{"id":101002,"date":"2026-06-30T17:52:17","date_gmt":"2026-06-30T17:52:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101002"},"modified":"2026-06-30T17:52:17","modified_gmt":"2026-06-30T17:52:17","slug":"atc451-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc451-2018\/","title":{"rendered":"ATC451-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ATC451-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2017-00497-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide el incidente de desacato que formul\u00f3 Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil – Magistrado Sustanciador Javier Gonz\u00e1lez Serrano. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tRodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, pidiendo dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal accionado el 23 de agosto de 2016 y \u00abordenar que se rehaga la sentencia teniendo de presente las pruebas dejadas de valorar\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl supuesto f\u00e1ctico en que se soport\u00f3 tal ruego constitucional fue compendiado por esta Sala, en sentencia de 8 de marzo de 2017 (STC3108-2017), en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

2.1.\tEl accionante es propietario del predio denominado \u00abLa Albania\u00bb, el cual colinda con el inmueble llamado \u00abLa Portada\u00bb. Debido a conflictos suscitados entre los propietarios de las aludidas heredades, el gestor del amparo promovi\u00f3 un proceso de deslinde y amojonamiento contra Olinda Mu\u00f1oz Carre\u00f1o, Julio Enrique Rangel Am\u00f3rtegui, Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, Claudia Milena, Robinson, Nelsa Patricia y Juan Pablo Vargas Rueda (radicaci\u00f3n 2007-00089). <\/p>\n

2.2.\tEn el mencionado tr\u00e1mite Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, Miguel Alucema Pe\u00f1a, Claudia Milena, Robinson, Nelsa Patricia y Juan Pablo Vargas Rueda, formularon demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia, sobre una franja de terreno delimitada de la siguiente manera: <\/p>\n

POR EL NORTE: En 20 mts aproximadamente, desde el cabezote de la cuneta de la alcantarilla que atraviesa la carretera que sirve para pasar ganado, hasta el r\u00edo Fonce, POR EL ORIENTE: En aproximadamente 52,20mts, con el r\u00edo Fonce, POR EL SUR: Aproximadamente 28mts, con predios de los herederos de CAMPO ELIAS VARGAS SU\u00c1REZ, hasta la carretera que de Charal\u00e1 conduce a San Gil. POR EL OCCIDENTE: En 25.40 Mts, con la carretera que de Charal\u00e1 conduce a San Gil. <\/p>\n

2.3.\tMediante sentencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Adjunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, neg\u00f3 la demanda de pertenencia y fij\u00f3 el lindero en disputa, decisi\u00f3n que fue apelada por el inicial demandante y Juan Pablo Vargas Rueda. <\/p>\n

2.4.\tCon providencia del 17 de septiembre de 2013, el Tribunal convocado confirm\u00f3 la negativa respecto de la demanda de pertenencia y revoc\u00f3, en lo dem\u00e1s, el fallo de primera instancia al considerar, de un lado, que no se cumpl\u00edan \u00ablos requisitos legales para la prosperidad de (\u2026) la demanda [de pertenencia]\u00bb; y de otro, que \u00abla controversia planteada sobre la franja de terreno objeto de disputa, ajena resulta por completo al proceso de deslinde y amojonamiento\u00bb, por cuanto dicho asunto obedec\u00eda \u00aba una contienda entre un propietario despojado de la posesi\u00f3n de parte de su predio y el poseedor material que desaf\u00eda su derecho de propiedad\u2026\u00bb, motivo por el cual \u00abequivocada estuvo la acci\u00f3n incoada al pretender por el sendero de proceso de deslinde y amojonamiento tratar de recuperar el demandante la franja de terreno a que se hizo precisi\u00f3n en la demanda inicial, y que corresponde al predio La Albania\u00bb. <\/p>\n

2.5.\tCon sustento en dicha determinaci\u00f3n, el promotor formul\u00f3 demanda reivindicatoria contra Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, \u00c1lvaro Ardila Celis y Juan Pablo Vargas Rueda, para que le fuera restituida la posesi\u00f3n de la franja de terreno que, en el proceso de deslinde y amojonamiento, se reclam\u00f3 en pertenencia, solicitando se trasladaran la totalidad de pruebas practicadas en el referido tr\u00e1mite (de deslinde y amojonamiento). <\/p>\n

