{"id":100969,"date":"2026-06-30T15:00:13","date_gmt":"2026-06-30T15:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc372-2018\/"},"modified":"2026-06-30T15:00:13","modified_gmt":"2026-06-30T15:00:13","slug":"atc372-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc372-2018\/","title":{"rendered":"ATC372-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ATC372-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00444-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de diciembre de 2017, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Vilma Cecilia Ramos Castilla y la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda, contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes a trav\u00e9s de gestor judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional y la persona convocadas, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promovieron Irma de Jes\u00fas Lamas Ru\u00edz, Jos\u00e9 Humberto, Alexandra del Carmen y Patricia del Pilar Fierro Llamas, radicado bajo el No. 2011-00120-00. <\/p>\n

Exigen, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, \u00abdecretar dentro del [citado litigio] la Operancia de la Ilegalidad del Protocolo de Audiencia Art. 373 del C.G. del P., dentro de la cual se encuentra la Parte Resolutiva de la Sentencia adiada 05 de Diciembre de 2016\u00bb, as\u00ed como la providencia del \u00ab27-09-2017\u00bb (fl. 2, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en lo esencial, que pese haber solicitado la declaratoria de ilegalidad del tr\u00e1mite surtido al interior del litigio referido en l\u00edneas anteriores, por no haber sido vinculada al proceso como litisconsorte necesario a la aseguradora La Equidad Seguros Generales O.C., llamada en garant\u00eda por ellos, la citada oficina judicial neg\u00f3 lo suplicado mediante la segunda de las providencias mencionadas, aduciendo que dicha tem\u00e1tica ya se hab\u00eda controvertido \u00abpor la v\u00eda de los recursos ordinarios dentro de las correspondientes oportunidades\u00bb, lo cual, afirman, no es cierto, puesto que nunca formularon recurso alguno contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 precluida la oportunidad para hacer valer el susodicho llamamiento, sumado a que la juez del conocimiento pas\u00f3 por alto \u00abel mandato expreso del Inciso 4\u00ba in fine del Art. 134 del C.G. del P., el cual taxa: Cuando exista Litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anular\u00e1 y se integrar\u00e1 el contradictorio\u00bb, as\u00ed como lo sostenido por la jurisprudencia, referente a que \u00ablos autos manifiestamente ilegales no se ejecutor\u00edan realmente, porque se rompe la unidad del proceso\u00bb. <\/p>\n

Finalmente sostienen, que por lo anterior la sentencia de primer grado y \u00abcolateralmente la Audiencia de Alegaciones y Fallo llevada a cabo y proferida por el H.T.S. del D.J. de C., Sala Civil-Familia, calendada el 08 de Junio de 2017\u00bb, son nulas, y por ende, deben invalidarse para que pueda integrarse el contradictorio, de ah\u00ed que, aseguran, se hace urgente y necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela (fls. 1 a 24, Cit.). <\/p>\n

3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir que el reclam\u00f3 no atiende los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y la inmediatez, en raz\u00f3n a que, por un lado, \u00absi los accionantes estaban en desacuerdo con la providencia de 20 de marzo de 2013, a trav\u00e9s de la cual el juzgado accionado declar\u00f3 \u201cprecluida la oportunidad\u201d para que el llamamiento en garant\u00eda se efectuara, bajo el amparo del art\u00edculo 348 del C. de P.C., debieron interponer el recurso de reposici\u00f3n contra dicha decisi\u00f3n\u00bb; y por el otro, \u00abdesde que se profiri\u00f3 [dicho] prove\u00eddo (\u2026) se ha superado, con creces, el t\u00e9rmino de 6 meses que la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado como razonable para promover este mecanismo de defensa\u00bb, a lo cual se suma el hecho que \u00ablos prove\u00eddos de 27 de septiembre y 30 de noviembre de 2017\u00bb, por medio de los cuales el Despacho acusado neg\u00f3 las solicitudes de ilegalidad formuladas por los tutelantes, no son antojadizas o arbitrarias, \u00abpues la[s] misma[s] tiene[n] su sustento en una interpretaci\u00f3n razonable de la mencionada normatividad y en las especificas circunstancias que se generaron dentro del referido proceso\u00bb (fls. 125 a 130, cdno. 1). <\/p>\n

4. Impugnada la sentencia por los promotores (fls. 134 a 169, \u00eddem), fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De \tlo anteriormente relatado, y como quiera que esta Corporaci\u00f3n \tha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los \tque permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las \tautoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n \tconstitucional, se colige que aunque la acci\u00f3n de tutela de \tmarras se dirigi\u00f3 \u00fanicamente contra el Juzgado S\u00e9ptimo \tCivil del Circuito de Cartagena, \tla \tmisma se hace extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal \tSuperior de dicha ciudad, quien \tde acuerdo a lo manifestado por los accionantes, mediante sentencia \tde segunda instancia del 8 de junio de 2017, emitida \tdentro del proceso declarativo objeto de debate constitucional, \tconfirm\u00f3 la de primer grado adoptada el 5 de diciembre de \t2016 por la citada oficina judicial, decisiones que tachan de nulas, \ty en consecuencia, quebrantadoras de su debido proceso, \traz\u00f3n \tpor la que es obvio que el presente reclamo constitucional cobija \ta la aludida Colegiatura, y por ende, debieron remitirse las \tdiligencias a esta Corte.
\n2.\tAhora bien, como quiera que el inciso primero del numeral 2\u00ba del Decreto 1382 de 2000, vigente para el momento en que se radic\u00f3 la presente demanda de amparo, consagra que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial le ser\u00e1 repartida a su respectivo superior funcional, resulta evidente que esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida por esta Corte en primera instancia y no por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por ser precisamente, su superior funcional, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para que asuma su conocimiento en primera instancia, no sin antes recordar que en torno a la facultad para decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, por Auto de 13 de mayo de 2009 (exp. 2009-00083-01) se precis\u00f3, por esta Sala, que, <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros ATC1123-2017, ATC3962-2017 y ATC7334-2017). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

1\u00ba.\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2\u00ba.\tEn consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n

3\u00ba.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n9<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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