{"id":101050,"date":"2026-06-30T18:00:49","date_gmt":"2026-06-30T18:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101050"},"modified":"2026-06-30T18:00:49","modified_gmt":"2026-06-30T18:00:49","slug":"atc507-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc507-2018\/","title":{"rendered":"ATC507-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC507-2018 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01597-03
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte el grado jurisdiccional de consulta del prove\u00eddo de 8 de los corrientes mes y a\u00f1o, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual sancion\u00f3 a Orlando Fierro Perdomo, en su condici\u00f3n de Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, por desacato al fallo de tutela de 4 de octubre 2017. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La Corporaci\u00f3n en cita ampar\u00f3 los derechos al debido proceso y libertad de Fernando Rojas C\u00e1rdenas en el resguardo que instaur\u00f3 contra el citado estrado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, disponiendo que el primero de los citados \u201cemita una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta los argumentos expuestos\u201d (3 oct. 2017). <\/p>\n

2.- El actor puso en evidencia la desatenci\u00f3n de la sentencia (10 nov.), pues si bien, el juez censurado dict\u00f3 otro prove\u00eddo, en \u00e9l contrar\u00eda los lineamientos se\u00f1alados por el funcionario constitucional. <\/p>\n

3.- El a quo, previo requerimiento al titular del despacho obligado para que informara, allegando los soportes correspondientes, sobre el cumplimiento de lo ordenado (16, 23 nov. y 4 dic.), le abri\u00f3 el incidente de desacato. <\/p>\n

4.- Posteriormente, le impuso tres (3) d\u00edas de arresto y multa equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, con fundamento en que no se acredit\u00f3 el obedecimiento del mandato judicial (22 en. 2018). <\/p>\n

5.- El expediente fue remitido a esta Colegiatura para desatar la consulta. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Atendida la naturaleza y los principios que orientan el auxilio, el \u201cdesacato\u201d se instituy\u00f3 como un instrumento jur\u00eddico adicional a dicha forma excepcional de protecci\u00f3n, dirigido al particular objetivo de sancionar al accionado en caso de que no acate el veredicto. Por tanto, contribuye a su cumplida ejecuci\u00f3n, todo en procura de la completa efectividad de los derechos esenciales del agraviado, salvaguardados en tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n

2.- Por medio de esa figura, sostuvo la Sala el 23 de septiembre de 2008, expediente 2008-01369-00, que se castiga <\/p>\n

(\u2026) la rebeld\u00eda, la resistencia o la indiferencia de aquellas personas que, a pesar de conocer la orden del juez constitucional, hacen caso omiso frente a sus concretas determinaciones (…). Precisamente, desacato significa para la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola una \u2018falta del debido respeto a los superiores\u2019 o una \u2018irreverencia para con las cosas sagradas\u2019, conceptos que sirven a la idea de hacer notar que ese mismo t\u00e9rmino, en el \u00e1mbito constitucional, denota un irrespeto, una desobediencia o, si se quiere, un comportamiento desconsiderado que, por las consecuencias nocivas que puede tener para los derechos fundamentales, amerita ser sancionado con arresto y multa (criterio reiterado en ATC- 17 sep. 2014, exp. 00359-01, ATC 31 mar. 2014, exp. 2013-00055-02, ATC-2015, 20 ago., rad. 00052-02 Y ATC-2016, 10 feb. rad. 2015-00570-01). <\/p>\n

3.- Se revocar\u00e1 el interlocutorio consultado, por las siguientes razones: <\/p>\n

a.-) La guarda fue concedida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia a Fernando Rojas C\u00e1rdenas al encontrar vulnerados el debido proceso y libertad. Bajo tal par\u00e1metro dispuso que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, profiriera \u201cnueva decisi\u00f3n\u201d sobre la petici\u00f3n de libertad condicional elevada por el gestor. <\/p>\n

Para ello, tuvo en cuenta que el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 dej\u00f3 de ser aplicable a partir de la entrada en vigencia de la Leyes 890 y 906 de 2004, por operar su derogatoria t\u00e1cita, hermen\u00e9utica que se sostuvo hasta cuando la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006 reprodujo el texto del art\u00edculo 11 de la 733, con la diferencia que en la \u00faltima normativa se excluy\u00f3 el delito de secuestro simple y se incluy\u00f3 el de financiaci\u00f3n del terrorismo. Y agreg\u00f3 <\/p>\n

\u201csi bien en las decisiones censuradas se pronuncian las autoridades judiciales sobre la aplicaci\u00f3n favorable del art\u00edculo 5 de la Ley 890 de 2004 frente a la norma invocada por el accionante, pasaron por alto que habi\u00e9ndose cometido la conducta el 7 de febrero de 2003, cuando a\u00fan no hab\u00eda entrado en vigencia la citada Ley 890, la norma llamada a gobernar el asunto y que resulta a todas luces m\u00e1s favorable a la pretensi\u00f3n de ROJAS C\u00c1RDENAS, es el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, pues no contempla como requisito expreso para la procedencia del subrogado \u201cla previa valoraci\u00f3n de la conducta punible\u201d, exigencia que el legislador si incluy\u00f3 en las posteriores modificaciones introducidas al citado art\u00edculo por la Ley 890 de 2004, 1453 de 2011 y 1709 de 2014\u201d (3 oct. 2017). <\/p>\n