2.6.\tA trav\u00e9s de sentencia del 7 de marzo de 2016, el juzgado accionado acogi\u00f3 sus pretensiones, pero s\u00f3lo sobre una porci\u00f3n del terreno reclamado (453,09 metros cuadrados), decisi\u00f3n que apelaron las partes, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 23 de agosto de 2016. (folios 22 a 24). <\/p>\n

3.\tEn la aludida sentencia de tutela, con ocasi\u00f3n de la salvaguarda propuesta por el ahora incidentante, esta Sala de Decisi\u00f3n concedi\u00f3 el resguardo rogado, por lo que orden\u00f3 al Tribunal enjuiciado que, tras dejar sin efecto la sentencia de 23 de agosto de 2016, mediante el cual confirm\u00f3 la de 7 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, dictara \u00abuna nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el all\u00ed demandante Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n

4.\tEl pasado 16 de enero el accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, instaur\u00f3 incidente de desacato contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, al considerar que a pesar de que esa sede judicial profiri\u00f3 la sentencia del 30 de marzo de 2017, con la pretendi\u00f3 cumplir la orden de amparo, \u00abno se ci\u00f1\u00f3 a lo ordenado por [la Corte], pues su decisi\u00f3n de fondo no [examin\u00f3] los pormenores de las actuaciones de instancia\u00bb y tampoco efectu\u00f3 \u00abla respectiva valoraci\u00f3n de la prueba trasladada del proceso de deslinde y amojonamiento\u00bb <\/p>\n

5.\tEsta Colegiatura, previo requerimiento al funcionario judicial encargado de atender la orden constitucional (folio 128), por auto del pasado 24 de enero dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la mencionada sede judicial, y en prove\u00eddo del d\u00eda 31 siguiente tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

6.\tEn oportunidad, la autoridad incidentada se pronunci\u00f3 se\u00f1alando, en lo medular, que en cumplimiento al fallo de tutela STC3108-2017 emiti\u00f3 \u00abla nueva decisi\u00f3n, con fecha del 30 de marzo de 2017 (\u2026) con absoluto acatamiento a los lineamientos que [fueron] ordenados por la (\u2026) Corte\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n

\u2026no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n

2.\tAdicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n

\u2026no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (\u00eddem).
\nIgualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n

En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no solo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n

Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n

3.\tCon el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la autoridad judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n

En dicha providencia, reiterase, se orden\u00f3 a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil que tras dejar sin efecto la sentencia de 23 de agosto de 2016, mediante el cual confirm\u00f3 la de 7 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, dictara \u00abuna nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el all\u00ed demandante Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n

Para arribar a esa determinaci\u00f3n, se expres\u00f3 que la determinaci\u00f3n controvertida carec\u00eda de la fundamentaci\u00f3n necesaria, toda vez que el Tribunal acusado \u00abdesestim\u00f3 la alzada formulada por el accionante, sin que abordara expresamente los reparos planteados por aquel\u00bb, conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 por cuanto: <\/p>\n

\u2026 no efectu\u00f3 an\u00e1lisis alguno sobre los reproches que formul\u00f3 el quejoso respecto de la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 el a quo en el fallo censurado, especialmente, aquellas enfiladas a criticar el dictamen pericial con fundamento en el cual concluy\u00f3 que los linderos del predio a reivindicar eran diferentes a los indicados en la demanda, aspecto sobre el que no profundiz\u00f3 el ad quem a pesar de estar directamente relacionado con la inconformidad planteada por el all\u00ed demandante. <\/p>\n

Tampoco se pronunci\u00f3 (\u2026) respecto a la omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la prueba trasladada que esgrimi\u00f3 el gestor del amparo en el proceso declarativo, ni sobre el supuesto desconocimiento de la \u00abdoctrina probable\u00bb, m\u00e1xime cuando esa misma Colegiatura hab\u00eda desestimado la acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento que entre las mismas partes curs\u00f3, argumentando que no se trataba de un problema de linderos, sino de la posesi\u00f3n detentada por la parte demandada sobre el fundo del convocante, seg\u00fan ambos lo aceptaron con fuerza de confesi\u00f3n en el anterior litigio. <\/p>\n

