{"id":100573,"date":"2026-06-25T21:07:30","date_gmt":"2026-06-25T21:07:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4891-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:07:30","modified_gmt":"2026-06-25T21:07:30","slug":"stc4891-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4891-2017\/","title":{"rendered":"STC4891-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4891-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00441-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 3 de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Montealegre Mendoza contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y el Ministerio de Defensa tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 el Hospital Central de la Polic\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, vida e integridad personal, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en raz\u00f3n a que se niegan a autorizarle el servicio de transporte desde su casa hasta la unidad renal donde se le realiza, tres veces por semana, el procedimiento de hemodi\u00e1lisis.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su reclamo se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que como consecuencia de un impacto qued\u00f3 parapl\u00e9jico, asimismo padece problemas nefr\u00edticos graves desde hace 20 a\u00f1os, por lo que fue sometido a trasplante, pero \u00abdesafortunadamente el ri\u00f1\u00f3n se deterior\u00f3 y desde el mes de noviembre de 2016, est[\u00e1] en tratamiento de hemodi\u00e1lisis de por vida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que la referida terapia se la practican en la Unidad Renal de la Cl\u00ednica de Occidente \u00abtres veces por semana y no menos de 13 al mes\u00bb, de modo tal que debe trasladarse con esa periodicidad a dicha IPS, pero que, dadas sus condiciones \u00aben bus no [se] pued[e] desplazar y los taxis [l]e ponen mucho problema por no tener donde portar la silla de ruedas\u00bb a lo que agrega que carece de recursos econ\u00f3micos para continuar pagando por ese servicio pues su \u00abesposa ha tenido que retirarse de su trabajo para poder[lo] llevar todas las semanas \u00bb, situaci\u00f3n que le obstaculiza la posibilidad de recibir la asistencia que requiere para el manejo de su enfermedad, poniendo en riesgo su vida.  <\/span><\/p>\n

