{"id":100574,"date":"2026-06-25T21:07:41","date_gmt":"2026-06-25T21:07:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4893-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:07:41","modified_gmt":"2026-06-25T21:07:41","slug":"stc4893-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4893-2017\/","title":{"rendered":"STC4893-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4893-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2017-00246-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonel Rivas Minotta contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral de esta ciudad y el Banco Popular, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a \u00abla indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional\u00bb; a \u00abmantener el poder adquisitivo de la mesada pensional\u00bb, a la igualdad, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso \u00abaplicable a los trabajadores\u00bb y a la favorabilidad laboral en relaci\u00f3n \u00abcon [el] equilibrio en las relaciones de trabajo\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se \u00abdejen sin efecto o valor jur\u00eddico alguno las sentencias que se emitieron en [su] caso\u2026\u00bb; que en su lugar, se ordene \u00abdirectamente al Banco Popular\u2026 proceda a indexar [su] primera mesada pensional con la f\u00f3rmula explicada por la Corte Constitucional en las sentencias T-098 de 2005, T-425 de 2007[,] T-815 de 2007 y T-1055 de 2007\u00bb, o la de la \u00abSala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia radicad[a] 31222 de 2007\u00bb, con vista en el \u00faltimo salario que recibi\u00f3 \u00abpagando igualmente el valor del retroactivo que corresponda desde el momento en que se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, y haciendo los reajustes anuales a que haya lugar[,] de conformidad con el orden jur\u00eddico vigente en esta materia y pag\u00e1ndo[le] la pensi\u00f3n hacia el futuro\u00bb (folios 7 y 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Leonel Rivas Minotta promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral en contra del Banco Popular, con el fin de que le fuera reconocido su derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, al igual que el derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que el 21 de febrero de 2003 dict\u00f3 sentencia, en la que accedi\u00f3 al reconocimiento de la asignaci\u00f3n de retiro a partir del 30 de octubre de 2000, en cuant\u00eda de $217.553,73, esto es, en equivalencia a 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente, raz\u00f3n por la cual el demandante formul\u00f3 alzada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. El 16 de mayo siguiente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 modific\u00f3 el fallo del a-quo, resolviendo pagarle la mesada por $355.003,43, es decir, a 1,2 salarios m\u00ednimos, raz\u00f3n por la que considera que no fue indexada esa prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Inconforme con las determinaciones de instancia, el quejoso interpuso casaci\u00f3n pidiendo casar parcialmente la sentencia del ad-quem; el 2 de febrero de 2005, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo inc\u00f3lume la providencia recurrida; circunstancia que, en su sentir, conllev\u00f3 a que recibiera una pensi\u00f3n depreciada en el 50% de su valor real, de acuerdo a los ingresos que devengaba cuando se produjo su retiro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Indic\u00f3 que tales prove\u00eddos ocasionaron un \u00abperjuicio vitalicio\u00bb al desconocer que el Estado debe garantizar el pago oportuno y el reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales, en raz\u00f3n de lo cual promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela suplicando su revocatoria, pedimento que fuera desestimado por la Corte Constitucional en sentencia de revisi\u00f3n T-070\/07.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Adujo que posteriormente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n mediante fallo de 20 de abril de 2007, radicado n\u00ba 29470, recogi\u00f3 el precedente relativo a negar la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, admitiendo lo sostenido por la Corte Constitucional en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, al declarar tal derecho como una garant\u00eda derivada del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; despu\u00e9s, en la decisi\u00f3n radicada bajo el n\u00ba 31222 aquella Sala de Casaci\u00f3n recogi\u00f3 todo pronunciamiento que resultare contrario a la f\u00f3rmula que se hubiere empleado en casos similares donde no se consagr\u00f3 la forma de actualizar la mesada pensional; y finalmente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n profiri\u00f3 la sentencia 47709 de 2013 en la que estableci\u00f3 