{"id":100973,"date":"2026-06-30T15:03:33","date_gmt":"2026-06-30T15:03:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc376-2018\/"},"modified":"2026-06-30T15:03:33","modified_gmt":"2026-06-30T15:03:33","slug":"atc376-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc376-2018\/","title":{"rendered":"ATC376-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC376-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2017-00305-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 5 de diciembre de 2017 que concedi\u00f3 la tutela interpuesta por Juan Carlos Montenegro Camargo contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Porvenir S.A., Colpensiones y Coomeva EPS, si no fuese porque el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, como pasa a verse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital, trabajo, debido proceso, vida, salud y \u00abpago oportuno\u00bb, presuntamente vulneradas por las entidades convocadas al no cancelarle las incapacidades a que tiene derecho por su estado de salud. <\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que se desempe\u00f1a como Asistente de Fiscal I y a ra\u00edz de un trauma craneoencef\u00e1lico que sufri\u00f3 en el a\u00f1o 2001 ha venido padeciendo \u00abepilepsia refractaria, secuelas de resecci\u00f3n de meningioma frontal anterior y otros trastornos mentales\u00bb. Agrega que el 17 de septiembre de 2014 la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez determin\u00f3 su p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 54.32%. <\/p>\n

Afirma que mediante resoluci\u00f3n GNR 220769 de 23 de julio de 2015 Colpensiones le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez argumentando que para la fecha en que se origin\u00f3 la misma estaba vinculado a Porvenir S.A., mientras que esta \u00faltima contest\u00f3 que \u00abse encuentra en proceso de recuperaci\u00f3n de los tiempos solicitados con la entidad COLPENSIONES para que se vean reflejados en [su] historia laboral\u00bb. <\/p>\n

Expone que continu\u00f3 trabajando hasta el 30 de agosto de 2016, cuando su m\u00e9dico tratante comenz\u00f3 a expedir incapacidades laborales sucesivas que se han prolongado hasta la actualidad y emiti\u00f3 concepto no favorable de rehabilitaci\u00f3n. Indica que no ha recibido el pago de sus salarios y prestaciones sociales, lo cual le causa perjuicios por ser su \u00fanico medio de subsistencia. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, \u00abse realicen los reconocimientos de [sus] salarios y\/o prestaciones econ\u00f3micas a las que [tiene] derecho derivados de [su] estado de incapacidad\u00bb y \u00abse adelanten las gestiones necesarias a efecto de darle celeridad al tr\u00e1mite de reconocimiento y pago de [su] pensi\u00f3n de invalidez\u00bb (fls. 1 a 10, cd. 1). <\/p>\n

4. El Tribunal admiti\u00f3 el amparo el 22 de noviembre de 2017 y, mediante fallo de 5 de diciembre de ese a\u00f1o, lo otorg\u00f3 al establecer que \u00abcuando exista calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, es el Fondo de Pensiones quien debe asumir el pago de las incapacidades que se sigan generando y que sean posteriores a los primeros 180 d\u00edas que fueron cubiertos por la EPS (sentencia T-920 de 2009)\u00bb, por ello, le orden\u00f3 a Porvenir S.A. que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n reconozca y cancele al actor \u00abel valor de las incapacidades expedidas con posterioridad al d\u00eda 180 siempre y cuando no supere los 540 d\u00edas, caso en el cual deber\u00e1n ser asumidos por la EPS a la que el actor se encuentra afiliado de conformidad con lo dispuesto en la L. 1753\/15\u00bb (fls. 178 a 81, ib\u00eddem). Dicha providencia fue apelada por Coomeva EPS y Porvenir S.A. y remitida a esta Sala para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl revisar el diligenciamiento de este asunto, se advierte la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, como quiera que se suscita una vinculaci\u00f3n aparente respecto de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que, con vista en el ordenamiento legal, facultar\u00eda el conocimiento del amparo en las condiciones en que se hizo. <\/p>\n

N\u00f3tese que esa \u00faltima autoridad no es la llamada a atender las s\u00faplicas referentes al reconocimiento y pago de incapacidades laborales o de la pensi\u00f3n de invalidez, tal como lo se\u00f1al\u00f3 en el informe que rindi\u00f3 en este asunto el Director Seccional de Fiscal\u00edas de Nari\u00f1o al exponer: \u00ab(\u2026) los temas centrales ilativos al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, as\u00ed como el pago de las incapacidades del d\u00eda 181 en adelante del se\u00f1or JUAN CARLOS MONTENEGRO CAMARGO, escapan al \u00e1mbito de competencia de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y en consecuencia la judicatura dirimir\u00e1 ya por la v\u00eda ordinaria o mediante esta acci\u00f3n constitucional, si las mismas corren a cargo actualmente del FONDO DE PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PORVENIR o de COLPENSIONES. En otras palabras, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva dentro de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb (fls. 87 a 89, ib.). <\/p>\n

2.\tSobre la referida vinculaci\u00f3n de entidades del orden central, la Sala ha se\u00f1alado que: \u00ab(\u2026) no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC, 17 ago. 2011, rad. 00430-01 y ATC918, 25 feb. 2016, rad. 2015-00574-01, entre otros). <\/p>\n

3. De acuerdo con el relato f\u00e1ctico realizado en el escrito inicial, las entidades encargadas del reconocimiento de las prestaciones reclamadas por el accionante ser\u00edan Porvenir S.A., Coomeva EPS. S.A. o Colpensiones, las primeras dos entidades son personas jur\u00eddicas de derecho privado constituidas bajo sociedades an\u00f3nimas, mientras que la \u00faltima, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo y pertenece al sector descentralizado por servicios del orden nacional, por lo que el conocimiento del amparo, atendiendo la calidad de esta \u00faltima, corresponde a los Jueces del Circuito, de acuerdo con en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, aplicable para la \u00e9poca en que se radic\u00f3 el mismo, esto es, sin la reforma introducida por el Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Corporaci\u00f3n expuso: \u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, surge evidente la ausencia de competencia del a quo para desatar en primer grado este amparo, pues Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente; vinculada al ahora Ministerio de Trabajo [art\u00edculo 155, Ley 1151 de 2007], por tanto, los amparos dirigidos contra dicha instituci\u00f3n, corresponde a los Jueces del circuito conocerlos\u00bb (CSJ. ATC4673, 24 jul. 2017). <\/p>\n

4. Luego, en tales condiciones, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso vigente desde el 1\u00ba de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (se destaca). <\/p>\n

Por tanto, en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por el Tribunal, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

5. En cuanto a la potestad para decretar nulidades, esta Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional\u2026 sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia,
\nRESUELVE <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 5 de diciembre de 2017 en el asunto de la referencia. <\/p>\n

2. Ordenar \tla remisi\u00f3n del expediente, a los Juzgados del Circuito de \tPasto – reparto, para que asuman el conocimiento de la presente \tacci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

2. Comun\u00edquese \tlo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s \texpedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \tpertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC376-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2017-00305-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 5 de diciembre de 2017 que concedi\u00f3 la tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-100973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}