4.\tA partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si lo nuevamente resuelto por el estrado encartado en su providencia 30 de marzo de 2017, en la actuaci\u00f3n en comento, se sujet\u00f3 a tales lineamientos, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n

De tal labor prontamente se desprende que dicha sede judicial no desobedeci\u00f3 o desatendi\u00f3 lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, pues en la nueva sentencia claramente dispuso, por un lado, que: <\/p>\n

En torno a la titularidad del dominio que debe detentar el demandante aduce la parte actora, que en virtud a los yerros de ponderaci\u00f3n probatoria en los que incurri\u00f3 el juzgador de la primera instancia, debe ser la totalidad de lo pretendido. Esto es, por cuanto \u00e9ste juzgador no tuvo en cuenta la variada prueba trasladada del proceso de deslinde y amojonamiento con demanda de pertenencia sobre el mismo predio en litigio. Por su parte, la demandada aduce que en virtud a la segregaci\u00f3n del predio \u201cLa Portada\u201d, el cual pertenec\u00eda al de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLa Albania\u201d, se estaba detentando el domino sobre la franja de terreno pretendida. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u2026 respecto de la prueba trasladada, se evidencia en forma clara que lo all\u00ed resuelto por este estrado judicial, no conllev\u00f3 a determinaciones jur\u00eddicas en orden a establecer los linderos entre los predios \u201cLa Albania\u201d y \u201cLa Portada\u201d, puesto que, no existi\u00f3 decisi\u00f3n de fondo por lo all\u00ed aludido. A su vez, se resaltaron sustancialmente las posiciones de las partes respecto de las l\u00edneas divisorias y su animus, tambi\u00e9n respecto de la franja de terreno en disputa. <\/p>\n

Ahora, como lo deja ver el expediente, es aspecto fundamental de esta controversia la determinaci\u00f3n de los linderos del sector o franja en litis del predio \u201cLa Albania\u201d o m\u00e1s espec\u00edficamente la l\u00ednea divisoria de los dos predios, para determinar la estimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n \u00edntegra del actor. Y para estos fines la inspecci\u00f3n judicial, en armon\u00eda con las apreciaciones dadas por el dictamen pericial, corroboran la realidad del lindero nor-oriental, descrito en la Escritura P\u00fablica No. 2482 del 30 de octubre de 1998, que como valga resaltarlo y reiterarlo fue el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n aducido por el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez como sustento de su reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, controvirti\u00f3 la parte demandada especialmente que, la l\u00ednea divisoria correspond\u00eda a una cerca que se dice fue mandada a levantar cuando se hizo la segregaci\u00f3n del lote que con posterioridad llevar\u00eda el nombre de \u201cLa Portada\u201d. Esto por cuanto para esta parte, era la cerca de la cual a\u00fan fueron encontrados vestigios en la inspecci\u00f3n judicial y a la cual tambi\u00e9n alude el dictamen pericial, as\u00ed como algunos declarantes, la cual se levant\u00f3 en zic – zac, conllevando en todo caso a colegir que la franja de terreno era menor a lo que se orden\u00f3 reivindicar. <\/p>\n

Sin embargo, si bien algunos declarantes Rodolfo Camargo y Emiliano Castro, dijeron que ellos hab\u00edan participado en la construcci\u00f3n de la cerca que divide el predio \u201cLa Albania\u201d y \u201cLa Portada\u201d, as\u00ed como la existencia de un contrato de pastisaje, es claro que la titularidad del dominio sobre bienes ra\u00edces, se deriva de lo consignado en la respectiva escritura p\u00fablica. <\/p>\n

Por lo mismo, lo que en sentido distinto manifiesten las personas, a\u00fan bajo la gravedad del juramento, incluso quien pudo haber intervenido en la enajenaci\u00f3n o en la elaboraci\u00f3n en cualquier tipo de actividad agr\u00edcola en el predio, no tienen la eficacia jur\u00eddica para modificar lo all\u00ed expuesto. Esto porque las mutaciones del dominio sobre los inmuebles est\u00e1n formalmente reguladas en nuestro pa\u00eds, insisti\u00e9ndose, entonces, en la escritura p\u00fablica, como requisito ad substantiam actus o de existencia del negocio jur\u00eddico, como se dijo, para estos fines. <\/p>\n