que el \u00abderecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de la pensi\u00f3n\u2026 cobija por igual a todos los pensionados\u00bb (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.6. Refiri\u00f3 que la Corte Constitucional en SU-637\/16 reiter\u00f3 tal posici\u00f3n, precisando con fuerza vinculante \u00abque el derecho a la indexaci\u00f3n es\u2026 constitucional, de car\u00e1cter universal y se predica de todos los pensionados\u00bb (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Explic\u00f3 que los cambios jurisprudenciales anotados fueron posteriores a las decisiones del proceso ordinario instaurado, de manera que su caso se resolvi\u00f3 en una \u00e9poca en la que no se acced\u00eda a indexar las pensiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Sostuvo que no es justo que siga padeciendo los efectos negativos de unas sentencias que fueron expresamente recogidas por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en lo laboral, por lo que debe ser aplicado el criterio que se adopt\u00f3 en la sentencia de tutela de esta Sala de Casaci\u00f3n con radicado n\u00ba 2016-04909; reiterado en STC1426-2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Agreg\u00f3 que su caso trata de un tema de pura indexaci\u00f3n pensional y que busca la protecci\u00f3n del derecho que, en su justa dimensi\u00f3n, se le ha protegido a cientos de pensionados por no haberse ordenado la indexaci\u00f3n de esa asignaci\u00f3n, dado que a\u00fan no se ha materializado la prerrogativa de mantener el poder adquisitivo de la misma como lo indica el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues cuenta con gastos superiores a sus ingresos, vulner\u00e1ndose su m\u00ednimo vital.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio cuestionado e indic\u00f3 que la decisi\u00f3n fue proferida acatando los mandatos constitucionales y legales vigentes al momento de adoptar la misma; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

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2. El Banco Popular S.A. solicit\u00f3 rechazar por improcedente la tutela dado que no se ha vulnerado derecho alguno del actor y se\u00f1al\u00f3 que esta no es instancia adicional para controvertir lo dicho por el \u00f3rgano de cierre; que el accionante de forma temeraria acud\u00eda por tercera vez a la tutela; que las sentencias emitidas ya hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada y no constituyen v\u00edas de hecho, por lo que un posterior cambio de jurisprudencia \u00abno es causal suficiente para anular dichos fallos\u00bb; que al gestor s\u00ed le fue concedida la indexaci\u00f3n de su pensi\u00f3n; que no cumple con el requisito de la inmediatez, pues acudi\u00f3 al amparo 12 a\u00f1os despu\u00e9s de que fue emitido el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Solicit\u00f3 que, en caso de llegarse a ordenar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, se le autorice para descontar los valores pagados, aplicar la figura de la compartibilidad con la pensi\u00f3n de vejez y los valores prescritos (folio 155, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte adujo que el peticionario ya hab\u00eda presentado una tutela frente a la sentencia cuestionada, la que fue seleccionada por la Corte Constitucional en sentencia T-070\/07, confirmando la negaci\u00f3n del resguardo; que lo que se pretende \u00abes desquiciar las decisiones constitucionales que resolvieron la inexistencia de la transgresi\u00f3n ius fundamental\u00bb, lo cual no es procedente, pues esta acci\u00f3n no puede utilizarse para cuestionar decisiones emitidas en tr\u00e1mites de la misma naturaleza; que admitir un reexamen ante un cambio jurisprudencial, lesiona los principios del Estado Social de Derecho, la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima; y no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que es un asunto que hace m\u00e1s de diez a\u00f1os hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada (folio 238 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que no concurr\u00eda ninguno de los presupuestos de procedencia del resguardo, pues se brindaron todas las garant\u00edas fundamentales y no se incurri\u00f3 en arbitrariedad; que el hecho de que las pretensiones del gestor no hayan sido estimadas, no significa que la actuaci\u00f3n sea caprichosa; que los fallos expusieron las razones f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas por las que se adoptaba esa decisi\u00f3n, fund\u00e1ndose en los presupuestos legales y jurisprudenciales que para la \u00e9poca se hallaban vigentes, pues el pronunciamiento de la Corte Constitucional que propici\u00f3 un cambio radical en la materia fue emitido dos d\u00edas despu\u00e9s; y las decisiones emitidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en su calidad de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria de esa especialidad, no tienen la posibilidad de revisi\u00f3n cuando adquieren firmeza.  