{"id":101000,"date":"2026-06-30T17:51:36","date_gmt":"2026-06-30T17:51:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101000"},"modified":"2026-06-30T17:51:36","modified_gmt":"2026-06-30T17:51:36","slug":"atc448-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc448-2018\/","title":{"rendered":"ATC448-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC448-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00943-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2018, mediante el cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Astrid Maritza Mateus Cubides contra el Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la \u00absalud en conexidad con la vida\u00bb, al debido proceso administrativo y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haberle negado el traslado solicitado para ejercer en propiedad el cargo de \u00abAsistente Social Grado 1\u00bb en dicho Despacho. <\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, \u00abprof[erir] acto administrativo accediendo al traslado [mencionado]\u00bb, o en caso de no accederse a lo anterior, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, \u00abreubicar[la] o trasladar[la] a cualquiera de las vacantes definitivas atendiendo [su] fuero laboral reforzado por [su] debilidad manifiesta y [su] evidente deterioro de la salud (\u2026), o a cualquiera otra que sea cercana a las ciudades de Tunja y Bogot\u00e1\u00bb (fls. 174 y 175, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la adopci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, aduce en lo esencial, que aunque obtuvo concepto favorable para el traslado laboral referido con antelaci\u00f3n por parte de la Unidad de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el titular del citado Despacho judicial mediante resoluci\u00f3n No. 022 del 20 de noviembre de 2017 le neg\u00f3 el mismo, con fundamento, dice, en argumentos ajenos a lo previsto en el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, modificado por el Acuerdo PSAA15-10344 de 2015, acto administrativo que recurri\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, pues dicho funcionario en decisi\u00f3n del 4 diciembre siguiente mantuvo su postura, solicitud que igualmente elev\u00f3 sin \u00e9xito ante el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes de la misma ciudad, en tanto que \u00e9ste tampoco accedi\u00f3 a lo instado, hecho que comunic\u00f3 tanto al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 como a la corporaci\u00f3n citada con antelaci\u00f3n, a quienes les solicit\u00f3 su intervenci\u00f3n; sin embargo, afirma, \u00fanicamente la primera autoridad atendi\u00f3 su petici\u00f3n \u00abmediante oficio CSJBT017-9081 del cual fu[e] notificada el 5 de diciembre [de ese mismo a\u00f1o]\u00bb, en el que le indic\u00f3 que \u00abno est\u00e1 legitimada para intervenir en el tr\u00e1mite administrativo de la negativa de [su] traslado\u00bb, pues la segunda hasta el momento \u00abno ha dado respuesta a lo solicitado\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que le fueron quebrantadas las garant\u00edas superiores invocadas, m\u00e1xime cuando el traslado suplicado est\u00e1 sustentado en su deteriorado estado de salud, producto del acoso laboral al que ha sido sometida en el Juzgado Catorce de Familia de Cali, donde actualmente labora, hecho por el cual le han diagnosticado \u00abTRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESI\u00d3N, PROBLEMAS DE TENSI\u00d3N F\u00cdSICA O MENTAL RELACIONADOS CON EL TRABAJO, EPISODIO DEPRESIVO MODERADO\u00bb, al punto que su m\u00e9dico tratante recomend\u00f3 que fuera reubicada, de ah\u00ed que, asegura, se hace urgente y necesaria la intervenci\u00f3n a su favor del juez de tutela (fls. 143 a 175, Cit.). <\/p>\n

3. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir, por un lado, que \u00abel JUZGADO TRECE DE FAMILIA de esta ciudad, desconociendo que la situaci\u00f3n que en \u00faltimas gener\u00f3 la petici\u00f3n de traslado por razones de salud de la accionante fue el acoso laboral que seg\u00fan se dice le propicia la nominadora del Juzgado Catorce de Familia de Cali, se limit\u00f3 a comparar las cargas laborales de los Distritos de Cali y Bogot\u00e1, situaci\u00f3n que nada tiene que ver con la sintomatolog\u00eda diagnosticada a la [accionante], esto es, \u201cTRASTORNO DEPRESI\u00d3N \u2013 ANSIEDAD\u201d (fl. 52), adem\u00e1s pas\u00f3 por alto la recomendaci\u00f3n m\u00e9dica de reubicaci\u00f3n laboral prevista por el galeno y en adici\u00f3n, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n negativa en el conocimiento y calidades profesionales de quien ocupa el cargo de Asistente Social Grado 1 en provisionalidad (la doctora LUZ HEIDY BARREIRO RODR\u00cdGUEZ)\u00bb, pasando por alto que \u00ab\u201cla valoraci\u00f3n para aceptar o no el traslado debe realizarse siguiendo el principio del m\u00e9rito, esto es, en la evaluaci\u00f3n de servicios y los resultados obtenidos en los concursos p\u00fablicos para el acceso a la Rama Judicial del aspirante\u201d, aunado a que \u201csin desconocer las calidades personales y profesionales de quien ocupa el cargo en provisionalidad, ha sido la misma jurisprudencia constitucional (Cfr. CC Sentencia T-186 de 2013) la que ha indicado que la vinculaci\u00f3n en tales circunstancias no puede ser oponible a quien, cumpliendo los requisitos de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 771 de 2002, como lo es la tutelante, solicita el traslado a ese cargo por carrera\u201d\u00bb, y por otro, que \u00abal proferir sus determinaciones [la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes de la misma ciudad], si bien acept\u00f3 que una vez comparados los requisitos para el desempe\u00f1o del cargo de Asistente Social Grado 1, \u201cel cumplimiento de los mismos de ah\u00ed que, se procediera a analizar los presupuestos exigidos por la ley y la Jurisprudencia para la aprobaci\u00f3n del traslado\u201d (fl. 597), seguidamente desacert\u00f3 al utilizar como fundamento para su negativa la gran carga laboral que demanda para el mentado cargo la ciudad de Bogot\u00e1, situaci\u00f3n que como se dijo en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior, nada tiene que ver con la patolog\u00eda de la [actora], adem\u00e1s que tal argumentaci\u00f3n no corresponde a los criterios objetivos del m\u00e9rito y por el contrario, genera una evaluaci\u00f3n subjetiva de reprochable de las calidades profesionales de quien ha accedido a la carrera judicial en cumplimiento de las exigencias que \u00e9sta demanda\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a las referidas autoridades jurisdiccionales, \u00abque en el t\u00e9rmino de nueve (9) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia dejen sin valor y efecto, seg\u00fan el caso, las Resoluciones 022 del 20 de noviembre de 2017, la del 4 de diciembre de 2017 y las identificadas con n\u00fameros 537 del 21 de noviembre de 2017 y 599 del 15 de diciembre de 2017\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abproced[an], atendiendo a los criterios objetivos fijados en los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura sobre la materia, as\u00ed como las directrices se\u00f1aladas en esta decisi\u00f3n, a expedir nuevamente en el plazo improrrogable de trece (13) d\u00edas, los actos administrativos que resuelvan la petici\u00f3n de traslado por razones de salud de la [tutelante], y en el evento de que ambas decisiones sean favorables a la actora, ella ser\u00e1 quien opte por uno de los dos cargos\u00bb (fls. 662 a 683, cdno. 1). <\/p>\n

