{"id":100970,"date":"2026-06-30T15:01:15","date_gmt":"2026-06-30T15:01:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc373-2018\/"},"modified":"2026-06-30T15:01:15","modified_gmt":"2026-06-30T15:01:15","slug":"atc373-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc373-2018\/","title":{"rendered":"ATC373-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC373-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00720-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Carmen Alicia Madera Calder\u00f3n en presentaci\u00f3n de su menor hijo Juan Diego Pineda Madera, contra el Ministerio de Educaci\u00f3n, el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n -ICFES, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la citada capital, y, el Instituto Windsor Royal School, actuaci\u00f3n a la que fue vinculada la Procuradur\u00eda 18 Judicial II de Familia, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante en la forma antes mencionada, interpuso acci\u00f3n de tutela contra las entidades referidas en l\u00edneas precedentes, con el fin de obtener la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a la educaci\u00f3n de su hijo, el cual estima vulnerado con ocasi\u00f3n de las Pruebas \u00abSaber 11\u00ab que le fueron realizadas, pues estima que \u00e9stas no corresponden a sus capacidades cognitivas para lograr su ingreso al programa de becas educativas denominado \u201cSER PILO PAGA 2017\u201d. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa de su representado, lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab2. Se ordene al INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACI\u00d3N DE LA EDUCACI\u00d3N (ICFES), en un t\u00e9rmino de 48 horas, ajustar las categor\u00edas que actualmente tiene para inscribir a los estudiantes en condici\u00f3n de discapacidad cognitiva; S\u00edndrome Down y Autismo, [para dar] cumplimiento al vigente Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 (\u2026). <\/p>\n

3. Que en el t\u00e9rmino de 48 (\u2026) horas (\u2026) el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACI\u00d3N DE LA EDUCACI\u00d3N (ICFES), califique y valide la prueba de ingl\u00e9s que [su] menor hijo (\u2026) present\u00f3 el d\u00eda 27 de agosto de 2017 en el marco de la prueba SABER 11 y que se le compute con el resto de los puntajes obtenidos, (\u2026). Estos resultados deben ser validados dentro del a\u00f1o escolar 2017 para que pueda aplicar en igualdad de condiciones a una beca del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional en el programa SER PILO PAGA 4. <\/p>\n

4. Que, en caso que no pueda validar la prueba de ingl\u00e9s ya presentada, en el [mismo] t\u00e9rmino (\u2026), [\u00e9ste] ABR[A] EL SISTEMA para que el INSTITUTO WINDSOR ROYAL SCHOOL DE MONTER\u00cdA, realice nueva inscripci\u00f3n de [su primog\u00e9nito] en las pruebas SABER 11-2017, en igualdad de condiciones como el resto de sus pares etarios, pues sus capacidades cognitivas seg\u00fan diagn\u00f3stico cl\u00ednico son normales. <\/p>\n

5. Se ordene al INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACI\u00d3N DE LA EDUCACI\u00d3N (ICFES), que en [igual] t\u00e9rmino (\u2026) expida una resoluci\u00f3n administrativa ordenando la realizaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de las Pruebas Saber 11 para estudiantes sin ninguna discapacidad [a su defendido] y, que los resultados de estas sean v\u00e1lidos dentro del a\u00f1o escolar actual para que pueda concursar en igualdad de condiciones a las becas del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional en el programa SER PILO PAGA. <\/p>\n

6. Se ordene a[l] INSTITUTO WINDSOR ROYAL SCHOOL DE MONTER\u00cdA, (\u2026) que en [id\u00e9ntico] t\u00e9rmino (\u2026) present[e] unas excusas p\u00fablicas a [su hijo] y a su familia por haber faltado a la verdad en el proceso de inscripci\u00f3n a las pruebas SABER 11, (\u2026). <\/p>\n

