{"id":101019,"date":"2026-06-30T17:57:10","date_gmt":"2026-06-30T17:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101019"},"modified":"2026-06-30T17:57:10","modified_gmt":"2026-06-30T17:57:10","slug":"atc482-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc482-2018\/","title":{"rendered":"ATC482-2018"},"content":{"rendered":"
ATC482-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2018-00002-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Maribel Echeverri Boh\u00f3rquez, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su hija menor de edad XXX1, contra el Juzgado Once de Familia de Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria promovido por Jorge Ariel Palacio S\u00e1nchez, el Procurador Delegado en Asuntos de Infancia, Adolescencia y Familia y el Procurador de Familia adscritos al despacho encartado, si no fuera porque se advierte que el impugnante, quien dijo actuar en \u00abcalidad de apoderado del se\u00f1or Jorge Ariel Palacio S\u00e1nchez\u00bb, carece de legitimaci\u00f3n para impugnar el fallo de primer grado, como pasa a verse. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En diferentes pronunciamientos la Corporaci\u00f3n ha precisado que de conformidad con lo reglado en los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el canon 350 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, (hoy 320 del C. G. del P.), tanto para la formulaci\u00f3n de la tutela como para la impugnaci\u00f3n del fallo que se emita en ese tr\u00e1mite constitucional, constituye un requisito sine qua non que quien interponga aqu\u00e9lla o censure \u00e9ste, tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n (CSJ ATC, 27 jun. 2000, rad. T-11591; y CSJ ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01), ello \u00abporque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el del ius postulandi\u00bb (CSJ ATC, 21 nov. 2012, rad. 2012-00308-01). <\/p>\n

Asimismo, ha recalcado que en caso de que el interesado decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder especial pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia. <\/p>\n

2. En el sub judice XXXX recurri\u00f3 el fallo de tutela de primera instancia invocando la calidad de apoderado de Jorge Ariel Palacio S\u00e1nchez en el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria que \u00e9ste promovi\u00f3 contra Maribel Echeverri Boh\u00f3rquez, actuaci\u00f3n judicial cuestionada ante el juez constitucional.
\n3. No obstante y a pesar del requerimiento que le fue efectuado por esta Corporaci\u00f3n mediante prove\u00eddo de 13 de febrero de 2018 (folio 4) al presente tr\u00e1mite no acredit\u00f3 que aquel le hubiera otorgado mandato que lo facultara para actuar en tal condici\u00f3n, ni demostr\u00f3 que lo hiciera como agente oficioso de quien all\u00ed es su representado, lo que indubitablemente implica que no estaba legitimado para impugnar la providencia proferida por el a-quo. <\/p>\n

En un caso de similares aristas al que ahora se analiza la Corte dijo que: <\/p>\n

[E]s evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, "pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso" de dichos procesos (Cfr. C. S. de J. Sala de Cas. Civil y Agraria, sentencia No. 153 de 21 de febrero de 1997) (CSJ ATC, 27 jun. 2000, rad. T-11591, reiterada en ATC1149-2015, 5 mar. 2015). <\/p>\n

Frente al tema en pret\u00e9rita oportunidad se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien el mecanismo (\u2026) est\u00e1 regido por la informalidad, lo cierto es que en torno a la (\u2026) impugnaci\u00f3n, es preciso que su promotor manifieste y acredite el inter\u00e9s que le asiste, cuando quiera que la censura no emane de quien resulta directamente agraviado (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 23 mar. 2010, rad. 00062-01; reiterado en CSJ ATC, 25 jul. 2011, rad. 00214-01). <\/p>\n

La Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n

[L]os poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener "…la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes…", ya que este mecanismo es un proceso judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. (\u2026) 20000965 y (\u2026) 200010813) (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 2003-00072-01; reiterado, entre otros, en CSJ ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01; y CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01149-01). <\/p>\n

4. Luego entonces, puesto que el impugnante no aport\u00f3 el poder para actuar en este tr\u00e1mite constitucional en nombre de Jorge Ariel Palacio S\u00e1nchez, ni frente al fallador constitucional de primer grado, ni ante esta Corporaci\u00f3n con ocasi\u00f3n del requerimiento que le fue efectuado, donde se le otorg\u00f3 un t\u00e9rmino preclusivo, perentorio e improrrogable para que subsanara tal irregularidad, el cual dej\u00f3 transcurrir en silencio, y tampoco acredit\u00f3 hacerlo como su agente oficioso, atendiendo lo dispuesto en el inciso 4\u00b0 del canon 325 del C. G. del P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 que dispone que \u00ab[p]ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb, se inadmitir\u00e1 la referida alzada y se dispondr\u00e1 que se env\u00ede el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Conforme a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

1. Inadmitir la impugnaci\u00f3n que interpuso XXX contra la sentencia de tutela de 25 de enero de 2018, emitida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n

2. Enviar por Secretar\u00eda el expediente a la Corte Constitucional para los fines del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. Of\u00edciese. <\/p>\n

3. Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el canon 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada
\n1 \tEn virtud del art\u00edculo \t47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado \tcon el canon 7 de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre de la \tmenor.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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