4. Impugnada la sentencia tanto por Luz Heidy Barreiro Rodr\u00edguez, quien ocupa en provisionalidad el cargo al que pretende ser trasladada la accionante, como la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes de Bogot\u00e1 (fls. 707 a 713 y 845 a 847, \u00eddem), fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De \tlo anteriormente relatado, y como quiera que esta Corporaci\u00f3n \tha indicado que no solo son las pretensiones sino tambi\u00e9n los \tcargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar \tcu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se \tdirige la acci\u00f3n constitucional, se colige que aunque la \tacci\u00f3n de tutela de marras se dirigi\u00f3 contra el \tJuzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, \tla \tmisma se hace extensiva a la Sala Administrativa del Consejo \tSuperior de la Judicatura, quien \tde acuerdo a lo manifestado por la accionante, no se ha pronunciado \tacerca de la solicitud que le elev\u00f3 para que interviniera \tfrente a las decisiones adoptadas por aqu\u00e9lla oficina \tjudicial y la Juez Coordinadora del Centro \tde Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes \tde la misma ciudad, con relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de \ttraslado que impetr\u00f3 ante dichas autoridades con el fin de \tser nombrada en el cargo de \u00abAsistente \tSocial Grado 1\u00bb \tque se encuentran vacantes en esas dependencias, Corporaci\u00f3n \tfrente a la cual la tutelante formul\u00f3 una pretensi\u00f3n \ttendiente a que la \u00abreubicar[a] \to trasladar[a] \ta \tcualquiera de las vacantes definitivas atendiendo [su] \tfueron \tlaboral reforzado por [su] \tdebilidad \tmanifiesta y [su] \tevidente \tdeterioro de la salud (\u2026), o a cualquiera otra que sea \tcercana a las ciudades de Tunja y Bogot\u00e1\u00bb \t(fls. \t174 y 175, cdno. 1), \traz\u00f3n \tpor la que es obvio que el presente reclamo constitucional cobija \ta la aludida Colegiatura, y por ende, debieron remitirse las \tdiligencias a esta Corte. <\/p>\n

2.\tLo anterior, como quiera que con la regla dispuesta en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20151, modificado por el canon 1\u00ba del Decreto Decreto 1983 de 20172, vigente para el momento en que se radic\u00f3 la presente demanda de amparo3, consagra que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra el Consejo Superior de la Judicatura le ser\u00e1 repartida a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, por lo que resulta evidente que esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida por esta Colegiatura en primera instancia y no por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para que asuma su conocimiento en primera instancia, no sin antes recordar que en torno a la facultad para decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, por Auto de 13 de mayo de 2009 (exp. 2009-00083-01) se precis\u00f3 por esta Corporaci\u00f3n lo siguiente: <\/p>\n

\u00abla Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros ATC1123-2017, ATC3962-2017, ATC6810 y ATC7334-2017). <\/p>\n

4. No obstante lo anterior, y ante el riesgo extraordinario de la salud y la dignidad de la tutelante por la premura de la resoluci\u00f3n del traslado que reclama, seg\u00fan se infiere de los documentos aportados con la solicitud de amparo (fls. 1 a 141, cdno. 1), la Corte mantendr\u00e1 la orden contenida en la parte resolutiva del fallo impugnado, hasta cuando se decida nuevamente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

1\u00ba.\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2\u00ba.\tEn consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n

4\u00ba.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia Justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u201cPor \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tsector Justicia y del Derecho\u201d.
\n2 \t\u201cPor \tel cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y \t2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del \tsector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de \tla acci\u00f3n de tutela\u201d.
\n3 \t11 de \tdiciembre de 2017 (fl. 176, cdno. 1), conforme al art\u00edculo 4\u00ba \tejusdem.
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente ATC448-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00943-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2018, mediante el cual la Sala de Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101000","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101000\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}