7. Se orden[e] a la SECRETAR\u00cdA DE EDUCACI\u00d3N MUNICIPAL DE MONTER\u00cdA, (\u2026) que en un t\u00e9rmino [similar] manif[ieste] en un comunicado p\u00fablico que elabor\u00f3 y present\u00f3 a la familia del [referido] estudiante (\u2026) un informe err\u00f3neo producto de la visita de una comisi\u00f3n de Inspecci\u00f3n y Vigilancia al INSTITUTO WINDSOR ROYAL SCHOOL DE MONTER\u00cdA, sobre [su] proceso de inscripci\u00f3n (\u2026) a las pruebas SABER 11 y d\u00e9 las explicaciones pertinentes de por qu\u00e9 una instituci\u00f3n educativa no registra toda la informaci\u00f3n de sus estudiantes en el SIMAT, si la vigilancia para el cumplimiento de las normas es una de [sus] funciones (\u2026)\u00bb (fls. 6 y 7, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la adopci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, adujo en s\u00edntesis, que su hijo Juan Diego Pineda Madera, de 16 a\u00f1os, quien padece de \u00abuna condici\u00f3n del espectro Autista denominada S\u00edndrome de Asperger\u00bb, diagn\u00f3stico que lo limita en su socializaci\u00f3n con las dem\u00e1s personas, \u00abm\u00e1s NO en sus capacidades cognitivas\u00bb, curs\u00f3 Grado 11 en la instituci\u00f3n educativa mentada con antelaci\u00f3n, la cual, dice, \u00abNUNCA ha reportado en el SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA \u2013SIMAT-\u00bb, las condiciones y caracter\u00edsticas de sus estudiantes, por lo que, seg\u00fan le informaron sus directivos, inscribieron a todos sus alumnos a las Pruebas \u00abSaber 11\u00ab del a\u00f1o inmediatamente anterior sin reportar discapacidad alguna; sin embargo, sostiene, llegado el d\u00eda del evento, a su descendiente lo ubicaron en un sal\u00f3n aparte \u00fanicamente dispuesto para \u00e9l, y le hicieron entrega de un cuadernillo especial, el cual no conten\u00eda examen del idioma ingl\u00e9s, el cual domina a la perfecci\u00f3n desde los 4 a\u00f1os, por lo que solicit\u00f3 al delegado del ICFES vigilante de la prueba, que le hiciera entrega al colegial del cuaderno contentivo del mismo, solicitud a la que accedi\u00f3 dicho funcionario, advirtiendo que probablemente \u00e9ste no ser\u00eda tenido en cuenta al momento de la calificaci\u00f3n. <\/p>\n

Asevera que por lo anterior, y en vista de que lo sucedido descartaba la posibilidad de que su primog\u00e9nito pudiera ser beneficiario del programa becario \u201cSER PILO PAGA\u201d, procedi\u00f3 a indagar qu\u00e9 hab\u00eda sucedido con la inscripci\u00f3n de \u00e9ste, motivo por el cual se reuni\u00f3 tanto con el representante del aludido colegio como con funcionario de la Secretar\u00eda Municipal de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda, quienes le manifestaron que la misma se hizo igual a la de los dem\u00e1s educandos, esto es, sin reportar discapacidad alguna; no obstante, asegura, en virtud de un derecho de petici\u00f3n que elev\u00f3 ante el ICFES, se enter\u00f3 que dicha informaci\u00f3n era falsa, pues all\u00ed se le indic\u00f3 que el menor fue inscrito con 2 tipos de discapacidades, \u00ablas cuales fueron: S\u00edndrome de Down y Autismo\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo refiere, que las entidades accionadas con dicho error y omisiones le quebrantaron a su hijo la garant\u00eda superior invocada, ya que por la falta de resultados en la aludida prueba no pudo acceder a las becas otorgadas por el Gobierno Nacional, y mucho menos continuar con el proceso de ingreso a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn en el programa acad\u00e9mico de ingenier\u00eda de dise\u00f1os del entretenimiento digital, carrera profesional que se ajusta \u00aba sus deseos, conocimiento y habilidades\u00bb, raz\u00f3n por la que considera debe ser atendido su reclamo a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 1 a 12, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tLa Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, neg\u00f3 el resguardo implorado, tras considerar que si bien la instituci\u00f3n educativa accionada inscribi\u00f3 al menor de marras con dos tipos de discapacidad, lo cierto es que \u00e9ste s\u00ed padec\u00eda una de ellas, motivo por el cual no hab\u00eda equivocaci\u00f3n alguna en la clase de prueba que deb\u00eda realizar, sumado a que por su condici\u00f3n, por ley est\u00e1 exonerado de presentar el examen del idioma ingl\u00e9s, sin que se pueda afirmar que ello lo perjudic\u00f3, pues, a ciencia cierta, no estaba garantizado que obtuviera el mayor puntaje en el mismo, raz\u00f3n por la que ha de concluirse que \u00ablas accionadas actuaron conforme a la Constituci\u00f3n y la Ley procurando garantizar al menor el goce o ejercicio [del derecho fundamental a la educaci\u00f3n], en igualdad de condiciones\u00bb (fls. 198 a 215, ejusdem). <\/p>\n

