{"id":101006,"date":"2026-06-30T17:54:45","date_gmt":"2026-06-30T17:54:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101006"},"modified":"2026-06-30T17:54:45","modified_gmt":"2026-06-30T17:54:45","slug":"atc457-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc457-2018\/","title":{"rendered":"ATC457-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC457-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-01836-04
\n(Aprobado en Sala de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n respecto del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por Central de Inversiones S.A. respecto del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

1. Conforme con las pruebas aportadas, el mencionado se\u00f1or present\u00f3 tutela frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada capital y el aludido juez, cuestionando la negativa de esas autoridades a terminar el referido coercitivo tras constatarse la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reclamada, en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999.
\nEsta Sala el 13 de julio de 2016, accedi\u00f3 a la salvaguarda y le orden\u00f3 al juzgado querellado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese pronunciamiento, dejara sin efecto el prove\u00eddo de 8 de junio de 2016, as\u00ed como las actuaciones que de \u00e9l pendieran, y procediera a resolver nuevamente la petici\u00f3n del tutelante. <\/p>\n

2. Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n formul\u00f3 el tr\u00e1mite actual, aduciendo, en concreto, que aun no se hab\u00eda acatado el fallo constitucional. <\/p>\n

3. El 18 de enero de 2018, se exhort\u00f3 al accionado para que se pronunciara al respecto. <\/p>\n

En respuesta, el juez expuso que mediante auto de 4 de agosto de 2016, en obedecimiento a lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n, invalid\u00f3 lo actuado en ese compulsivo desde el 30 de enero de 2007, y, en su lugar, neg\u00f3 \u201cla orden de pago solicitada\u201d. <\/p>\n

No obstante, relat\u00f3, esa determinaci\u00f3n fue \u201crevocada parcialmente\u201d por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 20 de septiembre de ese a\u00f1o, al zanjar la apelaci\u00f3n impetrada por el extremo all\u00e1 demandante, en el entendido de indicar que ese decurso deb\u00eda proseguirse respecto de \u201clos pagar\u00e9s N\u00b0 93 y 00388206-2\u201d, los cuales hab\u00edan sido suscritos por acreencias no hipotecarias. <\/p>\n

Seguidamente expuso:
\n\u201c(\u2026) [L]a parte [all\u00ed] actora cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite de la reestructuraci\u00f3n y cit\u00f3 en dos oportunidades al se\u00f1or Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n con el fin de reestructurar la obligaci\u00f3n, sin que el demandado hubiere acudido, por lo cual adjunt\u00f3 copia de lo indicado por la Superintendencia Financiera y se libr\u00f3 mandamiento de pago en la demanda acumulada y el demandado guard\u00f3 silencio, por lo cual se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. Esa contestaci\u00f3n fue puesta en conocimiento del impulsor de este incidente, quien frente a ella se pronunci\u00f3 insistiendo en sus inconformidades, concretamente asegur\u00f3 que no se ha efectuado la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d de la deuda y tild\u00f3 de falsas las aseveraciones de su oponente en ese litigio, por tanto, critic\u00f3 las decisiones del juzgador de dar curso a la \u201cdemanda acumulada\u201d y las posteriormente emitidas, pues \u201c(\u2026) revivi\u00f3 un proceso terminado, acumul\u00e1ndolo a la demanda principal sin la correspondiente reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que con fundamento en lo precedente solicit\u00f3 se invalidara nuevamente ese tr\u00e1mite, pedimento denegado el 17 de octubre de 2017. <\/p>\n

5.\tComo los elementos de juicio obrantes en estas diligencias son suficientes para resolver, se procede a ello. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez del conocimiento de la tutela para sancionar a quien hace caso omiso de las \u00f3rdenes impartidas con el prop\u00f3sito de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional; de no existir tal herramienta la salvaguarda resultar\u00eda inocua ante la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta origen de la vulneraci\u00f3n o amenaza del precepto superior amparado. <\/p>\n

Como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala, para su estructuraci\u00f3n es necesario \u201c(\u2026) que exista un fallo de tutela, que, adem\u00e1s de haberse concedido, se\u00f1ale en forma clara no solamente el derecho protegido o tutelado, sino tambi\u00e9n 'la orden y la definici\u00f3n precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela', con la indicaci\u00f3n del plazo o duraci\u00f3n en que debe cumplirse (art. 29 Decreto 2591 de 1.991)\u201d1. <\/p>\n

