{"id":101011,"date":"2026-06-30T17:55:54","date_gmt":"2026-06-30T17:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101011"},"modified":"2026-06-30T17:55:54","modified_gmt":"2026-06-30T17:55:54","slug":"atc465-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc465-2018\/","title":{"rendered":"ATC465-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC465-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2017-00948-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

1. Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de enero de 2018, que concedi\u00f3 parcialmente la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Nannetti Valencia contra los Juzgados Segundo de Familia y Segundo Civil Municipal de esta ciudad, si no fuera porque de la revisi\u00f3n preliminar que se realiza al presente asunto, se advierte que quien interpuso dicho recurso carece de poder para representar a Mario Nannetti Valencia, quien fue vinculado al presente tr\u00e1mite tutelar, lo que inviabiliza su procedencia y por ende resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Lo anterior, en raz\u00f3n a que la impugnaci\u00f3n fue presentada por el abogado Leonardo Leal Ahumada (fls. 265 y 266, cd. 1), quien no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice representar en este asunto, lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en el mismo. <\/p>\n

3. Es de advertir que a pesar de que el memorialista dice fungir \u00abcomo apoderado del doctor MARIO NANNETTI VALENCIA\u00bb, quien es uno de los herederos en la sucesi\u00f3n cuya actuaci\u00f3n se censura por esta v\u00eda, dicha circunstancia no lo faculta para proceder como tal a asumir la representaci\u00f3n judicial del vinculado en menci\u00f3n, por cuanto para ello requiere de poder especial tal como lo ha dicho y reiterado esta Sala. <\/p>\n

En efecto, en trat\u00e1ndose de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (CSJ sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; 2 de febrero de 1997, exp. 3852; y 31 de marzo de 2003, exp. 00102, citadas en sentencia STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01, entre otras). Subraya la Sala. <\/p>\n

La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto.
\nEn ese mismo sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: \u00ab(\u2026) cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u2026La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ, SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC11060-2015, 20 ago. 2015, rad. 00381-01). <\/p>\n

4. Se advierte que la exigencia del mandato especial es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en SC, 19 oct. 2008, rad. 2008-00178-01; STC13818, rad. 00386-01 de 29 sep. de 2016 y STC17519-2016, 30 nov. 2016, rad. 00547-01). <\/p>\n

Lo anterior porque tampoco podr\u00eda tenerse al abogado recurrente como habilitado para impugnar la decisi\u00f3n constitucional, bajo el supuesto de encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto que se cuestiona, s\u00f3lo le compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados por cuanto: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n

(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ sentencia de 29 de septiembre de 2003, exp. 00245-01, reiterada, entre otras, en STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). <\/p>\n

5. As\u00ed, en el presente caso resultaba perentorio que el abogado que impugn\u00f3 el fallo del Tribunal, demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar tr\u00e1mite al recurso, m\u00e1s si se tiene en cuenta que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb, y como en este caso no se cumplen a cabalidad todos esos condicionamientos, siguiendo los precedentes de esta Corte \u00abdeviene impr\u00f3spera la admisi\u00f3n del recurso\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2010, rad. 00008-02; ATC, 20 may. 2014, rad. 00310-01; ATC4741-2015, 21 ago. 2015, rad. 01652-01; ATC2147-2017, 30 mar. 3017, rad. 00043-01, y ATC240-2018, 25 ene. 2018, rad. 2017-00712-01). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo anteriormente expuesto, se dispondr\u00e1 la inadmisi\u00f3n del recurso planteado y en su lugar se ordenar\u00e1 remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia ya referidas. <\/p>\n

Segundo: En consecuencia, previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al a quo, se ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para el tr\u00e1mite previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Tercero: Ent\u00e9rese de lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y al a-quo a trav\u00e9s de un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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