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la sentencia SU 637 de 2016 de la Corte Constitucional aclaraba como deb\u00eda hacerse el pago de la mesada pensional, esto es, desde el 13 de diciembre de 2007.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, el accionante acude a la tutela al considerar que se transgreden sus prerrogativas esenciales, pues en su criterio, no fue reconocida la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional por los juzgadores de instancia y por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral1, debido a lo cual suplic\u00f3 aplicar a su particular situaci\u00f3n las sentencias T-098\/05, T-425\/07, T-815\/07, T-1055\/07 y SU-637\/16 de la Corte Constitucional; y STC5869-2015, STC-4909-2016 y STC1426-2017 de esta Sala de Casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, de entrada surge palmario la necesidad de precisar que, de acuerdo con la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo se advierte con total claridad que la primera mesada pensional del quejoso fue indexada por los jueces de instancia, puntual determinaci\u00f3n que no fue casada por la Sala Laboral de la Corporaci\u00f3n; no obstante lo cual tal c\u00e1lculo fue realizado con basamento en la f\u00f3rmula que la jurisprudencia para la \u00e9poca de liquidaci\u00f3n admit\u00eda, la que posteriormente fue recogida por las altas Cortes, dando paso a un m\u00e9todo de c\u00f3mputo que atiende el principio pro operario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal virtud, fuerza interpretar la demanda en el sentido de que el reproche esgrimido por el accionante se enfila a que se acceda a la aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de c\u00e1lculo m\u00e1s favorable a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. De otra parte, en primer lugar, se pone de presente que esta petici\u00f3n tuitiva no es temeraria, pues si bien es cierto que el aqu\u00ed reclamante en anteriores oportunidades formul\u00f3 acciones de tutela por hechos an\u00e1logos a los de ahora, lo cierto es que la actual petici\u00f3n est\u00e1 fundada en una nueva circunstancia, \u00e9sta es el cambio de jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n, ocurrido en sentencia SL 30602, 13 dic. 2007, en punto de adoptar la f\u00f3rmula m\u00e1s beneficiosa para el trabajador para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, al igual que la sentencia SL 736-2013, 16 oct., rad. 47709, que reconoci\u00f3 el derecho universal que les asiste a los trabajadores de que su asignaci\u00f3n de retiro sea actualizada monetariamente; y se circunscribe a las sentencias SU-637\/16, STC5869-2015, STC-4909-2016 y STC-1426-2017, la primera de la Corte Constitucional y las siguientes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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A dicho prop\u00f3sito, esta Sala ha precisado que el cambio de la jurisprudencia sentada constituye un hecho nuevo, en raz\u00f3n a que se pone en juego la prerrogativa a la igualdad de quienes acudieron a la jurisdicci\u00f3n cuando estaba vigente la inicial interpretaci\u00f3n normativa. As\u00ed lo expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en efecto, para la fecha en que se interpuso la primera acci\u00f3n de tutela no exist\u00eda certeza del derecho reclamado, pues la jurisprudencia de la Sala Laboral no hab\u00eda admitido la posibilidad de indexar la primera mesada en los casos en que el derecho a la pensi\u00f3n se hab\u00eda causado con anterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991; de ah\u00ed que la negaci\u00f3n del amparo por criterio razonable fuese justificado\u2026 (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 00166-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En segundo lugar, menester es explicar que en este caso aun cuando se cuestionan las sentencias de instancia y de casaci\u00f3n dictadas al interior de un proceso ordinario laboral, siendo la \u00faltima de ellas proferida el 2 de febrero de 2005 por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al tratarse de un derecho pensional, el cual goza de car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, vitalicio y de tracto sucesivo, \u00e9ste puede reclamarse en cualquier tiempo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En torno a la oportunidad en el planteamiento de estas acciones, la Corte Constitucional dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 hay casos en los no es procedente alegar la inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constituci\u00f3n no ha previsto la caducidad de la acci\u00f3n en el art\u00edculo 86.