{"id":101017,"date":"2026-06-30T17:57:04","date_gmt":"2026-06-30T17:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101017"},"modified":"2026-06-30T17:57:04","modified_gmt":"2026-06-30T17:57:04","slug":"atc471-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc471-2018\/","title":{"rendered":"ATC471-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC471-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2017-00132-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por los accionantes frente al fallo proferido el 22 de enero de 2018 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de apoderado judicial, por Aldemar Balanta, Mario Ordo\u00f1ez y Robert Enoc P\u00e9rez Tigreros, como miembros del comit\u00e9 promotor del grupo significativo de ciudadanos denominado \u00abColombia Nueva\u00bb, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Fiduciaria La Previsora; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes reclaman el resguardo de los derechos al voto, a elegir y ser elegido, a la igualdad, a la representaci\u00f3n pol\u00edtica, al acceso a cargos de elecci\u00f3n popular y al principio de representaci\u00f3n proporcional, presuntamente conculcados por las acusadas al establecer el valor de las p\u00f3lizas de seriedad de candidaturas y los requisitos para acceder a \u00e9stas. <\/p>\n

Solicitan, entonces, ordenar i) \u00abla suspensi\u00f3n de los actos administrativos\u2026 No. 2320 del 13 de septiembre del\u2026 2017[,] por medio del cual se fija el valor de las p\u00f3lizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos que inscriban candidatos a las elecciones a Congreso de Rep\u00fablica para el per\u00edodo 2018-2022[;] y el\u2026 No. 2798 \u201cpor medio de la cual se regula la financiaci\u00f3n y el reporte de gastos de campa\u00f1a, de los grupos significativos de ciudadanos\u2026\u201d\u00bb; ii) \u00aba la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, inscriba la lista al Senado de la Rep\u00fablica conformada por el grupo de ciudadanos denominado Colombia Nueva, antes del 11 de diciembre de 2017\u00bb; y iii) \u00abcompulsar copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y [a la] Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investigue penal y disciplinariamente a los funcionarios adscritos a la Previsora S.A.[,] responsable de otorgar las mencionadas p\u00f3lizas, por la inoperancia, y desconocimiento de normas legales y reglamentarias\u00bb (folio 23, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela en comento fue formulada el 5 de diciembre de 2017 (folio 56, cuaderno 1). <\/p>\n

3.1.\tInicialmente fue asignada al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, autoridad que mediante prove\u00eddo del d\u00eda 6 siguiente, aplicando las reglas de reparto contempladas en el Decreto 1382 de 2000, resolvi\u00f3 no avocar el conocimiento del asunto y remitirlo por competencia al Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico (folios 57 a 59, cuaderno 1). <\/p>\n

3.2.\tRadicado el asunto en la Sala de Decisi\u00f3n A de la \u00faltima colegiatura mencionada, \u00e9sta, a trav\u00e9s de auto del pasado 11 de diciembre, dispuso que acorde con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, la petici\u00f3n de amparo deb\u00eda ser resuelta por los tribunales con jurisdicci\u00f3n en el departamento del Valle del Cauca, por lo que orden\u00f3 su remisi\u00f3n a \u00e9stos, sosteniendo que era esa ubicaci\u00f3n, en su sentir, el lugar donde ten\u00edan ocurrencia los hechos que motivaron la salvaguarda (folios 172 y 174 a 176, cuaderno 1). <\/p>\n

3.3.\tReasignado el asunto a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dicha autoridad lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 19 de diciembre de 2017 (folios 2 a 4, cuaderno 2). <\/p>\n

4.\tEl a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al concluir que las accionadas hab\u00edan actuado dentro del marco jur\u00eddico que gobernaba la situaci\u00f3n concreta, por lo que no pod\u00eda predicarse que hubiesen quebrantado garant\u00eda fundamental alguna; destacando, en todo caso, que frente a los actos administrativos criticados no estaba presente el presupuesto de la subsidiariedad para la procedencia de la salvaguarda, en la medida en que para controvertir la legalidad de tales determinaciones de la administraci\u00f3n, previamente, deb\u00edan acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (folios 59 a 63, cuaderno 2). <\/p>\n

5.\tEl anterior fallo fue impugnado por los tutelantes, quienes insistieron en los argumentos expuestos en el libelo introductor (folios 71 a 81, cuaderno 2). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 el Juzgado Administrativo al que inicialmente le fue repartida la acci\u00f3n, al no admitirla para su respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n

En efecto, al observar que el presente ruego constitucional se formul\u00f3 el pasado 5 de diciembre, para el reparto del mismo resultaban aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, el que en su art\u00edculo 3\u00ba, al mudar la \u00faltima disposici\u00f3n citada, claramente contempl\u00f3 que \u00ab[l]as reglas contenidas en el presente cap\u00edtulo s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 30 de noviembre de 2017\u2026\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en lo que aqu\u00ed interesa, el Decreto en comento, emitido el pasado a\u00f1o, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
\n\u00a0
\n1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.
\n\u00a0
\n2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda.
\n\u00a0
\n\u2026 <\/p>\n

11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u2026 <\/p>\n

2.\tAhora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe los inconformes lo dirigen contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Fiduciaria La Previsora. <\/p>\n

Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades de mayor jerarqu\u00eda de todas las atr\u00e1s relacionadas como sujetos pasivos de la tutela, esto es, autoridades del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla -lugar donde se radic\u00f3 la petici\u00f3n de amparo-, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con las reglas consagradas en los ya citados numerales 2 y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-). <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Especializada en restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016) <\/p>\n

4.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

5.\tEn atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, a quien le fue inicialmente repartida, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad del fallo dictado el 22 de enero de 2018 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC471-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2017-00132-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por los accionantes frente al fallo proferido el 22 de enero de 2018 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101017"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101017\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}