de coordenadas y puntos a dirimir, a las Comisiones Especiales de Seguimiento al proceso de Descentralizaci\u00f3n y Ordenamiento Territorial del Congreso de la Rep\u00fablica (C\u00e1mara y Senado), para que estas a su vez inicien el procedimiento respectivo\u00bb, y que en la C\u00e1mara Baja \u00abexiste un deslinde\u00bb entre los departamentos de Meta, Caquet\u00e1, Guaviare y Huila, el cual registra un informe del IGAC del 25 de noviembre de 2016, seg\u00fan el cual, tras haberse discutido en \u00ab13 sesiones\u00bb, por factores de orden p\u00fablico \u00abno se ha podido realizar el reconocimiento en terreno\u2026\u00bb, impidi\u00e9ndose as\u00ed la labor del \u00f3rgano legislativo (fls. 107 a 176, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Advirtiendo inicialmente que el accionante no funge en representaci\u00f3n del departamento de Caquet\u00e1, ni de la poblaci\u00f3n de este territorio, dado que no acredit\u00f3 poder ni actuar como agente oficioso de personas determinadas, en lo que a sus derechos ata\u00f1e, neg\u00f3 el resguardo por improcedente, en tanto frente los eventuales perjuicios por la presunta omisi\u00f3n legislativa, no acredit\u00f3 haber agotado otros medios de defensa como el previsto en la ley 1447 de 2011, y la acci\u00f3n de iniciativa popular (fls. 285 a 301, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el accionante para reiterar los argumentos de su demanda tutelar, enfatizando que con la decisi\u00f3n anterior se desconoce \u00abla funci\u00f3n constitucional privativa del Congreso de la Rep\u00fablica para dirimir conflictos lim\u00edtrofes\u00bb, no obstante la necesidad de emplear la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, causado respecto de los derechos individuales y colectivos invocados; adicionalmente, se queja de que el Tribunal no se hubiese pronunciado \u00absobre la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad planteada en la demanda\u00bb para atender sus s\u00faplicas pese al \u00abcaudal probatorio arrimado legalmente al plenario\u00bb, y porque guard\u00f3 silencio \u00abrespecto a la existencia del estado de cosas inconstitucionales que se cierne sobre la poblaci\u00f3n que ocupa el territorio involucrado en el diferendo lim\u00edtrofe\u00bb (fls. 322 a 328, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Prohijando, en primer lugar, lo dicho por el Tribunal respecto de que el querellante act\u00faa en su propio nombre, dado que no cuenta con poder especial otorgado por el Departamento de Caquet\u00e1 o por persona natural debidamente determinada cuyos derechos fundamentales est\u00e9n siendo amenazados o vulnerados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las convocadas, y tampoco aduce su calidad de agente oficioso de alguna de \u00e9stas, corresponde a la Sala determinar si por la indefinici\u00f3n lim\u00edtrofe que involucra al departamento de Caquet\u00e1, al ac\u00e1 accionante se le han afectado las prerrogativas superiores que invoca.  <\/span><\/p>\n

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2. Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger, de manera inmediata, los derechos fundamentales cuando sean objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza y el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Se ha precisado de manera reiterada que la protecci\u00f3n mediante el procedimiento breve y sumario estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de salvaguarda que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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3. Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia constitucional de esta Corte, seg\u00fan la cual uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n de tutela es el de subsidiariedad, del estudio de los hechos expuestos por el ac\u00e1 reclamante, deviene improcedente la protecci\u00f3n incoada, como quiera que dispone de otros medios a trav\u00e9s de los cuales puede procurar la defensa de los derechos que estima est\u00e1n siendo conculcados por los entes convocados.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Ciertamente, la situaci\u00f3n alegada en esta oportunidad se deriva de la indefinici\u00f3n de los l\u00edmites entre los departamentos de Caquet\u00e1, Meta y Guaviare, cuya competencia exclusiva est\u00e1 a cargo del Congreso de la Rep\u00fablica, para lo cual el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 un procedimiento de car\u00e1cter administrativo reglado por el Decreto 1447 de 2011, expedido en virtud del mandato contenido en el art\u00edculo 290 de la Carta Fundamental.  <\/span><\/p>\n