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, y de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneraci\u00f3n a dicho derecho del se\u00f1or Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negaci\u00f3n al incremento de su mesada pensional por concepto de compa\u00f1era permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso b\u00e1sico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (CC T-217\/13).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Esta Sala ha sostenido que la indexaci\u00f3n obedece a un m\u00e9todo econ\u00f3mico utilizado para:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026reajustar el valor de una suma de dinero por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda en virtud del fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La correcci\u00f3n del valor del dinero no es un hecho jur\u00eddico sino econ\u00f3mico, pues depende de la pol\u00edtica monetaria y de las leyes del mercado. Por ello, su reconocimiento por parte del derecho no es m\u00e1s que una consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad, pues de lo contrario se estar\u00eda afectando el poder adquisitivo de las personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en providencia de 8 de agosto de 1982, acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder de compra de las personas frente al fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. La misma Corporaci\u00f3n, en fallo de 15 de septiembre de 1992, reconoci\u00f3 expresamente que la indexaci\u00f3n proced\u00eda cuando  transcurr\u00eda un tiempo considerable entre la fecha de desvinculaci\u00f3n del trabajador por cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, y la fecha en que tal prestaci\u00f3n se hac\u00eda exigible, toda vez que el \u00faltimo salario recibido no pod\u00eda ser tomado como base del ingreso de la liquidaci\u00f3n, debido a su evidente devaluaci\u00f3n. En similares t\u00e9rminos se dict\u00f3 la sentencia de 11 de diciembre de 1996.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En fallo de 18 de agosto de 1999 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambi\u00f3 su jurisprudencia luego de estimar que la indexaci\u00f3n s\u00f3lo procede en los casos previstos por el legislador, es decir para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta posici\u00f3n fue declarada contraria a los postulados constitucionales en sentencia SU-120 de 2003, la cual se sustent\u00f3, entre otros, en los principios de favorabilidad y efectividad de las garant\u00edas laborales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El derecho universal a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada, por su parte, fue reconocido en sede de control abstracto en los fallos C-826 y C-891A de 2006, al pronunciarse la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 171 de 1961 y 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En sentencia de 31 de julio de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estableci\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, seg\u00fan la cual la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se debe reconocer no solo a las pensiones de car\u00e1cter legal sino tambi\u00e9n a las de origen convencional. Sin embargo, limit\u00f3 ese derecho a las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificaci\u00f3n SU 1073 de 2012, reiter\u00f3 que el derecho a la indexaci\u00f3n cobija a todos los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho con anterioridad o con posterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991, pues no existe ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica para establecer una distinci\u00f3n odiosa y que afecta el derecho a la igualdad entre ambas clases de pensionados. En esa providencia se precis\u00f3 que tal derecho se hace exigible a partir del proferimiento de tal fallo (12 de diciembre de 2012), pues antes de esa fecha no exist\u00eda un criterio claro y unificado en torno al tema de la actualizaci\u00f3n de la base salarial, por lo que no se puede exigir al demandado el pago del retroactivo con anterioridad a ese momento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En fallo de 16 de octubre de 2013, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adopt\u00f3 una nueva postura doctrinal, en la que consider\u00f3 su orientaci\u00f3n al respecto, y retom\u00f3 su jurisprudencia anterior a 1999, en el sentido de aceptar que la indexaci\u00f3n de la primera mesada procede \u201crespecto de todo tipo de pensiones, causadas a\u00fan con anterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la sentencia T-448 de 2013 se reiter\u00f3 que \u00abnegar el derecho a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada de un pensionado \u2013sin distinci\u00f3n del origen de la pensi\u00f3n\u2013 