{"id":101004,"date":"2026-06-30T17:54:00","date_gmt":"2026-06-30T17:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101004"},"modified":"2026-06-30T17:54:00","modified_gmt":"2026-06-30T17:54:00","slug":"atc455-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc455-2018\/","title":{"rendered":"ATC455-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC455-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03467-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Autonal S.A. contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta capital, conformado por los \u00e1rbitros Guillermo Zea Fern\u00e1ndez, Sergio Mu\u00f1\u00f3z Laverde y Fernando Pab\u00f3n Santander, con ocasi\u00f3n del proceso arbitral adelantado por la aqu\u00ed quejosa a Sofasa S.A.; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n

2.\t Sostiene, como base de su reclamo, en concreto, lo siguiente: <\/p>\n

Con apoyo en la cl\u00e1usula compromisoria contenida en un \u201ccontrato\u201d, la ac\u00e1 actora convoc\u00f3 el tribunal arbitral aqu\u00ed atacado, para que efectuara \u201cla calificaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d del v\u00ednculo entre ella y Sofasa S.A. <\/p>\n

Indica que esa corporaci\u00f3n en laudo de 25 de abril de 2017, zanj\u00f3 el litigio se\u00f1alando que la negociaci\u00f3n materia de pleito correspond\u00eda a una \u201cconcesi\u00f3n mercantil\u201d. <\/p>\n

Censura lo anterior, pues en su criterio el tutelado \u201cpretermiti\u00f3 pruebas\u201d que demostraban la existencia de una \u201cagencia comercial\u201d, espec\u00edficamente que el negocio jur\u00eddico objeto de litis era de \u201cun sistema remuneratorio\u201d. <\/p>\n

Esgrime que en el asunto subex\u00e1mine fue condenada en costas sin ning\u00fan argumento legal, pues esa determinaci\u00f3n \u00fanicamente se \u201cfund\u00f3 en la verdad sabia\u201d del querellado. <\/p>\n

3. Suplica \u201cdejar sin efecto\u201d el referido laudo arbitral. <\/p>\n

4. Los \u00e1rbitros acusados se opusieron a la prosperidad del ruego, resaltando la legalidad de la providencia por ellos emitida en el pleito sublite (fls. 224 a 238). <\/p>\n

5. La sentencia impugnada neg\u00f3 la salvaguarda tras considerar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la postura asumida por la autoridad arbitral deviene razonable, m\u00e1xime cuando analiz\u00f3 las pruebas recaudadas y expuso porqu\u00e9 se configuraba una concesi\u00f3n mercantil y no una agencia comercial, como se insiste en esta causa constitucional. Adem\u00e1s, indic\u00f3 las razones por las que conden\u00f3 en costas a la sociedad convocante, soportadas en una interpretaci\u00f3n armoniosa de la legislaci\u00f3n que regula la tem\u00e1tica (\u2026)\u201d (fls. 245 a 250). <\/p>\n

6. Impugn\u00f3 el promotor reiterando los defectos f\u00e1cticos y materiales que en su sentir se configuran en la memorada decisi\u00f3n. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato expuesto en el escrito genitor se desprende, sin asomo de duda, que el amparo tambi\u00e9n involucra a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por cuanto esa corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n impetrado contra el laudo arbitral ahora atacado, y en ese mecanismo de defensa, se invoc\u00f3 como causal el \u201chaberse fallado en conciencia\u201d respecto de las costas procesales y en punto a la calificaci\u00f3n del contrato (fl. 190 y 191), temas objeto de ataque en este auxilio. <\/p>\n

2. As\u00ed, le corresponde entonces a esta Sala de Casaci\u00f3n resolver la presente s\u00faplica en primera instancia, por ser el superior funcional del colegiado a vincular, seg\u00fan lo consagrado en el inciso 1\u00ba del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 20171. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo cestipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n

5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda de esta Sala, realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: \tComun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los interesados mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u201c(\u2026)5. \tLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \tal respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional \taccionada. (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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