Al tiempo, habida cuenta que la reivindicaci\u00f3n solo es procedente cuando quiera que se demuestre la titularidad del domino del bien objeto a reivindicar, mal podr\u00eda aducirse que pueda ordenarse una reivindicaci\u00f3n de alguna franja de terreno m\u00e1s all\u00e1 de la existente dentro de los linderos que se especificaron en el escritura p\u00fablica 2482 de 1998, por el costado que es objeto de controversia. <\/p>\n

Ciertamente porque no quedar\u00eda debidamente acreditado este presupuesto, el dominio, por consiguiente, mal estar\u00eda en considerarse que \u00e9sta clase de discusi\u00f3n permita dilucidar el \u00e1rea de la segregaci\u00f3n que se hiciera al predio que se llama \u201cLa Portada\u201d, a partir de lo consignado en la escritura p\u00fablica 1031 de 1991. Porque se insiste, solo es procedente valorar los medios probatorios indicativos de los presupuestos necesarios para la reivindicaci\u00f3n y el determinante para estos fines, es el dominio que pueda acreditar el actor, el cual ciertamente se efectu\u00f3 de conformidad y en las condiciones expuestas en p\u00e1rrafos anteriores. <\/p>\n

Am\u00e9n de lo anterior, el actor tanto en el proceso de deslinde, como en el proceso reivindicatorio, se\u00f1or G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, adujo linderos diferentes, para el sector o franja de terreno en controversia\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En el sentir de la parte actora, estos \u00faltimos linderos fueron los consignados en el proceso de pertenencia y all\u00ed se adujo que estos hab\u00edan sido tomados del dictamen realizado por el perito Alexis Pinilla Guti\u00e9rrez. <\/p>\n

Empero, la distancia r\u00edo arriba del lindero en el presente proceso, no la se\u00f1ala en 20 metros como lo consigna expresamente la escritura p\u00fablica 2482 y as\u00ed se reconoci\u00f3 por el actor para el proceso de deslinde, sino que ya la ampl\u00eda aqu\u00ed a 52.20 metros, lo cual en forma clara corresponde con otra alinderaci\u00f3n. Por supuesto, que \u00e9ste cambio de lindero conlleva a que se pretenda una franja de terreno mayor. <\/p>\n

Ahora, los linderos fijados en la escritura p\u00fablica 2482, del sector \u201cnor-oriental\u201d, ciertamente no coinciden con la descripci\u00f3n o se\u00f1alamiento que hiciera el perito en el proceso de deslinde, en los t\u00e9rminos que fueron constatados en el presente proceso, con la respectiva inspecci\u00f3n judicial realizada por el se\u00f1or juez de la primera instancia. N\u00f3tese c\u00f3mo \u00e9ste juzgador, acompa\u00f1ado de perito, tom\u00f3 la medida de la esquina del lindero del predio \u201cLa Albania\u201d y que llega al r\u00edo Fonce, para de ah\u00ed medir 20 metros r\u00edo arriba, como claramente lo se\u00f1ala la escritura aludida, y no los 52.20 metros, que pretendi\u00f3 el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez, demandante en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

A la vez, no debe dejarse de resaltar que dentro del presente proceso reivindicatorio obra tambi\u00e9n dictamen pericial, el cual en parte fue orientado a los mismos fines y que da cuenta de varias hip\u00f3tesis, la tercera, fue la acogida por el juzgador de la primera instancia\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

N\u00f3tese adem\u00e1s que en las dos escrituras, la que aduce el demandante, la 2482 y la que aducen los demandados, la 1031, no existe y se reitera esto, no hay coincidencia en la descripci\u00f3n de los linderos de estos dos predios en el respectivo sector. Por consiguiente, ello deja en evidencia la disputa que aqu\u00ed se ha planteado. <\/p>\n

