{"id":101042,"date":"2026-06-30T17:59:34","date_gmt":"2026-06-30T17:59:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101042"},"modified":"2026-06-30T17:59:34","modified_gmt":"2026-06-30T17:59:34","slug":"atc496-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc496-2018\/","title":{"rendered":"ATC496-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC496-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00261-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Ser\u00eda el caso entrar a resolver la consulta de la sanci\u00f3n impuesta el cinco de febrero de dos mil dieciocho por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del incidente de desacato formulado por Omar Ram\u00edrez Serrano contra el Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Jefe de la Seccional Magdalena de esa dependencia, de no ser porque se advierte que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad insubsanable, el cual est\u00e1 llamado a declararse. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Por sentencia de fecha 23 de noviembre de 2017, la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, ampar\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, salud, vida digna, m\u00ednimo vital e igualdad, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el accionante contra el Ministerio de Defensa, Polic\u00eda Nacional, Direcci\u00f3n de Sanidad y al \u00c1rea de Sanidad Seccional de Magdalena. <\/p>\n

2. En consecuencia, para restablecer los derechos conculcados orden\u00f3 \u00abal Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, comunique al actor y a la Jefe del \u00c1rea de Sanidad Seccional Magdalena, la fecha en que se realizar\u00e1 la correspondiente Junta M\u00e9dico Laboral. Igualmente, la directora territorial, en el lapso se\u00f1alado, har\u00e1 entrega \u2013si todav\u00eda no se hubiese hecho- de los elementos que le fueron recetados al se\u00f1or Ram\u00edrez Serrano.\u00bb [Folios 12-18, c.1] <\/p>\n

3. Ante el incumplimiento de la orden, el tutelante solicit\u00f3 que se abriera un incidente de desacato contra la instituci\u00f3n denunciada. [Folios 1-3, c.1] <\/p>\n

4. En prove\u00eddo de 12 de enero de 2018, el Tribunal requiri\u00f3 al Subdirector General de la Polic\u00eda Nacional, Mayor General Ricardo Alberto Restrepo Londo\u00f1o, en calidad de superior jer\u00e1rquico del Mayor General Oscar Atehort\u00faa Duque y la Capitana Sandra Milena Garay Guerrero, quienes fungen como Director de Sanidad y Jefe de la Seccional de Magdalena respectivamente, para que de manera inmediata informen las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo. [Folio 20, c.1] <\/p>\n

5. La Jefe del \u00c1rea de Sanidad de Magdalena, manifest\u00f3 que se realiz\u00f3 la Junta M\u00e9dico Laboral ordenada en la que se evalu\u00f3 la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral en 0%, resultado que se encuentra ligado a la entrega de los elementos que le fueron recetados, lo que no se ha podido efectuar debido a que no se encuentra demostrado que el actor haya adquirido las patolog\u00edas durante su permanencia al servicio de la Polic\u00eda Nacional. [Folios 28-34,c.1] <\/p>\n

6. A su turno, el Director de Sanidad expres\u00f3 que debido a la desconcentraci\u00f3n y delegaci\u00f3n de funciones, el cumplimiento de la orden al fallo de tutela le corresponde al \u00c1rea de Sanidad \u2013 Magdalena. [Folios 40-44,c.1] <\/p>\n

8. En prove\u00eddo de 5 de febrero de 2018, se declar\u00f3 en desacato a la Capitana Sandra Milena Garay Guerrero en su condici\u00f3n de Jefe de Sanidad Seccional de Magdalena de la Polic\u00eda Nacional y se le impuso una sanci\u00f3n de dos d\u00edas de arresto y multa de tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. [Folios 70-76, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que el desacato: <\/p>\n

\u00absupone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ ATC 14 sep. 2009. Rad. 01417-00.). <\/p>\n

2. La sanci\u00f3n, de acuerdo con la premisa que antecede, est\u00e1 llamada a imponerse cuando el depositario de la tutela no cumple la orden que se le imparte en la sentencia dentro del t\u00e9rmino establecido. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que subjetivamente el sujeto destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por voluntad propia, incuria, negligencia o por otra raz\u00f3n semejante. <\/p>\n

En ese sentido, la valoraci\u00f3n que se haga de la responsabilidad que pueda tener quien est\u00e1 llamado a cumplir la tutela, de ninguna manera puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que se precisa una imputaci\u00f3n subjetiva por comportar consecuencias de \u00edndole sancionatoria, y en raz\u00f3n de la eventual restricci\u00f3n de su libertad; lo que supone, de modo ineludible, la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n de la persona a la que se endilga la inobservancia de la orden de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha tenido oportunidad de precisar: <\/p>\n

\u00ab\u2026la imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada. (CSJ ATC 20 abr. 1999, Rad. 6212).\u201d <\/p>\n

3. As\u00ed mismo, se ha indicado que el funcionario judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 obligado a velar por el respeto del debido proceso de las partes y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, en los t\u00e9rminos m\u00e1s eficientes posibles, raz\u00f3n por la cual tiene que sujetarse a la forma como el legislador ha indicado se resuelvan las peticiones dentro del mismo y de no existir norma para ello, en todo caso, para salvaguardar los principios esenciales se deben aplicar en lo pertinente las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (Corte Constitucional, Auto 229\/03). <\/p>\n

En ese orden, el desacato al fallo proferido por el juez constitucional est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, siendo su objeto la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado a trav\u00e9s de la sanci\u00f3n. La misma norma prev\u00e9 que tal situaci\u00f3n ha de surtirse mediante tr\u00e1mite incidental, lo que implica tener que acudir a las normas del estatuto procesal civil que regulan los incidentes. <\/p>\n

A su vez, el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso a la que se ha hecho referencia, se\u00f1ala que los incidentes se propondr\u00e1n y tramitar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab\u2026Quien promueva un incidente deber\u00e1 expresar lo que pide, los hechos en que se funden y las pruebas que se pretenda hacer valer (\u2026). <\/p>\n

\u2026del escrito se correr\u00e1 traslado por tres (3) d\u00edas, vencidos los cuales el juez convocar\u00e1 a audiencia mediante auto en el que decretar\u00e1 las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes\u2026\u00bb <\/p>\n

Acorde con lo expuesto, resultaba necesario, antes de la emisi\u00f3n de la providencia sancionatoria, que el Tribunal de conocimiento, en cumplimiento de la norma en comento, decretara las pruebas solicitadas o se pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los medios probatorios aducidos tanto por el promotor del tr\u00e1mite como por las autoridades convocadas. De no ser necesario el decreto de pruebas, debi\u00f3 motivar su determinaci\u00f3n de relevarse del decreto, lo que en este caso no sucedi\u00f3. <\/p>\n

4. Lo anterior deja en evidencia irregularidades en el tr\u00e1mite del incidente, constitutivas de violaci\u00f3n al debido proceso de la sancionada y de terceros. <\/p>\n

En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la decisi\u00f3n del 5 de febrero de 2018, inclusive, a fin de que se subsanen las falacias referidas con antelaci\u00f3n. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado dentro del incidente de desacato promovido por Omar Ram\u00edrez Serrano, a partir de la decisi\u00f3n adiada 5 de febrero de 2018, inclusive. <\/p>\n

SEGUNDO. Devolver el expediente al Tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n

TERCERO. Notificar esta decisi\u00f3n a todos los interesados por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente ATC496-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00261-01 Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Ser\u00eda el caso entrar a resolver la consulta de la sanci\u00f3n impuesta el cinco de febrero de dos mil dieciocho por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-101042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}