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En dicha disposici\u00f3n se determina que para adelantar la \u00abfijaci\u00f3n o modificaci\u00f3n\u00bb, y resolver \u00ablos l\u00edmites dudosos y solucionar los conflictos lim\u00edtrofes de las regiones territoriales\u00bb, el legislativo nacional proceder\u00e1 \u00abprevio estudio normativo, t\u00e9cnico, concepto e informe final de gesti\u00f3n, con la respectiva proposici\u00f3n, elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralizaci\u00f3n y Ordenamiento Territorial del Senado de la Rep\u00fablica y la C\u00e1mara de Representantes\u00bb (canon 1\u00ba).  <\/span><\/p>\n

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Para ello, se requiere de una \u00abdiligencia de deslinde por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, IGAC, de oficio o a petici\u00f3n, debidamente fundamentada\u00bb, elevada por el representante legal de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas, o de las Comisiones ya referidas, atendiendo las causales y  conforme al procedimiento preestablecido, en el que con la concurrencia y participaci\u00f3n de los representantes legales de los entes involucrados, se realiza la incorporaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de los medios de prueba de car\u00e1cter t\u00e9cnico y cient\u00edfico, principalmente proporcionados el IGAC, para concluir en la certificaci\u00f3n del l\u00edmite en cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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El tr\u00e1mite de deslinde as\u00ed como el que pudiera darse por \u00abl\u00edmite dudoso\u00bb, y la consecuente remisi\u00f3n del expediente por parte del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralizaci\u00f3n y Ordenamiento Territorial, las cuales, luego de adelantar las actividades necesarias \u00abcon intervenci\u00f3n de las partes y el apoyo de profesionales expertos en la materia, proponga un trazado para definir el l\u00edmite dudoso o en conflicto\u00bb, de manera conjunta deben emitir la \u00abpropuesta definitiva\u00bb, est\u00e1 contemplado en el precitado Decreto 1447 de 2011, reglamentado en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 2381 de 2012 (recapitulado en el Decreto 1170 de 2015).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Bajo el anterior entendimiento, el Congreso de la Rep\u00fablica inform\u00f3 que revisada la base de datos de la Comisi\u00f3n de Ordenamiento Territorial de la C\u00e1mara de Representantes, \u00abactualmente existe un deslinde que incluye los departamentos de Meta-Caquet\u00e1-Guaviare y El Huila\u2026 constatando que la \u00faltima actuaci\u00f3n registra un informe recepcionado en la C\u00e1mara Baja del Congreso de la Rep\u00fablica, suscrito por el Doctor FERNANDO LE\u00d3N RIVERA en calidad Subdirector de Geograf\u00eda y Cartograf\u00eda del Instituto Geogr\u00e1fico AGUST\u00cdN CODAZZI, enunciado con el n\u00famero 8002016EE15472 del 25 de Noviembre de 2016\u00bb, recibido en esa Corporaci\u00f3n el 2 de diciembre de 2016 (fls. 107 a 176, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan esa comunicaci\u00f3n (fls. 175 y 176, ib\u00eddem), la instituci\u00f3n especializada le informa al \u00f3rgano legislativo, que \u00abexpidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 766 del 27 de julio de 2012 ordenando la realizaci\u00f3n del deslinde\u2026 El problema se genera al confrontar las descripciones de los l\u00edmites contenidos en la Ley 118 de 1959 que cre\u00f3 el departamento del meta y la ley 78 de 1981 que cre\u00f3 el departamento del Caquet\u00e1, con la cartograf\u00eda actual\u00bb, y luego de \u00ab13 sesiones durante las cuales las partes han planteado sus puntos de vista y solicitado la verificaci\u00f3n en campo de una serie de puntos de coordenadas\u00bb, puntualizando que \u00abel inconveniente para adelantar esta actividad ha sido la compleja situaci\u00f3n de orden p\u00fablico de la zona y la dificultad para contar con el apoyo de las Fuerzas Militares y de la Fuerza A\u00e9rea para realizar esta tarea\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Enseguida, el IGAC concluy\u00f3 que \u00abno se ha podido realizar el reconocimiento en terreno, actividad fundamental del procedimiento de deslinde, por lo que este procedimiento a\u00fan no ha concluido\u00bb, por lo que se