{"id":101020,"date":"2026-06-30T17:57:28","date_gmt":"2026-06-30T17:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101020"},"modified":"2026-06-30T17:57:28","modified_gmt":"2026-06-30T17:57:28","slug":"atc472-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc472-2018\/","title":{"rendered":"ATC472-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC472-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01316-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima – DIMAR frente al fallo proferido el 18 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que accedi\u00f3 parcialmente a la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Byron Zapata Atehort\u00faa contra la impugnante, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Superintendencia de Puertos y Transportes, el Instituto Nacional de V\u00edas – INV\u00cdAS, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del R\u00edo Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, los Ministerios de Transporte, Justicia, de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; si no fuera porque la Corte observa que se incurri\u00f3 en un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama el resguardo de los derechos de petici\u00f3n y a la informaci\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas por no darle respuesta de fondo y cabal a las m\u00faltiples solicitudes que les ha formulado. <\/p>\n

Solicita, entonces, amparar sus derechos de primer grado y, en consecuencia, ordenar a las entidades encausadas contestarle de forma adecuada las diferentes peticiones que les ha elevado. <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela en comento, formulada el 12 de diciembre de 2017, fue repartida a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, autoridad que la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el d\u00eda 15 siguiente (folios 51 a 54, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tEl a-quo constitucional, en sala mayoritaria, concedi\u00f3 el resguardo, exclusivamente, frente a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima, al concluir que dicha autoridad quebrant\u00f3 las garant\u00edas esenciales del gestor, lo que no encontr\u00f3 probado respecto de las dem\u00e1s entidades encausadas. En consecuencia, orden\u00f3: <\/p>\n

\u2026al Director General Mar\u00edtimo DIMAR, \u2026o quien haga sus veces o delegue para el evento, [que] deber\u00e1 dar respuesta a la parte actora de las peticiones fechadas a agosto 3 de 2015, reiterada el 16 de junio de 2017, con los n\u00fameros de registro 292914104373 y 292017104373 respectivamente y, a la del 30 de octubre de 2017 radicada con el n\u00famero 13201701724. En el evento de carecer de competencia frente a ello, proceder\u00e1 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la\u2026 Ley 1755 (folios 314 a 319, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tLa anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima – DIMAR sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 la oficina judicial que efectu\u00f3 el reparto de la acci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, al observar que el presente ruego constitucional se formul\u00f3 el pasado 12 de diciembre, para el reparto del mismo resultaban aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, el que en su art\u00edculo 3\u00ba, al mudar la \u00faltima disposici\u00f3n citada, claramente contempl\u00f3 que \u00ab[l]as reglas contenidas en el presente cap\u00edtulo s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 30 de noviembre de 2017\u2026\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en lo que aqu\u00ed interesa, el Decreto en comento, emitido el pasado a\u00f1o, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
\n\u00a0
\n1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.
\n\u00a0
\n2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda.
\n\u00a0
\n\u2026 <\/p>\n

11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u2026 <\/p>\n

2.\tAhora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirige contra la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima – DIMAR, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Superintendencia de Puertos y Transportes, el Instituto Nacional de V\u00edas – INV\u00cdAS, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del R\u00edo Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, los Ministerios de Transporte, Justicia, de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; autoridades todas que censura por no dar respuesta de fondo y suficiente a sus m\u00faltiples peticiones. <\/p>\n

Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades de mayor jerarqu\u00eda de todas las atr\u00e1s relacionadas como sujetos pasivos de la tutela, esto es, autoridades del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, acorde con las reglas consagradas en los ya citados numerales 2 y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-). <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016) <\/p>\n

4.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

5.\tEn atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad del fallo dictado el 18 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n2.\tEn consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.
\n10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC472-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01316-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima – DIMAR frente al fallo proferido el 18 de enero de 2018 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-101020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}