que consolid\u00f3 su derecho antes de la Constituci\u00f3n de 1991 o de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contrar\u00eda el mandato Superior del derecho a percibir una pensi\u00f3n m\u00ednima vital calculada teniendo en consideraci\u00f3n los fen\u00f3menos inflacionarios y la consecuente p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero. As\u00ed como tambi\u00e9n compromete los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta sentencia destac\u00f3, de igual modo, la obediencia que todas las autoridades deben al precedente de unificaci\u00f3n, de suerte que su desconocimiento implica una grave vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales: \u00abUna vez ha sido sentado por parte del respectivo m\u00e1ximo \u00f3rgano, no es dado que se realice una interpretaci\u00f3n distinta o alterada de la efectuada por la jurisprudencia de unificaci\u00f3n, en tanto que si en un caso dis\u00edmil se aceptara su aplicaci\u00f3n, se avalar\u00eda una relativizaci\u00f3n de lo dispuesto en el precedente mediante estructura de regla.\u00bb [Se subraya]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, la sentencia T-182 de 2014 retom\u00f3 en su integridad las razones en que se sustent\u00f3 el fallo de unificaci\u00f3n SU-1073\/12 para reconocer el derecho universal a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, el cual \u2013asever\u00f3\u2013 \u00abes predicable de todas las personas pensionadas y, por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situaci\u00f3n y, por tanto, deben recibir igual tratamiento.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta \u00faltima providencia enfatiz\u00f3, de igual manera, la regla contenida en la sentencia SU-1073\/12 con relaci\u00f3n a que \u00abpese al car\u00e1cter universal del derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1994, hace que s\u00f3lo a partir de esta decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n se genere un derecho cierto y exigible\u00bb. (Negrilla en el texto original). (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo ata\u00f1edero a la f\u00f3rmula que debe emplearse para liquidar la primera asignaci\u00f3n de retiro, la Corte Constitucional explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se configura el defecto denominado violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n cuando un juez ordinario laboral se niega a reconocer la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional o accede a ella pero con base en una f\u00f3rmula restrictiva, ya que vulnera el derecho de las personas a mantener el poder adquisitivo de su pensi\u00f3n de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 48 y 53 superiores, tal y como lo estableci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en las sentencias SU-1073 de 20122, T-1086 de 20123, T-1095 de 20124, T-007 de 20135 y T-255 de 20136.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026En efecto, al revisar las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral cuestionado, este Tribunal encuentra que si bien en las mismas se hizo alusi\u00f3n en forma correcta al precepto normativo que sirve de fundamento para el reconocimiento de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional y de la indexaci\u00f3n del salario base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, esto es el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, tambi\u00e9n lo es que se utiliz\u00f3 una f\u00f3rmula para su liquidaci\u00f3n diferente a la adoptada por esta Corte, la cual resulta desfavorable para el goce de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n del demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Espec\u00edficamente, la f\u00f3rmula utilizada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 fue la actualizaci\u00f3n anual del promedio del \u00faltimo a\u00f1o de salario devengado por el trabajador, con base en la variaci\u00f3n del indicie de precios al consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expide el DANE, teniendo en cuenta los d\u00edas a indexar y los d\u00edas del tiempo servido; en contraste de la usada reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n, a saber R= RH x (IPC final \/ IPC inicial), donde \u00abel valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor hist\u00f3rico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el \u00edndice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificaci\u00f3n de esta sentencia, entre el \u00edndice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional\u00bb7 (CC T-529\/14).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

