{"id":100999,"date":"2026-06-30T17:50:57","date_gmt":"2026-06-30T17:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=100999"},"modified":"2026-06-30T17:50:57","modified_gmt":"2026-06-30T17:50:57","slug":"atc447-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc447-2018\/","title":{"rendered":"ATC447-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC447-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Gloria Consuelo Bri\u00f1ez Mendoza en representaci\u00f3n de su menor hija Mayra Alejandra Olmos Bri\u00f1ez, contra el Ministerio de Educaci\u00f3n, el Departamento de Planeaci\u00f3n Nacional \u2013DPN, y, la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de la citada ciudad, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo en la condici\u00f3n antes mencionada y a trav\u00e9s de apoderado judicial, acudi\u00f3 al presente mecanismo excepcional con el fin de obtener la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciada a la igualdad, a la educaci\u00f3n y al desarrollo de la personalidad \u00abjur\u00eddica\u00bb, los cuales estima vulnerados con ocasi\u00f3n de la negativa del ingreso de \u00e9sta al programa de becas educativas denominado \u00abSER PILO PAGA\u00bb. <\/p>\n

Solicita, entonces, que se ordene al DNP y a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 \u2013Secretar\u00eda de Distrital de Planeaci\u00f3n, \u00abque en un t\u00e9rmino improrrogable de tres (3) d\u00edas, actualice[n] todas las bases de datos (\u2026) con la informaci\u00f3n correcta y completa de la menor\u00bb, y como consecuencia de ello, que el Ministerio de Educaci\u00f3n \u00abincluya sin ninguna dilaci\u00f3n dentro del programa [S]er P[ilo] [P]aga a la joven (\u2026) Olmos Bri\u00f1ez\u00bb (fls. 21 y 22, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo adujo en s\u00edntesis, que como quiera que su hija present\u00f3 las pruebas Saber 11\/2017 obteniendo como resultado \u00ab358 puntos\u00bb, y el n\u00facleo familiar ten\u00eda un puntaje en el Sisb\u00e9n de \u00ab56.30\u00bb, aquella era merecedora de los beneficios del programa \u00abSer Pilo Paga\u00bb; sin embargo, al realizar tal diligenciamiento, evidenci\u00f3 que en la citada encuesta el nombre y el n\u00famero de la tarjeta de identidad de \u00e9sta estaban alterados, raz\u00f3n por la cual el 15 de noviembre pasado solicit\u00f3 su correcci\u00f3n, la que la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1 no ha realizado a\u00fan en las diferentes bases de datos, circunstancia por la que el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional no la incluy\u00f3 en el citado programa, lo que, asegura, le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3.\tLa Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital, concedi\u00f3 el resguardo implorado respecto del derecho fundamental de petici\u00f3n, tras considerar que \u00abla accionante alleg\u00f3 copia del formato de solicitud de actualizaci\u00f3n de datos con radicaci\u00f3n del 15 de noviembre de 2017\u00bb, y se encuentra \u00absuperado el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas previsto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 con el que contaba la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 para pronunciarse respecto de tal solicitud\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 a la citada entidad distrital, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha providencia, \u00abcorrija los datos personales de la menor Mayra Alejandra Olmos Bri\u00f1ez en la encuesta de Sisb\u00e9n III N\u00ba 1153904\u00bb (fls. 56 a 60, ejusdem). <\/p>\n

4. Impugnado dicho fallo por la secretar\u00eda adscrita al ente territorial (fls. 99 a 103, \u00edd.), las diligencias fueron remitidas a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, y de acuerdo a los documentos obrantes en el plenario, se concluye que si bien la demanda de tutela tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Ministerio de Educaci\u00f3n y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n \u2013DPN, lo cierto es que estos organismos no tienen injerencia directa alguna en el presente asunto, raz\u00f3n por la cual entonces, su vinculaci\u00f3n se torna apenas aparente. <\/p>\n

En efecto, n\u00f3tese que el resguardo se instaur\u00f3 debido a que el operador del programa \u00abSer Pilo Paga\u00bb neg\u00f3 el reconocimiento de la hija de la actora, Mayra Alejandra Olmos Bri\u00f1ez, como beneficiaria del mismo, pese a que seg\u00fan los dichos de aqu\u00e9lla, s\u00ed cumple con todos los requisitos se\u00f1alados para tal fin, situaci\u00f3n generada, en \u00faltimas, por la incongruencia surgida respecto del n\u00famero de identificaci\u00f3n y el nombre que aparecen registrados en la base de datos del Sisb\u00e9n. <\/p>\n

Visto lo anterior, se tiene que, por una parte, en lo que tiene que ver con el censo habitacional, en punto de la correcci\u00f3n o modificaci\u00f3n del mismo, dicha tarea le compete a la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de esta capital, conforme lo dispone el art\u00edculo 24 de la Ley 1176 de 20071; y por la otra, de cara al acceso a los beneficios del mentado programa de becas, el llamado \u00fanica y exclusivamente a pronunciarse es el Icetex, en su condici\u00f3n de ejecutor del mismo en virtud del convenio interadministrativo No. 042 de 2016, suscrito con la memorada Cartera ministerial. <\/p>\n

2. Por lo tanto, se debe concluir que en el presente tr\u00e1mite el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n \u2013DPN, carecen de legitimidad por pasiva, toda vez que, como acaba de explicarse, el Icetex y la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de esta capital, en la calidad que les asiste, son las llamadas a pronunciarse sobre la pretensi\u00f3n de la demandante constitucional, por lo que el simple se\u00f1alamiento de las aludidas autoridades como accionadas no puede tener la virtud de variar la competencia; justamente as\u00ed lo dijo la Corte en ATC847-2015, ATC687-2016, STC2231-2016 y ATC-556-2017, donde se analizaron casos similares a \u00e9ste. <\/p>\n

3.\tVistas as\u00ed las cosas, y atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de los sujetos pasivos de la tutela, la competencia para conocer de la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, incisos segundo y quinto, del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, la que es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, y se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial de los Juzgados de Bogot\u00e1, para que una vez se reparta el presente asunto, se dicte el fallo que en derecho corresponda. <\/p>\n

5.\tEn torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d a partir de las reglas fijadas en el mencionado decreto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que <\/p>\n

\u00abla Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros ATC493-2016, ATC1127-2016, ATC4327-2016 y ATC-556-2017). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir de la sentencia de 13 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del Circuito con categor\u00eda de tales de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea sometida a reparto. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia Justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u201cPor \tla cual se desarrollan los art\u00edculos\u00a0356 y\u00a0357 de \tla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan otras \tdisposiciones.\u201d
\n9<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC447-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-100999","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100999","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100999"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100999\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}