{"id":101052,"date":"2026-06-30T18:01:17","date_gmt":"2026-06-30T18:01:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101052"},"modified":"2026-06-30T18:01:17","modified_gmt":"2026-06-30T18:01:17","slug":"atc512-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc512-2018\/","title":{"rendered":"ATC512-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC512-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00001-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 25 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Arley de Jes\u00fas Colorado Aranzazu contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Personer\u00eda Municipal y la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad, ambos de Dosquebradas; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Dosquebradas Risaralda\u2026 MATERIALICE Y\/O\u2026 CUMPLA EN SU TOTALIDAD DE FORMA COMPLETA Y CONCRETA, LO ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL, ESTO ES, SE REVOQUE Y\/O DEJE SIN EFECTO, EL REFERIDO COMPARENDO, SE [L]E HAGA ENTREGA INMEDIATA DE [SU] LICENCIA DE CONDUCCI\u00d3N, SE [L]E BORRE, BAJE Y\/O ACTUALICE LA INFORMACI\u00d3N EN LA BASE DE DATOS SIMIT Y RUNT, TODA VEZ QUE [SE] SIENT[E] SERIAMENTE AFECTADO EN [SU] BUEN NOMBRE Y HABEAS DATA\u2026\u00bb; asimismo, que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a fin de que adelanten las investigaciones pertinentes (folios 1 a 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Indic\u00f3 el actor que present\u00f3 una primigenia acci\u00f3n tuitiva contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Dosquebradas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de ese municipio, quien el 17 de octubre de 2017 le ampar\u00f3 el derecho al debido proceso, \u00abdeja[ndo] sin efecto todo lo surtido en el tr\u00e1mite sancionatorio [iniciado] en [su] contra\u2026 desde la actuaci\u00f3n del 7 de marzo de 2017\u2026, mediante la cual [la accionada] resolvi\u00f3 [el] recurso de reposici\u00f3n contra el auto [que] decret\u00f3 pruebas\u00bb. <\/p>\n

2.2. Anot\u00f3 que con el fallo referido a espacio, el 20 de octubre siguiente solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Dosquebradas la entrega de su licencia de conducci\u00f3n, la actualizaci\u00f3n de la base de datos en el SIMIT y el RUNT, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de \u00abla figura jur\u00eddica de la CADUCIDAD, contemplada en el art\u00edculo 161 de la ley 769 de 2002, C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito\u00bb; sin embargo, dicha entidad, con oficio de N\u00ba IPSTM-261.3-694 de 2 de noviembre de ese a\u00f1o, no accedi\u00f3 a sus peticiones \u00abargumentando una retenci\u00f3n preventiva de [su] licencia y una supuesta decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

2.3. Sostuvo que el pasado 31 de octubre le solicit\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n una \u00abinspecci\u00f3n judicial y\/o acompa\u00f1amiento\u00bb en el aludido tr\u00e1mite sancionatorio a fin de materializar lo ordenado en la salvaguarda; que con oficio n\u00ba P.P.P. n\u00ba 4117 dicha autoridad le inform\u00f3 que tal petici\u00f3n, por competencia, la hab\u00eda remitido a la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas para lo pertinente. <\/p>\n

2.4. Destac\u00f3 que pese a que dicha secretar\u00eda de movilidad con oficio n\u00ba SMTM-260-685 de 17 de noviembre de 2017 le inform\u00f3 que \u00able dar\u00eda estricto cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL\u00bb, lo cierto era que a la fecha se negaba a realizar la entrega de su licencia de conducci\u00f3n y a actualizar la informaci\u00f3n en la base de datos del SIMIT y del RUNT. <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela en comento fue formulada el 11 de enero de 2018, correspondi\u00e9ndole a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el d\u00eda 12 siguiente (folio 19, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tEl a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo por encontrar insatisfecho el requisito de subsidiariedad, pues si lo pretendido era el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, el gestor contaba con otras v\u00edas id\u00f3neas y eficaces para tal cometido. <\/p>\n

Destac\u00f3 que respecto a la solicitud de vigilancia judicial, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n le indic\u00f3 que tal petici\u00f3n la hab\u00eda remitido a la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas para lo de su competencia, \u00faltima que inform\u00f3 que se encontraba en curso el respectivo tr\u00e1mite disciplinario (folios 62 a 64, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tEl anterior fallo fue impugnado por el tutelante, quien insisti\u00f3 en los argumentos consignados en el libelo introductor (folios 67 a 71, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n

En efecto, al observar que el presente ruego constitucional se formul\u00f3 el pasado 11 de enero, para el reparto del mismo resultaban aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, el que en su art\u00edculo 3\u00ba, al mudar la \u00faltima disposici\u00f3n citada, claramente contempl\u00f3 que \u00ab[l]as reglas contenidas en el presente cap\u00edtulo s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 30 de noviembre de 2017\u2026\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en lo que aqu\u00ed interesa, el Decreto en comento, emitido el pasado a\u00f1o, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
\n\u00a0
\n1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n

2. Ahora, \tel \tpresente auxilio supralegal se encuentra dirigido contra la \tSecretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Dosquebradas, \tente a quien se le endilga la falta de cumplimiento de lo ordenado \ten el fallo de tutela dictado en el asunto con radicado 2017-00553, \tproferido el 17 de octubre de 2017 por Juzgado Tercero Civil \tMunicipal de esa urbe. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, se observa que si bien la queja se dirigi\u00f3 contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cierto es que tal y como lo afirm\u00f3 el mismo tutelante, aquella entidad remiti\u00f3 la solicitud de vigilancia judicial por \u00e9l propuesta a la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas, siendo, entonces, la \u00faltima la llamada a responder por tal petici\u00f3n, destac\u00e1ndose que en el libelo inicial no se plantea ninguna queja concreta frente a aquella autoridad general, por lo que su vinculaci\u00f3n se tornaba aparente. <\/p>\n

Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n

\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n

3. Luego, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Dosquebradas, como entidad municipal con funci\u00f3n de autoridad de tr\u00e1nsito de conformidad con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1383 de 2010; y de la Personer\u00eda Municipal de esa urbe, como sujetos pasivos de la tutela, la competencia para conocer de la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados Civiles Municipales de Dosquebradas, por tratarse de autoridades, se itera, del orden municipal, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n

Esta Sala, en punto a la naturaleza jur\u00eddica de las personer\u00edas municipales, bajo la vigencia del Decreto 1382 de 2000, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

\u2026la Personer\u00eda Municipal de esa localidad, [es una] autorida[d] centralizad[a] del orden municipal, en consecuencia, los reclamos constitucionales endilgados a \u00e9stas son competencia de los jueces municipales, seg\u00fan lo consagra el citado Decreto. <\/p>\n

\u2026\u201cDe esa manera, al estar conformado el extremo accionado por dos autoridades de car\u00e1cter distrital, al tenor del art\u00edculo 1\u00b0, numeral 1\u00b0, inciso 3\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, corresponde tramitar y decidir la presente queja, en primera instancia, al Juez Municipal del lugar de ocurrencia de los hechos, en este caso de la capital arriba mencionada\u201d (ATC, 21 feb. 2013 rad. 2012-00659) (CSJ ATC, 26 nov. 2013, rad. 2013-00365-01; criterio reiterado, entre otras, ATC6042-2015). . <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016)
\n5.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

5.\tEn atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y ordenar\u00e1 remitir el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Dosquebradas, para que efectuada la asignaci\u00f3n respectiva, se imprima al asunto el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad del fallo dictado el 25 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Dosquebradas, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n

3.\tComunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC512-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 25 de enero de 2018 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-101052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}