{"id":100971,"date":"2026-06-30T15:02:18","date_gmt":"2026-06-30T15:02:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc374-2018\/"},"modified":"2026-06-30T15:02:18","modified_gmt":"2026-06-30T15:02:18","slug":"atc374-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc374-2018\/","title":{"rendered":"ATC374-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC374-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00707-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Johana Paola Negrete Castro, Personera Delegada para la Guarda y Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de esa ciudad, como agente oficiosa del menor L.C.S.C.1, contra el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u00abICETEX\u00bb, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante, en representaci\u00f3n del menor L.C.S.C., solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la educaci\u00f3n, a la igualdad, de petici\u00f3n, a la dignidad humana y los \u00abinherentes a los menores de edad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, se ordene \u00abal Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior, Mariano Ospina P\u00e9rez \u2013ICETEX-, que de manera inmediata proceda a admitir la postulaci\u00f3n del estudiante L.C.S.C\u2026 al programa ser pilo paga y otorgar el incentivo econ\u00f3mico para estudios superiores ofrecido por el Gobierno Nacional dentro del programa de cr\u00e9ditos dirigido al grupo de j\u00f3venes de \u00faltimo grado de educaci\u00f3n\u00bb; asimismo, pidi\u00f3 el otorgamiento de una beca por excelencia (folios 1 a 5, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Indic\u00f3 la actora que el menor A.F.P.C., quien actualmente cuenta con 17 a\u00f1os de edad, present\u00f3 las pruebas saber 11\u00b0 el 27 de agosto de 2017, obteniendo un resultado de 361 puntos, convirti\u00e9ndose en beneficiario del programa Ser Pilo Paga 4. <\/p>\n

2.2. Sostuvo que el 15 de noviembre siguiente, Tania Lucia Calderin Espitia, madre del adolescente, se acerc\u00f3 a las oficinas del icetex a fin de tramitar lo respectivo \u00abpara acceder al cr\u00e9dito condonable del 100% del Programa ser Pilo Paga fase 4\u00bb, sin embargo, all\u00ed le informaron que no era beneficiario por no encontrarse en la base de datos del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n \u2013DPN- a corte 30 de septiembre de 2017. <\/p>\n

2.3. Anot\u00f3 que, posteriormente, el \u00absisb\u00e9n\u00bb le realiz\u00f3 la encuesta por lo que actualmente el menor se encontraba inscrito en el DPN; empero, al procurar realizar la inscripci\u00f3n en el icetex, nuevamente le informan que \u00abel beneficiario no existe, por favor verificar e intentar nuevamente\u00bb, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 aplicar a la misma; resaltando que \u00abno ten\u00eda conocimiento del requisito de pertenecer a [esa] base de datos\u2026 con corte a 30 de septiembre de 2017\u00bb. <\/p>\n

2.4. Destac\u00f3 que se desconoci\u00f3 su baja condici\u00f3n econ\u00f3mica, a m\u00e1s que L.C.S.C. ha sido un estudiante ejemplar, comprometido acad\u00e9micamente, por lo que con la negativa para acceder al programa ser pilo paga, se le ha causado \u00abun estado de tristeza, desilusi\u00f3n, depresi\u00f3n afectando su vida diaria\u2026 falta de apetito, desanimo para salir de la casa y se ha aislado\u00bb. <\/p>\n

2.5. Agreg\u00f3 que la prerrogativa a la educaci\u00f3n no pod\u00eda obstaculizarse con tr\u00e1mites administrativos, relievando que no ser favorecido con dicho beneficio le ocasiona un perjuicio irremediable, pasando por alto la \u00abprotecci\u00f3n reforzada del estado para con los menores\u00bb.
\n3. Una vez admitida la acci\u00f3n, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n del resguardo, pues el ejecutor del programa ser pilo paga y el administrador de los recursos era el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013ICETEX-; que esa cartera ministerial no verificaba los requisitos de acceso, ni reportaba la informaci\u00f3n, relievando que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; que la acci\u00f3n tuitiva no era el mecanismo para subsanar la falta de cumplimiento de las exigencias para ser favorecido de dicho programa; que \u00fanicamente se except\u00faa del requisito del registro sisb\u00e9n a los aspirantes que pertenezcan a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena debidamente registrados en la base censal (folios 30 a 33, cuaderno 1). <\/p>\n

4. La Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Nacional, tard\u00edamente, aludi\u00f3 a su competencia como ente territorial con relaci\u00f3n al Sistema de Selecci\u00f3n de Beneficiarios Para Programas Sociales; inst\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ha quebrantado las prerrogativas del gestor; que verificada la base de datos, el menor ni su progenitora se encontraban como beneficiarios del sisb\u00e9n a corte 30 de septiembre de 2017, situaci\u00f3n que le imped\u00eda a L.C.S.C. acceder al programa ser pilo paga; que para el caso concreto, el Municipio de Monter\u00eda realiz\u00f3 una nueva encuesta a la accionante, la que fue reportada a esa entidad entre los d\u00edas 27 y 29 de noviembre de ese a\u00f1o (folios 58 a 63, cuaderno 1). <\/p>\n

5. La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en fallo de tutela de 6 de diciembre de 2017, con apoyo en la sentencia T-023\/17 de la Corte Constitucional ampar\u00f3 los derechos de L.C.S.C. al considerar que: <\/p>\n