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Relata que, el 19 de enero del a\u00f1o que avanza con fundamento en los hechos descritos, solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, le autorizaran el transporte especializado que necesita para cumplir con sus citas, sin embargo, esta le respondi\u00f3 de manera negativa \u00abargumentado que el plan de salud de la Polic\u00eda Nacional no cubr\u00eda ese servicio ya que el decreto que los reglamentaba no los obligaba\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende en consecuencia, que se ordene a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional autorizar el suministro del \u00abtransporte que requiero tres (3) veces a la semana trece (13) veces al mes y hasta que lo requiera\u00bb (fls. 14 a 17, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Jefe Seccional de Sanidad Bogot\u00e1, argumenta que no se puede acceder a las pretensiones del tutelante por cuanto la cobertura de los desplazamientos para realizarle el tratamiento que demanda no est\u00e1 incluida en el Acuerdo 002 de 2001 \u00abPor el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial\u00bb, y que de asumirla pondr\u00eda en riesgo la viabilidad financiera del subsistema disminuyendo la posibilidad a los dem\u00e1s usuarios de acceder a los servicios legalmente establecidos para ellos.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente alega que, seg\u00fan el informe de la visita domiciliaria que se realiz\u00f3 al paciente, no logr\u00f3 evidenciar la ausencia de recursos econ\u00f3micos que impongan subvencionar los costos en comento, as\u00ed las cosas, pidi\u00f3 negar el amparo (fls. 35 a 39, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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2. El Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, refiere que seg\u00fan las normas que rigen el sistema excepcional al que se encuentra inscrito el interesado, la gesti\u00f3n de las prestaciones que reclama corresponde al \u00c1rea de Sanidad de Bogot\u00e1, por lo que es esta la llamada a responder frente a las acusaciones aqu\u00ed realizadas (fls. 47 a 48, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, al encontrar probados los presupuestos que v\u00eda jurisprudencial se han establecido para otorgar este tipo de ayudas, encaminadas a superar los impedimentos de movilizaci\u00f3n de los usuarios que obstaculizan el acceso al servicio de salud.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de las aludidas exigencias hall\u00f3 que, el interesado no cuenta con recursos para solventar de su propio peculio los gastos de traslado, pues si bien su n\u00facleo familiar recibe un ingreso mensual de $1.566.000, este es inferior a los egresos que deben soportar, por otro lado, las hemodi\u00e1lisis que se le practican son indispensables para preservarle la salud por lo que en caso de no realiz\u00e1rsele se podr\u00eda en riesgo la vida de aquel, ya que la historia cl\u00ednica reporta que sufre \u00abinsuficiencia renal cr\u00f3nica\u2026estadio 5 como secuela de \u201ctrauma raqumedular T6, paraplejia esp\u00e1stica, quien presenta incapacidad motora permanente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dado el referido cuadro cl\u00ednico estim\u00f3 que para asegurar los derechos del actor era menester no solo la prestaci\u00f3n del tratamiento especializado que viene recibiendo, sino adem\u00e1s garantizarle que efectivamente podr\u00e1 asistir a la pr\u00e1ctica de aquel, lo que implica el aseguramiento por parte de la demandada del medio de transporte necesario para que concurra en las fechas programadas con ese prop\u00f3sito (61 a 67, cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el Jefe Seccional de Sanidad de Bogot\u00e1, quien reiter\u00f3 los argumentos contendidos en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, de este modo, en relaci\u00f3n con la movilizaci\u00f3n de la paciente alega que no es un servicio de salud y por tanto no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de sumin\u00edstralo m\u00e1xime cuando no lo contempla el Acuerdo 2 de 2001, bajo esa l\u00f3gica, advierte de hacerlo violar\u00eda el principio de legalidad que rige sus actuaciones y adem\u00e1s se atribuir\u00eda una obligaci\u00f3n que no le pertenece, pues es al n\u00facleo familiar del demandante al que le corresponde satisfacer este tipo de necesidades, que seg\u00fan el informe de la trabajadora social que los visit\u00f3, no se encuentra en una situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica precaria, por lo que cuenta con la capacidad de asumir dicha carga.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, finaliza solicitando que si no se comparten los reproches planteados al menos se le autorice repetir contra el Fosyga (fls. 57 a 65, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        En el asunto en estudio, el actor considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y su Seccional Bogot\u00e1, por no proveer el transporte especializado que \u00e9l y su acompa\u00f1ante requieren para asistir a las hemodi\u00e1lisis, que tres veces por semana se le practican, a pesar de encontrarse en situaci\u00f3n de discapacidad, carecer de recursos propios para cubrir ese servicio y ser obligatoria su asistencia, so pena de poner en riesgo la vida.  <\/span><\/p>\n

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2. En relaci\u00f3n con el derecho fundamental a la salud, esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, es \u00abun derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u201ctiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007, retirada en STC9859-2016, 21 jul, 2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo para proteger tal prerrogativa cuando se demuestre que existe una afectaci\u00f3n inminente de los derechos a la vida, integridad personal o dignidad humana, del afectado por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral entre otros.  <\/span><\/p>\n

