{"id":101009,"date":"2026-06-30T17:55:40","date_gmt":"2026-06-30T17:55:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101009"},"modified":"2026-06-30T17:55:40","modified_gmt":"2026-06-30T17:55:40","slug":"atc460-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc460-2018\/","title":{"rendered":"ATC460-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC460-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03084-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Rodrigo Ospina Vergara contra los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n y Treinta y Siete Civiles del Circuito, ambos de esta ciudad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la vivienda digna y a \u00abser o\u00eddo\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la nulidad del proceso desde el auto de mandamiento de pago, por utilizarse una v\u00eda procesal inadecuada\u00bb; y, en consecuencia, \u00abse suspenda la diligencia de remate programada para el 28 de noviembre de 2017\u00bb (folios 7 a 17, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que su queja se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tEl Banco BBVA Colombia S.A. promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario, derivado de un cr\u00e9dito de consumo, contra Jos\u00e9 Rodrigo Ospina Vergara, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 26 de abril de 2013 libr\u00f3 mandamiento de pago y, previa declaratoria de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, el 13 de junio de 2016 orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado. <\/p>\n

2.2. Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, quien fij\u00f3 como fecha para adelantar la diligencia de remate el 28 de noviembre de 2017. <\/p>\n

2.3. \tIndic\u00f3 el actor que la obligaci\u00f3n exigida, esto es, el cr\u00e9dito de consumo, fue cedida por el Banco AV Villas al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. \u2013BBVA Colombia S.A.-, con anterioridad a la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 en su contra este \u00faltimo; relievando que, en su sentir, dicha negociaci\u00f3n resultaba inexistente de cara a la garant\u00eda hipotecaria, pues \u00e9sta respaldaba, exclusivamente, una previa obligaci\u00f3n con la primera entidad bancaria por un cr\u00e9dito en UPAC, la cual cancel\u00f3 el 13 de septiembre de 2006, por lo que con dicho pago tambi\u00e9n se extingui\u00f3 ese gravamen. <\/p>\n

2.4. Refiri\u00f3 que la aludida cesi\u00f3n no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, pues \u00abno fue firmada por el cesionario ni por el deudor cedido\u00bb, raz\u00f3n por la cual la garant\u00eda hipotecaria no le pod\u00eda servir al Banco BBVA para iniciar una ejecuci\u00f3n de ese tipo, debiendo proponerla por la v\u00eda singular, por lo que la orden de apremio carec\u00eda de motivaci\u00f3n suficiente. <\/p>\n

2.5. Anot\u00f3 que el juicio criticado contrariaba la Ley 546\/99 y la jurisprudencia constitucional (C-955\/00, SU-813\/07), pues la hipoteca constituida a favor de Av Villas \u00abrespaldaba espec\u00edficamente y de manera expresa un cr\u00e9dito financiero para la adquisici\u00f3n de vivienda por valor de 2.100.3607 UPACS que equival\u00edan a $23.000.000\u00bb, deuda que, reitera, cancel\u00f3 en septiembre de 2006, por lo que el proceso ten\u00eda que haber sido terminado por Ministerio de la Ley; destac\u00f3 que dicha garant\u00eda \u00abno serv[\u00eda] para respaldar cr\u00e9ditos comerciales distintos como ocurre en el presente caso donde el\u2026 BBVA pretende garantizar con dicha hipoteca un cr\u00e9dito de consumo con intereses diferentes al del sistema UPAC\u00bb. <\/p>\n

2.6. Manifest\u00f3 que present\u00f3 incidente de nulidad exponiendo las irregularidades referidas a espacio, pero sus alegaciones no fueron atendidas. Destaca la Sala que tal solicitud de invalidez fue rechazada el 22 de agosto de 2016 por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado, determinaci\u00f3n que fue confirmada, en sede de alzada, el 1\u00ba de marzo de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

2.7. Agreg\u00f3 que con la negativa de acceder a la nulidad procesal invocada se vulneraron sus garant\u00edas de primer grado, pues todo el tr\u00e1mite adelantado al interior del juicio ejecutivo promovido en su contra desatendi\u00f3 las normas procesales; resalt\u00f3 que de efectuarse la diligencia de remate y adjudicar el inmueble a un tercero \u00abe[ra] muy dif\u00edcil devolver la actuaci\u00f3n judicial\u00bb, por lo que su solicitud de amparo era procedente para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3. Una vez admitida la acci\u00f3n, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el proceso ejecutivo n\u00ba 2013-00013 fue allegado a ese despacho con orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ya que las actuaciones adelantadas con anterioridad fueron surtidas por su hom\u00f3logo Treinta y Siete Civil del Circuito de esa ciudad; que el 22 de agosto de 2016 rechaz\u00f3 el incidente de nulidad por las presuntas irregularidades manifestadas por el actor, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; remiti\u00f3 copia de las piezas procesales relevantes (folios 25 y 26, cuaderno 1). <\/p>\n

4. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n luego de encontrar reunidos los requisitos legales para ese efecto; que las actuaciones posteriores fueron proferidas por el despacho de Ejecuci\u00f3n, respecto de las cuales la parte actora cont\u00f3 con las oportunidades legales para controvertirlas (folio 31, cuaderno 1). <\/p>\n

5. El Banco Av Villas sostuvo que el 26 de octubre de 2016 le cedi\u00f3 la obligaci\u00f3n derivada del cr\u00e9dito n\u00ba 130115 al BBVA Colombia, entregando toda la informaci\u00f3n respecto de dicha obligaci\u00f3n; que de conformidad con el art\u00edculo 887 del C\u00f3digo de Comercio la cesi\u00f3n no requiere aceptaci\u00f3n por parte del contratante cedido; que la acci\u00f3n supralegal no reviv\u00eda oportunidades procesales precluidas al interior del juicio ordinario (folios 43 y 44, cuaderno 1). <\/p>\n

6. La Magistrada integrante del Tribunal a quo, Doctora Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, manifest\u00f3 su impedimento para conocer de la acci\u00f3n tuitiva, pues dentro del proceso ejecutivo hipotecario que motiv\u00f3 la salvaguarda profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 1\u00ba de marzo de 2017, mediante el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 22 de agosto anterior; destacando que \u00abel ciudadano [expuso] en sus argumentos en aquella oportunidad que el proceso contrar\u00eda la Ley 546 de 1999, por haber sido obtenido el cr\u00e9dito hipotecario para la adquisici\u00f3n del inmueble en 1997, bajo el sistema de UPAC; y, en consecuencia deb\u00eda haberse terminado por ministerio de la ley, incluyendo en la inconformidad por la que busca la protecci\u00f3n constitucional, entre otras circunstancias, la rese\u00f1ada\u00bb (folio 45, cuaderno 1); causal de apartamiento que le fue aceptada el 11 de diciembre de 2017 (folio 46, \u00eddem). <\/p>\n

7. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la s\u00faplica rogada al considerar que carec\u00eda de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, pues, por una parte, el gestor no present\u00f3 ning\u00fan recurso contra el mandamiento de pago, ni formul\u00f3 excepciones al interior del juicio; y por otro lado, porque la orden de apremio y el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016, mediante el cual se aprob\u00f3 \u00abuna liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb, datan de hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n

Destac\u00f3 que la obligaci\u00f3n cobrada por v\u00eda ejecutiva era derivada de un cr\u00e9dito de consumo, por lo que \u00abno resultaba aplicable la pretendida reestructuraci\u00f3n, ni mucho menos la jurisprudencia atinente a la adquisici\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda a la Ley 546 de 1996 (sic)\u00bb (folios 47 a 51, cuaderno 1). <\/p>\n

8. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la parte accionante sin manifestar el motivo de su disenso (folio 51 vuelto, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del \trelato f\u00e1ctico expuesto en la solicitud de amparo se \tdesprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta \tCorporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente \tasunto, pues el auxilio constitucional est\u00e1 dirigido, \tprincipalmente, contra la decisi\u00f3n adoptada el 22 de agosto \tde 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n \tde Sentencias de Bogot\u00e1, que rechaz\u00f3 la petici\u00f3n \tde nulidad presentada por el gestor, edificada en los mismos hechos \ten los que se funda la presente acci\u00f3n tuitiva; pues, en \tsentir del quejoso, el proceso ejecutivo incoado en su contra \tpresenta irregularidades procesales que impiden continuar con el \ttr\u00e1mite respectivo; as\u00ed las cosas, es claro que el \treclamo involucra directamente al Tribunal Superior, porque, en \tsegunda instancia, conoci\u00f3 de la decisi\u00f3n de la que \tahora se queja el accionante, al resolver la apelaci\u00f3n que \t\u00e9ste formul\u00f3 frente a la referida determinaci\u00f3n \tdel a \tquo. <\/p>\n

En efecto, en el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016 el Juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 el incidente de nulidad interpuesto por el actor, mediante el cual expuso las anomal\u00edas de las que ahora se duele por esta v\u00eda extraordinaria, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de marzo de 2017; y la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan el tutelante, y por la que se debe de acceder a la salvaguarda, es que le vulnera\u00f3 el debido proceso, porque no fue o\u00eddo a pesar de los diferentes recursos e incidentes presentados, mediante los cuales aleg\u00f3 las deficiencias en las que incurrieron los falladores ordinarios al interior del juicio ejecutivo; situaci\u00f3n que, sin duda, involucra esa \u00faltima decisi\u00f3n, por lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20151. <\/p>\n

En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n

No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun. 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n

2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

3. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Bogot\u00e1, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n

3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tArt\u00edculo \t2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. \tPara \tlos efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \t1991\u2026 2. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra \tun funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 \trepartida al respectivo superior funcional del accionado\u2026
\n2 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC460-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03084-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}