6. En el sub examine la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con sentencia de 16 de mayo de 2003 reconoci\u00f3 al interesado la pensi\u00f3n de retiro a partir del 30 de octubre de 2000, por valor de $355.003,43, tras considerar la procedencia de la indexaci\u00f3n de la primera mesada de retiro, a partir de la f\u00f3rmula utilizada por la Corte Suprema de Justicia, actualizando el salario promedio del \u00faltimo a\u00f1o de servicio ($131.850,00) \u00abpor los IPC del a\u00f1o de retiro al mes en que se caus\u00f3 el derecho, por n\u00famero de d\u00edas a indexar por a\u00f1o, dividido por el n\u00famero de d\u00edas contados desde el d\u00eda siguiente de la fecha de la desvinculaci\u00f3n hasta el d\u00eda en que se caus\u00f3 el derecho (cumplimiento de edad para pensi\u00f3n)\u00bb, conforme al cuadro adjunto a la providencia (folios 53 y 54, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en providencia de 2 de febrero 2005 no cas\u00f3 la anotada sentencia del ad-quem, en lo tocante a la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula m\u00e1s favorable para liquidar la indexaci\u00f3n de la mesada pensional, estimando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026ya tuvo oportunidad de pronunciarse en el sentido seg\u00fan el cual el prop\u00f3sito del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 es la actualizaci\u00f3n anual de la base salarial que ha de servir para tasar la mesada pensional, esto es garantizar que los ingresos para establecer esa base de liquidaci\u00f3n mantengan su valor real, lo que se logra adecuando esta preceptiva a todas las situaciones cuya actualizaci\u00f3n sea procedente en los t\u00e9rminos de la precitada ley.  <\/span><\/p>\n

Criterio reiterado recientemente en sentencia de 10 de diciembre de 2004, radicada con el n\u00famero 21690, en la que se anot\u00f3, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026\u00abEl cometido del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial que ha de servir para tasar la mesada pensional, valga decir, garantizar que los ingresos para establecer esa base de liquidaci\u00f3n mantengan su valor real, lo que se logra adecuando la aludida disposici\u00f3n a todas las situaciones cuya actualizaci\u00f3n sea procedente, entre ellas la que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, que no es otra que en el evento de no haberse cotizado ni recibido salario entre el retiro del servicio o la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social y la fecha en que se cumpli\u00f3 la edad o requisitos para acceder al derecho pensional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con el inciso tercero de la disposici\u00f3n en comento, la actualizaci\u00f3n debe hacerse a\u00f1o por a\u00f1o o por fracci\u00f3n de a\u00f1o, tomando la variaci\u00f3n del IPC de cada una de esas anualidades y aplic\u00e1ndolo al salario promediado, sin que sea dable como lo sostiene el censor, que para la casu\u00edstica del examine se suponga que continu\u00f3 el demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues aqu\u00ed no se trata de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios peri\u00f3dicos sino un salario promedio que no tuvo modificaci\u00f3n con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, m\u00e1xime cuando esa base de liquidaci\u00f3n se remonta es al promedio devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de prestaci\u00f3n de servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y si se le diera la raz\u00f3n al recurrente, lo que se estar\u00eda actualizando ser\u00eda el salario del a\u00f1o anterior ya indexado, lo cual ir\u00eda en contrav\u00eda del esp\u00edritu de la norma que no prev\u00e9 que esos montos se acumulen, conllevando una doble revaluaci\u00f3n, siendo que lo pertinente es tomar como punto de partida el mismo promedio y aplicarle el incremento del \u00edndice respecto de cada una de las anualidades conforme a la ley, en la forma reflejada en la f\u00f3rmula que viene utilizando la Corte, que es igual a la acogida por los sentenciadores, al igual que la desarrollada por el propio demandante en su escrito de alegaci\u00f3n de folios 83 a 88 y que extra\u00f1amente luego la cambi\u00f3 en su memorial de apelaci\u00f3n  obrante de folios 166 a 169, tratando de obtener un mayor valor de la mesada…\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, es claro entonces que el sentenciador de segundo grado no incurri\u00f3 en el error de hermen\u00e9utica denunciado por la censura (folios 86, 87, 89 a 91, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los lineamientos jurisprudenciales referidos a espacio y contrastados con el asunto en ciernes, advierten necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela, comoquiera que no obstante haber sido actualizada la primera mesada de jubilaci\u00f3n en la decisi\u00f3n del Tribunal de segundo grado, la f\u00f3rmula empleada no conserv\u00f3 el poder adquisitivo de la misma, pues la prestaci\u00f3n