program\u00f3 una nueva reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Deslinde cuyo objetivo es el de definir \u00abun cronograma de actividades para las verificaciones de campo, para lo cual se esperar contar con la presencia de la Fuerzas de Tarea Conjunta -\u2013MEGA, a quienes se ha convocado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.3. Lo anterior significa que tanto el Congreso de la Rep\u00fablica como el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, est\u00e1n adelantando las gestiones que la Constituci\u00f3n y la ley establecen para definir los l\u00edmites territoriales de regiones del orden departamental, concretamente de los que son motivo del reclamo que hace el impugnante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, los gobernadores de los departamentos involucrados, han expresado su voluntad de defender los intereses de sus representados, dado que el IGAC dej\u00f3 constancia que sobre el tema se \u00abha efectuado 13 sesiones durante las cuales las partes han planteado sus puntos de vista y solicitado la verificaci\u00f3n en campo de una serie de puntos de coordenadas\u00bb (fls. 175 y 176, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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Situaci\u00f3n distinta es que a pesar de la actividad desplegada, a\u00fan no se haya consolidado el levantamiento del acta prevista al cabo de la operaci\u00f3n administrativa conocida como deslinde, en tanto no ha sido posible precisar las evidencias t\u00e9cnicas y cient\u00edficas que, como lo consagra la normativa en comento, muestren \u00ablos elementos descriptivos del l\u00edmite relacionados en los textos normativos o a falta de claridad y conformidad de estos con la realidad geogr\u00e1fica, los consagrados por la tradici\u00f3n\u00bb, debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad para realizar la labor de campo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En lo atinente a las consecuencias que pudieran desprenderse de la falta de definici\u00f3n de esos l\u00edmites, en especial los posibles perjuicios por el aprovechamiento de recursos naturales y otros de \u00edndole presupuestal, atribuibles a las decisiones adoptadas por el ente territorial que mantiene soberan\u00eda sobre esas regiones, no es una situaci\u00f3n que genere la necesidad de adoptar medidas provisionales mientras se define el diferendo, pues el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 1447 de 2011, prev\u00e9 que \u00abmientras se surten los procedimientos de definici\u00f3n de l\u00edmites dudosos entre las entidades territoriales involucradas, estas conservan sus competencias constitucionales y legales para todos los efectos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, recu\u00e9rdese que seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, procede cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01), y esos presupuestos deben encontrarse suficientemente probados para que el resguardo opere con la eficacia requerida, lo cual ac\u00e1 no se configura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En relaci\u00f3n a la solicitud de \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb planteada por el accionante respecto a las disposiciones legales invocadas por los convocados, de ella no se pude hacer uso en esta oportunidad, en la medida en que no se detecta \u00abuna clara contradicci\u00f3n entre la disposici\u00f3n aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales\u00bb (CC T-389\/09), por el contrario, la resoluci\u00f3n del caso conforme a la ley, obedece a las competencias y procedimientos reglados en ella a partir de la norma superior (art\u00edculo 290).  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que con efectos erga omnes, la Constituci\u00f3n contempla la posibilidad de controvertir las leyes en virtud del ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, la cual es de gran relevancia jur\u00eddica al ofrecer una herramienta a la ciudadan\u00eda para solicitar la exclusi\u00f3n del ordenamiento legal de aquellas disposiciones atentatorias de la Carta Pol\u00edtica; y de otro lado, est\u00e1 el control denominado excepci\u00f3n de inconstitucionalidad previsto en el art\u00edculo 4\u00b0 superior, el que, a diferencia del anterior, en su aplicaci\u00f3n s\u00f3lo tiene efectos inter partes.  <\/span><\/p>\n