De cara a lo anterior, debe observar la Sala, que el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez adquiri\u00f3 el predio \u201cLa Albania\u201d, que ten\u00eda unos determinados linderos y que fueron all\u00ed descritos y que en el sector en controversia, ciertamente corresponden a los encontrados y determinados por el juzgador de la primera instancia. Por lo mismo, la reivindicaci\u00f3n solo puede ser procedente respecto del bien sobre el cual el demandante demuestre su dominio y en el caso de los inmuebles, solo es posible a trav\u00e9s de la respectiva escritura p\u00fablica, como t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, con la respectiva anotaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n

Por manera que el dominio de los inmuebles debe demostrarse con el respectivo t\u00edtulo escriturario, inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. En este evento se aport\u00f3 por el actor la escritura 2482 del treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho (\u2026), de la cual se extrae de forma di\u00e1fana cu\u00e1les son los linderos y en particular el que ha generado la controversia, con ello demostrando no solo la titularidad, sino adem\u00e1s la l\u00ednea divisoria de los predios \u201cLa Portada\u201d y \u201cLa Albania\u201d, habida cuenta que son colindantes. <\/p>\n

Para estos fines, se insiste, es fundamental el t\u00edtulo aducido por la parte actora, m\u00e1xime cuando este no puede ser suplido por otra formalidad o prueba, so pena de su inexistencia jur\u00eddica. Y ciertamente la l\u00ednea divisoria trazada por el juzgador de la primera instancia deja ver que s\u00ed se demuestra el dominio del demandante sobre una franja determinada de tierra, pero no toda la pretendida, cumpli\u00e9ndose de esta manera con el primer presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria, raz\u00f3n por la cual no podr\u00eda compartirse el argumento que en sentido contrario expuso la parte pasiva. <\/p>\n

Ahora, sobre \u00e9ste preciso aspecto es que el demandante y recurrente, centra otro de sus cuestionamientos a la sentencia de primera instancia, porque debi\u00f3 haberse advertido la doctrina probable la cual ha sido fijada por diversos fallos del (\u2026) Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casaci\u00f3n Civil – Sentencia C-836 de 2001\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Al respecto no debe dejarse de resaltar que la parte demandada en la reivindicaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la demanda de pertenencia por v\u00eda de la prescripci\u00f3n ordinaria que incoaron dentro del proceso de deslinde y amojonamiento, reconoci\u00f3 que estaba ejerciendo posesi\u00f3n sobre una franja de terreno que all\u00ed alinder\u00f3 y que adem\u00e1s se adujo pertenec\u00eda al se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez. <\/p>\n

Sin embargo, observa la Sala que esa confesi\u00f3n ciertamente en principio contradictoria, no pod\u00eda ser suficiente para estimar plenamente las pretensiones de la demanda reivindicatoria. Veamos: <\/p>\n

Esa confesi\u00f3n es contradictoria, porque all\u00ed se adujo tener justo t\u00edtulo sobre la franja de terreno pretendida y el cual alud\u00eda a la escritura p\u00fablica 1031, mientras que tambi\u00e9n se manifest\u00f3 estar poseyendo parte del inmueble del se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez. <\/p>\n

Ahora, se advierte que tal reconocimiento no es conducente para demostrar uno de los elementos de la reivindicaci\u00f3n, que es el dominio, muy a pesar de serlo para demostrar la posesi\u00f3n (\u2026.) y la identidad del predio que se est\u00e1 poseyendo, porque de conformidad con la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n, la 2482, el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez, en el sentir de la Sala, no pudo demostrar que sea due\u00f1o de toda la franja de terreno que pretende reivindicar y la doctrina probable solo pod\u00eda aplicarse respecto de lo incluido en los linderos que enmarca el citado t\u00edtulo escriturario. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos denotados, los linderos del \u00e1rea en disputa, claramente son los fijados por el juzgador de la primera instancia y no otros, m\u00e1s all\u00e1 de estos, y que fueron los establecidos en el citado t\u00edtulo, tal y como se detall\u00f3 anteriormente. <\/p>\n