dispuesta redujo en m\u00e1s de un 50% el monto de lo percibido por Rivas Minotta al momento del retiro, situaci\u00f3n que pone de manifiesto la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, fue desconocida la jurisprudencia constitucional relativa a la forma de calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional por los estrados judiciales que tramitaron el proceso laboral objeto de la solicitud de amparo, dado que aplicaron una f\u00f3rmula restrictiva y desfavorable, que desatiende la que ha sido utilizada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y, de unos a\u00f1os para ac\u00e1, por la Sala especializada en el tema perteneciente a la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No se tuvo en cuenta que el fen\u00f3meno inflacionario es una figura que afecta a toda la sociedad, que la indexaci\u00f3n es una herramienta para combatir los efectos de la inflaci\u00f3n que produce la p\u00e9rdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, y que su no aplicaci\u00f3n desconoce diferentes principios constitucionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, entonces, se concluye que el juez de tutela forzosamente debe intervenir en el caso bajo estudio, habida cuenta que en las decisiones emitidas al interior del juicio ordinario laboral iniciado por el gestor del amparo y otros en contra del Banco Popular S.A., no se efectu\u00f3 la actualizaci\u00f3n de la primera mesada con base en la f\u00f3rmula establecida por la Corte Constitucional en sentencia T-098\/058, reiterada en la SU-1073\/12 y T-529\/14, la que fuera adoptada igualmente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n en SL, 13 dic. 2007, rad. 30602; lo que devino en afectaci\u00f3n de los derechos del actor, dado que si bien utiliz\u00f3 una ecuaci\u00f3n aritm\u00e9tica aceptada por la jurisprudencia de la \u00e9poca, que era razonable, \u00e9sta result\u00f3 ser la menos favorable al trabajador, contrariando el principio constitucional pro operario, en raz\u00f3n de lo cual se otorgar\u00e1 el resguardo deprecado en este excepcional escenario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Con todo, la liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n s\u00f3lo es exigible desde el 13 de diciembre de 2007, fecha en la que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n pensional m\u00e1s favorable al trabajador, que ven\u00eda siendo utilizada por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, unific\u00e1ndose de esa manera, por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, la posici\u00f3n jurisprudencial de las altas Cortes sobre ese particular aspecto, generando as\u00ed la certeza jur\u00eddica del derecho reclamado por el trabajador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, la \u00faltima Corporaci\u00f3n citada, en sentencia SU-637\/2016 explic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026encuentra necesario hacer algunas consideraciones sobre las reglas que utilizar\u00e1 para determinar el retroactivo que deber\u00e1 pag\u00e1rsele al accionante, ahora que se ha establecido que procede la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional utilizando una nueva f\u00f3rmula. Sin embargo, como se indic\u00f3 en consideraciones precedentes, debe tenerse en cuenta que con esto no se pretende establecer una regla de prescripci\u00f3n de mesadas, en tanto que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que para pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991 y en las cuales la prescripci\u00f3n no fue alegada dentro del proceso ordinario por alguna de las partes, la Corte no tiene competencia para declarar de oficio dicha prescripci\u00f3n9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

51. Debido a esto \u00faltimo, esta Corporaci\u00f3n tomar\u00e1 el 13 de diciembre de 2007 (fecha de la sentencia de la Corte Suprema) como el momento en el cual se consolid\u00f3 la posici\u00f3n jurisprudencial acerca de que lo m\u00e1s adecuado en t\u00e9rminos de equidad y justicia material es utilizar la f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n que m\u00e1s beneficie al trabajador, siendo \u00e9sta, generalmente, la definida originalmente por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y luego adoptada por las otras Altas Corporaciones. Por ende, ordenar\u00e1 el pago del retroactivo a favor del accionante desde esa fecha, equivalente a la diferencia resultante entre lo que el ente accionado deb\u00eda pagar al haberse aplicado la f\u00f3rmula correcta de indexaci\u00f3n y lo que efectivamente pag\u00f3 como consecuencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n. La Sala considera que esta manera de determinar el retroactivo, si bien novedosa, atiende a la justicia material en este caso concreto, porque compensa adecuadamente al