\u2026[no se pod\u00eda desconocer que] a pesar de no haber estado inscrito en la base de datos del SISB\u00c9N para el 30 de septiembre de 2017\u2026[,] el n\u00facleo familiar del menor prob\u00f3 en este tr\u00e1mite su incapacidad econ\u00f3mica y, adem\u00e1s, que esta incapacidad econ\u00f3mica viene con anterioridad a la postulaci\u00f3n del ni\u00f1o, en segundo lugar la condici\u00f3n de vulnerabilidad del menor y su familia fue validada posteriormente con una calificaci\u00f3n de 10.51% en la base de datos del SISB\u00c9N a fecha noviembre 14 del 2017, la cual para esta Sala es absolutamente indicativa de la precariedad econ\u00f3mica de su n\u00facleo familiar y, en tercer lugar, se prob\u00f3 la existencia del elemento subjetivo, a trav\u00e9s de la calificaci\u00f3n obtenida por el joven\u2026 en las pruebas del ICFES, la cual super\u00f3 el margen establecido por el ICETEX para ser admitido <\/p>\n

Por lo cual dispuso: <\/p>\n

\u2026ORDENA[R] al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u2013 Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios Superiores T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013 ICETEX \u2013 Mariano Ospina P\u00e9rez, Programa \u201cSer Pilo Paga 4\u201d que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, admita la postulaci\u00f3n del menor L.C.S.C. al [referido] Programa\u2026 y, cumplido esto, adelante las gestiones pertinentes para la asignaci\u00f3n de los recursos y ayudas que ese programa contempla para sus favorecidos (folios 42 a 52, cuaderno 1). <\/p>\n

6. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, reiterando los argumentos tra\u00eddos en la contestaci\u00f3n de la tutela, a los que adicion\u00f3 que el acceso al programa ser pilo paga no era un derecho fundamental, por lo que por esta v\u00eda extraordinaria no se pod\u00eda modificar los requisitos y cronogramas de esa convocatoria (folios 71 a 75, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir el presente asunto, pues el auxilio constitucional involucra exclusivamente al Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013ICETEX-, debiendo conocer del mismo, entonces, en primera instancia, los jueces con categor\u00eda de circuito, conforme a lo previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1382 de 20002, vigente para la \u00e9poca de formulaci\u00f3n del presente resguardo (21 de noviembre de 2017). <\/p>\n

Lo anterior en la medida en que la solicitud de resguardo censura, \u00fanicamente, que el ICETEX no permiti\u00f3 la inscripci\u00f3n del joven L.C.S.C. al programa \u00abser pilo paga 4\u00bb, al considerar que no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para tal fin, espec\u00edficamente por no estar inscrito en el SISB\u00c9N para el momento del corte establecido en la convocatoria (30 de septiembre de 2017), destacando, por dem\u00e1s, que frente a ese hecho ninguna queja formul\u00f3 frente al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (pues en el mismo escrito de tutela se reconoce que el interesado no sab\u00eda de ese requisito y que fue con posterioridad que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite para ser incluido en el sisb\u00e9n) o el Ministerio de Educaci\u00f3n. <\/p>\n

Por lo tanto, como tal ente convocado, el ICETEX es descentralizado por servicios del orden nacional, conforme al numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998 y el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1002 de 2005, la actuaci\u00f3n cuestionada era ajena a la competencia, en primera instancia, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n

En un caso similar, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil dej\u00f3 por sentado que: <\/p>\n

Y es que el resguardo se instaur\u00f3 debido a que tal entidad neg\u00f3 el reconocimiento del actor como beneficiario del programa de becas denominado \u00abSER PILO PAGA 2\u00bb, pese a que seg\u00fan los dichos de aqu\u00e9l, cumple con todos los requisitos se\u00f1alados para tal fin. <\/p>\n

Por lo tanto, y como tal ente convocado se encuentra descentralizado por servicios del orden Nacional, conforme al numeral 2\u00ba, del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la actuaci\u00f3n atacada se encuentra fuera del resorte del conocimiento en primera instancia por parte de los Tribunales Superiores. (CSJ ATC2231-2016, 13 abr. 2016, rad. 2015-03222-02; y ATC4832-2016, 28 jul. 2016, rad. 2016-00338-01). <\/p>\n

2. Ahora, que la demanda de amparo est\u00e9 dirigida contra el Ministerio de Educaci\u00f3n y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n no genera, sin m\u00e1s, que el despacho judicial ante el cual se radic\u00f3 ese escrito fuera competente para dirimirlo, pues se reitera que, en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n

Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de dichas entidades del orden nacional, para el presente asunto, se tornaba \u00abaparente\u00bb. <\/p>\n

3. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

5. No obstante, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en aras de garantizar los derechos de L.C.S.C., como medida provisional se mantendr\u00e1n vigentes las \u00f3rdenes proferidas en el fallo impugnado respecto al ICETEX, hasta cuando se decida nuevamente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

Primero. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda, de acuerdo con el reparto, para que se asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n

Tercero:\tComo medida provisional, se mantienen vigentes las \u00f3rdenes impartidas en el fallo de 6 de diciembre de 2017, dictado por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, hasta cuando se decida nuevamente la acci\u00f3n de tutela, en lo referente a lo dispuesto frente al Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013 ICETEX, que no respecto del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. <\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tDe aqu\u00ed \ten adelante para resguardar el derecho a la intimidad del ni\u00f1o \tconforme al art\u00edculo 33 de la Ley 1098 de 2006.
\n2 \tA \tlos jueces del circuito o con categor\u00edas de tales, le ser\u00e1n \trepartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones \tde tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad \tdel sector descentralizado por servicios del orden nacional o \tautoridad p\u00fablica del orden departamental.
\n3 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y \tla competencia.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC374-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00707-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-100971","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100971"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100971\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}