Por consiguiente, si bien es claro para la Sala que los demandados, en ese sector, s\u00ed est\u00e1n poseyendo los predios que colindan con \u201cLa Albania\u201d, lo cierto es que al se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez, quien no era due\u00f1o cuando se hizo la segregaci\u00f3n, no le vendieron terrenos m\u00e1s all\u00e1 del lindero aludido. Por consiguiente, mal podr\u00eda pretender reivindicar una franja de terreno que para \u00e9sta Corporaci\u00f3n no es de su propiedad. <\/p>\n

A este respecto valga a su vez explicar que el predio \u201cLa Portada\u201d, fue ciertamente segregado del predio \u201cLa Albania\u201d, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1031 del 27 de julio de 1991, mientras la 2482 del 30 de octubre de 1998, esto es, varios a\u00f1os antes de que el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez, comprara. En ambos eventos el vendedor fue la sociedad \u201cGarc\u00eda Galvis S.A.\u201d, entonces, claro es para la Sala que el antes mencionado adquiri\u00f3 con posterioridad el predio \u201cLa Albania\u201d y en tales condiciones, no podr\u00eda predicarse que el restante a lo segregado es de su propiedad. <\/p>\n

Reiterase, que en la escritura 2482, se alude a una franja de terreno con un lindero por el r\u00edo arriba de 20 metros, mientras que la pretensi\u00f3n de reivindicaci\u00f3n por el mismo lugar alude a una distancia de 52.20 metros, raz\u00f3n por la cual, la franja de terreno (\u2026) es mayor a la que se puede llegar a tener con lindero primeramente se\u00f1alado. <\/p>\n

De lo anterior deviene colegir que a pesar de que los demandados, aceptaron a trav\u00e9s del proceso de pertenencia que estaban en posesi\u00f3n de la franja de terreno que pretende el se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez reivindicar, y que, tambi\u00e9n aceptaron que \u00e9l era el propietario, estas manifestaciones son inconducentes para demostrar que efectivamente el mismo se\u00f1or G\u00f3mez, es el propietario de toda esa franja de terreno, porque como ya se ha explicado, el lindero que a juicio de \u00e9sta Sala indica la escritura 2482, no permite incluir una franja de terreno adicional a los 20 metros r\u00edo arriba y de ah\u00ed hasta la carretera que de San Gil conduce a Charal\u00e1. <\/p>\n

La doctrina probable, alude a que tales manifestaciones son suficientes para demostrar (\u2026) la posesi\u00f3n de los demandados, m\u00e1s no para obtener convencimiento en torno a la titularidad de un bien inmueble que constituye el primer presupuesto de la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n. Para la Sala la confesi\u00f3n de los demandados, de estar en posesi\u00f3n de una franja de terreno propiedad del se\u00f1or Rodrigo G\u00f3mez, no puede tenerse como medio probatorio suficiente para demostrar que \u00e9ste se\u00f1or, s\u00ed es due\u00f1o de toda la franja de terreno pretendida, porque para estos fines se requiere, tal como se ha dejado ya observado, el t\u00edtulo y el modo, esto es la escritura p\u00fablica de compra y su anotaci\u00f3n en el registro inmobiliario. <\/p>\n

5.\tComo atr\u00e1s se dijera, no existe una separaci\u00f3n entre lo ordenado en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo superior y lo plasmado en las anteriores consideraciones de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, habida cuenta que en \u00e9stas se resolvi\u00f3 sobre los factores respecto de los cuales la Corte hab\u00eda echado de menos pronunciamiento expreso, esto es, aquellos relacionados con la valoraci\u00f3n del dictamen pericial practicado en el tr\u00e1mite fustigado y la prueba trasladada del proceso de deslinde y amojonamiento en el que se confrontaron las mismas partes. <\/p>\n

Lo que advierte la Sala es que el actor se muestra inconforme con la apreciaci\u00f3n que de los referidos elementos de juicio, realiz\u00f3 el fallador criticado, circunstancia que escapa a la competencia que se tiene en materia de desacato. <\/p>\n

6.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el incidente propuesto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

Primero. Declarar no probado el desacato endilgado a Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil – Magistrado Sustanciador Javier Gonz\u00e1lez Serrano, respecto del cual se propuso el incidente. <\/p>\n

Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n

Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO ATC451-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2017-00497-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide el incidente de desacato que formul\u00f3 Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}