{"id":101014,"date":"2026-06-30T17:56:22","date_gmt":"2026-06-30T17:56:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101014"},"modified":"2026-06-30T17:56:22","modified_gmt":"2026-06-30T17:56:22","slug":"atc466-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc466-2018\/","title":{"rendered":"ATC466-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC466-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2017-00222-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 1 de diciembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Isabel G\u00f3mez As\u00eds contra la doctora Ana Tulia Lamboglia Rodr\u00edguez, Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira; si no fuera porque se observa que en primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse: <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n respecto a los derechos al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la accionada. En consecuencia, solicit\u00f3 \u00ab[s]e ordene a la accionada adoptar decisi\u00f3n\u2026en la cual proceda a motivar su [resoluci\u00f3n]\u2026,restableciendo\u00bb sus prerrogativas conculcadas. <\/p>\n

2.\tEl 13 de febrero de 2017, con ocasi\u00f3n al ejercicio de su cargo como Juez Promiscuo Municipal de Alban\u00eda (Guajira), a instancia del despacho de la encausada, le fue formulado \u00abcargos por el presunto incumplimiento del deber funcional consagrado en el numeral [1], del art\u00edculo 153 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb, los que contest\u00f3, informando como lugares para su notificaci\u00f3n, \u00abla calle 17 No. 8\u00aa -99 del barrio [S]an [F]rancisco de Riohacha,\u2026 la secretar\u00eda de [la] Corporaci\u00f3n [Disciplinaria] y\/o\u2026la secretar\u00eda de [su estrado judicial]\u00bb. <\/p>\n

3.\tPese a esta advertencia, la entidad convocada emiti\u00f3 auto de pruebas del 14 de junio de 2017, en donde concedi\u00f3 unas, neg\u00f3 otras y las restantes las \u00abcondicion\u00f3\u00bb en su decreto y pr\u00e1ctica; providencia que si\u00e9ndole comunicada \u00aba trav\u00e9s del correo institucional\u00bb no le permiti\u00f3 a la gestora, tener un conocimiento oportuno para ejercer contra esa determinaci\u00f3n su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n

4.\tA continuaci\u00f3n, la investigada impetr\u00f3 nulidad por el desacato a las formas propias para notificaciones de los art\u00edculos 100 y siguientes del C\u00f3digo \u00danico Disciplinario, la cual fue negada y confirmada al desatarse recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

5.\tLa Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante sentencia del 1 de diciembre de 2017, neg\u00f3 el resguardo al considerar una presentaci\u00f3n \u00abprematura\u00bb de la tutela, en la medida \u00abque el proceso disciplinario objeto de amparo se encuentra en tr\u00e1mite y no se ha proferido decisi\u00f3n de fondo, la cual una vez producida cuenta con la posibilidad de recurrirla en apelaci\u00f3n\u00bb, siendo ese escenario el propicio para ventilar la violaci\u00f3n de derechos fundamentales que ahora se pregonan en esta salvaguarda. <\/p>\n

6. La gestora impugn\u00f3 el fallo. <\/p>\n

1. En el sub examine, la peticionaria pretende que se amparen los derechos presuntamente vulnerados, con ocasi\u00f3n de lo que ella aprecia como desconocimiento a su debido proceso y derecho a la defensa, al comunic\u00e1rsele el auto de pruebas, a trav\u00e9s del correo institucional de su Juzgado, cuando no lo hab\u00eda autorizado en el proceso donde se le investiga ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Guajira. <\/p>\n

Sin embargo, la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la demanda de tutela, pues, el resguardo se present\u00f3 antes del 30 de noviembre de 20171; luego, por virtud del art\u00edculo 3\u00ba del decreto 1983 de ese mismo a\u00f1o2, aplica las reglas del Decreto 1382 de 2000; a ello a\u00fana, que las quejas formuladas se dirigen frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira. <\/p>\n

Bajo esta \u00f3ptica, dada la categor\u00eda del despacho judicial accionado, conforme a las reglas consagradas en el numeral 2\u00b0, inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, por ser el superior jer\u00e1rquico y funcional de la accionada en este preciso asunto. <\/p>\n

Al respecto, en un litigio de similares contornos, se precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026el ataque de la querellante involucra a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por su actuaci\u00f3n como ad-quem dentro de la investigaci\u00f3n que se le sigui\u00f3 por su desempe\u00f1\u00f3 como Jueza Tercera Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Valledupar. <\/p>\n

En esta medida, este amparo constitucional debi\u00f3 ser asumido por esa misma Corporaci\u00f3n siguiendo la regla del inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000 (\u2026). <\/p>\n

En un caso similar esta Sala expuso: [d]el escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n allegados al expediente se desprende que esta queja involucra a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) Por lo anterior, advi\u00e9rtase, que conforme a lo preceptuado por el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, no era el juez constitucional competente para admitir la petici\u00f3n de amparo y emitir el fallo impugnado, pues le correspond\u00eda conocer de la misma a las salas de decisi\u00f3n, secciones o subsecciones del Consejo Superior de la Judicatura, de que trata el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 1382 de 2000 y, por lo tanto, esta Sala tampoco es la encargada de dirimir la impugnaci\u00f3n (CSJ. ATC3899 de julio 13 de 2015). <\/p>\n

2.- En consecuencia, el presente asunto se encuentra viciado por falta de competencia funcional conforme al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3., del Decreto 1069 de 2015 que prev\u00e9 \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios a dicho Decreto. (CSJ ATC985-2016, 25 feb. 2016, rad. 00005-01). <\/p>\n

2. En consecuencia, el presente proceso se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia, la que es menester declarar a partir del auto que dispuso su tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el reparto. <\/p>\n

3. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (Auto de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). <\/p>\n

4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el reparto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el reparto. <\/p>\n

3. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tA \tfolio 71 del cuaderno 1, se indica que la tutela fue presentada a \treparto el 17 de noviembre de 2017.
\n2\u0002\u00ab\u2026.Las \treglas contenidas en el presente cap\u00edtulo s\u00f3lo se \taplicar\u00e1n a las solicitudes de tutela que se presenten con \tposterioridad al 30 de noviembre de 2017\u2026\u00bb
\n4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC466-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2017-00222-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 1 de diciembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-101014","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101014","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101014"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101014\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101014"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101014"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101014"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}