Fue as\u00ed, entonces, como concluy\u00f3 la conculcaci\u00f3n de tales prerrogativas, se\u00f1alando, que <<la norma invocada por las autoridades judiciales accionadas no le era aplicable a FERNANDO ROJAS C\u00c1RDENAS, lo que constituye un defecto sustantivo que habilita la protecci\u00f3n constitucional frente a decisiones de naturaleza jurisdiccional\u201d. <\/p>\n

b.-) El funcionario querellado, el 30 de octubre de 2017, emiti\u00f3 una nueva resoluci\u00f3n, en la que, en lo pertinente, afirm\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) De lo antes expuesto, y siendo la Ley 733 de 2002 una norma especial que se refiere a la protecci\u00f3n de la comunidad de los delitos de gran impacto como el terrorismo, secuestro y extorsi\u00f3n y los delitos conexos con \u00e9stos, y en tal sentido restringe dr\u00e1sticamente el derecho a la libertad de las personas cuando cometen un delito en contra de la libertad individual (Secuestro extorsivo y concierto para cometer delitos de secuestro extorsivo), se concluye que el art\u00edculo 11 de la citada ley, aunque fue derogada t\u00e1citamente por el art. 5\u00ba de la Ley 890\/04 y por el art. 30 de la Ley 1790\/14, sus efectos jur\u00eddicos estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del a\u00f1o 2004, y en consecuencia se deben aplicar a todos aquellas personas que durante su vigencia incurrieron en alguna de las conductas punibles all\u00ed taxativamente mencionadas, entre ellas, el Secuestro Extorsivo. <\/p>\n

Y, bajo tal entendido, confirm\u00f3 la providencia en la que neg\u00f3 la libertad condicional rogada. <\/p>\n

c.-) La Sala de Casaci\u00f3n Penal en el interlocutorio por medio del cual lo sancion\u00f3, al encontrar, que \u201c(\u2026) por cuanto est\u00e1 reviviendo \u2013 a efectos de descartar la aplicaci\u00f3n favorable del art\u00edculo 64 original del C.P.-, una norma que ya no est\u00e1 vigente y con tal conducta se desconoce el principio de favorabilidad, al ser evidentemente desfavorable para los intereses del incidentista\u201d, concluy\u00f3 que \u201cEs manifiesto entonces, que el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva no ha cumplido el fallo de tutela (\u2026) tal omisi\u00f3n no s\u00f3lo irrespeta la sentencia de tutela, sino que perpet\u00faa en el tiempo la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del ciudadano Fernando Rojas C\u00e1rdenas, en concreto, el de libertad\u201d. <\/p>\n

d.-) No obstante, en el tr\u00e1mite del desacato se alleg\u00f3 copia de nuevo pronunciamiento del Juzgado reprochado (19 feb. 2018), en cuyo numeral primero de la parte resolutiva, se lee \u201c(\u2026) SE CONCEDE el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONAL al se\u00f1or FERNANDO ROJAS C\u00c1RDENAS (\u2026) por reunir los requisitos previstos en el original art\u00edculo 64 del C. Penal; debiendo previamente prestar cauci\u00f3n prendaria de un (01) s.m.m.l.v., luego suscribir diligencia de compromiso (\u2026)\u201d, y en el segundo, comision\u00f3 al Juzgado Penal Municipal de La Plata Huila para notificar al interesado, recluido en dicha localidad. <\/p>\n

4.- En este estado las cosas, se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela por el obligado a hacerlo, con el proferimiento del auto de 19 de febrero pasado, en el que acat\u00f3 la orden de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, de \u201cemitir nueva decisi\u00f3n\u201d sobre la petici\u00f3n de libertad condicional elevada por el promotor, teniendo en cuanta para ello que el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 dej\u00f3 de ser aplicable a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 890 y 906 de 2004, por operar su derogatoria t\u00e1cita. <\/p>\n

5.- Significa lo anterior, que aunque en forma tard\u00eda, hubo satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n constitucional, y de acuerdo con lo que ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201ccomo el accionante aun cuando extempor\u00e1neamente, acat\u00f3 el referido fallo, la Corte dejar\u00e1 sin efectos las sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3\u201d (sentencias 21 sep. 2011, exp. 01940-00, 14 may. 2012, exp. 00022-01, 5 jul. 2012, exp. 01313-00, 30 ene. 2013, rad. 00115-00, ATC- 2014, ATC-2015, 2 jul. rad, 00282-02, ATC-2915, 3 jul. rad. 00694-01 y ATC-2015, 5 ag., rad. 2015-00249-01). <\/p>\n

La Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que <\/p>\n

(\u2026) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. <\/p>\n

En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, determina que \u00e9ste no existi\u00f3, se desdibujar\u00e1 uno de los medios de persuasi\u00f3n con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un car\u00e1cter persuasivo, el incidente de desacato s\u00ed puede influir en la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existir\u00eda legitimaci\u00f3n para pedir la garant\u00eda del debido proceso a trav\u00e9s de tutela.( sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003, rad. 2011-01940-00). <\/p>\n

Razones todas por las que, habr\u00e1 de levantarse la sanci\u00f3n impuesta, tal y como lo ha hecho en ocasiones similares este Colegiado (sentencias de 31 de julio de 2012, expedientes 2012-01547-00, 2012-01548-00 y 2012-01549-00; Fallo de 10 de octubre de 2012, exp. 2012-002218-00), reiterada el 30 de enero de 2013, exp. 2013 y 5 ag., rad. 2015-00249-01, entre otras. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero: Revocar el auto consultado de 8 de febrero de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

Segundo: Devolver a la oficina de origen y por conducto de la Secretar\u00eda todo lo actuado en estas diligencias, previa comunicaci\u00f3n de lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes, por el medio m\u00e1s id\u00f3neo. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente ATC507-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01597-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el grado jurisdiccional de consulta del prove\u00eddo de 8 de los corrientes mes y a\u00f1o, proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-101050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}