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3. De la historia cl\u00ednica allegada al tr\u00e1mite constitucional, se extrae que el accionante se encuentra en condici\u00f3n de \u00abdiscapacidad motora permanente que limita su movilidad\u00bb como consecuencia de las secuelas del \u00abTRAUMA RAQUIMEDULAR T6, PARAPLEJIA\u00bb adicional a lo anterior \u00abPADECE DE insuficiencia RENAL TERMINAL\u00bb por lo que \u00abINICI\u00d3 HEMODI\u00c1LISIS DURANTE 4 A\u00d1OS\u00bb, con posterioridad cambi\u00f3 \u00abA di\u00e1lisis peritoneal por 3 a\u00f1os m\u00e1s\u00bb luego le realizaron \u00abtrasplante renal en el 2003\u00bb (fls. 1 a 6, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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En la actualidad, debido a una complicaci\u00f3n con el \u00f3rgano implantado recibe terapia de hemodi\u00e1lisis \u00ab3 VECES POR SEMANA (13 VECES POR MES)\u00bb en la IPS \u00abFresenuis Medical Care\u00bb, por lo que motivados en su \u00abDIFICULTAD PARA DEAMBULACI\u00d3N POR SECUELAS DE TRAUMA MEDUALAR\u00bb (fl. 7, ib\u00eddem) los especialistas de dicha instituci\u00f3n, adscrita al R\u00e9gimen Especial de la Polic\u00eda Nacional, solicitaron a la Direcci\u00f3n de Sanidad del referido cuerpo de seguridad, le autorizara \u00abTRANSPORTE ESPECIALIZADO DESDE SU CASA A LA UNIDAD RENAL\u00bb para que pueda recibir sin inconvenientes el tratamiento, no obstante, tal pedimento, que fue tramitado por el actor, se le neg\u00f3 bajo el argumento de que el Acuerdo 002 de 27 de abril de 2001, \u00abNO INCLUYE el suministro del servicio de transporte\u00bb (fls. 9 a 18, cdno. 1), motivo por el cual acude al presente mecanismo constitucional.  <\/span><\/p>\n

4. Una vez identificadas las condiciones f\u00e1cticas descritas, proceder\u00e1 la Sala a indicar si, en el presente caso, hay lugar a conceder el amparo respecto de ordenar a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional suministrar el transporte especial al usuario y un acompa\u00f1ante, para desplazarse desde su residencia al lugar donde le realizan el procedimiento en comento, ambos ubicados en la ciudad de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, \u00absi bien el transporte y hospedaje del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y estad\u00eda en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica. (\u2026) As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado\u00bb (CC T-760 de 2008, T-481 de 2011 y T-155 de 2014).  <\/span><\/p>\n

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La citada jurisprudencia pareciera indicar que el reconocimiento de los gastos de traslado opera cuando este sea intermunicipal, sin embargo, la nombrada Corporaci\u00f3n ha ordenado en otras oportunidades, sea cubierta la movilizaci\u00f3n de los pacientes entre diferentes centros m\u00e9dicos o dentro de la misma ciudad, as\u00ed ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abbien se trate de traslados dentro de la misma ciudad, interinstitucionales o intermunicipales dirigidos a la pr\u00e1ctica de procedimientos m\u00e9dicos o a la prestaci\u00f3n de alg\u00fan servicio del cual no dispone la IPS remitente, en un inicio el costo de los mismos corresponder\u00e1 al paciente y sus familiares. Sin embargo, en casos especiales como \u00abcuando los municipios o departamentos remitentes reciban una UPC adicional (servicio incitado en el POS) y (ii) cuando las especiales circunstancias de vulnerabilidad econ\u00f3mica y debilidad manifiesta del paciente (menores y adultos mayores) sean manifiestas, es posible que las EPS asuman gastos de traslado de manera excepcional. Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de accesibilidad a los servicios de salud autorizados a los usuarios\u00bb (C.C. T-650 de 2015).  <\/span><\/p>\n