6. De ah\u00ed que esta Sala haya se\u00f1alado que la opci\u00f3n que podr\u00eda darse para que el juez de tutela intervenga en la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas, cuando por su omisi\u00f3n o deficiente implementaci\u00f3n sea ostensible la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, corresponde a aquella utilizada en algunas oportunidades por la Corte Constitucional, bajo la figura jur\u00eddica de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Mediante dicho mecanismo se han afrontado dif\u00edciles situaciones que comprenden la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de un colectivo de personas, y ha sido aplicado para todas ellas sin que se pierda el sentido del amparo a los derechos individuales. No obstante, para su declaraci\u00f3n, la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, ha exigido la concurrencia de precisos elementos f\u00e1cticos y derecho, sintetizados as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneraci\u00f3n masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un n\u00famero significativo de personas; (ii) la prolongada omisi\u00f3n de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (ii) la adopci\u00f3n de pr\u00e1cticas inconstitucionales, como la incorporaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedici\u00f3n de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneraci\u00f3n de los derechos. (iv) La existencia de un problema social cuya soluci\u00f3n compromete la intervenci\u00f3n de varias entidades, requiere la adopci\u00f3n de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acci\u00f3n de tutela para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos, se producir\u00eda una mayor congesti\u00f3n judicial\u00bb. CC T-025\/04.  <\/span><\/p>\n

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7. En este orden, en el presente asunto, donde la indefinici\u00f3n de l\u00edmites territoriales involucra, entre otros, al departamento de Caquet\u00e1, por cuyos intereses y los de la comunidad se duele el accionante, la Sala no encuentra factible que el juez de tutela adopte medidas para afrontar problemas sociales e incluso ambientales, que pueden afectar a un amplio sector de ciudadanos, pues la posibilidad de una intervenci\u00f3n en esas condiciones, demandar\u00eda la necesidad de establecer una serie de condiciones decantadas en sede de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se reitera que \u00abpara una decisi\u00f3n de tama\u00f1a trascendencia, el estudio concreto requerir\u00eda un t\u00e9rmino que exceder\u00eda el previsto para fallar una acci\u00f3n de tutela dentro de las instancias, pues la complejidad del asunto conlleva no s\u00f3lo la participaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tema, sino la respuesta a un amplio y preciso cuestionario, as\u00ed como la pr\u00e1ctica de suficientes medios probatorios que determinen con holgura la posible omisi\u00f3n, tardanza o deficiencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, frente a la problem\u00e1tica social a remediar\u00bb (CSJ STC13831-2016, 29 sep. 2016, rad. 00181-01).  <\/span><\/p>\n

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8. Puestas as\u00ed las cosas, pretender que a trav\u00e9s del mecanismo de la acci\u00f3n de tutela, se proceda a ordenar al Congreso de la Rep\u00fablica, as\u00ed como a diferentes entes y autoridades del orden nacional y regional, que elabore y ejecute aspectos puntuales catalogados como de pol\u00edticas p\u00fablicas, desbordar\u00eda la competencia del juzgador de instancia, pues la tutela no se estatuy\u00f3 por el Constituyente de 1991 para se\u00f1alar pautas, acciones o normativas de direccionamiento de la Administraci\u00f3n tendiente a una adecuada gesti\u00f3n gubernamental.  <\/span><\/p>\n

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Es importante hacer notar que para una decisi\u00f3n de tama\u00f1a trascendencia, el estudio concreto requerir\u00eda un t\u00e9rmino que exceder\u00eda el previsto para fallar una acci\u00f3n de tutela dentro de las instancias, pues la complejidad del asunto demanda no s\u00f3lo la participaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tema, sino la respuesta a un amplio y preciso cuestionario y la pr\u00e1ctica de suficientes medios probatorios que determinen con holgura la posible omisi\u00f3n, tardanza o deficiencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, frente a la problem\u00e1tica social a remediar.  <\/span><\/p>\n

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9. Corolario de lo esgrimido en precedencia, se ratificar\u00e1 la improcedencia del amparo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4890-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-002-2016-00425-02   (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}