accionante por el tiempo durante el cual recibi\u00f3 una pensi\u00f3n liquidada con la f\u00f3rmula menos favorable y, por otro lado, reconoce que el Banco accionado ha venido pagando la mesada seg\u00fan las determinaciones originales de los jueces ordinarios. Otros casos similares podr\u00edan no requerir de este tipo de determinaciones, ya sea porque la f\u00f3rmula utilizada s\u00ed era la m\u00e1s favorable para el trabajador o porque las providencias laborales fueron proferidas con posterioridad al 2007, por ejemplo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas esta Sala refiri\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Desde luego que por v\u00eda de tutela no es posible declarar la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas, pero s\u00ed es posible -en acatamiento de los par\u00e1metros realizados por la jurisprudencia- concluir que el t\u00e9rmino prescriptivo previsto en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u00bb (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De manera que se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo impetrado por Leonel Rivas Minotta, dejando sin efecto las sentencias de 2 de febrero de 2005 y 16 de mayo de 2003, proferidas, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00fanicamente en lo relativo al accionante, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9stas dependan, ordenando al Tribunal accionado que profiera una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el asunto puesto a su conocimiento, se repite, s\u00f3lo en relaci\u00f3n con Leonel Rivas Minotta, con base en la jurisprudencia nacional vigente en materia de la f\u00f3rmula para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas sobre sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones y, concretamente, las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Revocar la sentencia de tutela objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Tutelar los derechos fundamentales de Leonel Rivas Minotta a que se aplique la f\u00f3rmula m\u00e1s favorable para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, conforme a las consideraciones que se acaban de exponer.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Dejar sin efectos las sentencias proferidas el 2 de febrero de 2005 y 16 de mayo de 2003, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Leonel Rivas Minotta y otros contra el Banco Popular S.A., pero \u00fanicamente en lo concerniente al aqu\u00ed accionante, y en su lugar, se ordena a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, dentro del mes siguiente a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n o a la fecha en que reciba el expediente contentivo del proceso judicial atacado, dicte una nueva sentencia que resuelva la controversia jur\u00eddica que fue materia de esta acci\u00f3n, con sustento en la jurisprudencia vigente en materia de la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas de sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones. Para lo pertinente, deber\u00e1 tenerse en cuenta la doctrina constitucional prevista en las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 para que de inmediato remita el expediente cuestionado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad, con el fin de que d\u00e9 cumplimiento a este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de la orden contenida en el numeral 3\u00ba a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Mediante sentencia de casaci\u00f3n de 2 de febrero de 2005, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 no casar la del ad-quem.    <\/span><\/p>\n

2 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub    <\/span><\/p>\n

3 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.    <\/span><\/p>\n

4 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.    <\/span><\/p>\n

5 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    <\/span><\/p>\n

6 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    <\/span><\/p>\n

7 Sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda).    <\/span><\/p>\n

8 En la que se hace referencia y se siguen los siguientes precedentes de la misma Sala: SU-120\/03, T-1169\/03, T-805\/04 y T-815\/04.    <\/span><\/p>\n

9 Cfr. Sentencias T-901 de 2010, T-374 de 2012 y SU \u2013 1073 de 2012. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo se\u00f1ala que el juez tiene la facultad de resolver de oficio sobre la  excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, esta norma s\u00f3lo aplica para procedimientos contencioso administrativos y no para conflictos laborales privados, como lo es el caso bajo estudio.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4893-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2017-00246-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}