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Conforme a lo anterior existen casos extraordinarios en los que dicha asistencia debe concederse con cargo a la entidad prestadora de servicios de salud, siempre que \u00ab(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario\u00bb (C.C  T-154 de 2014), esto bajo la justificaci\u00f3n de que no es posible interponer obst\u00e1culos que impidan el acceso a los servicios de salud y, por consiguiente, la materializaci\u00f3n de este derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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5. En el caso concreto se\u00f1ala el actor que est\u00e1 afiliado al R\u00e9gimen Especial de Salud de la Polic\u00eda Nacional como cotizante. Que debe asistir tres veces por semana a tratamiento de hemodi\u00e1lisis, pero que debido a su estado de discapacidad le es complicado trasladarse al lugar donde le practican el procedimiento, sumado a que carece de los recursos econ\u00f3micos para cubrir el monto que implica contratar el servicio de transporte. Con apoyo en lo anterior se analizar\u00e1n los presupuestos jurisprudenciales atr\u00e1s referidos que de corroborarse abrir\u00edan paso a la concesi\u00f3n de la pretensi\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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5.1 As\u00ed las cosas, en relaci\u00f3n con la condici\u00f3n econ\u00f3mica del accionante evidencia la Sala del informe de la visita domiciliaria que la impugnante le realiz\u00f3, que \u00e9l y su esposa habitan en un inmueble de su propiedad, que recibe una pensi\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional equivalente a \u00ab$2\u2019323.00 con descuentos mensuales por n\u00f3mina de $732.000 cuota de pago de apartamento y $160.000 por concepto de cuota de cr\u00e9dito adquiridos en Fraternidad de Personas con Discapacidad Polic\u00eda Nacional (FRAPON)\u00bb, y que tambi\u00e9n se encuentra sufragando una mensualidad de $276.000 por concepto del \u00abpr\u00e9stamo adquirido para la compra de un veh\u00edculo el cual fue vendido hace 4 a\u00f1os, adquiriendo nuevamente un veh\u00edculo CHEVROLET SAIL\u00bb (negrilla del texto).  <\/span><\/p>\n

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Conforme a la anterior informaci\u00f3n resulta evidente que el primer requisito no se satisface, toda vez que el tutelante dispone de veh\u00edculo particular en el cual los miembros de su n\u00facleo familiar, a quienes en principio le corresponde asumir su desplazamiento, pueden movilizarlo al lugar donde toma el tratamiento; al respecto se ha puntualizado \u00abque si la persona afectada en su salud no puede acceder a alg\u00fan servicio expresamente excluido, de \u00edndole meramente econ\u00f3mico o log\u00edstico, son los parientes cercanos del afectado, en aras del principio de solidaridad, a los que se les debe exigir el cumplimiento de este  deber, y que, en tal virtud, deben acudir a suministrar lo que el paciente requiera y que su capacidad econ\u00f3mica no le permite\u00bb (CC, T-900 del 2000).  <\/span><\/p>\n

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De este modo, la existencia de dicho autom\u00f3vil que seg\u00fan \u00e9l mismo lo manifest\u00f3 le pertenece, descarta de entrada la existencia de obst\u00e1culos que le impidan el acceso a los servicios de salud, los que constituyen la justificaci\u00f3n que permitir\u00eda imponer de manera excepcional la asunci\u00f3n de la responsabilidad por la movilizaci\u00f3n del paciente en cabeza de las autoridades que administran el R\u00e9gimen Especial en Salud de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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Y ello, por cuanto se reitera, que al contar el accionante con veh\u00edculo particular que adem\u00e1s es propio, la barrera informal que dice le impide el acceso a su derecho de recibir las terapias, por cuestiones log\u00edsticas, queda eliminada, ya que bien sea su esposa u otro pariente, podr\u00e1n hacer uso de este para llevarlo a la unidad cl\u00ednica renal donde toma el tratamiento, m\u00e1xime cuando el recorrido que deben hacer no implica deslazamientos fuera de la ciudad.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la determinaci\u00f3n de la demandada que no se comprometi\u00f3 a transportar al actor desde su domicilio al sito en el que se le practica la terapia m\u00e9dica, tres veces a la semana, o a sufragar el costo que aquel implique, est\u00e1 justificada, en la posibilidad y a su vez obligaci\u00f3n que el actor tiene de asumir en conjunto con sus parientes esa carga, haciendo uso del medio de transporte del que dispone as\u00ed como de los recursos econ\u00f3micos que mensualmente devenga como pensionado, los cuales superan los 3 salarios legales m\u00ednimos mensuales vigentes para este a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto la Corte Constitucional ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00abHay que precisar que la negativa de las entidades de salud de reconocer los gastos que implique el desplazamiento del lugar de residencia al sitio donde se autoriz\u00f3 realizar el procedimiento quir\u00fargico o tratamiento m\u00e9dico del paciente, no implica, per se, la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la salud, ni vulnera el derecho a la salud del afectado, en raz\u00f3n que tales gastos pueden ser asumidos por la propia persona o por sus familiares cercanos, en cumplimiento del deber de solidaridad social de que trata la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. S\u00f3lo si se est\u00e1 ante la falta comprobada de recursos econ\u00f3micos por parte de la persona enferma o de sus parientes, y existe certeza de que al no acceder al tratamiento m\u00e9dico ordenado se pone en peligro la vida o la salud del paciente, s\u00f3lo en esas circunstancias, recaer\u00e1, se repite, en cabeza del Estado la obligaci\u00f3n de poner a disposici\u00f3n del afectado los medios que le permitan el acceso al tratamiento indicado\u00bb (C.C, T-566 de 2012, subrayado de la Sala).  <\/span><\/p>\n