2. El presente caso se circunscribe a determinar si la orden de amparo impartida por esta Sala en la sentencia de 13 de julio de 2016, dentro del resguardo incoado por Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n frente al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga y otros, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por Central de Inversiones S.A., fue inobservada. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, en dicha decisi\u00f3n esta Corporaci\u00f3n accedi\u00f3 al auxilio pretendido tras estimar que al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito le \u201c(\u2026) correspond\u00eda desatar de fondo los reparos elevados por el solicitante en cuanto a la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones regidas por la Ley 546 de 1999, separadamente del cr\u00e9dito \u201cde consumo\u201d pactado en pesos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, se le impuso a ese despacho \u201c(\u2026) dej[ar] sin efecto el prove\u00eddo de 8 de junio de 2016, as\u00ed como las actuaciones que de \u00e9l pendan, y proceder a resolver nuevamente la petici\u00f3n del tutelante, teniendo en cuenta los aspectos expuestos en esta providencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas, se colige que el juzgador incidentado dict\u00f3 el prove\u00eddo de 4 de agosto de 2016, para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, all\u00ed, entre otras cosas, dej\u00f3 sin efecto \u201ctodo lo actuado a partir del auto del 30 de enero de 2007, incluy\u00e9ndolo\u201d y neg\u00f3 \u201cla orden de pago solicitada dentro de [ese] proceso\u201d. <\/p>\n

El pronunciamiento precedente fue apelado por el extremo all\u00e1 actor, remedio resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 20 de septiembre de 2016, en el cual se revoc\u00f3 \u201cparcialmente\u201d la decisi\u00f3n recurrida, en el entendido de continuar con el compulsivo \u00fanicamente \u201c(\u2026) respecto de los dos pagar\u00e9s que no corresponden a cr\u00e9ditos de vivienda (\u2026)\u201d y confirmar la invalidez de lo actuado en lo ata\u00f1edero a la acreencia hipotecaria regida bajo el sistema UPAC. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, no se encuentra en la actuaci\u00f3n del funcionario atacado rebeld\u00eda alguna en orden a acatar el precepto tutelar, pues, como acaba de verse, aunque luego de vencido el t\u00e9rmino de 48 horas concedido para obedecer, procedi\u00f3 a dejar sin efecto la decisi\u00f3n cuestionada en este ruego, disponiendo la terminaci\u00f3n del litigio frente a la obligaci\u00f3n hipotecaria, tras advertir la falta de reestructuraci\u00f3n, y su continuaci\u00f3n en lo concerniente a las acreencias \u201cpactadas en pesos\u201d, por orden dada en sede de apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n

No debe pasarse por alto, esta es la segunda vez que Cacua Mogoll\u00f3n promueve este tr\u00e1mite incidental, el primero resuelto mediante providencia ATC8798-2016 de 7 de diciembre de 2016, en el cual se concluy\u00f3, como ahora, la imposibilidad de imponer sanci\u00f3n tras observarse el obedecimiento de lo resuelto en este resguardo. <\/p>\n

Lo anterior, a pesar de que el mencionado se\u00f1or refiere presuntas irregularidades en el proceder de su oponente y la emisi\u00f3n de providencias del juzgado luego de la declaraci\u00f3n de invalidez de ese juicio, por cuanto, debe decirse, esas son actuaciones posteriores que escapan al mandato tutelar fijado en este sublite. <\/p>\n

Adem\u00e1s, conviene agregar, el interesado pudo interponer los recursos procedentes y ejercer su derecho de defensa frente a los prove\u00eddos denunciados en esta instancia, pero guard\u00f3 silencio en la tramitaci\u00f3n del nuevo compulsivo, tal como inform\u00f3 el despacho judicial. <\/p>\n

5. Es menester memorar que la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que para establecer si existi\u00f3 o no desacato al mandato del juez constitucional, es necesario realizar una comparaci\u00f3n entre lo resuelto en el fallo y la supuesta omisi\u00f3n atribuida a su destinatario3, y en el caso concreto, se reitera, no se encuentra en la conducta desplegada por el despacho insubordinaci\u00f3n alguna en cumplir el precepto tutelar. <\/p>\n

Ahora, desde el punto de vista subjetivo no se observa que la intenci\u00f3n del acusado sea la de desobedecer la sentencia de tutela, es decir, su patente responsabilidad a t\u00edtulo de culpa o de dolo en la falta endilgada. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar comportamientos objetivos manifiestos debidamente probados sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien desacata la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento. <\/p>\n

Sobre ese tema, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n

6. En corolario, existiendo evidencia de que el juzgador ha cumplido lo ordenado en la sentencia de tutela de 13 de julio de 2016, se torna inviable la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: DISPONER que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n de la tutela instaurada por Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n respecto de ese estrado. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tAuto \tde 31 de mayo de 1996.
\n2 \tCSJ. Civil. Autos \tde 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. \t7600122210002013-00013-01, \tentre otras.
\n3 \tCSJ. Civil. Autos \tde 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. \t7600122210002013-00013-01, \tentre otras.
\n43 \tCorte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC457-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-01836-04 (Aprobado en Sala de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Carlos Sa\u00fal Cacua Mogoll\u00f3n respecto del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}