4. Impugnado dicho fallo por la tutelante (fls. 222 a 224, \u00eddem), las diligencias fueron remitidas a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, y de acuerdo a los documentos obrantes en el plenario, se concluye que si bien la demanda de tutela tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Ministerio de Educaci\u00f3n, lo cierto es que \u00e9ste organismo no tiene injerencia directa alguna en el presente asunto, raz\u00f3n por la cual entonces, su vinculaci\u00f3n se torna apenas aparente. <\/p>\n

En efecto, n\u00f3tese que el resguardo se instaur\u00f3 debido a que, por una parte, el Instituto Windsor Royal School inscribi\u00f3 al alumno Juan Diego Pineda Madera a las Pruebas \u00abSaber 11\u00ab del a\u00f1o que acaba de pasar como discapacitado, cuando \u00e9ste no presenta problema cognitivo alguno pese a padecer del \u201cS\u00edndrome de Asperger\u201d; y por la otra, la Secretar\u00eda Municipal de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda no ejerci\u00f3 su funci\u00f3n de vigilancia sobre dicha instituci\u00f3n respecto de la informaci\u00f3n que \u00e9sta debe ingresar en el Sistema Integrado de Matr\u00edcula del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional (SIMAT), todo lo cual no solo trunc\u00f3 las posibilidades del prenombrado adolescente de poder ser beneficiario del programa becario \u201cSER PILO PAGA\u201d, sino tambi\u00e9n de completar el proceso de ingreso a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn en la carrera profesional que pretende cursar, situaci\u00f3n que, de acuerdo a lo pretendido por la accionante, le compete resolver a dichas entidades con la intervenci\u00f3n del Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES, como organismo encargado de \u00abDesarrollar la fundamentaci\u00f3n te\u00f3rica, dise\u00f1ar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluaci\u00f3n de la calidad de la educaci\u00f3n, dirigidos a los estudiantes de los niveles de educaci\u00f3n b\u00e1sica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb, conforme al art\u00edculo 12 de la Ley 1324 de 2009, tem\u00e1tica en la cual, como puede verse, no tiene injerencia alguna la referida Cartera Ministerial. <\/p>\n

2. Por lo tanto, se debe concluir que en el presente tr\u00e1mite el Ministerio de Educaci\u00f3n carece de legitimidad por pasiva, toda vez que, como acaba de explicarse, el Instituto Windsor Royal School, la Secretar\u00eda Municipal de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda y el ICFES, en la calidad que les asiste, son los llamados a pronunciarse sobre las pretensiones de la demandante constitucional, por lo que el simple se\u00f1alamiento de la aludida autoridad como accionada no puede tener la virtud de variar la competencia, tal y como justamente as\u00ed lo dijo esta Corte en ATC847-2015, ATC4327-2016, ATC556-2017 y ATC961-2017, entre otros. <\/p>\n

3.\tVistas as\u00ed las cosas, y atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de los sujetos pasivos de la tutela, esto es, privada, del orden municipal y descentralizada por servicio del orden nacional, seg\u00fan lo dispone el numeral 2\u00ba, del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 19981, respectivamente, la competencia para conocer de la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, inciso 2\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, vigente para el momento en que se radic\u00f3 la presente querella constitucional. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, la que es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo que se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados del Circuito o con categor\u00edas de tales de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, para que, previo reparto, se dicte el fallo que en derecho corresponda. <\/p>\n

5.\tEn torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d a partir de las reglas fijadas en el mencionado decreto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que
\n\u00abla Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros, en CSJ ATC961-2017, ATC1124-2017, ATC3962-2017, ATC7334-2017 y ATC6810-2017).
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir de la sentencia de 14 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales de la ciudad de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que, una vez sea sometida a reparto, se dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tPor \tser el ICFES \u201cun \testablecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al \tMinisterio de Educaci\u00f3n Nacional, con personer\u00eda \tjur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y \tpatrimonio independiente\u201d, \tconforme al art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2232 de 2003.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC373-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00720-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-100970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}