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5.2. T\u00e9ngase en cuenta que al demandante no se le ha negado el suministro de los servicios m\u00e9dicos que las enfermedades que padece exigen, pues seg\u00fan revela su historia cl\u00ednica desde el a\u00f1o 1996, viene recibiendo atenciones para la insuficiencia renal que lo aqueja, prueba de ello es que las hemodi\u00e1lisis se le han practicado de manera ininterrumpida y sin complicaci\u00f3n, ahora el costo de los traslados para recibir dicho tratamiento, en las condiciones particulares en las que \u00e9l se encuentra, constituye una carga m\u00ednima que le corresponde asumir en virtud del principio de solidaridad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud \u00abque les impone a los particulares el deber de vincular su propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en inter\u00e9s colectivo. As\u00ed, (\u2026) quienes cuentan con capacidad de pago deben contribuir al equilibrio del sistema, sufragando los medicamentos y servicios m\u00e9dicos NO POS que requieran, en lugar de trasladarle dicha carga al Estado, que se ver\u00eda limitado para hacer realidad su prop\u00f3sito de ampliar progresivamente la   cobertura del servicio de salud\u00bb (C.C T-017 de 2013).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Analizadas las pruebas que obran en el expediente y conforme a la jurisprudencia citada, la Sala concluye que en este caso, no se amenazan los derechos a la salud, vida e integridad del accionante pues en virtud del principio de solidaridad, la esposa de Edgar Montealegre Mendoza, quien dice estar encargada exclusivamente de su cuidado u otro familiar, pueden acompa\u00f1arlo y llevarlo a las citas m\u00e9dicas en las que se le realiza el tratamiento de hemodi\u00e1lisis, utilizando para para solventar los costos que dichos traslados demanden los medios y recursos econ\u00f3micos de los que aquel dispone, pues devenga una pensi\u00f3n de $2.323.000 y seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el valor de los transportes asciende a $400.000 mensuales, lo que permite afirmar que con su asunci\u00f3n no se ve afectado su m\u00ednimo vital, aunado a ello tiene autom\u00f3vil propio, condici\u00f3n que facilita su movilidad.  <\/span><\/p>\n

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7. Por las razones explicadas, al no haberse demostrado en este caso la incapacidad econ\u00f3mica del actor ni la de su familia para sufragar los gastos de transporte para acudir a las citas peri\u00f3dicas de hemodi\u00e1lisis, no se configura la hip\u00f3tesis que permitir\u00eda ordenar se le reconozca el servicio o el valor de los montos que requiere para trasladarse, raz\u00f3n por la cual se revocar\u00e1 la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia preanotadas, para, en su lugar, NEGAR la protecci\u00f3n a los derechos reclamados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4891-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00441-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100573","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100573\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}